Oct 20, 2020 Last Updated 8:03 PM, Oct 20, 2020

Escribe Malena Lenta, Comisión Directiva de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Facultad de Psicología (UBA)

Frente al aislamiento social preventivo obligatorio en el marco del Covid-19, la telematización del trabajo (home office) se convirtió en una modalidad obligada para lxs docentes. De un día para otro, el ministro de Educación Trotta lanzó la campaña para que se virtualicen las clases. Sin embargo, este asunto no es tan idílico como parece. En primer lugar, la pandemia implica el aumento de las tareas de cuidado de niñxs, adultxs mayores y personas con enfermedades crónicas, cuestión que recae mayoritariamente en las mujeres que son, justamente, la mayoría de la fuerza laboral en todo el sistema educativo.

En segundo lugar, el trabajo virtual exige contar con materiales básicos para poder desarrollarlo (computadora, internet) que las universidades no proveen a lxs docentes. Es posible que muchxs ya lo tengan, ¿pero cuántxs no? Además, son necesarias condiciones de espacio y tiempo para poder trabajar, que se reducen notablemente con la sobrecarga del trabajo de cuidado y las mayores exigencias burocráticas de las instituciones y de elaboración de nuevos materiales requeridos en un plazo imposible. Sin contar con que muy pocxs docentes tienen capacitación para usar plataformas virtuales.

En tercer lugar, lo virtual multiplica la brecha social. No todxs lxs estudiantes tienen computadora propia ni internet en sus casas, o solo tienen paquetes de datos limitados que no les permiten usar plataformas sincrónicas (zoom, jitsi) o audiovisuales (youtube). Además, ¿cuántos de nuestros estudiantes se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos están cuidando a sus niñxs y adultxs mayores? De este modo se caen las cursadas de los estudiantes de los sectores más postergados. 

En este complejo escenario, ¿qué plantearon las universidades? Simplemente,  que se virtualicen las clases y “hagan lo que puedan” sin ninguna preocupación por las posibilidades de docentes y estudiantes y sin claridad de cronogramas  o acreditación del trabajo y las cursadas. Más aún, ¿qué pasará con las materias que son prácticas? ¿Qué ocurrirá con los nombramientos docentes que no se llegaron a hacer a comienzos del cuatrimestre por depender de las inscripciones? 

La pandemia del Covid-19 potencia las precarias condiciones de trabajo de la docencia universitaria. Antes de la cuarentena el gobierno nacional ya había decidido no cumplir con nuestra paritaria. Ahora nos obliga a trabajar en las peores condiciones, sin ART, sin herramientas básicas tecnológicas y de capacitación. Reclamamos que se creen ya comités de emergencia interclaustros (docentes, no docentes y estudiantes) con representación de las organizaciones gremiales en todas las unidades académicas para definir la continuidad del año lectivo. Liberación de los datos de internet para docentes y estudiantes. Ni un docente sin nombramiento ni salario. Aumento salarial de emergencia. Ni un docente sin derecho a la licencia por el Covid-19. Basta de sobrecarga laboral. Que se aplique el convenio colectivo de trabajo en todas las universidades nacionales. 



Escribe Daniela Vergara, Secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

La situación educativa y laboral docente y de la comunidad educativa en cuarentena requiere respuestas urgentes del gobierno nacional y en las provincias. Desde Docentes en Marcha impulsamos organizar acciones para lograr soluciones, mientras les exigimos a los dirigentes de Ctera y de los gremios provinciales que reclamen la reapertura de las paritarias y peleen por nuestros derechos.

 Desde los distintos sindicatos donde actuamos estamos reclamando la inmediata regularización del pago de salarios a miles de docentes que no han cobrado en varias provincias, como en Neuquén, Buenos Aires o Chubut. También de todos los cargos provisionales y suplentes que no fueron designados, porque los gobiernos suspendieron los ofrecimientos y los actos públicos. El gobierno retiene el dinero de los salarios, provocando que los docentes, al no poder tomar sus horas, cargos o módulos, pasen a vivir en situación de pobreza. Exigimos inmediatos ofrecimientos con mecanismos virtuales, como comenzaron a realizarse en Río Negro o Entre Ríos, retroactivos al 16 de marzo. Reclamamos lo mismo para los docentes de Plan Fines, Programas Socioeducativos y de creación y desdoblamiento de cursos.

