May 30, 2020 Last Updated 1:40 PM, May 30, 2020

Escribe José Castillo

Esta semana sigue el partido de póker de la renegociación de la deuda. “Hay disposición mutua para alcanzar un acuerdo”, dicen tanto los funcionarios del Ministerio de Economía como los voceros de los bonistas. Más allá de cómo termine esta anécdota de la renegociación, que tiene un final pautado para este viernes 22, pero, como ya se anticipa, “podría alargarse un poco más de mutuo acuerdo”, algunas cuestiones vienen quedando claras. Son las que queremos destacar.

Primero y principal, ya nadie esconde quiénes son los famosos “bonistas”. Acá no hay ningún jubilado ni pequeño ahorrista. Se trata de lo peor del establishment financiero internacional, los buitres de los buitres, los especuladores que sobrevuelan el mundo haciendo ganancias parasitarias colosales. Tienen nombre y apellido, e incluso se han agrupado en “clubes de acreedores” para así presionar y sacar mejor tajada. Así, los pesos pesados BlackRock y Fidelity encabezan el autodenominado Grupo Argentina Ad Hoc (Ad Hoc Bondholders Group), junto con otros buitres menores como Ashmore y T. Bowe Price. Los sigue el Comité de Acreedores de la Argentina (Bondholders Group) coordinado por otro gigante, Greylock Capital, al que se sumaron Gramercy y Fintech, dos “viejos conocidos”, que fueron los grandes ganadores de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010, y ahora vienen por más. Y, por si todo esto fuera poco, queda un tercer club de acreedores, el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders Group), donde están agrupados otros fondos de inversión que también participaron en los canjes 2005-2010, como Monarch, HBK Capital, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group. Por fuera de estos “comités” o “clubes” de acreedores, también están al acecho otros grandes tenedores de deuda argentina, Pimco y Templeton.

¿En qué consiste la actual “negociación?

La sintetizamos: el gobierno argentino lanzó una oferta muy buena y amigable para estos pulpos acreedores (confesada así por los propios funcionarios), casi nada de quita de capital, intereses muy por encima de los que hoy se pagan en el mundo y un “período de gracia” (tiempo que transcurre hasta que se hacen los primeros pagos) de tres años. Todo muy lejos del discurso inicial de Alberto Fernández de “no podemos pagar con el hambre del pueblo”. Los buitres acreedores, por su parte, negocian fuerte y presionan porque no quieren ninguna quita de capital, más intereses y que se empiece a pagar antes de los tres años, más algún “premio extra”, como el que en su momento les dieron Kirchner y Lavagna en 2005, con los llamados cupones PBI, que generaban pagos adicionales de deuda si el país crecía más allá de un determinado porcentaje (en ese momento 3,2 por ciento).

La respuesta del gobierno es que está abierto y “flexible” para negociar todo. Traducido, acepta que se analice empezar a pagar antes de 2023, menos (o ninguna) quita de capital, más pago de intereses y discutir algún “premio” para los acreedores (incluyendo algún pago “al contado” en un momento próximo).

¿A dónde nos lleva todo esto?

La deuda es una auténtica bola de nieve de la que así no saldremos más. Vamos a dar un par de ejemplos didácticos: el próximo viernes vencen 503 millones de dólares de los bonos “globales” 21, 26 y 46. ¿De dónde salieron estos bonos? Fueron una emisión de Mauricio Macri en 2016 que generaron nueva deuda por un total de 14.500 millones de dólares. De hecho, entraron al país apenas 13.000 millones. Lo interesante es ver en qué se usó esa plata. La mayoría, 9.300 millones, fueron para pagarle a los holdouts, o sea a los fondos buitres que ya venían litigando contra la Argentina. Recordemos que ese famoso pago fue autorizado en los comienzos del gobierno de Macri con el voto positivo de la inmensa mayoría de la bancada peronista de entonces. Como vemos: deuda para pagar deuda anterior.

