Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)

A lo largo de la semana pasada se llevó adelante una nueva audiencia pública para debatir el avance del desarrollo de la explotación petrolera en aguas profundas frente a las playas de la Costa Atlántica. La convocatoria fue impulsada por el partido Acción Marplatense, y fue tomada con fuerza por la CGT local y las cámaras empresariales, quienes se inscribieron masivamente para tratar de instalar la idea de un cambio en la opinión pública favorable a la explotación mar adentro.
Recordemos que el año pasado se realizó una audiencia pública por la misma problemática, pero convocada desde el Ministerio de Ambiente, cuyo resultado fue en rechazo del 95% y una declaración del entonces Secretario de Cambio Climático, Rodrigo Rodríguez Tornquist, quien afirmó que no se le iba a dar visto bueno a iniciativas de este tipo hasta que no exista un plan de transición energética presentado por el gobierno. Como un antecedente de las crisis que hoy sacuden al Frente de Todos, Tornquist terminó renunciando y el mentado plan jamás apareció. No se trata de un detalle menor: la aprobación de la explotación “off shore”, implicaría romper todos los compromisos firmados por el Estado Argentino de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sorprendieron desde el inicio de la audiencia, y con su replique en los medios marplatenses, reiteradas afirmaciones de los líderes sindicales de que este proyecto permitiría a La Feliz transformarse en un equivalente a la capital de los Emiratos Árabes Unidos y que había que habilitar el avance de Equinor y Shell como única forma de garantizar trabajo en la zona. Los burócratas estarían deseosos de su piso en algún rascacielos, pero la realidad del trabajo en Dubai es que recae en un 90% en inmigrantes sin derechos laborales y que la actividad sindical está ilegalizada. Vemos acá como se repiten los mismos argumentos de quienes decían que con la megaminería vendría la prosperidad, y hoy han dejado a provincias como Catamarca en la mayor de las pobrezas.

Los defensores de la iniciativa repiten que el Estado va a garantizar los controles, a lo cual dio una respuesta nuestra compañera Tata Gayone, dirigente de la CTA de Bahía Blanca, quien afirmó en la audiencia: “En el puerto de Ingeniero White quedan tristes muestras de lo que significa el extractivismo. Desde el 2009 no hay más pesca artesanal y se realizaron denuncias por la contaminación, que el gobierno y las empresas siempre aseguraron que no existía. Recién después de 24 años se reconocieron los vertidos en el Mar”. No queremos que esta historia se repita.

El viernes pasado, en este marco, la justicia local sacó un fallo que fue celebrado tanto por los defensores de la iniciativa, como por los abogados ambientalistas que habían impulsado las medidas cautelares. Desde Izquierda Socialista, entendemos que el camino para ponerle un freno a este nuevo capítulo de depredación de las petroleras es seguir apostando a la lucha en las calles, desenmascarar a las conducciones sindicales, y apostar a la mayor unidad para fortalecer nuestra pelea.