Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos se jacta de que “ahora sí” está logrando que los grandes acopiadores de soja se dignen a liquidarlas y así permitan engrosar las reservas. Claro que para ello les está garantizando un negocio redondo: pagarles la soja que liquidan a 200 pesos por dólar. Para el exportador de soja es el equivalente a bajarles las retenciones a 0%.

Un escándalo, teniendo en cuenta que el mismo Banco Central que paga 200 pesos por dólar a los grandes exportadores de soja, luego se lo vende a los importadores a 140 pesos. ¡Comprar a 200 para vender a 140! Todo esto le genera al estado una pérdida de 300.000 millones de pesos, que es el equivalente a todo lo que se recaudó el año pasado con el impuesto a las grandes fortunas.

Este “dólar soja” es un beneficio exclusivo para los grandes terratenientes, que son los que tuvieron capacidad para acopiar y esperar, especulando con las toneladas de soja en las silobolsas. El pequeño productor ya hace meses que se vio obligado a vender su cosecha para sobrevivir a la cotización anterior.

Recordemos que, según el último censo agropecuario (del año 2018), el 1% de las explotaciones agropecuarias concentran el 36% de la tierra. En el otro extremo, el 55% de las explotaciones tienen apenas el 2% de la tierra. Estamos hablando en un caso de fincas de más de 10.000 hectáreas y en el otro extremo de pequeñas chacras de 200.

Los quince mayores grupos de siembra del país, que suman 1,6 millones de hectáreas, son: Mariano Bosch (Adecoagro, 210.000 hectáreas), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza, 200.000 hectáreas), Lartirigoyen y Cía (Grupo Glencore, 150.000), Manuel Santos Uribelarrea Balcarce (MSU, 140.000 hectáreas), Eduardo Elzstain (Cresud, 132.000 hectáreas), Grupo Duhau (120.000 hectáreas), Grupo Andreoli (100.000 hectáreas), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo, 99.000 hectáreas), Grupo Boehler (80.000 hectáreas), Markus Kahlbetzer (Liag Argentina, 79.000 hectáreas), Grupo Río Seco (65.000 hectáreas), Rafael Aliaga (Man Agro, 60.000 hectáreas), Daniel Cavigliasso (Maniagro, 60.000 hectáreas), Carlos Reyes Terrabusi (Virreyes Agropecuaria, 50.000 hectáreas) y Santiago Casares (Casenave y Asociados, 50.000 hectáreas).

A todo esto hay que sumarle los pooles de siembra, especuladores financieros que arriendan tierras exclusivamente para una cosecha y luego especulan con las toneladas cosechadas.

Los grandes productores de soja no sólo se están beneficiando con este tipo de cambio especial. También aprovechan para cobrar la soja en pesos a un dólar de 200 cuando venden al mercado interno, ya sea a quiénes la usan para alimentación de animales (vacas lecheras, cerdos, aves), a las empresas de biodiesel o a las aceiteras. Conclusión: en el corto plazo veremos “la segunda vuelta” de este mayor precio de los insumos, con un nuevo salto inflacionario.

En vez de castigar a los especuladores, se los está premiando. Obviamente, ahora viene la presión de los terratenientes que cosecharon maíz para que se les reconozca el mismo tipo de cambio, mañana sucederá lo mismo con los del trigo y así sucesivamente. Lo que está sucediendo, en el fondo, es una devaluación encubierta, en cuotas. Que terminará pagándola, con mayor inflación, el pueblo trabajador.

La solución pasa por nacionalizar el comercio exterior, para terminar con todas estas maniobras especulativas. Y para que sea el estado quien reciba los dólares exportados en forma directa y así pueda aplicarlos a las más urgentes necesidades populares.

A todo esto hay que agregar una salida de fondo. No va más esta estructura de propiedad de la tierra. Se necesita una profunda reforma agraria, con la expropiación de los grandes terratenientes y el apoyo con créditos blandos, subsidios, formación a través del INTA y precios sostén para los pequeños productores, las cooperativas y la agricultura familiar.