Sigamos el hilo del razonamiento, que nos llevará al segundo ejemplo ilustrativo. Los fondos buitres eran los que no habían aceptado los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. ¿Era acaso que el resto de la deuda ya se había arreglado y, como sostenía la propaganda oficial de aquellos años, “nos habíamos desendeudado”? De ninguna manera, y como mejor muestra tenemos que ahora mismo, en la reestructuración, aparecen fondos como titulares de esos bonos 2005 y 2010, unidos en dos de los grandes grupos de acreedores que presionan por una “mejor propuesta”. Traducido, que se les pague más, con más intereses y en plazos más cortos.

Esto es apenas un pantallazo de la deuda que venimos pagando infinitamente. Deuda cuyo origen último está en la dictadura militar genocida, luego reconocida y renegociada por todos los gobiernos posteriores, sin excepción. “Canjeada” por Menem, primero, y por los Kirchner después. Siempre generando nuevos vencimientos, sumas de intereses sobre intereses, y provocando que, para “pagarla”, se tome nueva deuda de los pulpos del establishment, como en los casos citados. Pero además de organismos internacionales, centralmente el FMI, y otros, como el Banco Mundial y el BID. Incluso reconociendo deudas pendientes directamente con otros Estados, como el caso del llamado Club de París, que se originó en préstamos que los gobiernos europeos de entonces le hicieron a la dictadura de Videla.

En síntesis, de cualquier manera que termine este capítulo de renegociación de la deuda, nada se solucionará. Quedará una inmensa hipoteca a seguir pagando a estos mismos buitres. Y apenas será la antesala de otras dos “negociaciones”: la que se hará con los “tenedores de bonos bajo legislación local”, que en la mayoría de los casos son los mismos pulpos, en este caso encabezados por Fidelity. Y luego, la que vendrá con el Fondo Monetario Internacional, por nada más ni nada menos que 49.000 millones de dólares y donde el propio organismo ya anticipó que con ellos no corre ningún tipo de “quita”. Para que quede claro, todo esto implica miles de millones de dólares en pagos que ya quedan pautados de acá a los próximos cien años. Hambre, miseria, saqueo y marginación para cuatro generaciones del pueblo trabajador argentino.

Todos unidos a favor de pagar. Solo nos oponemos desde la izquierda

A pesar de que decenas de economistas, estudiosos del tema del endeudamiento y líderes sociales de todo el mundo salen permanentemente a alertar sobre las consecuencias de endeudamientos astronómicos como el argentino y la imposibilidad de pagarlos, existe actualmente una macabra coincidencia política: el gobierno peronista, la oposición de Juntos por el Cambio, las centrales patronales, la burocracia de la CGT y las CTA, todos, sin excepción, están por pagar, diciendo que lo peor que nos puede pasar es “caer en default”. A este coro se sumó en estos días la Iglesia Católica, en la voz de Stefano Zamagni, presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, quien sostuvo en una reciente teleconferencia organizada por la Universidad de Tres de Febrero que hay que “convencer a algunos bancos de aceptar el plan de reestructuración, en especial al fondo BlackRock, que tiene una fuerza de trillones de dólares”.

Del otro lado quedamos solamente la izquierda y el sindicalismo combativo. Insistiendo una y otra vez que así nos hundiremos una vez más, que no podemos pagar ni ahora, ni en 2024, ni nunca. Que la única salida es dejar de pagar inmediatamente esta ilegal, inmoral e ilegítima deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos financieros internacionales. Si los pulpos del establishment forman clubes de acreedores, nosotros tenemos que llamar a conformar un gran club de deudores a todos los países de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de lo hecho por varios países africanos, que se juntaron para plantear la condonación total de sus deudas externas. En medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus, más que nunca se impone utilizar todos esos recursos que hoy están yendo a manos de los buitres especuladores para destinarlos a un gran fondo de emergencia y así atender las más urgentes necesidades sanitarias y de la crisis social. 

Escribe José Castillo

Pasada la fecha del 8 de mayo, autoimpuesta por el gobierno para el “cierre” de la renegociación de la deuda, tal como se esperaba, todo se pospuso hasta el viernes 22. Seguirá en estos días la partida de póker de mentirosos, entre un gobierno que dice “para la tribuna” que no pagará nada a costa del pueblo, mientras por detrás guiña el ojo y le dice a los buitres acreedores que presenten una contrapropuesta, y los propios fondos que, con toda la experiencia del establishment internacional, aceptan el juego y también sostienen para afuera que “la propuesta es inaceptable”, a la vez que se disponen a contraofertar y así seguir el juego con la seguridad de que al final serán los que saldrán ganando.

