Feb 17, 2020 Last Updated 8:09 PM, Feb 15, 2020

Se confirmó lo que vinimos denunciando desde la izquierda. Tras la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria Alberto Fernández anunció hoy un aumento del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos lo que implica un recorte de $2.800 millones al mes.

 

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT Unidad dijo: “Es una vergüenza que el gobierno diga que con este recorte está pagando “la deuda social” que dejó Macri y “privilegiando a los que más necesitan”. La mínima se va a $15.900, es decir, esos jubilados que cobraron 19.000 pesos con las sumas fijas de 5.000 ahora ven menguados sus ingresos. Y para quienes cobran más de $16.000 el aumento es mucho menor a lo que le hubiera correspondido con el cálculo anterior. Lo cierto es que 2 millones jubilados sufrirán el recorte”.

 

Giordano finalizó: “Fernández les saca a los jubilados que aportaron durante décadas para darle migajas a los de la mínima. Con esto el gobierno está aplicando las exigencias del Fondo Monetario: ajustar a los jubilados para pagar una deuda usurera e ilegítima como ya lo hizo Kicillof en la provincia usando plata de los docentes. Una barbaridad”.

 

 

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El Socialista entrevistó a Eugenio Semino, defensor general de la Tercera Edad, para analizar la suspensión de la movilidad para los jubilados establecida en la llamada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.

 - ¿Qué opinión le merece la suspensión de la movilidad jubilatoria y su reemplazo por bonos fijos?

En lo que hace a la seguridad social, este gobierno es una continuidad manifiesta del anterior. La administración Macri no tenia capital político para seguir avanzando, entonces, hay una profundización de lo que no podía hacer la administración anterior. Lo del bono es una dádiva, bienvenido al que le llegó al bolsillo. Pero como todo bono es injusto. El bono, mostró un grado de perversión brutal, muchos bancos no le pagaron el bono al jubilado porque tenía deudas o adelantos de tarjeta de crédito, entonces se lo confiscó, algo que no podría hacer si fuese remunerativo. Tampoco se le pagó al que está recibiendo 14 mil pesos y tiene un subsidio por discapacidad de 5 mil, le sumaron los dos ingresos, un disparate, porque subsidio es un derecho que no tiene nada que ver con el haber. Esto habla de la deshumanización de un sistema perverso. Además de ser una medida inconstitucional.

- ¿Podemos decir que es una política regresiva en relación a la movilidad?

Sí. Aunque hay que aclarar que la movilidad nunca fue una forma de recomponer el haber, es simplemente un reajuste para mantener algún tipo de paridad relativa con la inflación. Nunca recompone totalmente, los jubilados “pre financian” la inflación. La nueva ley de Solidaridad significa una pérdida para el jubilado, porque el bono es inferior al cálculo que surge de la movilidad. Por la alta inflación de 2019, sería alrededor del 27% en el primer semestre de 2020 (11,5 en marzo y 15 en junio).

- ¿El jubilado debe dar por perdido ese reajuste?

Aunque se haya suspendido, la ley continua vigente y el gobierno va a tener que pagar el 11,5 en marzo y el 15% en junio a todo el sistema, aunque sea mediante acciones judiciales. El jefe de gabinete dice que van a pagar reajustes mediante bonos. Aceptar eso es el peor de los mundos. Parece que las leyes no valen nada. No se puede llegar al fin de un ciclo de vida dedicado al trabajo y que el gobierno te diga: “le vamos a dar lo que podamos…”, eso no da ninguna seguridad social al trabajador. Nos están diciendo desembozadamente que ya no va a haber más un sistema que era de reparto solidario.