Remarcamos la urgente necesidad de que a las y los docentes que están en situación laboral irregular se les pague al menos 30.000 pesos y que ningún docente cobre menos que la carga horaria que tenía en diciembre de 2019. Que todos mantengan la cobertura de las Obras Sociales y ART. Que se respeten todas las licencias médicas extraordinarias y crónicas, que algunos gobiernos están levantando con el argumento de que las tareas ahora son “virtuales”. Además, exigimos un inmediato aumento salarial de emergencia, que acompañe a los tremendos aumentos del costo de vida.

Es necesaria la reparación y concreción de todas las obras edilicias, aplicando todos los protocolos de bio-seguridad, para que cuando se retomen las clases se vuelva en condiciones dignas de enseñanza. Y que se realice la construcción de nuevas aulas y escuelas necesarias de todos los niveles, para evitar el hacinamiento de los estudiantes y los docentes.

La mentira de la “educación virtual” a distancia

El gobierno dice que está garantizando la educación a través del “sistema virtual”. Pero tanto docentes, como estudiantes y familias, sabemos no es así. Todo es improvisación, sin la infraestructura tecnológica necesaria, discriminando a las familias más pobres y así acrecentando la brecha educativa social.

Reclamamos que el gobierno garantice el inmediato acceso gratuito a la conectividad de redes y telefonía para todos. Que se repartan los dispositivos digitales necesarios (netbooks, celulares, tablets, PC, etcétera) a estudiantes y docentes, porque millones dependen de un solo celular o una PC para toda la familia.

Se han improvisado cuadernillos que tienen graves errores y contrarios a las características de cada nivel o modalidad del sistema y que se apoyan en programas de TV que son los mismos de siempre. Las actividades y métodos para la educación “virtual” deben ser el resultado de acuerdos y consensos que surjan en las escuelas entre las docentes, tomando en cuenta la realidad social, económica, cultural de las y los alumnos y sus familias.

Denunciamos que hay una gran sobrecarga laboral, con funcionarios que persiguen con tareas y “resultados pedagógicos” a los docentes, con evaluaciones e informes de todo tipo, sin que se nos respeten los horarios de trabajo. Como docentes estamos tratando de acompañar y vincularnos con las familias, estableciendo los criterios educativos necesarios. Al finalizar la cuarentena, llegará el momento de diagnosticar la situación educativa y definir la forma de darle continuidad a la enseñanza.

Que la Ctera y los gremios provinciales dejen de mirar para otro lado

Es inadmisible que los dirigentes nacionales de Ctera, Sonia Alesso, Baradel y sus aliados de la agrupación “Celeste” en las provincias (López en Ciudad de Buenos Aires, Monserrat en Córdoba, Guagliardo en Neuquén, Goodman en Chubut, etcétera) ante esta situación de atropellos salariales y laborales, y el caos de la mal llamada “educación virtual”, no hagan nada para defender a los docentes y a la escuela pública. Su política es de Pacto Social con el gobierno, por sobre los intereses de la docencia.

Firmaron en marzo una paritaria nacional aceptando que todo el salario perdido por la inflación de 2019 no se recuperara. Y que, en 2020, con un vergonzoso aumento de tan sólo 1.250 pesos, también corriéramos detrás de los aumentos de precios y que nuestros salarios ya no alcancen para nada. En muchas provincias, además, los gobernadores ni siquiera cumplen los acuerdos paritarios.

Llamamos a la docencia a organizarnos y a exigirles que rompan su tregua con el gobierno nacional y los gobernadores, para reclamar por nuestros derechos. Mientras, seguimos impulsando la coordinación del sindicalismo docente combativo y los sectores opositores, para coordinar acciones en defensa de nuestros salarios y la escuela pública.

 

 

Aunque la pandemia es un hecho novedoso, que nos obliga a dar respuestas a situaciones inéditas por la gravedad sanitaria que vivimos, estas las debemos elaborar en el marco de los mismos criterios sindicales con los que nos manejabamos antes. Porque el rol del imperialismo, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, no ha cambiado. Hay agrupaciones político-sindicales docentes que, frente al coronavirus, se confunden y pierden estos criterios, presionados por un lado por el sano sentimiento de solidaridad social con el que la docencia en general y la izquierda en particular siempre nos hemos movido. Pero, por otro, terminan cediendo al “voluntariado” al que apelan el gobierno y la burocracia. No han advertido las maniobras que los diferentes gobiernos han implementado contra la docencia y la educación pública.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, coordinador nacional de Docentes en Marcha

Como sindicalismo docente combativo debemos defender el salario, los derechos laborales y la escuela pública, denunciando a los gobiernos provinciales y nacional y sus permanentes ataques. Es esencial defender el pago del 100% del salario a todos los docentes, rechazar los acuerdos a la baja firmados por las burocracias. Exigir la reactualización mensual según el costo de la canasta familiar. Que no quede ningún docente sin cobrar y se garanticen los ofrecimientos y actos públicos para tomar los cargos vacantes y suplencias, que el gobierno suspendió. Y, mientras se realizan de manera virtual, que paguen el salario que estaba cobrando cada docente al finalizar 2019 o, al menos, 40.000 pesos mensuales.

