Escribe Claudio Funes

El gobierno de Juntos por el Cambio de Larreta utilizó el sistema de reconocimiento facial, a través de las cámaras que saturan la ciudad, para llevar adelante actividades de espionaje ilegal sobre millones de personas. Una medida de persecución, no de seguridad.

La investigación judicial determinó que las tareas fueron ejecutadas en el marco del sistema de datos biométricos para la búsqueda de prófugos. Excediéndose en el acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), que solo le permitía abarcar un universo de 40.000 individuos con orden de captura judicial, el gobierno de Larreta lo extendió al monitoreo de más nueve millones de personas entre el 25 de marzo de 2019 y el 20 de diciembre de 2021, por fuera de la lista original de los buscados.

Las pericias sobre los equipos informáticos demuestran que se efectuó un seguimiento sobre dirigentes políticos opositores y personalidades de los medios de comunicación. La larguísima lista incluye, por ejemplo, a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Berni, Estela de Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y al periodista Alejandro Bercovich, entre otros. Por supuesto no podían dejar de ser espiados los referentes del Frente de Izquierda Unidad. Ninguno de los nombrados, que sepamos, está prófugo.

Larreta repite una práctica común a todos los gobiernos patronales. Recordemos que Macri, con Arribas y Patricia Bullrich, espió a opositores, a periodistas, a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de Santiago Maldonado, y al mismo Rodríguez Larreta. Tampoco debemos olvidar a la “Gestapo” antisindical durante el gobierno de María Eugenia Vidal. ¡Son muy PRO!

El peronismo kirchnerista lo hizo con su Proyecto X de Gendarmería, comandado por Aníbal Fernández y el genocida César Milani. El “espionaje estratégico”, como lo presentaron, destinó un enorme presupuesto a la persecución y criminalización de la protesta. Por su parte, Alberto Fernández, apenas asumió, puso un infiltrado en una asamblea de los trabajadores en lucha del INTI e implementó el “ciberpatrullaje” de la ex-ministra Frederic.

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. Basta de abusos policiales.
Sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste.