Escribe José Castillo

El jueves pasado el Indec dió a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de junio. Resultó un número elevado, de 5,3%. Se rompe así el relato del gobierno que, luego del número récord de 6,7% en marzo, nos decía que “íbamos bien”, porque el número bajó unas décimas en abril y mayo. La realidad es que en junio volvió a subir, acumulando ya un 36,2% en el primer semestre. Esto daba (y lo ponemos en pasado a propósito) una proyección de inflación anual de 64%.

Sigamos, por un momento, analizando esos datos oficiales de junio. El fuerte incremento se debió centralmente a los aumentos en las prepagas de salud, en los medicamentos, en los gastos de vivienda y en los tarifazos de electricidad, gas y agua. También aportaron al número subas muy importantes en las prendas de vestir y en los combustibles. En el total del semestre, los alimentos  subieron más que el promedio, 39,9%, repercutiendo fuertemente sobre el bolsillo popular.

Todo esto, sin embargo, “suena a viejo”. Porque sobre salarios y jubilaciones que ya venían perdiendo sistemáticamente contra la inflación, se desplomó la crisis que estalló con la renuncia del hoy ex ministro Guzmán y la designación de Silvina Batakis. Como sabemos, en días el dólar informal subió de 230 a prácticamente 300, y los precios se desbocaron. Todo aumentó, algunos bienes directamente desaparecieron de las góndolas por un par de días (para luego “reaparecer” con otro precio). El propio gobierno tuvo que reconocer que uno de cada dos de los productos que estaban en algún programa (como Precios Cuidados), no aparecían a la venta.

No se sabe cuánto va a ser la inflación de julio. Los cálculos privados hablan de un piso de 7%, lo que llevaría la proyección inflacionaria del año a 85%, y de ahí para arriba, dependiendo lo que pase en las dos últimas semanas del mes. Un mes de julio que, por si fuera poco, tenía ya pautados nuevos aumentos en algunos precios regulados, como otro incremento de las prepagas de salud, cable e internet, cuotas de colegios privados en CABA y provincia de Buenos Aires y tarifas de agua.   

¿Cómo se para la inflación?

Para la clase trabajadora, los jubilados y los que perciben planes sociales, que ven más que nunca pulverizado su poder de compra, antes que ninguna estabilización (se esconde detrás de esta palabra el congelamiento de salarios, jubilaciones o valor de los planes), hay que recuperar lo perdido. Por eso insistimos en aumentos de emergencia, para que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar (que era de 164.450 según los cálculos de los trabajadores de ATE-Indec anteriores a los últimos aumentos, por lo que hoy debe ubicarse cercanos a los 180.000 pesos), que las jubilaciones mínimas sean llevadas a 120.000 pesos (canasta de la Tercera Edad ajustada por los últimos saltos de precios) y que se de un incremento de emergencia de 20.000 pesos a todos quienes perciben planes sociales.

A partir de allí, hay que salir a combatir a quiénes están generando esta estampida de precios, las grandes empresas monopólicas (Arcor, Mastellone, Molinos, Unilever, Procter&Gamble, Pepsico, Quilmes) y las cadenas de hipermercados (Carrefour, Coto, Cencosud, La Anónima). Hay que fijar precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Este es el primer paso, pero luego hay que controlarlos de verdad y sancionar a los que no cumplen. Se debe aplicar la ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar, encarcelar y hasta expropiar a aquellos que violen estas disposiciones.
Hay que pelear por imponer estas medidas, ya que, obviamente, un gobierno como el del Frente de Todos, sometido de pies y manos a su pacto con el FMI, no las va a llevar adelante, por más que retóricamente hable de “guerra contra la inflación”.