En medio de tantas idas y venidas es lógico que surjan dudas que recogemos entre nuestros compañeros de trabajo, de estudio, amigos, vecinos y familiares. Hay una enorme confusión acerca de qué es “renegociar la deuda”. ¿Se trata acaso de “dejar de pagar”? ¿Es una especie de moratoria (decisión unilateral de un país de no abonar por una serie de años)?

Nada de eso. Digámoslo con todas las letras, renegociar es pagar. “No queremos caer en default”, “nuestro objetivo es tener un esquema que nos permita cumplir con los acreedores”, son frases textuales del ministro Guzmán y del propio presidente Fernández. Por eso, pongamos orden en tanto palabrerío. Todos están por pagar, Alberto Fernández, Macri, los empresarios, la Sociedad Rural, la CGT. También, por supuesto, todos aquellos visitados por Alberto en busca de apoyo: Merkel, Macron, el papa Francisco. Y, obviamente, aunque increíblemente se busque ahora disfrazarlo de “progresista”, el FMI. 

De acá sacamos entonces una primera conclusión: la izquierda y el sindicalismo combativo somos los únicos que estamos en contra de la “renegociación”, simple y claramente, porque insistimos en que no hay ninguna salida si seguimos pagando la deuda, el objetivo explícito de toda la negociación.

“Renegociar” implica, previamente, reconocer como legítima a la deuda y sus acreedores. ¡Eso es lo que está haciendo el gobierno de los Fernández! Reconoce la deuda de Macri después de haber dicho una y mil veces que solo sirvió para aceitar la bicicleta financiera. Pero además está reconociendo toda la deuda anterior (aceptando de paso, aunque no lo diga, que era mentira que “nos habíamos desendeudado”, como afirmaba mentirosamente el kirchnerismo). Ahí están, como mudos testigos, los bonos de los canjes de Néstor y Cristina de 2005 y 2010, metidos también en la actual renegociación. Y, por sobre todo, y nunca nos olvidemos, se está reconociendo una vez más la totalidad de una deuda cuyo origen está en la genocida dictadura militar, inmoral, ilegal, ilegítima y fraudulenta, tal como lo estableció la propia Justicia en el año 2000 con el fallo del juez Ballesteros. 

Va entonces la segunda conclusión. Nosotros, la izquierda, seguimos siendo los que, coherentes con nuestra denuncia de ese carácter del endeudamiento, nos negamos a reconocerla y por eso también exigimos dejar inmediatamente de pagarla.

“Renegociar” no es “resolver definitivamente” el drama del endeudamiento argentino. Lo que hoy se está discutiendo con los acreedores son 66.000 millones de dólares. Es apenas una porción de los 330.000 que debe el Estado nacional y menos aún de los casi 400.000 millones de dólares si le sumamos las deudas provinciales y la del Banco Central. Cualquier arreglo con los pulpos acreedores, hoy sentados a la mesa de negociación (que, insistimos, no le saldrá para nada gratis a nuestro país), dejará pendiente a los que siguen en la fila: los bonistas con legislación local, ¡el FMI!, que vendrá por sus 49.000 millones, y un sinfín de letras y bonos repartidos en manos de diversos grupos de pulpos acreedores. 

Insistimos, y es nuestra tercera conclusión. Decimos que no hay que pagar no por tozudez, o por decir cosas “utópicas”. La utopía reaccionaria es la de aquellos que sostienen que hay alguna salida pagando y que mienten sosteniendo que así se resuelve el problema de la deuda. 

Toda la experiencia histórica, nacional e internacional,  nos da la razón. Nunca hubo una renegociación de la que saliéramos ganando. Limitando nuestro análisis a la deuda actual generada por la dictadura, el primer “canje” lo hizo Menem en 1993. Fue el llamado “Plan Brady”, nos quedamos sin ferrocarriles, teléfonos, gas ni petróleo mientras la deuda siguió creciendo. Luego tuvimos el “megacanje” de De la Rúa que solo sirvió para aumentar el monto de endeudamiento en 50.000 millones de dólares. Por último, estuvieron los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. A contramano del doble discurso del “desendeudamiento”, los Kirchner llegaron al poder debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron durante sus mandatos 200.000 y cuando dejaron el gobierno en 2015 debíamos 240.000. Estos ejemplos, o los internacionales, como los casos cercanos de Grecia y Portugal, nos demuestran que ninguna renegociación sirvió a los pueblos para librarse del mal de la deuda externa, solo terminaron trayendo más ajuste y saqueo.