Mientras la burocracia actúa de correa de transmisión de la política del gobierno, apoyando sus medidas, nosotros denunciamos el ataque a los derechos laborales, las clases virtuales sin infraestructura tecnológica y habitacional de muchísimos docentes, sin centralidad pedagógica, la súper explotación laboral de no tener horarios para responder correos electrónicos y/o mensajes de alumnos y familias. Sufrir aprietes que exigían informes de nuestros trabajos, cantidad de alumnos conectados, evaluaciones y calificaciones, entre otros.

Producto de las fuertes y sólidas denuncias, de los sindicatos combativos (Ademys, Amsafe Rosario, Suteba multicolores) es que Trotta tuvo que desdecirse, admitiendo que este sistema no puede reemplazar a la educación presencial ni al rol del docente en el aula. Que no serán necesarias las calificaciones virtuales, ni se perderá el ciclo lectivo 2020. Que están implementando un sistema de textos en papel para que llegue a los alumnos. Por supuesto, a las palabras del gobierno se las lleva el viento y será una dura pelea lograr que sostenga esas posturas y archiven sus proyectos de reemplazar docentes por “facilitadores virtuales”.

Defendemos la escuela pública estatal, contra su privatización

Estamos por la defensa de la escuela pública, denunciando que no sigan avanzando los planes del imperialismo, del Banco Mundial, que buscan liquidar el derecho social a una educación pública, gratuita, estatal. Buscan convertir a la educación en una mercancía más, privatizando todo el sistema educativo. Quieren que estudien los que paguen y los pobres vayan a una escuela estatal convertida en “centros de alfabetización, comida y contención social”.

En las últimas décadas los gobiernos avanzaron en esos planes del Banco Mundial gracias a las traiciones de la burocracia, pese a las grandes luchas de la docencia. Lograron la transferencia de las escuelas a las provincias, atomizando el sistema educativo nacional y los salarios docentes. O el pulular de escuelas privadas, la privatización de servicios y de cursos de formación, mientras destruyen la formación continua estatal o la infraestructura de la escuela pública. Lamentablemente también, bajo el eufemismo de “integración” o “inclusión”, han avanzado en arrasar con la educación de adultos, las escuelas especiales o con los roles del docente. En este aspecto la “inclusión” y las escuelas de jornada extendidas, sin fondos, sin más personal, sin infraestructura, lleva a que tanto la dirección de las escuelas como los docentes debamos cumplir tareas de alimentación y contención social, además de pedagógicas.

La solución para esto es una fuerte inversión en el presupuesto de educación y salud, ya. Por eso no perdemos de vista la exigencia al gobierno nacional y a los gobernadores, que dejen de pagar la deuda externa, que quiten todos los subsidios a las escuelas privadas y se implemente un Fondo de Emergencia con un impuesto del 10% a las grande fortunas, banqueros, multinacionales y empresarios.

¿Comedores, voluntariados, asistencialismo? El rol docente y del sindicalismo combativo

Como hemos dicho miles de veces, la escuela pública es una caja de resonancia de la crisis social. Ningún docente es ajeno a los graves problemas que viven nuestros alumnos. Y permanentemente estamos actuando en la escuela para que el gobierno las resuelva, muchas veces haciéndonos cargo nosotros, solidariamente.

Pero el proyecto del Banco Mundial que la escuela pública deje de ser un pilar en la “movilidad social” para convertirse en “contención social”, se fue naturalizando. Por eso, una de las tareas centrales del sindicalismo combativo es denunciar estos planes y enfrentarlos, exigiendo la renacionalización del sistema educativo y su financiamiento, terminar con la educación privada y rechazar el rol del docente “asistencialista”, reclamando la formación pedagógica continua y tareas educativas claras. Ceder en estos reclamos, frente a un “posibilismo” y “costumbrismo” de tareas que no corresponden, es capitular a la política del gobierno.

