Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)

“En Andalgalá la minería encuentra una resistencia violenta por parte de un grupo minoritario”, profesó el comunicado que sacó el Frente de Todos de Catamarca horas después de que su policía sea utilizada por las multinacionales del emprendimiento Mara-Agua Rica para desalojar el acampe pacífico de la comunidad de Choya. El gobernador peronista, Raúl Jalil, dio la orden, en sintonía con la política de Alberto Fernández: abrir paso a la megaminería a como dé lugar en todo el país, avanzando en contra de la resistencia popular y las trabas legales que existen en distintas provincias.
En Andalgalá, ante el agotamiento de la mina de Bajo la Alumbrera, Yamana Gold, Glencore International y Newmont Corporation intentan desarrollar un nuevo emprendimiento tres veces más grande e igualmente violatorio de la Ley de Glaciares y los principios precautorios y preventivos de la Ley de Ambiente. Lo que se opone al proyecto no es una “resistencia minoritaria y violenta”, sino comunidades enteras que se valen de las propias leyes que votan kirchneristas, peronistas, macristas y radicales para después pisotearlas.

A la violenta represión, que dejó una gran cantidad de cuerpos llenos de balas de goma, se sumó como ya es costumbre, la citación e imputación de asambleístas a quienes se les acusa de “lesiones” y “atentado a la autoridad”. Desde el gobierno dicen que “asambleístas emboscaron un patrullero”. Resulta que justo al patrullero se le ocurrió “emboscarse” pasando por donde estaba asentado el piquete en protesta, y tuvieron que tirar decenas de balazos para “liberarlo”.

Este es el Frente de Todos. Esta es la otra cara de la moneda de la Mesa Minera que convocó Matías Kulfas, ministro de Producción, y a la que asistió Jóvenes por el Clima. El Frente de Todos reprimió al servicio de la  megaminería.
¡Desprocesamiento de los compañeros y compañeras de Choya! Basta de reprimir la protesta social.