- Aunque insuficiente, la movilidad le daba cierta previsibilidad al jubilado…

Ha habido diferentes fórmulas de movilidad. En 2008 el Congreso saca una ley de movilidad, con una fórmula que contemplaba 50% por el índice de aumento salarial y la otra mitad por la variación de la recaudación de impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social. Que quede claro que ni con esta ni con otras movilidades, el jubilado nunca recompuso su haber. En diciembre de 2017, en el inicio del eclipse de la gestión Macri, se hace un cambio de fórmula. Ingresa un componente importante que era la variación del índice de la inflación. El proyecto original consideraba el 100% de la inflación, pero los senadores de la oposición, que ahora son del oficialismo la alteraron y pusieron 70% inflación y 30% de salario. Macri creía que esta fórmula lo iba a favorecer porque tenía una pauta inflacionaria para 2018 de 20 puntos. Pero como en 2019 la inflación disparó, llegando al 53,8 %, considerando el 70% y 30%, el cálculo para el primer semestre sería del 26,5% (11,5 en marzo y 15 en junio), no es gran cosa, pero es una recomposición mínima para evitar mayores pérdidas. Pero viene el gobierno de Fernández y la suspende, lo que genera una tremenda incertidumbre. Es una irregularidad muy grande porque, aunque suspendida, ya están adquiridos los derechos de la ley, porque no está derogada.

- Cabría preguntarse: ¿solidaridad con quién?

Claro, paradójicamente la ley que suspende la movilidad, lleva el mismo nombre de la cuestionada Ley de Solidaridad Previsional editada por Domingo Cavallo en 1995 que se usó para privatizar el sistema. Pero es peor, había un artículo que afectaba las petroleras y lo sacaron, había tres puntos de retenciones para las sojeras que iban a ir al fondo de sustentabilidad de Anses y lo suspendieron, por lo cual los únicos que quedaron pagando el pato de la boda en esta mal llamada “solidaridad”, son los jubilados.


Nuestras propuestas

Desde Izquierda Socialista FIT-Unidad, rechazamos el modelo de aumento para los jubilados presentados por el gobierno para el mes de marzo. Serán aplicados aumentos de forma diferenciada, a través de sumas fijas, de las que resultarán porcentajes mayores para los que cobran haberes mas bajos y ajustes menores para los que están recibiendo más, con esta maniobra cubriría los 11,5% de promedio exigidos por ley. En vez de tocar los intereses de las mega mineras, de los sojeros, de los bancos, de las petroleras o los grandes empresarios para dar un aumento capaz de cubrir el costo de la canasta del jubilado, calculada en 37.800 pesos, propone que un sector de jubilados financie el aumento de otro sector. Es inadmisible! No aceptamos ese tipo de “solidaridad” que iguala para abajo, achatando jubilaciones.

Para garantizar el 82% móvil a los jubilados y equiparar los haberes mínimos con el costo de la canasta del jubilado, hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y que profundizaron los gobiernos posteriores; realizar un blanqueo de los trabajadores en negro. Si hiciera falta cubrir algún faltante, debe salir de la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones. La prioridad, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las patronales y el FMI.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!


Canasta básica de los jubilados

La canasta básica de los jubilados está completamente desfasada del haber jubilatorio. Desde hace once años, la Defensoría de la Tercera Edad, calcula semestralmente este costo en las grandes ciudades. Considera tres ejes: alimentación (consumo de dos mil calorías diarias), vivienda y salud, que no es solo medicamento, sino insumos como fijador para dentaduras, descartables, sales hiposódicas, etcétera. El último cálculo, del 6 de octubre de 2019, fue de 37.800 pesos. O sea que una jubilación mínima apenas cubre un tercio de ese costo que está desactualizado. Estos índices son repasados a las autoridades de gobierno que, con sus medidas, demuestran una completa indiferencia a esta grieta entre costo de vida y haberes jubilatorios.


Fondo de Sustentabilidad y Garantía

El decreto de formación de ese fondo, de 2007, tenía un artículo sexto que exigía que el FSG debía tener un capital equivalente a la erogación anual del sistema. Legislaciones posteriores anularon esa exigencia y los distintos gobiernos patronales de turno pasaron a utilizar el fondo para pagar deudas o para otorgar créditos blandos a los amigos, nunca para cubrir los desfasajes de la inflación y mejorar los haberes de los jubilados. En el gobierno de Cristina Kirchner, se llegó a prestar a la multinacional General Motors 259 millones de pesos a una tasa diferenciada inferior a la del mercado para “fomentar el crecimiento económico”. De esa forma, ese fondo que llegó a tener 63 mil millones de dólares, hoy tiene apenas 23 mil millones. Altos funcionarios de Anses como Diego Bossio o Emilio Basabilbaso, responden por denuncias a la justicia. Luis María Blaquier, ex presidente del FGS, fue procesado por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado. Es inadmisible que este fondo para atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público, sea utilizado de forma discrecional por funcionarios designados por los políticos de turno.

