Escribe Pilar Barbás, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista y de Ambiente en Lucha

El año 2020 fue clave en nuestro país para la organización de un movimiento ambiental que mundialmente está en ascenso.
En medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernandez junto al canciller Solá, quisieron impulsar un acuerdo con China, para la instalación de megafabricas porcinas en nuestro país.
Esto desató un ascenso de las movilizaciones del movimiento ambientalista para frenarlo. Es ahí, donde volvimos a confluir con espacios con los que históricamente nos encontramos en las calles, agrupaciones ambientalistas, sociales y políticas, y con un activismo juvenil con una dinámica muy interesante, que sale a luchar contra la destrucción de nuestro planeta. Que tiene en vista claramente  el doble discurso de Alberto Fernandez, que es un gran impulsor de políticas de depredación de nuestro ambiente. Con un discurso que se apropia de las medidas ambientalistas, pero que la práctica las impulsa. Como es el acuerdo porcino, el fracking y el apoyo al proyecto de zonificación de Arcioni en Chubut.

Así, desde Ambiente en Lucha dimos una pelea para que se armara a nivel plurinacional la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), con un programa claro que denuncia a los responsables del extractivismo en nuestro país, y que une a luchadores en todo el territorio para unificar y visibilizar las luchas.

En lo que va del 2021 las luchas ambientales siguen en agenda. Desde principio de año la pelea contra el proyecto de zonificación impulsado por Arcioni y el gobierno nacional es una pulseada clave. El proyecto todavía no es aprobado por la movilización permanente del pueblo chubutense, organizado en asambleas, y la organización nacional que se le da con la coordinadora BFS. En un primer momento la movilización masiva del 4 de febrero y luego el 5 de marzo frenaron por el momento el tratamiento del proyecto.
En el mes de Marzo tuvimos, en lo que ya es un auténtico “calendario ambiental”, tanto de  la Huelga Mundial por el Clima el 19 de marzo como 22 de marzo Día mundial por el Agua.

Fueron dos fechas claves en la pelea estrategia contra este gobierno que sostiene un modelo extractivista que lo único que tiene para ofrecerle a nuestro país es más destrucción y catástrofe.

Por eso desde Ambiente en Lucha, nos parece fundamental para todas las peleas que se nos vienen, por el freno total del acuerdo porcino con China, por una ley de humedales, contra el fracking y los proyectos de megaminería, contra las quemas de nuestros bosques nativos a servicio de las especulaciones inmobiliarias, la organización plurinacional que golpee con un solo puño.

Esta es la tarea fundamental que nos damos como parte de la coordinadora  Basta de Falsas Soluciones, para que cada vez sea más amplia, y sea una referencia de lucha para todo el movimiento ambientalista en nuestro país.

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Ambiente en Lucha Esquel.

La provincia del Chubut ha tomado relevancia nacional y hasta internacional por la gran lucha antiminera que está llevando. Junto a Mendoza, se convirtieron en un gran problema para los planes capitalistas de saqueo de los recursos naturales, ya que la gran organización en asambleas que defienden el ambiente y la actividad económica que actualmente se desarrollan en ambas provincias, impidió el desembarco del extractivismo minero.

Si bien detonó en noviembre de 2020 cuando el gobierno provincial de Mariano Arcioni envió el proyecto de ley de “zonificación” minera (el PL128/20, denominado “Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la provincial del Chubut”), la organización comenzó mucho tiempo atrás. En el mismo momento en que el gobierno provincial presenta su proyecto, ingresaba en la legislatura de Chubut el segundo intento de ley por iniciativa popular, elaborada por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh), para prohibir la explotación minera, sustentada en más de 30.900 firmas: el PL129/20.

El 3 de marzo pasado, la comisión de Ambiente (única comisión a la que fue enviado el proyecto de ley) aprobó en una sesión virtual a las apuradas, sin debate ni transmisión pública, el proyecto de zonificación. Intentaron aprobarlo en sesión al día siguiente pero no lo lograron por la gran movilización que se generó. Saben que no hay licencia social y los diputados temen por sus “carreras”. Pero la lucha continúa porque los recursos siguen estando y el gobierno anuncia volver a intentar la aprobación el 16 de marzo.

Los antecedentes

A pesar del discurso “oficial” del gobierno que dice que la oposición a la megaminería la lleva a cabo un grupo de “500 ruidosos”, lo cierto es que en toda la provincia hay presencia y actividades de grupos, centralmente organizados en asambleas, que rechazan la actividad extractiva.
La situación actual es muy distinta a lo que podríamos marcar como su origen, la lucha de Esquel contra la instalación de una megaminera a 4km del centro de la ciudad. Cuando se comenzó a hablar de minería en la ciudad cordillerana, hace poco más de 20 años, no se sabía nada de la actividad. Al calor del argentinazo, se logró ir acumulando información e ir rebatiendo los argumentos gubernamentales-empresariales. Marchas de miles lograron frenar el proyecto y un plebiscito no vinculante lo cuantificó: el 82% de la población de Esquel rechazó el saqueo y la contaminación a pesar de que la desocupación estaba haciendo estragos en 2003 y la promesa de generación de empleos fue la bandera principal que levantaba el gobierno.
Desde ese momento, la información se fue difundiendo de vecino en vecino, de asamblea en asamblea, de localidad en localidad hasta llegar hoy en día a toda la provincia.
 
No hay grieta

Desde 2003 hasta la actualidad, han pasado todo tipo de gobiernos patronales: del gobernador radical Lizurume hasta el “caudillesco” peronista Das Neves y el actual “massista” Mariano Arcioni. Y a nivel nacional, desde De la Rúa, Duhalde, los Kirchner y Macri hasta el actual Alberto Fernández. Todos estos gobiernos, nacionales y provinciales, impulsaron más o menos abiertamente la minería bajo el marco del código nacional de minería del menemismo, es decir, la minería saqueadora y contaminante.
Y todos, a su manera, fueron parte de la gran sentencia que pesa sobre los chubutenses: minería o nada.
 
El proyecto Navidad y la zonificación

Ante la imposibilidad de concretar los cientos de proyecto mineros que hay en toda la provincia, el gobierno de Buzzi primero y ahora Arcioni, quisieron dividir la provincia en dos zonas ficticias: una donde se pueda desarrollar la minería y otra en la que “no se pueda”. Es la llamada “zonificacion” o creación de una zona de sacrificio donde la contaminación estaría permitida para garantizar el saqueo. Una zonificación contemplada en la ley provincial 5001 pero vencida en los plazos de aplicación de la propia ley.

Buzzi planeó ubicar dentro de la “zona” sacrificable al 70% de la provincia. Fue un papelón que no pudo pasar de los escritorios y los pasillos. Arcioni viene ahora con una zona que abarcaría sólo el 16% de la superficie provincial, abarcando la totalidad de los departamentos de Gastre y Telsen.
Disminuyen la entrega inicial de territorio, creyendo que con el engaño se garantizan el comienzo de “Navidad”, proyecto de Pan American Silver, empresa canadiense beneficiaria de la ley (o “acuerdo”, según un lapsus de Arcioni). Pero una vez habilitada esta zona y la actividad en la provincia, tarde o temprano, se daría vía libre a los proyectos que están al acecho. Como lo dice el artículo 7 del proyecto: “La Zonificación Minera obrante (…) será objeto de permanente monitoreo. En caso de que se determine la necesidad de actualizar o ampliar la Zonificación Minera (…) se elevará a la Legislatura para su tratamiento.”

La zonificación abarca una zona de la llamada meseta central. La patagonia, y Chubut en particular, poseen tres grandes ecosistemas: la costa, la meseta y la cordillera. La costa tiene los mayores centros urbanos (Puerto Madryn, Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia) y la cordillera el bosque andino patagónico con lagos y montañas. El río Chubut atraviesa la meseta de oeste a este y da agua potable al 50% de la población provincial.

Como la meseta central es árida y muy despoblada, el gobierno utiliza la imagen de desierto para difundir la idea de que no existe alternativa económica a la minería.
“Navidad” es un proyecto propiedad de la canadiense Pan American Silver que incluye varias áreas donde explotaría plata y plomo a cielo abierto. En total, abarca una superficie aproximada de 680km2. Utilizaría unos 8 millones de litros de agua diarios (en una zona donde la precipitación media es de 200mm por año). Con una vida útil del proyecto calculada en 17 años, plantean extraer el equivalente a 16,5 millones de onzas de plata. Pero “Navidad” es solo uno de los cientos de concesiones de explotación de distinto tipo, tramitados en la provincia.

Las estrategias del gobierno para aprobar la minería

Cuando el gobierno fue comprendiendo que la implementación de la minería no sería tan fácil como pensaba, con las marchas y el plebiscito en Esquel, comenzó a planificar estrategias para extraer las riquezas naturales. Inmediatamente después del plebiscito, desde la legislatura provincial se intentó tener el apoyo de la asamblea de Esquel para un proyecto de ley conocido en su momento como Ley De Bernardi y que hoy con sus modificaciones, conocemos como ley 5001 (ley XVII-Nº 68). En ese momento, el diputado peronista De Bernardi presentó a la asamblea un proyecto de ley sencillo, prohibiendo en el artículo 1 la minería a cielo abierto y con uso de cianuro pero permitiéndola en el artículo 2. Una trampa que la asamblea rechazó. En su redacción presentada a la asamblea, hablaba de permitir la minería desde una línea imaginaria a 50km al este de la ruta 40 y hasta la costa. La legislatura lo cambió por el siguiente artículo 2°: “El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:

a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley.”

Aunque el plazo de 120 días venció hace varios años sin que se haya presentado esa zonificación, el gobierno intenta aplicar ahora este artículo.
Pero la estrategia central estuvo siempre de la mano de concretar la sentencia dictada. Se ahogó a Esquel y la meseta evitando todo tipo de posibilidad de crecimiento económico, para lograr en el tiempo, que sea el pueblo el que pida, asfixiado, la minería. No lo han logrado, pero han creado una zona en despoblamiento y sin recursos, cuando podría ser altamente productiva y con atractivos turísticos, entre otras actividades.

Arcioni

Arcioni asumió como vicegobernador del peronista Mario Das Neves. Con un estilo caudillesco y patoteril, Das Neves gobernó hasta su muerte a mitad de mandato, dejando la gobernación a su vice. Con sueldos atrasados y la provincia en crisis, Arcioni adelanta las elecciones de 2019, paga en término salarios durante un par de meses y logra ganar la elección a gobernador con un discurso antiminero. Luego de las elecciones, continúa con el ajuste a los estatales y se alinea con el entonces candidato a presidente Alberto Fernández, participando en numerosos actos de campaña nacional. Para las elecciones a cargos nacionales, retira su lista de candidatos a diputados y llama a votar al Frente de Todos.
 
No hay argumentos que perduren

Los argumentos del gobierno y las mineras van siendo desmenuzados y rebatidos por las asambleas: el uso de químicos, el uso del agua, la contaminación del aire, la explotación subterránea, el pago de regalías, el derrame económico y la generación de empleo, el uso de los minerales en la vida cotidiana…. Todos los argumentos, desde los más ridículos hasta los expresados por supuestos científicos, se van desmintiendo.

Muchas veces dicen que no tenemos sustento científico, que dejemos hablar a los técnicos, ridiculizando el conocimiento de los vecinos e intentando ser sólo “los profesionales” de la minería lo que puedan hablar. En diciembre se conoció un informe del CenPat-CONICET[1] abarcando cuatro ejes: disponibilidad de agua; vulnerabilidad ambiental; dimensión social; gestión ambiental. Como conclusión de este informe se puede leer: “Este documento señala una serie de preocupaciones de índole científico/técnica en relación con las actividades que serían habilitadas de sancionarse el PL 128/20, las que motivan a que planteemos el retiro de dicho proyecto de su tratamiento en la Legislatura Provincial.”

Adentrémonos en algunos de los puntos que defendemos

La meseta no es un desierto: por sus características, la imagen de desierto deshabitado e infructífero es utilizada por el gobierno para decir que no existen posibilidades económicas para la región. Sin personas, sin animales ni vegetación pero llena de plata y uranio, sería el lugar ideal para extraer recursos sin perjudicar. Pero es mentira. En la meseta viven varias comunidades, muchas de pueblos originarios y existe una gran diversidad biológica. Si bien el clima es árido, con muy pocas precipitaciones anuales, con un poco de inversión se pueden generar un gran número de actividades económicas. Y como dicen los científicos, es un ambiente frágil, por lo que una intervención mínima puede ponerlo en más riesgos del que está.