Cuarta y última conclusión: se puede, y se debe, no pagar la deuda externa. Se puede, como lo demuestran los más de 250 casos de cesación de pagos que se dieron en el mundo en los últimos dos siglos (estudiados y citados por los economistas de Harvard Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff). Se puede, como lo impuso la movilización popular del Argentinazo en 2001. Se puede, llamando a conformar un club de países deudores latinoamericanos para así enfrentar cualquier intento de represalia del capitalismo imperialista, tal como lo hace hoy África, donde hay un llamamiento conjunto de varios países para el desconocimiento de sus deudas. 

Se puede y se debe, finalmente, porque en medio de la pandemia del coronavirus no cabe ninguna duda de que hay que poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares. La deuda externa, la cadena más sólida de nuestro sometimiento al imperialismo, el motivo más importante de nuestra decadencia, de la miseria y el hambre de nuestro pueblo, debe romperse. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a hacerlo, conformando la más amplia unidad con todos aquellos dispuestos a avanzar en este sentido.  

Escribe José Castillo

En medio de la pandemia, y al mismo tiempo que se sigue con el doble discurso de “no pagaremos con el hambre del pueblo”, Alberto Fernández le abonó al Fondo Monetario Internacional 320 millones de dólares el lunes pasado. Es tan vergonzoso y opuesto a todo lo que se está diciendo que, increíblemente, se trató de mantener la operación “en secreto”. De hecho, fue dada a conocer por la agencia internacional Bloomberg y repudiada por nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano antes de que la noticia finalmente apareciera en el diario La Nación, único medio que lo registró.

El pago corresponde a un vencimiento de intereses del pacto firmado por Macri con el FMI en 2018, por el cual la Argentina terminó endeudada por 44.000 millones de dólares con el organismo. Este pago, como otros subsiguientes fijados para agosto y noviembre, ni siquiera reducen el monto, ya que son en concepto de “intereses” (por eso supuestamente le debemos al Fondo 49.000 millones, ya que 5.000 corresponden a estos intereses que engrosan la deuda). Recordemos que el propio Alberto Fernández, al igual que las autoridades del FMI, reconocieron que la totalidad del préstamo se utilizó para financiar la fuga de capitales de los especuladores financieros amigos del ex presidente. 

Denunciamos que, en medio de las necesidades generadas por la pandemia del coronavirus, el gobierno destine ese dinero al FMI. Con esos 320 millones de dólares se podrían haber contratado por un año (con salarios de 50.000 pesos por mes) a 3.200 trabajadores de la salud, o comprado 32.000 respiradores u ocho millones de barbijos. Es una vergüenza que se priorice el pago de la deuda por encima de las más urgentes necesidades populares. Por eso seguimos insistiendo, hay que suspender ya mismo todo pago de deuda externa, incluyendo el acuerdo con el FMI, y destinar todos esos recursos a un fondo de emergencia para atender los requerimientos sanitarios y sociales del coronavirus. 

Escribe Guido Poletti

¿A quién beneficia la renegociación de la deuda en curso? A un puñado, reducidísimo, de grandes especuladores internacionales, todos situados en la crema del establishment financiero imperialista. Ellos solos acumulan el 35% del total de la deuda externa argentina y tienen el “poder de veto” en cualquier renegociación. Acá no hay ningún “pequeño ahorrista” ni “jubilado con bonos” perjudicado. 

Veamos. El más grande, el auténtico “director de la batuta” de la renegociación, es BlackRock. Se trata de un emporio de negocios financieros. Maneja fondos por 7,5 billones de dólares y tiene oficinas en treinta países, entre ellos la Argentina. Pasó a ser el número uno mundial de las finanzas en medio de la crisis de 2008, cuando absorbió a uno de los más grandes bancos de inversión de entonces, el británico Barclays. El titular de BlackRock, Larry Fink, figura entre los zares de las finanzas globales y es, obviamente, uno de los megamillonarios del planeta.