Escribe José Castillo

La receta del FMI, repetida para todos los países (Francia, Grecia, Brasil) incluye liquidar los sistemas jubilatorios para garantizar las ganancias de las multinacionales y los bancos. El actual ajuste a los jubilados en nuestro país va en esta línea. La excusa es “el envejecimiento de la población, que vive más años”. La realidad, como explicamos en esta nota, es que siempre se robó a los jubilados para favorecer los grandes negociados.  

¿Cuánto debe cobrar un jubilado? Comencemos por esta pregunta de sentido común. Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que esté por encima de la canasta básica de pobreza. La Defensoría de la Tercera Edad lo calcula hoy en 38.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Pero continuemos: ¿cómo se debería establecer el monto que le corresponde, dado este piso, a cada jubilado? La respuesta también es sencilla: recibiendo un 82% de su salario en actividad, “móvil” es decir actualizándose acorde a los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.

Una mención especial debemos hacer sobre lo que se denominan “regímenes especiales”: son los pocos casos en que los trabajadores que realizan determinados tipos de tareas, con sus luchas y también con aportes extras sobre su salario lograron defender su edad jubilatoria y un monto previsional más cercano a lo que percibían en actividad. Tal es el caso de los docentes, los docentes universitarios, trabajadores judiciales, de Luz y Fuerza, etcétera.

Constantemente se ha tratado de atacar y liquidar estos regímenes, “mezclándolos” a propósito con las llamadas “jubilaciones de privilegio”. Esto es otra cosa: son las personas que perciben haberes de más de 200.000 pesos por mes, sin ninguna relación con sus aportes: son los senadores y diputados, presidentes de la Nación, jueces, militares de alta graduación e incluso la cúpula de la Iglesia Católica. Esto sí es una verdadera vergüenza y deben ser eliminados. Pero no tienen nada que ver con las jubilaciones ordinarias de los trabajadores, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.

El ajuste “¿solidario?” de Alberto Fernández

En la realidad de nuestro país, el 70% de los jubilados cobran la mínima, orillando la indigencia, apenas por arriba de los 14.000 pesos. Nada se soluciona con los dos bonos “por única vez” que se cobrarán en diciembre y enero. Llegará febrero y nuevamente, la inmensa mayoría de los abuelos estarán sumidos en la miseria. El resto (los que cobran por encima de los 19.000 pesos ¡y por lo tanto están en la mitad de lo necesario para cubrir su canasta!) no recibirán nada, ni siquiera los aumentos establecidos por ley. Quedan sometidos a la discreción de un presidente que “promete” incrementos, sin dar ninguna precisión de qué se trata. Según un análisis realizado por el Grupo de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (Geres), reproducido por Alejandro Bercovich (BAE Negocios, 27/12), los jubilados por encima de la mínima (aun suponiendo que en 2020 se les pague con aumentos que cubran toda la inflación del año que viene) terminarán cobrando un 6,7% menos que lo que les correspondería si se mantenía la fórmula vieja. Pero incluso los jubilados que hoy cobran la mínima, y aun contando los dos bonos de 5.000 pesos, reajustados luego de la misma manera, perderán un 3,3% en comparación a lo que les tocaba con los incrementos eliminados en la ley planteada por el gobierno de Alberto Fernández. Y todo eso sin mencionar el 25% que todos perdieron en los cuatro años anteriores de Macri.

Los especuladores internacionales, los acreedores de deuda externa y el FMI “aplauden” ante estas medidas. No solamente porque son una señal de la voluntad del gobierno de Alberto Fernández de cumplir con los vencimientos de deuda: también porque están en línea con lo que el establishment exige a escala internacional, la reforma jubilatoria. Esta se traduce en liquidar los regímenes especiales, reducir lo más posible la “tasa de sustitución” (cuánto cobra un jubilado por primera vez en comparación a lo que percibía en actividad, que a diferencia del 82%, hoy apenas alcanza a 50%) y aumentar la edad jubilatoria. “Ahorrar” en suma, a costa de la tercera edad.