La minería no es sustentable: la minería no es sustentable desde su definición, por más que digan otra cosa. Es una actividad extractiva que saca minerales de una zona sin ningún tipo de posibilidad de recuperación, utilizando siderales cantidades de agua durante el proceso, la cual queda contaminada y sin poder volver a utilizarse. Y para hacerlo no solo destruye el ambiente, sea a través de la técnica de explotación a cielo abierto o por galerías, sino que además destruye las instituciones, las economías regionales, etc.

El uso del agua compite con otros usos: el gobierno dice que el agua está garantizada. Se utilizará sólo agua de acuíferos subterráneos que hoy no tienen uso. Sin embargo, esta agua “descubierta” por las mineras, podría utilizarse para otras actividades, como la agropecuaria, y luego de la utilización minera puede (y lo hará en los 17 años de “Navidad”) contaminar una amplia zona, incluyendo al río Chubut, con el drenaje ácido que se produce tanto en los diques de colas como en las escombreras.

El aire se contamina: la explotación minera implica detonar los yacimientos y convertir una gran cantidad de rocas en polvo. Tanto las explosiones como el polvo, liberan toneladas de elementos químicos que hasta ese momento forman parte de las rocas. Sumado esto a los grandes vientos de la región, la posibilidad de difusión de partículas tóxicas (sin considerar las utilizadas por la actividad) es una realidad. En un intento de apoyar la minería, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) comenzó a realizar un ciclo de charlas con “expertos”, una forma de darle el sello de autoridad moral que poseen las universidades públicas al proyecto de zonificación. El 26 de febrero bajo el título “Dispersión de material particulado en proyectos mineros: ¿Hasta dónde llega el polvo de las minas?” explicaron que la medición de polvos en el aire se realiza en forma constante dentro de una zona de 5km del centro de interés. El vaciamiento del lago Colhué Huapi, en el sur de Chubut, como consecuencia del uso del agua en la extracción de petróleo muestra la realidad (ver imagen).

Las regalías no son significativas: por el código minero nacional de los años 90, los minerales pertenecen a la provincia, pero éstas no pueden explotarlos y sólo pueden darlos a empresas privadas a cambio del pago de regalías que como máximo pueden ser del 3% del valor del mineral a “boca de mina”. Según la última versión del proyecto de zonificación, el artículo 53 dice: “Lo recaudado en concepto de Regalías Mineras será distribuido de la siguiente manera:

a) Para Rentas Generales de la Provincia corresponderá el OCHENTA POR CIENTO (80%),
b) El CATORCE POR CIENTO (14%) para la totalidad de los Municipios que adhieran a la presente Ley (...).
c) El UNO POR CIENTO (1%) para los Municipios que no adhieran a la presente Ley (...).
d) El UNO Y MEDIO POR CIENTO (1.5%) para la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
e) El UNO Y MEDIO POR CIENTO (1.5%) para la Autoridad de Contralor Ambiental de la presente Ley.
f) El DOS POR CIENTO (2%) para las instituciones sindicales que tengan participación en la actividad.”

Es decir que el estado provincial podrá utilizar sólo el 80% del 3% del valor del mineral extraído (a partir de las declaraciones juradas de las empresas ya que no está permitido el control de la producción). El proyecto Navidad está calculado en 6.000 millones de dólares. El 3% es 180 millones de dólares. Pero leyendo el artículo 72, tenemos que “Créase el Fondo de Reserva Anticíclico el que se integrará con el diez por ciento (10%) del monto que perciba la Provincia del Chubut en concepto de regalías mineras con destino a Rentas Generales”.

se puede ver que hay que descontar este valor, ya que quedará inmovilizado. La función del Fondo es incierta, ya que el Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura la sugerencia de modificación del proyecto escrito por ellos mismo incorporando el Artículo 71 (73 según despacho de la comisión), que dice: “Los fondos desafectados del fondo de reserva anticíclico se destinarán exclusivamente a sostener los puestos de trabajo de la actividad minera.”