El segundo buitre es Templeton, que maneja fondos globales calculados en 850.000 millones de dólares. Si bien es el más antiguo de todos (nació en 1947), su desembarco en nuestro país se dio recién con el macrismo, en 2018, para convertirse rápidamente en uno de los mayores acreedores argentinos.

Después tenemos a Greylock Capital, creado en 1997 y con inversiones financieras en más de cien países. Su fundador es Hans Humes, líder del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB), uno de los principales grupos de buitres que amenazaba a nuestro país luego de que se dejó de pagar en 2001.

El cuarto gran especulador en danza es Fidelity, también con una larga “trayectoria” de hacer superganancias con la deuda externa argentina. Administrador de un fondo global de 1,5 billones de dólares, en 2005 Fidelity fue uno de los pulpos acreedores que cerraron el acuerdo del canje kirchnerista de ese año. En 2011 se transformaron en los grandes acreedores de la provincia de Buenos Aires al comprar los bonos BP21 lanzados por el entonces gobernador peronista Daniel Scioli. En enero de este año exigieron, y consiguieron, que el actual gobernador Kicillof les pague en efectivo un vencimiento de ese bono por 250 millones de dólares a costa de postergar un pago a los docentes de la provincia.

Finalmente, el quinto gran “acreedor” es Pacific Investment Management Company (Pimco), un megafondo con sede en California que maneja 2 billones de dólares, que fue uno de los acreedores amigos preferidos del macrismo en el período 2018-2019 y un especialista en comprar deuda “riesgosa”, pero con altas tasas de interés como retorno.

A estos superfondos de la ruleta financiera internacional se les debe la mayor parte de la deuda externa argentina. Hay que elegir. Les pagamos a ellos o priorizamos las más urgentes necesidades populares. 





Escribe José Castillo

Hace un par de semanas el gobierno de Alberto Fernández presentó su propuesta de renegociación de la deuda externa por bonos con legislación extranjera. Lo hizo con profusión de datos de que la Argentina “no podía seguir pagando su deuda”. Más de un compañero de trabajo, de estudio, vecino o familiar puede haber quedado impactado por las afirmaciones del presidente y pensar que esta vez sí se priorizaría las necesidades populares antes que las de los pulpos acreedores.

Lamentablemente no es así. Por un lado, porque este proceso de renegociación es solo por una parte del total de la deuda externa argentina (66.000 millones de dólares de un total que, sumando deudas nacionales,  provinciales y el Banco Central orilla los 400.000 millones). Por otra parte, porque la propuesta hecha a los acreedores está lejos de ser “dura”, como se quiere hacer creer en los discursos. Eso lo hemos demostrado en notas anteriores (ver “¿Qué va a pasar con la negociación de la deuda?” en El Socialista 456), pero además, como veremos más abajo, es reconocido por el propio ministro Guzmán. Y también porque la propia renegociación está llena de trampas e idas y venidas en las que, en todos los casos, siempre terminamos perdiendo.

La renegociación es una estafa en sí misma

El especialista en el tema Alejandro Olmos ya lo advirtió hace varias semanas, cuando dijo que ninguna renegociación termina siendo favorable para los deudores. Ya tenemos la experiencia de los canjes kirchneristas: se lo cerró en 2005 (con grandes ventajas para los acreedores) afirmando que “los que se quedaban afuera no entraban ni cobraban más”, para volverlo a abrir en 2010 y permitir el ingreso de más acreedores. Y se aceptó la negociación con los acreedores restantes, los famosos pulpos, en un tira y afloje que terminó en la Corte de Nueva York, donde el juez Griesa falló, como era de esperar, a favor de estos. Todo terminó con el Estado argentino pagando en 2016 una suma exorbitante.