La historia de un robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que “no hay plata” para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. Se argumenta que el problema es que “la gente hoy vive más que antes”. Mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Recorramos brevemente la historia. Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años ´60: hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas, comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban de lo que entraba a las cajas, haciéndose financiar por ellas y reemplazándolas por “papelitos”, que luego no pagaba, ya que se desvalorizaban por la inflación de entonces.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica: reducir los aportes patronales. Lo que implicaba comenzar a desfinanciar las cajas. Desde entonces, los diferentes gobiernos “metieron mano” en los aportes de los jubilados, utilizando ese dinero como si les perteneciera y, desde la década del ´80, usándolo para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo vendrá en la década del ´90. Menem y Cavallo harán una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca se restituirán. De hecho, estaban en el 33% y a partir de entonces se redujeron al 16%. A esto le siguió la privatización del sistema. En 1993 se crearán las AFJP. En síntesis, significó que la inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones, que alcanzaron niveles de miseria nunca antes vistos.

Por si todo esto fuera poco, el crecimiento del desempleo y la precarización laboral crearon otra realidad: la mitad de la clase trabajadora pasó a estar “en negro”, esto es sin realizar aporte alguno.

Uno de los subproductos del Argentinazo, con millones repudiando a la jubilación privada, y también de la crisis mundial de 2008, que colocó a más de una AFJP al borde de la quiebra por la forma en que especulaban con los fondos en su poder, llevó a la reestatización del sistema. El Estado tuvo que hacerse cargo de millones de jubilados a los que sus patrones no les habían realizado los aportes.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o valores muy cercanos a ella. En esos doce años del kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones. Por el contrario Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, llegó a vetar el otorgamiento del 82% móvil aduciendo que no contaba con fondos. Así arribamos a la situación actual, donde casi 2/3 de los pasivos están en esa situación.

Pero la reestatización brindó también la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios, que pertenecía a los jubilados y pensionados.

Sin embargo, ese fondo fue utilizado para cualquier otra cosa. En particular para pagar deuda externa, tomando dinero del mismo y reemplazándolo por más “papelitos”: bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. El gobierno de Cristina llegó a incluso a otorgarle un crédito a la filial argentina de la General Motors, con la promesa, luego no cumplida, de que la empresa no despidiera personal. Así, el fondo se fue reduciendo. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad de ellos en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017 y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, procedió al último robo a nuestros abuelos. Cambió la fórmula de reajuste, haciendo que se perdiera más de un 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.

Ahora, el nuevo gobierno de Alberto Fernández elimina esa fórmula, justamente la única vez que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo. Y vuelve a echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, permitiendo que se canjee dinero por bonos hasta un 75%.

Esta es la historia repetida. ¿Cómo modificarla? Haciendo lo que nadie propone. Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron varias legislaciones posteriores. Todos los gobiernos posteriores se la pasaron siempre ofreciendo a las patronales la reducción de aportes como “incentivos” para invertir. De hecho, actualmente los primeros 7.000 pesos del salario del trabajador están “libres” de aporte patronal. La simple restitución de los aportes patronales con la escala general que existía en 1994 permitiría incrementar en un tercio los recursos que percibe mensualmente el Anses.

Pero, además, hay que realizar un masivo blanqueo de todos los trabajadores en negro.  Hoy casi el 40% de los asalariados están en esa situación, y a muchos otros se le realizan aportes por apenas una parte del sueldo, pagándole el resto “por debajo de la mesa”. Estamos hablando de la posibilidad de duplicar la recaudación mensual del Anses. Con el agregado de la suma de la restitución de los aportes patronales, se podría garantizar así la masa de aportes y contribuciones para pagar efectivamente el 82% móvil a todos los jubilados.  

Y, por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse para nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!

Y, si en la transición hiciera falta cubrir algún faltante, se lo debe cubrir con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo de las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones (impuestos a las exportaciones).

La jubilación no es una parte del “gasto público”, como pregonan los defensores del ajuste. Se trata de una parte del sueldo de cada trabajador, lo que se denomina un “salario diferido”. Es un sistema solidario, donde la contribución de los activos (con la suma de las retenciones más los aportes patronales) debe financiar las jubilaciones presentes.

¡El sistema no está “quebrado” ni es “inviable”! Lo están desfinanciando desde hace décadas los distintos gobiernos patronales. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las capitalistas y el FMI.

