Aug 10, 2020 Last Updated 3:25 PM, Aug 7, 2020

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con una coordinación llamativa, saltaron a la luz denuncias contra el accionar de actividades de espionaje llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri que involucran directamente a Gustavo Arribas, quien estaba a cargo de la AFI, y a agentes ligados a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta información surgió del testimonio de un narcotraficante "arrepentido” que habría sido contratado por la AFI para poner una bomba y realizar tareas de espionaje y a partir de que la nueva gerencia de la AFI habría encontrado carpetas y computadoras con pruebas y listados. 

En ese marco se divulgó un hecho gravísimo, que es que el gobierno de Macri no sólo espiaba a opositores peronistas, sino también a más de cuatrocientos periodistas y organizaciones de izquierda. Los informes que se conocieron son en torno de la cumbre del G20 que se hizo a fines de 2018, cuando vinieron Trump y presidentes de todo el mundo. Para ese evento se gastaron 1.500 millones de pesos en el dispositivo de seguridad. Ahora se supo que, como parte de ese operativo, se hicieron seguimientos ilegales a periodistas y la izquierda. Infiltraron una reunión convocada por los compañeros del PTS para recabar información. Incluso, en la ficha aparece el PTS como en “observación progresiva”, o sea, no empezó ni terminó ahí la investigación. Asimismo, se revelaron operaciones en comedores barriales, donde también hicieron tareas de espionaje sobre el MST. 

Todo esto formó parte del intento de fortalecimiento del aparato represivo que impulsó el gobierno macrista, que incluyó el encubrimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la “doctrina Chocobar” y, también, un accionar ilimitado de los servicios de inteligencia.

Una continuidad del espionaje kirchnerista

El kirchnerismo ahora se rasga las vestiduras frente a estas revelaciones, pero la realidad es que desde el gobierno de Néstor Kirchner se hizo uso y abuso del Proyecto X, espionaje ilegal a cargo de la Gendarmería, que fue en particular usado contra los luchadores obreros y populares y la izquierda. Fue Horacio Verbitsky quien precisó que Aníbal Fernández fue el que lo puso en funcionamiento. El mismo Aníbal Fernández que metió preso a nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero con denuncias falsas por un incendio de trenes. También se dio el caso de Américo Balbuena, un infiltrado de la Policía Federal en los medios de comunicación independientes. Y no olvidemos que pusieron al jefe del espionaje del Ejército, y genocida, César Milani, a cargo de esa fuerza, y le dieron un presupuesto enorme para tareas de “espionaje estratégico”. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández se mantienen esas prácticas. Apenas asumió se detectó un infiltrado en una asamblea de trabajadores del INTI, y más recientemente Gendarmería espío a los mineros de Andacollo. A eso sumemos el “ciberpatrullaje” de las redes sociales que impulsa la ministra Frederic. Son tareas de vigilancia y espionaje que se combinan con los hechos represivos gravísimos que estamos viviendo. Como la desaparición y muerte de Luis Espinoza en Tucumán y el violento ataque a la comunidad qom en Chaco, donde aún ningún policía fue detenido.

Desmantelar el aparato represivo

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. En lo inmediato, también exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo el país. Basta de abusos policiales en los barrios populares. Cárcel a los asesinos de Luis Espinoza y a los policías que agredieron salvajemente a la familia Qom en Chaco.   

Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste. Hoy en todo el mundo, a partir de la rebelión en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, está creciendo un movimiento muy progresivo que denuncia la violencia racial, pero también los atropellos policiales a escala planetaria.  

Tenemos que tomar ese impulso para frenar el espionaje y la represión a los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Nicolás Núñez
Legislador electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