Esta sugerencia no fue incorporada en la comisión, pero podría ser incluida en la sesión legislativa. De esta manera, de los 180 millones de dólares, habrá que restarle el 10%: quedan 162 millones de dólares de regalías que ingresarían a la provincia en los 17 años estimados de explotación para Navidad, es decir, menos de 10 millones por año. Compárese con los 21 millones que ingresaron como regalías petroleras por el mes de octubre de 2020[2]. El proyecto por el cual está haciendo tanto lobby el gobierno aportaría en un año la mitad de lo que aporta el petroleo en un mes. Es decir, no hay ninguna solución a la crisis provincial aprobando la minería.

No hay licencia social: ni el propio gobierno puede decir que la minería tiene apoyo en la población. Por eso no puede mostrar ninguna encuesta y cambia el significado del término “licencia social”. El Ministro de Ambiente de la provincia, Eduardo Arzani, uno de los principales promotores de la minería, lo dijo claramente: “30 mil personas (por los firmantes de la iniciativa popular) representan un 5% de la población de Chubut, 27 diputados representan el 100% porque son los representantes del pueblo”[3]. Es decir, que la licencia social, para Arcioni y sus ministros, la dan 24 diputados peronistas, 2 radicales y 1 del PRO. No hace falta consulta previa ni ningún otro tipo de participación de la comunidad, aunque los tratados internacionalesn(como el 169 de la OIT) firmados por Argentina así lo digan.

Desde Ambiente en Lucha participamos de las acciones que llevan a cabo las asambleas en Chubut, impulsando la nacionalización de la lucha con la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones. Debemos seguir organizándonos independientemente de los partidos patronales que vienen gobernando e impulsando la actividad extractiva como solución a la crisis que sus propios gobiernos crearon. Sumate a Ambiente en Lucha para seguir ganando esta pelea.

[1] https://cenpat.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/91/2021/02/Informe-Mesa-Tecnica.pdf
[2] https://www.eldiarioweb.com/2020/12/chubut-recaudo-en-octubre-215-millones-de-dolares-por-regalias-hidrocarburiferas/
[3] Ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Arzani en Sin Hilo. https://youtu.be/p7mzfV6OkQY

Escribe Martín Angel, referente de Ambiente en Lucha y de Izquierda Socialista de La Rioja.

(Nota publicada en El Socialista 490, 26 de enero 2021)
 
Desde 1993, con Menem, se vienen explotando todos los recursos naturales al servicio de las ganancias de grandes multinacionales que, a cambio, dejan territorios saqueados y contaminados. Se llevan todo, pagan retenciones mínimas, no están obligadas a resolver el pasivo ambiental y generan menos de 1% de trabajo genuino en el país. La promesa de salvar la crisis con la megaminería es otro verso.

Por eso desde 2012 el pueblo de La Rioja le dice “No a la Megaminería”. Con imponentes movilizaciones se echó a la Barrick Gold y a Osisko Mining Corporation. Les dijimos que “acá no pasarán”.
No nos olvidamos de que estando Néstor Kirchner en el gobierno, en 2006, se trazó el Plan Estratégico Territorial, y durante el gobierno de Cristina, con Milani, se votó la Ley Antiterrorista que puso en marcha el Proyecto X. Hoy vuelven a insistir. Proyectan una inversión millonaria para el corredor bioceánico y la línea eléctrica minera mientras nuestros sueldos están entre los más bajos del país.

Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha repudiamos la nueva intentona de este gobierno peronista de Alberto Fernández que, junto al gobernador Ricardo Quintela, pretenden reactivar el doble discurso de que “con el oro de Famatina salimos de la crisis”.
Fernández dijo en una visita a nuestra provincia, ante el silencio cómplice del gobernador Quintela, sus ministros y laderos: “En Chilecito se fundó la primera sucursal del Banco Nación porque el Famatina traía la plata que hacía rica a la Argentina, y esa riqueza está acá, en el norte argentino”.
Una vez más decimos que no habrá megaminería en La Rioja y apoyamos y nos solidarizamos con todas las provincias precordilleranas, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que vienen luchando y resistiendo contra la instalación de las megamineras del gobierno y las multinacionales. Llamamos a unirnos contra la política de explotación, saqueo y contaminación de los gobiernos patronales.