Se aprobó la denominada “ley de emergencia”. Alberto Fernández la presentó diciendo que beneficia a los que menos tienen, frena el desastre de Macri y le pone plata al bolsillo de la gente. ¿Esto es verdad?

Millones vieron bien los primeros anuncios de 5.000 a los jubilados, la tarjeta alimentaria, la rebaja del 8% en los medicamentos o la suba de las retenciones al campo. Pero a medida que se fue conociendo el articulado de la ley y sus verdaderos alcances, en muchos generó incertidumbre, e incluso entre propios votantes de Fernández se escuchó decir “para esto no lo voté”. Otros dijeron, ante la miseria actual, “agarremos algo ahora y después vemos”. 
 
¿Qué es lo que encubre la ley? Desde Izquierda Socialista advertimos que no se trata de una ley “solidaria” donde la crisis se la hacen pagar a los que más tienen para beneficiar al pueblo trabajador. Sino que detrás de anuncios rimbombantes y de un doble discurso se ataca a los jubilados y a los trabajadores y se exime de impuestos a multinacionales y bancos. Por eso la ley recibió el apoyo de grandes empresarios y tuvo un guiño del FMI.
 
Detrás de algunos paliativos, la ley ataca a los jubilados y a los trabajadores. Esta es la pura realidad. También salva las ganancias de las petroleras y mineras (a quienes le bajan las retenciones), beneficia a bancos y especuladores (sacándoles el impuesto a la renta financiera), ratifica el robo de las privatizadas (manteniendo los tarifazos de Macri) y beneficia a los usureros internacionales y al FMI, a quienes se les sigue pagando una deuda usurera y fraudulenta. 
 
El propio Fernández tuvo que salir a aclarar que no se van a “congelar” las jubilaciones. Pero después de los 5.000 pesos por única vez para diciembre y enero a los que cobran la mínima, se va a suspender la ley de movilidad para evitar pagarles el 28% de aumento que les correspondía en los próximos meses. El gobierno dice que les dará otros aumentos en marzo, pero claramente serán menores a la tremenda suba de precios, cuando los jubilados vienen perdiendo el 20% de sus ingresos. Así nunca van a recuperar lo perdido con el 55% de inflación de 2019 y el 40% proyectado para 2020. Y los que ganan más de 19.068 pesos ahora no percibirán nada… ¡porque el gobierno los considera “privilegiados”!, mientras la canasta para un adulto mayor ya llegó a los $38.000. O sea, no se les saca a los que vinieron ganando fortunas con Macri para darle a los que ganan la mínima, se les saca a los propios jubilados que aportaron durante décadas. 

Solo por el escándalo público que se le armó a Fernández es que tuvo que retroceder con la quita de los regímenes especiales (los que aportan más al sistema jubilatorio) de docentes nacionales, universitarios, científicos e investigadores, aunque se mantiene para trabajadores de otros gremios. Esto no representa ningún fin “solidario”. También siguen vigentes los privilegios jubilatorios para los ex presidentes y vice, la justicia, diplomáticos, la Iglesia Católica y altos cargos ejecutivos, además de que los jueces están eximidos del impuesto a las ganancias mientras lo pagan millones de trabajadores.
 
En 2017 hubo una rebelión contra el robo jubilatorio votado por Macri con el apoyo del PJ recortándoles 100.000 millones de pesos. Ahora el gobierno acentúa ese camino. A tal punto que un diputado de Macri dijo: “Están haciendo con los jubilados lo que siempre quisimos hacer nosotros”. Son las políticas que exige el FMI y contra  las cuales los trabajadores en Francia están en huelga general.
Con esto y el resto de las medidas, el gobierno está aplicando un ajuste que le permitirá un “ahorro” de entre 6.000 a 9.000 millones de dólares, del cual el "aporte" de los jubilados será el más relevante, u$s2.800 millones de dólares, la tercera parte, algo que ocultan Fernández y el gobierno (iProfesional.com, Claudio Zlotnik, 20/12/2019). 
 
Lo mismo quiere hacer el gobierno con los salarios. Va a dar una suma fija a cuenta de futuros aumentos y las próximas subas serán por decreto, menores a la inflación, en un virtual “congelamiento” de las paritarias. Esto implica que si las jubilaciones y salarios van por detrás de la inflación, no solo va a seguir la pobreza sino que junto a la devaluación, los salarios y jubilaciones quedaron baratos medidos en dólares, en un claro beneficio para las patronales y el gobierno, que guarda el billete verde para pagar a los usureros internacionales.  
 