En el marco de una causa de espionaje ilegal perpetuado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri aparece un listado de 500 periodistas afectados y organizaciones de izquierda, entre ellas PTS que integra el Frente de Izquierda Unidad. El informe de inteligencia fue construido en base al accionar de un agente infiltrado en convocatorias de trabajadores en la víspera de la llegada de Donald Trump al país bajo el gobierno de Macri, así como también sobre organizaciones barriales y el reparto de la entrega de alimentos a comedores, entre otras actividades espiadas.
Estos hechos muestran una continuidad entre el Proyecto X de Sergio Berni durante el gobierno kirchnerista -quien hacía tareas inteligencia sobre las protestas obreras-, las cuales continuaron con el gobierno de Macri y Cambiemos y el Ministerio de Seguridad de Bullrich. Ahora siguen con el nuevo recambio gubernamental. Ya han sido denunciadas bajo este gobierno del Frente de Todos tareas de espionaje sobre asambleas de trabajadores del INTI y la lucha de los mineros de Andacollo de Neuquén, a la vez que se ha lanzado el ciberpatrullaje en redes sociales motivando ya procesamientos y detenciones.
El espionaje interno está prohibido por ley, pero gobiernos peronistas, radicales y el macrismo lo han utilizado al servicio de sus políticas. Desde Izquierda Socialista manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de este repudiable accionar ilegal, exigimos el inmediato esclarecimiento de los casos y el castigo a los culpables. Y reiteramos una vez más que hay que desmantelar el aparato de inteligencia y todo el aparato represivo que todos los gobiernos han sostenido desde la dictadura hasta estos días.

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Escribe Nicolás Núñez, legislador electo CABA

Ramona Medina, la referente de La Poderosa en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), falleció después de haber sido internada tras contagiarse de Coronavirus. Su caso fue uno de los cientos que fueron anunciándose a lo largo de estas semanas en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el momento que el virus llegó al país se sabía que podía hacer estragos ahí donde se acumulan décadas de abandono consciente por parte de los gobiernos de turno. Ramona estuvo a la cabeza de señalar cuando la advertencia pasó a ser un hecho de la realidad. “Nos mataron a Ramona” dicen sus compañeros y compañeras, y tienen razón. Su muerte es un crimen social con responsables políticos.

Desde que comenzó la crisis del Coronavirus mucho se ha dicho sobre que “el virus no distingue clases sociales”, algo que puede ser relativamente cierto en términos biológicos. Ahora bien, las políticas de los gobiernos sí distinguen clases sociales, y por eso, a fin de cuentas, en Argentina y en todo el mundo, la mayor parte de infectados y muertos corresponden a los sectores populares.

En la Ciudad de Buenos Aires la realidad es clara. Los primeros centenares de casos se acumularon en los barrios más ricos de la Ciudad, los casos importados de las vacaciones en el extranjero. Al transformarse en miles, esos barrios han reducido drásticamente la velocidad de contagio, y el virus ahora se “importa” en la salida a buscar un sustento para hacer frente al hambre. Y se multiplicó allí donde ni siquiera se cuenta con agua para lavarse las manos. Ese desplazamiento no es azar, es una decisión política.

Las políticas de los gobiernos distinguen clases sociales, por eso Larreta tuvo protocolos para el “take away” del café importado, pero ningún protocolo para el resguardo allí donde miles viven hacinados. Distinguen clases sociales y por eso el agua que provee AySA no se cortó en Belgrano, se cortó en la 31 y la 1-11-14. Distinguen clases sociales, y por eso hubo rápido aislamiento en el lujoso Hotel Panamericano (cuatro estrellas) para quienes venían de un Buquebús en el que se detectó un caso, pero a los familiares de Toribia Balbuena, la primera fallecida en la 31, los “aislaron” (once personas) en su misma casa en unos mínimos metros cuadrados.

¿A esta altura, acaso alguien duda que la eterna postergación de la urbanización del Barrio Padre Mugica no responde a otra cosa que a la voluntad todopoderosa del negociado inmobiliario porteño? Hay que decir la realidad: los “desarrolladores inmobiliarios”, los especuladores del metro cuadrado que quieren desalojar a los habitantes de la 31 para extender Puerto Madero hacia el norte, CE-LE-BRAN los contagios en el barrio. Un virus les ahorra el trabajo a sus topadoras.

Las políticas nacionales también distinguen clases sociales, por eso los laburantes sufren centenares de miles de despidos y se avala una reducción del 25% del salario, mientras el impuesto a las grandes fortunas para hacer frente al Coronavirus no aparece por ningún lado. A los sectores más vulnerables se les ofrecen apenas $10mil, mientras al FMI se le pagan 320 millones de dólares. ¿Acaso esta plata metida en los barrios populares no podría en estos dos meses haber servido para combatir el contagio que todos pronosticaban y sucedió?

Ambos gobiernos guardan una responsabilidad ante este crimen social. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que ni el gobierno de la Ciudad y ni el de la Nación han tomado: un fondo de emergencia en base a un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de $30mil, combatir el hambre, y también fortalecer el sistema de salud.