Hay agrupaciones docentes, como la Gris del Nuevo Mas, la Marrón del PTS y otras, que desde el inicio han menospreciado la validez sanitaria de la cuarentena. En vez de centrar su política en exigir a los gobiernos que inviertan todo lo necesario en garantizar la alimentación, el reparto de bolsones casa por casa, insumos de higiene y seguridad, textos, etc., tienen la política de organizar voluntariados para repartir bolsones de comida en las escuelas (¡como si esa fuera una tarea de la docencia!). Esta política “asistencialista” se apoya en que muchos docentes se sienten angustiados por la situación social de las familias de nuestras escuelas. Por supuesto que compartimos y acompañamos esa sana intención solidaria de nuestros compañeros de escuela, con la que muchísimas veces hemos realizado actividades en medio de inundaciones o desgracias. Pero que una agrupación político-sindical combativa impulse ahora la ruptura de la cuarentena sanitaria a docentes y a los sectores socialmente más vulnerables, nos parece una irresponsabilidad. Repiten este criterio sindical “asistencialista” cuando reclaman a los sindicatos combativos que se encarguen de entregar bolsones o ayudas a docentes que no cobran, cuando el rol del sindicalismo combativo debe ser obligar al gobierno que les pague. ¿Estas agrupaciones propondrán voluntariados para recolectar la basura o colocar inyecciones, donde el gobierno no garantice la plata para recolectores o trabajadores de la salud? Así está actuando la burocracia sindical con sus iniciativas, como ofrecer lugares para los que se enfermen, en vez de enfrentar a las patronales y gobiernos que descuentan salarios, despiden y no ponen más plata para la salud pública.

Por supuesto que impulsamos la más amplia solidaridad con todos los sectores que lo necesitan, familias pobres, despedidos, trabajadores de la salud. Y acompañamos a los sectores que ven la necesidad de la solidaridad. Pero, como dirigentes de sindicatos combativos, el primer paso es la exigencia a que sea el gobierno el que lo garantice, sin arriesgar la salud de los docentes y las familias. A través de denuncias sólidas, como las que hemos realizado obligando al gobierno a cambiar su postura pública sobre la educación virtual, por ejemplo. Con todo tipo de acciones, inclusive la movilización de ser necesaria, con todos los cuidados sanitarios. Pero exigiendo al gobierno que utilice los fondos para educación, salud, salarios, ayuda social, en vez de para la deuda o subsidiar y ayudar a los grandes empresarios y multinacionales.

El Socialista, al finalizar una reunión de dirigentes de Ademys con el ministerio de educación de la Ciudad de Buenos Aires, entrevistó a Mariana Scayola, secretaria general de Ademys (sindicato docente porteño) y dirigente de Lista de Maestros.  

-ES: ¿Cómo está hoy la situación educativa y de los docentes en CABA?

-MS: Nos reunimos on line con el Ministerio de Educación de CABA y le planteamos distintas problemáticas en el marco de la cuarentena. Por un lado, están todas las contradicciones y la discriminación social que conlleva este sistema de educación virtual, que los ministros Trotta y Acuña reivindican y endiosan. Hay millones de alumnos que no tienen ninguna posibilidad de realizar una tarea pedagógica coherente por falta de conectividad e infraestructura virtual (notebook, internet, wifi, etcétera). Además, los docentes enfrentamos una serie de exigencias y presiones, falta de recursos, la realización del trabajo en medio de tareas domésticas y con hijos a cargo, con muchas horas de tareas fuera del horario laboral. Y la imposibilidad de la evaluación al conjunto de los alumnos por este sistema. Por eso rechazamos las presiones del gobierno para que haya algún tipo de acreditación académica, como si la actividad se estuviera desarrollando en un marco de “normalidad” y no en medio de una crisis sanitaria y económica inédita. Con Ademys reclamamos actualización y reparto de equipos para familias y docentes, conectividad gratuita y cuadernillos en papel que lleguen a la casa de los alumnos.

-ES: ¿Y la situación económica?

-La situación salarial es grave. Al insuficiente aumento de marzo se suma la disparada de precios en artículos de primera necesidad e higiene. Por eso exigimos un aumento de emergencia. Hay miles de docentes que estaban trabajando en 2019 y hoy no cobran nada porque se suspendieron los ofrecimientos de suplentes e interinos y no pudieron tomar cargos, o tomaron pocas horas. Son los más desesperados. El gobierno respondió que se está trabajando en un sistema de actos públicos virtuales para resolverlo. Le exigimos que no haya dilaciones, que se contemple una toma de posesión retroactiva y que haya ya un subsidio excepcional para quienes no tienen trabajo. También, que ningún docente quede sin Obra Social y no haya despidos ni rebaja salarial en escuelas privadas.