Que el ajuste tiene por objetivo pagar la deuda no es una ocurrencia de la izquierda. El artículo 61 de la ley habilita a emitir una letra en dólares por 4.571 millones de dólares para ser destinado a tal fin, y los artículos 2 y 3 habilitan a renegociarla, avalando el pacto con el FMI. 
Al mismo tiempo, si bien la ley congela las tarifas por seis meses, se avalan los tarifazos de Macri y se mantiene el saqueo de nuestros servicios esenciales a manos de las privatizadas. En el tema impuestos, mientras se va a perjudicar a millones de familias reponiendo el IVA a los 13 productos de la canasta familiar que habían sido exceptuados, se perdonarán impuestos a las patronales, se deja a un mínimo el “impuesto a la riqueza” (muchísimo más bajo que en otros países), se otorgará una enorme moratoria a 12 años para medianas y pequeñas empresas y el 30% de impuesto al dólar seguro se va a trasladar a los precios. A esto hay que agregar que el gobierno implementó un decreto que no prohíbe los despidos y suspensiones, sino que fija una doble indemnización, permitiendo que siga la desocupación.
 
En definitiva, si se reducen jubilaciones y salarios, se paga una deuda que el pueblo no contrajo, se mantienen las privatizaciones y nada se dice de frenar la fuga de capitales, no habrá solución a los males sociales. 
Es curioso que por manifestar nuestro repudio a la ley, sectores del peronismo y del kirchnerismo acusen al Frente de Izquierda de “hacerle el juego a la derecha”. Quien le hace el juego a la derecha es este gobierno que mantiene el pacto con el FMI, paga una deuda usurera, ataca a los jubilados y ahora, como se está haciendo en Mendoza, el Frente para la Victoria de esa provincia con el aval de Alberto Fernández votó junto al gobernador de la UCR  una reforma a la ley 7722 que prohibía la megaminería, -como también quieren hacer en Chubut-, provocando inmensas movilizaciones en esta provincia en defensa de aquella ley y del agua, las cuales fueron violentamente reprimidas. ¿Quién es funcional a la derecha entonces? 
 
Es el mismo discurso de los Lula, Evo Morales o Maduro, que dejaron intacta a la derecha, sin tocar los pilares del capitalismo. El actual ataque a los jubilados y a los trabajadores demuestra que el ajuste no es patrimonio de la derecha liberal de los Macri o Piñera, sino también de los gobiernos supuestamente “progres”.
Desde el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este nuevo ataque a los jubilados y trabajadores y llamamos a impulsar asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para rechazarla. La CGT y CTA deben abandonar el pacto con el gobierno y llamar a enfrentar la ley, reclamando un inmediato aumento salarial y jubilatorio hasta compensar la pérdida inflacionaria.
 
¡Que ningún jubilado ni trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar! Indexación mensual de sus ingresos de acuerdo a la inflación real. Nos pronunciamos por la aplicación del 82% móvil; reincorporación de todos los despedidos; prohibición de despidos y suspensiones; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; plan de obras públicas para generar empleo genuino; reestatización de las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios; nacionalización de la banca y el comercio exterior, y fundamentalmente por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda. Es decir, luchamos y postulamos un plan económico alternativo con medidas de fondo para reactivar la economía y empezar a combatir de verdad los males sociales dejados por Macri. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!
 
Declaración de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, 24/12/2019.
 

Con el pretencioso nombre de “ley de solidaridad social y reactivación económica”, el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos ha enviado al Parlamento para un tratamiento exprés un verdadero plan de ajuste. Además de delegar súper poderes en el Presidente, el corazón de las medidas representa un robo de la movilidad a los jubilados. El objetivo de fondo del conjunto de las medidas tomadas por medio de esta ley y de varios decretos de necesidad y urgencia es garantizar el pago de la deuda a futuro, metiendo a la Argentina en una senda de ajuste contra los trabajadores y el pueblo. A tal punto que el primer artículo dispone autorizar la renegociación de la deuda, es decir, reconocer el acuerdo con el FMI y pagar una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta.

