Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández ha anunciado que presentará un proyecto para un nuevo impuesto: “a la renta inesperada”, que deberían pagar todas aquellas empresas que tengan ganancias extraordinarias netas superiores a los 1.000 millones de pesos. ¿Se trata realmente de implementar un impuesto que afecta a los grandes capitalistas y beneficia a los sectores populares o de una nueva versión del relato y el doble discurso?

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán lo anunciaron con toda pompa en un acto en el salón Blanco de la Casa de Gobierno. Se establecería un nuevo impuesto, dijeron, extraordinario y por única vez, que deberían pagar solamente las grandes empresas que obtengan ganancias extraordinarias mayores a 1.000 millones de pesos. Claramente, suena progresista. Pero, como ya nos tiene acostumbrados el gobierno del Frente de Todos, del discurso a los hechos concretos hay un largo, larguísimo trecho.

Empecemos por lo primero y lo básico: ¿va a salir? ¿O pasará a formar parte de la ya larga lista de anuncios que después no se implementan, al estilo “estatización de Vicentín”? No es una sospecha menor. Apenas anunciado, la propia vicepresidenta Cristina Fernández salió a decir que era pura “sarasa”, ya que no había ninguna posibilidad de que se aprobara en la Cámara de Diputados. El periodista Marcelo Bonelli reveló que ni el propio ministro Guzmán tiene intenciones de imponerlo, al dar a conocer una charla de éste con un importante empresario: “El CEO de una poderosa cerealera interpeló a Martín Guzmán: `Vos sabés que ese proyecto no pasa el Congreso`. Estaban a solas y con cierta familiaridad. Ambos hablaban de la polémica por la renta inesperada. Guzmán reflexionó: `Ya sabemos que será difícil que se apruebe`. El jefe de la multi insistió: `¿Entonces, para qué hacen tanto escándalo político?`. Guzmán retrucó: `No se va a aprobar. Pero nosotros primereamos y le sacamos la bandera a Cristina`” (Clarín, 22 de abril). La veracidad del diálogo fue confirmada también por Horacio Verbitsky (destapeweb.com, 24 de abril).

Por supuesto, el solo hecho de que se hablara de un impuesto de estas características bastó para que se activaran todas las usinas patronales en contra, al igual que los economistas del establishment, volviendo a la carga con su discurso de “la insoportable carga de impuestos que pesan sobre las empresas y que les impide invertir” (en "¿Se pagan muchos impuestos?" nos dedicamos a ese debate).

El propio ministro Guzmán abrió el camino para que todo quede en un mero discurso. Anunció que el impuesto no se enviaría inmediatamente al Congreso, sino que se iniciaría una ronda de debates con todas “las fuerzas productivas” (increíblemente usó esa palabra) queriendo decir con esto que se realizaría una larga serie de reuniones para evaluar “la factibilidad” de dicho impuesto.

Trampas…y más trampas

Si de verdad el gobierno quisiera implementar inmediatamente un impuesto de estas características, podría hacerlo directamente con una simple resolución de la AFIP, sin pasar por el Congreso: le bastaría modificar la alícuota máxima del impuesto a las ganancias para todas las empresas que este año ganen 1.000 millones de pesos más en comparación a 2021. No lo hace, y crea un nuevo impuesto que, “luego de un largo debate” con las patronales, debería ir al Congreso donde, efectivamente, nunca va a ser aprobado.

Pero eso no es todo. Aún en el supuesto caso que fuera aprobado, el propio ministro Guzmán ya anuncia la excusa que podrán presentar las empresas para no pagarlo: aducir que ese dinero fue “reinvertido” en nuevos negocios. Increíble: el propio gobierno les da argumentos a las patronales para que puedan evadirlo.

Por supuesto, a todo esto hay que agregar que el dinero que supuestamente se recaudaría no será, en ningún caso, para mejorar la distribución del ingreso o reducir la pobreza. Todo lo contrario: irá a engrosar los fondos para pagarle al FMI (¿será por eso que el propio Fondo da un guiño para que se anuncien impuestos de este tipo, tal como explicamos en "Un proyecto bendecido por el FMI" ?).

Hay que cobrar verdaderos impuestos a los ricos y a las grandes empresas

Sin duda que las grandes patronales, los grupos monopólicos locales y transnacionales, los bancos, las empresas agroexportadoras, las mineras, las gasíferas y petroleras, deben pagar más, muchísimo más, en concepto de impuestos, que lo que pagan actualmente.

Hay que terminar con las exenciones y privilegios de todo tipo que gozan muchas de estas empresas. Deben pagar el 100% del impuesto a las ganancias, y con alícuotas altamente crecientes en función a cuánto ganen. También se deben restablecer los aportes patronales eliminados por Cavallo en los ´90 y nunca repuestos por los gobiernos posteriores.

Hay que imponer, además, un auténtico impuesto a las grandes fortunas y las superganancias, que permita recaudar fondos con el destino específico y exclusivo de atender a las más urgentes necesidades populares.

¡Qué más paguen, pero de verdad, sin doble discurso, los que más tienen y más ganan! Esa debe ser la consigna. Junto con los fondos que se podrían obtener del no pago de la deuda externa, ahí está la otra fuente de recursos para llevar adelante un programa alternativo, obrero y popular.