-ES: ¿Qué conclusiones sacas de la reunión?

-Es un hecho que el gobierno de Larreta en CABA, como Fernández nacionalmente, no resuelven los graves problemas de la docencia y la educación en cuarentena. Si ya veníamos con problemas, ahora se han potenciado. Incluso, aunque no debería ser la tarea prioritaria de la escuela, el tema de la alimentación de nuestros alumnos nos golpea directamente. La escuela siempre es caja de resonancia de los problemas sociales y hace varios años que los gobiernos han llevado a que en muchísimas familias la comida en las escuelas sea una base de su alimentación. Ahora se agrava por la pandemia. El gobierno está haciendo recaer la crisis de la cuarentena en los sectores populares y los trabajadores. Fernández dice “es preferible un 10% más de pobres, que miles de muertos”. Es una falsa disyuntiva. ¡Es preferible un 10% menos de ricos, que miles de muertos! ¡Y ahora los gobiernos hasta quieren hacer recaer en la docencia la responsabilidad de la alimentación de los sectores populares! Le dijimos al gobierno que los bolsones no alcanzan para todos y son miserables. Y que ponen en riesgo la salud de los docentes y de las familias de los alumnos que hacen colas en las escuelas, justamente los sectores más vulnerables a la pandemia. El propio gobierno reconoció que no garantizaron todas las medidas de higiene y seguridad. Y, ante nuestros reclamos, informó que están preparando articular la entrega a través de Desarrollo Social, casa por casa. Pero de las palabras a los hechos,… si no seguimos presionando, no habrá soluciones.

Reproducimos partes de la declaración que firmamos directivas y minorías multicolores de ATEN

Escribe Angélica Lagunas, directiva por la minoría de ATEN Capital

En el día de la fecha se pudieron visualizar los recibos de sueldo y han dejado expuesto graves trabas e irregularidades administrativas que pretenden dejar sin salario a centenares de compañeras.

La conducción TEP (Conducción de ATEN Provincial, aliados de la burocracia de Baradel y Alesso) reaccionó tarde porque está co-gobernando con el MPN, esperando las medidas que éste toma para apoyarlas. Solamente reacciona cuando la presión de las bases los obliga a pronunciarse. Desde la Minoría de ATEN capital venimos, desde hace semanas, comunicándonos con compañeras y compañeros que efectivamente no van a cobrar, hemos recabado los datos y elevado el reclamo por estas situaciones y por el atraso en el cobro de haberes. Todo el relevamiento ha sido enviado a los distritos escolares con copia.

Hay todo tipo de irregularidades: No cobraron docentes que accedieron a la titularidad en febrero, otros que tomaron doble turno la primera semana de marzo y otros que habiendo presentado los papeles en tiempo y forma, tampoco.  Y otros que cambiaron situación de revista.

A otros les retuvieron montos considerables del salario por deuda en recupero, sin respetar los convenios firmados y hubo descuentos desproporcionados de cuarta categoría y por adherirse al paro. En muchos casos no se han pagaron los salarios familiares.

Exigimos urgentemente un dispositivo que contemple todas estas situaciones, y se garanticen los pagos por planilla complementaria en los próximos días. Que se les otorgue un bono indemnizatorio a todos aquellos que no han podido tomar horas ni cargos debido a la suspensión de actividades y se han quedado sin salario alguno.

En este marco de cuarentena se tenía que garantizar el salario, las condiciones laborales y la continuidad laboral de todos los trabajadores de la educación y el gobierno no lo ha hecho. Están a tiempo de realizar todas las cargas necesarias.

Exigimos que el Cuerpo Colegiado del CPE sesione a la brevedad para dar solución inmediata a todas estas irregularidades.

¡La cuarentena tiene que ser con trabajo, salario y comida!

Comisiones Directivas de ATEN Picún Leufú y de ATEN Zapala y minorías de las Comisiones Directivas de ATEN Capital, de ATEN Plottier y de ATEN Cutral Co – Plaza Huincul, en el Frente Multicolor



Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

Es una herramienta fundamental para fortalecer a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

La suscripción del periódico impreso nos permite también seguir editándolo, ya que nos financiamos con nuestros propios aportes y del de los suscriptos.

 

Suscribite a la versión Impresa

Más Leídos