Nov 28, 2021 Last Updated 2:13 PM, Nov 28, 2021

Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.

Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.

El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.

Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.

Escribe Valeria de Haro, del barrio Lanusse 

El acceso al agua potable es un derecho inalienable, pero no es la realidad de los barrios de Luján. Desde septiembre, los cortes de suministro y la falta de presión son un problema en los barrios, agravado en diciembre por el aumento de la temperatura.

Ante esta emergencia nos organizamos por medio de un grupo de Whatsapp constituyéndonos como “vecinas y vecinos autoconvocados sin agua y en pandemia”. Estamos en asamblea permanente para exigir una solución concreta, impulsamos distintas actividades y una movilización a la municipalidad, a la que acudieron un centenar de vecinos. Los funcionarios del municipio inventaron una cantidad de excusas absurdas, culpan a los vecinos y vecinas por un supuesto mal uso del recurso, acusaron a los trabajadores municipales (que se encontraban de paro en ese momento) de boicotear las bombas y hasta hicieron distintas promesas, como realizar una obra integral en toda la red. Allí nuestra compañera Daniela Cooper y otros vecinos rebatieron cada una de las excusas de los funcionarios y exigieron un plan de contingencia mientras se resuelve el problema de fondo. Así los barrios organizados conseguimos la distribución de agua potable en bidones y agua para aseo, como primera medida. Pero la exigencia de fondo es por un plan de obras para renovar y ampliar la red de agua corriente y erradicar el problema que viene de años de abandono y desinversión.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para que triunfe. El agua es un derecho humano, principalmente en medio de la pandemia. Plata para obras hay, los gobiernos la destinan al FMI y al pago de la deuda externa.

Más de cien organizaciones socioambientales de todo el país tomamos la definición de constituir la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). Después de actuar en común desde el 25A en adelante, y de señalar algunos puntos centrales de reivindicaciones como el rechazo al acuerdo porcino, el fracking, la megaminería, la depredación del agronegocio capitalista con sus quemas, desmontes y agrotóxicos y la denuncia de un modelo que es puesto al servicio del pago de la deuda externa. Forman la coordinadora nuevas organizaciones como XR (Rebelión o Extinción), Alianza por el Clima, Climate Save, Fridays For Future, Proyecto Timón Verde y otras que vienen interviniendo hace años como Conciencia Solidaria, las Multisectoriales y Asambleas contra la megaminería y el fracking, organizaciones antiespecistas como Voicot y otras como el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, de CABA. Y, desde ya, las organizaciones del Frente de Izquierda Unidad y Ambiente en Lucha, la agrupación que impulsamos desde Izquierda Socialista junto con activistas independientes.

El primer gran desafío de la coordinadora BFS fue poner en pie una jornada de lucha en veinte provincias bajo el lema #911EmergenciaSocioAmbiental, con convocatorias de todo tipo, festivales, cortes de calles y rutas, intervenciones artísticas y, en CABA, una masiva movilización a Plaza de Mayo, donde también se realizó un festival y una vigilia. Desde Ambiente en Lucha fuimos parte de la preparación de esta jornada e impulsamos una política unitaria para salir a enfrentar como un solo puño la política del gobierno. La jornada dio un tremendo saldo positivo, no sólo de instalación de nuestros reclamos, sino por sobre todo de grandes avances en la coordinación e incorporación de organizaciones y activistas independientes.

Se trata de un paso adelante que potencia cada una de las luchas que tenemos contra la política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Es una tarea urgente frenar los avances de la instalación de las megafábricas de cerdos chinas en provincias como Chaco y Santiago del Estero. Así como también seguir denunciando una política de subsidio a las multinacionales de Vaca Muerta y los intentos de volver a reimpulsar la megaminería como los que está llevando adelante el gobernador Arcioni en Chubut. En CABA, este mismo domingo 25, votamos realizar una caravana en bicicletas hasta la residencia de Olivos para llevarle a domicilio al presidente nuestros reclamos. Y se preparan nuevas jornadas de lucha para cada semana que tenemos por delante en lo que queda del año.

Ambiente en Lucha

 

 

Desde Ambiente en Lucha de La Matanza entrevistamos a Susana Aranda, referente del Grupo de Familias contra Klaukol, en el acampe que están realizando frente a la fábrica en Virrey del Pino.

AL–¿Qué es Sika- Klaukol?

SA–Es una multinacional suiza que elabora materiales para la construcción. La planta que se encuentra acá es la mayor productora para Latinoamérica. Antes esto era un tambo, pero desde que se instaló cambió el barrio, parece Londres, por la neblina, pero es el polvillo que sale de las chimeneas. Para nosotros es una minera a cielo abierto por lo que arrojan al aire y al agua.

 AL–¿Qué tiran?

SA–Sílice, que es vidrio molido, sale de las chimeneas sin tratamiento, contaminando el aire 10 kilómetros a la redonda, y metales pesados que van a parar al arroyo. No podemos beber el agua de acá, la compramos. Pero no podemos envasar el aire. Ellos lavan la arena con glifosato, ese mismo herbicida que mata de cáncer en el campo.