Esta semana se conoció una nueva “trampa” que pueden activar los pulpos acreedores, aun después de cerrada la actual negociación. Se refiere al escandaloso bono a cien años emitido en 2017 por el gobierno de Macri e, increíblemente, con su legitimidad aceptada, como toda la deuda, por Alberto Fernández y Guzmán. Ante cualquier renegociación, los acreedores pueden activar lo que se llama “cláusula de aceleración”, que consiste en exigir nada más ni nada menos que el gobierno argentino deba pagar al contado y por adelantado todos los intereses acumulados de los cien años, además de devolver el capital de esos bonos. En concreto, por un bono de 2.750 millones de dólares se exigiría una “devolución” inmediata de más de 14.500 millones de dólares. Esto es apenas una muestra de la vulgar estafa que es toda la deuda externa argentina.

El gobierno dice que está dispuesto a cambiar la propuesta por otra más favorable aún a los acreedores

El fin de semana, el ministro Guzmán publicó una columna de opinión en el Financial Times (uno de los dos diarios económicos más reconocidos por el establishment internacional). Más allá del título rimbombante (“La Argentina no puede pagar más. No hay lugar para ilusiones”), el ministro, a diferencia de lo que se suele decir para consumo interno, demuestra que la propuesta que hizo el gobierno es favorable para los acreedores. Un párrafo sugestivo es el que señala: “Algunos han sugerido que en estas circunstancias paguemos menos. Pero, como señal de nuestro compromiso con el acuerdo, mantenemos nuestra propuesta a pesar de que ahora requerirá de un esfuerzo de pago sustancialmente más fuerte. Ahora es el momento de un acuerdo”. 

Pero como los pulpos acreedores obviamente siempre quieren más, se lanzaron con todo para conseguir “mejorar” la oferta del gobierno argentino. La forma obvia fue un planteo de rechazo por parte de los principales fondos acreedores. Ante esto, el Ministerio de Economía ha respondido con un comunicado, que dice textualmente en uno de sus párrafos: “Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común”. Clarísimo, el ministro Guzmán le está pidiendo a los pulpos del establishment una “contraoferta” para sentarse a negociar. Obviamente, como en toda negociación, será aceptando condiciones más favorables a los acreedores que las actuales.

Como si hicieran falta más señales, el gobierno se reunió con las cúpulas empresarias y la CGT con el objetivo, no solo de obtener “apoyo” en la actual negociación, sino para hacer un planteo conjunto de que no se quiere entrar en default (o sea que se plantea seguir pagando). Así, tras la reunión, las seis entidades patronales presentes (Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina y Unión Industrial Argentina) emitieron un comunicado conjunto en el que plantean “su apoyo a la estrategia de reestructuración para lograr un acuerdo viable y sostenible en el tiempo. Alcanzar una solución a la deuda externa permitirá generar un escenario de previsibilidad macroeconómica que promueva la inversión privada y la creación de empleo”. Y aclaran que la “solución” a la que se refieren es ceder a mayores exigencias de los pulpos acreedores, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, precisó: “Es imprescindible negociar de la mejor manera la deuda externa. Hay que arreglar porque los defaults nunca fueron buenos para el país”.

¿Cómo seguirá todo esto? El próximo viernes 8 vence el primer plazo legal de negociación de la propuesta presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Es casi seguro que no se llegará a ningún acuerdo. Así ya lo adelantaron los principales buitres acreedores. El “partido de póker” continuará y pasará a la próxima mano, que durará hasta el 22 de mayo, cuando, si la Argentina no paga los 500 millones de dólares del vencimiento de deuda del pasado mes de abril, entrará formalmente en default. Veremos qué sucede. Lo que sí advertimos es que tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán están planteando aceptar una negociación “más amigable” para los acreedores. A contrapelo de los discursos “para la tribuna”. Y cada dólar de más que se acepte pagar será uno menos para respiradores, salario y elementos sanitarios para los trabajadores de la salud, o ayuda social ante la crisis. Y que, termine como termine este capítulo de la negociación, luego vendrán las exigencias de los mismos acreedores por los bonos bajo legislación local (que no entraron en esta negociación) y por las deudas provinciales. Encima, se vienen los vencimientos de la deuda con el FMI. Es una bola de nieve imparable. No hay salida con esta “renegociación” ni con ninguna. La única solución es dejar de pagar inmediatamente toda la deuda externa para así dedicar, en lo inmediato, todos los recursos a un fondo de emergencia que atienda las más urgentes necesidades populares ante la pandemia. 

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