Exigimos justicia para Ramona y medidas urgentes para combatir al coronavirus en los barrios humildes. Enviamos nuestro apoyo a sus familiares que también han sufrido el contagio, y a sus compañeros y compañeras de La Poderosa que hace tiempo vienen militando la visibilización de estas realidades que la cobertura mediática de Larreta (incluso en los medios kirchnerista) oculta.

Nuestra solidaridad va de la mano de exigir, y comprometernos a pelear por, terminar ya con esta ciudad al servicio del lucro y no de sus habitantes. Si no es ahora frente a la crisis monumental del coronavirus, ¿cuándo? Si ésto no empieza ya por los barrios humildes, ¿por dónde? Si no es ante la necesidad de salvar miles de vidas, ¿para qué?

¡Justicia para Ramona, los gobiernos son responsables!

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Repudiamos las decisiones gubernamentales y del Poder Judicial que avanzaron con la liberación de genocidas y violadores de sus lugares de detención. Entre estos hechos repudiables señalamos el caso del juez Daniel Obligado, que procedió a mandar a su casa a Carlos Capdevila, genocida conocido como el “partero de la ESMA”. Se trata del mismo tribunal que hace semanas hizo lo propio con Amado Boudou. También fue enviado a su casa Lucio César Nast, alias Ronco, ex policía condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el servicio de inteligencia de la ex jefatura de la policía de Rosario. Asimismo, se han conocido casos de violadores que fueron beneficiados con la domiciliaria sin considerar los reclamos de las víctimas.

El gobierno es responsable de esta situación, que ya tiene como antecedente el pedido de liberación del corrupto, asesino y responsable de la masacre de Once Ricardo Jaime, llevado adelante por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla. No puede desentenderse de estos hechos, como ha intentado hacer pasándole la pelota a la Justicia que, como todos sabemos, funciona con estrechos lazos con cada gobierno de turno.

La oposición macrista, por su parte, posa en este momento en rechazo a las domiciliarias, pero es la misma que en 2018 presentó un listado de personas a liberar que incluía violadores, miembros de redes de trata y genocidas como el Tigre Acosta.

A través de las redes sociales, haciendo uso de noticias falsas y con la ayuda de medios de comunicación afines, la oposición patronal buscó volcar la indignación por la liberación de violadores y genocidas contra los legítimos reclamos por las condiciones de hacinamiento y exposición al contagio de Covid-19 que se han dado en todo el sistema penitenciario. Incluso han obtenido el martes 5 de mayo un fallo de la Justicia bonaerense en ese sentido.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que para descomprimir el hacinamiento ante la pandemia se deben garantizar las condiciones de higiene y salubridad que hoy en día no existen, realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo con condenas menores a tres años o sin condena firme, pero claramente excluyendo a los homicidas, femicidas, abusadores, violadores, corruptos y condenados por delitos de lesa humanidad. 



Escribe Nicolás Núñez Legislador electo CABA

Izquierda Socialista/FIT Unidad

Repudiamos las decisiones gubernamentales y del poder judicial que avanzaron con la liberación de genocidas y violadores de sus lugares de detención. Entre estos hechos repudiables señalamos el caso del juez Daniel Obligado que procedió a mandar a su casa a Carlos Capdevilla, genocida conocido como el “partero de la ESMA”. Se trata del mismo tribunal que hace semanas hizo lo propio con Amado Boudou. Asimismo se han conocido casos de violadores que han sido beneficiados con la domiciliaria pasando por encima de los reclamos de las víctimas.

El gobierno es responsable de esta situación que tuvo como uno de sus antecedentes el pedido de liberación del corrupto, asesino y responsable de la masacre de Once, Ricardo Jaime, llevado adelante por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla. No puede desentenderse de estos hechos, como ha intentado hacer pasándole la pelota a la justicia, que es sabido funciona con estrechos lazos con los gobiernos de turno.

La oposición macrista, por su parte, posa en este momento rechazando esta situación, pero es la misma que en 2018 presentó un listado de personas a liberar que incluía violadores, miembros de redes de trata y genocidas como el “Tigre” Acosta.

Distinguimos claramente la liberación de detenidos por crímenes aberrantes de los legítimos reclamos de quienes piden contra las condiciones de hacinamiento y exposición al contagio de Covid-19 que se han dado en todo el sistema penitenciario. Para descomprimir el hacinamiento ante la pandemia se debe realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo con condenas menores a tres años o sin condena firme, pero claramente excluyendo de éstos a los acusados de homicidio, femicidas, abusadores, violadores, corruptos y condenados por delitos de lesa humanidad.

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