AL–¿Qué hicieron ustedes?

SA–De todo, fuimos a la Justicia, pedimos que nos atienda el gobierno provincial, el intendente, hicimos acampe en el municipio, ahora estamos acampando acá, en la puerta de la fábrica. Es muy costoso demostrar la contaminación, vendimos todo lo que teníamos para poder costear la demostración de todo este asesinato.

AL–¿Cuál fue la respuesta?

SA–Ninguna, hace más de diez años que nos tienen yendo de juzgado en juzgado. El gobierno provincial y el municipal no nos dan una solución. Hemos recibido amenazas y ataques para que paremos con el reclamo. Nos están matando, y nosotros tenemos que demostrar que nos están matando. En 2014 un estudio de la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) dio como resultado que todos los investigados tenían metales pesados en el organismo. Ese estudio fue un gran avance, tanto que al que lo encabezó lo echaron de Acumar. Nosotros hicimos un censo y, de las nueve manzanas del barrio, hay más de cien muertos por cáncer y todas las casas utilizan paf, todos tenemos problemas respiratorios y de la piel. Además, los que trabajan en la empresa también se ven afectados. La empresa ve una manchita y te despiden.

 AL–¿Qué es lo que están reclamando?

SA–Esta fábrica no puede estar acá, la propia provincia dice que tiene una categoría 3, quiere decir que es una industria tóxica, nociva para el ser humano, y tiene que estar alejada a 8 kilómetros de cualquier centro urbano, esa es nuestra principal lucha, porque Klaukol nos mata.

Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (mc) Izquierda Socialista / FIT-Unidad

Las llamas arrasan una enorme extensión de la provincia de Córdoba en los departamentos de Punilla, Colón e Ischilín. Es el incendio más grande en doce años. Miles de hectáreas de bosque nativo con todas las especies vegetales y animales que allí viven quedan reducidas a cenizas. Daños materiales irreparables, familias evacuadas, la vida de los bomberos y de los habitantes en juego son su consecuencia.

Como todos los años, los emprendedores inmobiliarios y agropecuarios aprovechan la sequía para provocar incendios. No es casual que el fuego haya comenzado en Ischilín, donde se dio la discusión del desmonte con rolado para la cría de ganado, y continuado en Punilla, donde inmobiliarias y mineras han puesto su mira.

Pero, al parecer, ningún costo, ambiental, material o de vidas humanas, es importante frente a los negocios de los especuladores inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, nos han llevado a este tremendo desastre.

El gobierno peronista de Schiaretti es el gran responsable de este crimen contra nuestro medioambiente. Nunca se cumplieron los presupuestos mínimos de la ley 26.331, ni la actualización que debe realizarse cada cinco años con participación de las y los cordobeses. Y hoy, de la manera más cínica, Schiaretti sale a hacer declaraciones diciendo que se otorgará una ayuda a las familias por las pérdidas ocasionadas por los incendios.

Durante años el gobierno estafó a la población con el “impuesto al fuego” recaudando millones que casi nunca llegaban a los cuarteles de bomberos, quienes en muchas localidades incluso son voluntarios y no cobran sueldo. La provincia compró tres pequeños aviones hidrantes que no alcanzan para cubrir toda la superficie, es como ir a apagar los incendios con un balde de agua. ¡Plata hay!, pero la usan para pagar la deuda externa provincial, tomada para construir obras enormes que sirvieron para juntar votos pero no para resolver las más urgentes necesidades de la población, como la construcción de puentes y caminos en lugares en los que son sumamente necesarios. Ese es el caso de Casa Bamba, barrio en las afueras de La Calera, donde hoy los vecinos están atrapados entre el fuego y un río que está crecido porque abrieron las compuertas del dique San Roque. ¿Buscan que Casa Bamba, un lugar muy codiciado, desaparezca junto con sus habitantes? Hace dos años allí hay un puente peatonal que nunca fue puesto y se está herrumbrando, mientras la minera Camarassa, que pretende explotar la reserva hídrica, colocó un portón en el camino que impide el libre tránsito.

Debemos exigir que se investigue a fondo para descubrir y castigar a los responsables de esta masacre ambiental. Que respondan con sus patrimonios y se indemnice a todas las familias afectadas por la catástrofe.

Hoy es fundamental que se declare la emergencia ambiental en toda la provincia, que parta de la prohibición de la instalación de todo emprendimiento inmobiliario y minero para preservar lo poco que queda de monte nativo y remediar lo destruido.

Se hace evidente que necesitamos una nueva ley de bosques, discutida por las poblaciones y asambleas zonales donde están las personas más interesadas en preservar nuestro ambiente.

Es urgente un cambio de raíz en el sistema de producción que, en lugar de priorizar las ganancias millonarias de unos pocos vía la destrucción y saqueo de nuestros recursos, planifique la economía democráticamente sobre la base de las necesidades de la clase trabajadora y los pueblos y que combata el cambio climático y la destrucción ambiental.

 

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