Escribe Gabriel Massa

Desde sus orígenes mismos hace más de 500 años el capitalismo ha sido responsable de horribles genocidios y otras formas igualmente espantosas de someter a los pueblos. Para imponer esos genocidios y para someter a los pueblos el capital utilizó y utiliza armas y métodos de producción cada vez más sofisticados. La ciencia bajo el capitalismo siempre ha estado subordinada al objetivo central de los empresarios: aumentar incesantemente la explotación de la naturaleza y de las y los trabajadores. Expresiones extremas de esa realidad son los horribles experimentos de los nazis con los prisioneros y el desarrollo de la bomba atómica que Estados Unidos terminó lanzando sobre Hiroshima y Nagasaki, con lo que el imperialismo inició e impuso la carrera armamentista que continúa al día de hoy.

Frente al poder y la explotación capitalista siempre ha habido una ciencia rebelde dedicada, no a sostener y facilitar la explotación y opresión de los pueblos, sino a construir las bases científicas para superar el capitalismo y construir una sociedad superior, el socialismo. El marxismo es la máxima expresión de esa ciencia rebelde al servicio de la revolución y la construcción del socialismo.

Los trabajos del epidemiólogo evolucionista marxista estadounidense Rob Wallace se inscriben en esa tradición de la ciencia rebelde. Su libro “Big farms make big flues” (“Grandes Granjas traen Grandes Gripes”) explicó como la agro-industria, con su concentración de millones de animales de cría en establecimientos agropecuarios atendidos por miles de trabajadoras/es, crea las condiciones para el salto de virus de animales a humanos, generando nuevas enfermedades bacteriales y virósicas.
Su nuevo libro, de reciente aparición, Dead Epidemiologists, (Epidemiólogos Muertos) actualiza esa visión a partir de las enseñanzas de la pandemia de covid-19. Pero al hacerlo aporta a nuestra comprensión de la realidad del capitalismo hoy y en ese camino nos informa de grandes avances de la ciencia de la evolución de las especies. Intentamos sintetizar algunas de esas enseñanzas.

En primer lugar, Wallace en conjunción con un equipo de especialistas, demuestra categóricamente que la agroindustria es hoy un factor central del modo de producción capitalista.

En segundo lugar la agroindustria, tal como existe desde sus inicios, tanto en la producción animal como en la de cultivos, constituye una invasión destructiva del ecosistema. Es decir, no puede haber agroindustria capitalista sin contaminación de la tierra, del agua, del subsuelo y sin cambio climático. Por lo tanto la única manera de terminar con la destrucción del ecosistema es terminar con el capitalismo.

En tercer lugar la agroindustria es una forma de sometimiento de las poblaciones rurales a la proletarización, es decir a la transformación de lxs campesinxs independientes en trabajadorxs asalariadxs de las empresas capitalistas. O, alternativamente, mantiene a lxs productorxs independientxs subordinadxs a las necesidades de las empresas, imponiéndoles los procesos de producción menos rentables y más contaminantes.

Un aspecto fundamental de esto es lo que sucede con la agricultura. Los cultivos genéticamente modificados producidos por las grandes multinacionales han dado lugar al desarrollo de nuevas malezas resistentes al avance de esos cultivos y también a los agrotóxicos que se utilizan para combatirlas. Los pequeños y medianos productores se ven obligados a utilizar las semillas de las multinacionales y sus agrotóxicos. Poblaciones humanas enteras se ven contaminadas por el uso de esos agrotóxicos. La única manera de terminar con este mecanismo es expropiar a las multinacionales e imponer formas de producción de alimentos adecuados al medio ambiente.

En cuarto lugar, la producción agroindustrial de animales genera la condición para la incesante aparición de nuevos virus con la capacidad de saltar entre especies, incluyendo de animales a seres humanos. La teoría evolucionista tradicional reconocía la transmisión de los genes de los animales que mejor lograban adaptarse a condiciones cambiantes de la naturaleza a su descendencia, salto descendente, como única vía de evolución de las especies. Rob Wallace y su equipo demuestran categóricamente que, como se da en el caso del covid-19, transmitido de un animal (posiblemente un murciélago) a los seres humanos, el salto lateral de los virus y microbios entre distintas especies es otra vía fundamental de la evolución.