El gobierno de Fernández-Fernández borra de un plumazo la ecuación que actualizaba todas las jubilaciones teniendo en cuenta la inflación, al mismo tiempo que anula la movilidad jubilatoria de los regímenes especiales, afectando a más de 250 mil jubilados entre los cuales se encuentran los docentes nacionales, universitarios, científicos e investigadores. Todo a cambio de un bono desdoblado de diez mil pesos por única vez para quienes cobran la mínima. Esto sucede al mismo tiempo que se quita el impuesto a la renta financiera, favoreciendo los negocios de los fondos especulativos, y se rebaja el 4% de las retenciones a los pulpos petroleros que saquean los recursos naturales. El modesto aumento de las retenciones al capital agrario, actualizando la medida que había tomado Macri, como ayer, tiene por destino el pago de la deuda. A esto le llama el nuevo gobierno “reactivar la economía”.

El “congelamiento” de tarifas suma a esto otra maniobra. En primer lugar, ratifica y evita terminar con el régimen de servicios públicos privatizados desde el menemismo. Al mismo tiempo, consolida los brutales tarifazos que se produjeron en la última etapa. Sólo el último año, las tarifas de los servicios elementales aumentaron más del 85% a pesar de los subsidios millonarios que le otorga el propio Estado. Lejos ha quedado el proyecto del PJ-kirchnerismo de retrotraer el monto de las tarifas a noviembre de 2017. En el poder, gobiernan de la mano de los capitalistas beneficiados con la entrega de los servicios públicos.

El decreto presidencial que impone la doble indemnización frente a nuevos despidos llega luego de que las patronales despidieran masivamente o cerraran las fábricas. Sólo en el último año, las cifras oficiales arrojan que se perdieron 135 mil puestos de trabajo en la industria. Incluso esta medida es también cosmética, porque no sólo no prohíbe los despidos y suspensiones, sino que además permite a las patronales solicitar un “recurso preventivo de crisis” que en connivencia con la burocracia sindical pueden estar habilitadas a despedir, incluso por menos que una indemnización simple. El decreto de “doble indemnización” contrasta con la ley de “prohibición de despidos” que había votado el propio PJ-kirchnerismo y luego vetada por Macri. Atrás ha quedado la demagogia de los tiempos de “opositores”.

Ahora en el gobierno, Alberto Fernández junto con la burocracia del Smata pusieron en marcha el “contrato social” que combina todo tipo de concesiones impositivas a las patronales, junto con un nuevo régimen laboral de súper explotación obrera. Es lo que ya se implementó en el convenio petrolero en Vaca Muerta, con consecuencias fatales para los trabajadores. El plan de suspensión de todas las negociaciones paritarias “por seis meses” que tejen con las centrales sindicales completa el círculo de una reforma laboral “convenio por convenio” y un retroceso salarial sin precedentes para todos los trabajadores de la Argentina. El nuevo proyecto de ley otorga la potestad al Poder Ejecutivo de dar aumentos según su propio criterio. Con esta medida se pretende quitar a los trabajadores y a sus organizaciones el derecho a exigir y luchar por un salario que cubra las necesidades de cada trabajador y sus familias y por sus condiciones laborales.
Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un "pacto social" de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, en pos de defender la ganancia capitalista.

El Frente de Izquierda - Unidad denuncia este nuevo ataque a los jubilados y trabajadores de la mano de una ley para complacer al FMI y los usureros de la deuda. Llamamos a todos los trabajadores a impulsar asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para rechazar la entrega de las direcciones burocráticas de los sindicatos que pactan con el gobierno a espaldas de los trabajadores.

Nos pronunciamos por un aumento general de salarios con actualización automática según la real inflación hasta cubrir la canasta familiar, el 82% móvil para todas las jubilaciones y que la mínima cubra la canasta básica, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en los últimos años, la reapertura de las fábricas cerradas con control de sus trabajadores y la prohibición efectiva de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y plan de obras públicas para generar empleo genuino. Por paritarias libres. Nacionalización de las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores. No pago de la deuda. Ruptura inmediata con el FMI. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

 Frente de Izquierda - Unidad (PTS - PO - Izquierda Socialista - MST)

Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

Es una herramienta fundamental para fortalecer a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

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