Lo dicho hasta aquí no agota ni mucho menos la riqueza del nuevo libro de Rob Wallace y su equipo. Al servicio de difundir sus enseñanzas, ofrecemos a continuación una traducción al español de uno de los capítulos de este texto, “El origen de patógenos agroindustriales”.

https://drive.google.com/file/d/1Xh7TcsadWvLUa3h7CLcnhymQcxWKVdd2/view?usp=sharing

Escribe José Castillo

En medio de la pandemia del coronavirus el capitalismo imperialista ha mostrado, una vez más, su verdadera cara: la búsqueda insaciable de ganancias a costa, en este caso, de la vida de millones de personas en el planeta. Los que más lo sufren una vez más, son los trabajadores y los pueblos sometidos del planeta.

Las principales empresas transnacionales farmacéuticas del mundo, las mismas que son responsables de innumerables casos de depredación ambiental, monopolizan las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Esos pulpos internacionales, compitiendo entre ellos, han generado un verdadero colapso: el acceso a la vacunación, vital en estos momentos, es un problema en prácticamente todos los países de todos los continentes. Se han firmado contratos por miles de millones de dólares, con cláusulas leoninas a favor de las farmacéuticas (como la que se acaba de conocer entre Pfizer y el gobierno de Brasil) y aún así estas multinacionales, abusando de su poder monopólico, no entregan las dosis en tiempo y forma, generando colapsos sanitarios en muchísimos países.

Muchos países, a partir de su tecnología propia, hoy están en condiciones de producir sus propias vacunas. Pero no pueden hacerlo, ya que las multinacionales farmacéuticas tienen la “propiedad privada” sobre las patentes y no lo permiten. La Organización Mundial de la Salud, países como Sudáfrica e India e innumerables personalidades se han pronunciado por la suspensión de las patentes sobre vacunas y otros medicamentos vitales para el tratamiento del Covid 19. Incluso se ha llevado el caso ante la Organización Mundial de Comercio. Por supuesto, el imperialismo yanqui, junto con los propios pulpos transnacionales, son los primeros en oponerse.

El caso argentino: las vacunas están en Garín

En nuestro país, el empresario Hugo Sigman, amigo del presidente Alberto Fernández, con su empresa mAbxience, está produciendo vacunas en la ciudad de Garín. Ya se han producido millones de dosis, lo que demuestra que nuestro país forma parte de aquellos que tiene el conocimiento y la tecnología para hacerlo. Pero las vacunas son “propiedad” de la multinacional AstraZeneca, y enviadas a los Estados Unidos. Con la excusa de que el proceso final, que incluye el envasado en vidrio, se hace en ese país. ¡Cómo si nuestro país no contara con varias empresas y laboratorios que pueden realizar y supervisar ese paso!

No hay excusas: el único motivo por el que las vacunas no quedan en el país, donde podrían haber solucionado ya la crisis vacunatoria, es la defensa de la “propiedad privada” de la patente de AstraZeneca.
¡No a las patentes! ¡Que las vacunas queden en el país!

Desde Ambiente en Lucha nos sumamos a la campaña internacional por la suspensión de las patentes que viene llevando adelante la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI). Y también a la exigencia que,lanzada desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, plantea la incautación de las vacunas producidas en Garín y la intervención de la empresa para que sean utilizadas en inmunizar ya mismo a toda la población de riesgo de nuestro país. Por eso el 14 de abril, día en que la Organización Mundial de Comercio se reúne para debatir el tema, nos sumamos a la Jornada Internacional por No a las patentes y vacunas para todas y todos.

La lucha contra las patentes y las transnacionales involucradas (y sus socios locales) es estratégica en pelea por la defensa del ambiente. Son los mismos que, con sus fórmulas secretas, envenenan poblaciones, cursos de agua, liquidan biodiversidad, contribuyen al calentamiento global, todo bajo el altar de la sacrosanta propiedad privada capitalista y sus ganancias. Desde Ambiente en Lucha sostenemos que la defensa del ambiente, de nuestra casa común, está estrecha e íntimamente asociada a la pelea contra el capitalismo imperialista, por otro sistema, sin explotación ni opresión y que plantee una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza: el socialismo.