Escribe Federico Wagner, directivo UEPC Capital

El martes 5 de marzo la docencia volvió a parar y a impactar a todo Córdoba con más de 30 mil docentes por el centro de la ciudad. La directiva combativa de UEPC Capital fuimos el 70% de la marcha y terminamos con un acto en Apross (obra social) denunciando su vaciamiento.

Es que la propuesta salarial de Llaryora es una vergüenza. No cumplió con el acuerdo paritario del 2023, cuando en enero debía aumentar un 24% sólo pagó 14%. Y ahora propone dar en febrero, marzo y abril la mitad de la inflación mensual. Con salarios a mitad de la canasta de pobreza, nos condena a la miseria salarial. Por eso a la multitudinaria movilización el 26 de febrero con el paro de Ctera, se sumó esta y vamos a otro paro el 8M por el día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Llaryora justifica su brutal ajuste por los recortes de Milei. Pero, como denunciamos en la directiva de UEPC Capital e Izquierda Socialista, no pueden ser los salarios docentes la variable de ajuste.
El jueves, una nueva asamblea departamental resolverá como continuar la lucha. Desde Docentes en Marcha, como parte de la directiva de UEPC Capital, apoyamos lo resuelto por unanimidad en la asamblea de capital: ningún docente con salario de pobreza. Hay que seguir el plan de lucha con paros activos semanales y exigir a Ctera y la CGT y CTA el paro nacional.

Escribe Lista Fucsia de docentes universitarios (Izquierda Socialista + Independientes)

El 2024 inició en nuestras universidades con la ratificación de que nos enfrentamos a un gobierno que tiene en su horizonte político que las universidades públicas cierren o avancen en su privatización (directa, arancelaria o por generación de “recursos propios”). La definición de Javier Milei de proponer que arranque el ciclo lectivo con el mismo presupuesto que se había pautado en septiembre de 2022, habiendo atravesado un desierto de nuevos ingresos que hagan frente al 367% de inflación de este periodo, da cuenta de la inocultable intención de estrangular a la educación superior en su expresión pública.   

Va de suyo que la oferta salarial hasta ahora anunciada en la paritaria nacional ratifica esa orientación. Agregar un 6% en febrero al 10% ya acordado previamente, sin ninguna contemplación ante el salto en torno al 65% de la inflación tras la devaluación decretada por el ministro Luis Caputo, sonaría meramente a una burla, sino fuera por tratarse de una política consciente de ataque a quienes sostienen con su trabajo la educación pública en todos sus niveles. Allí se agrega, por tanto, la eliminación del FONID que redunda en una quita en torno al 10% para -también- les docentes de los colegios pre-universitarios. 

La coronación de este ataque en regla fueron la eliminación del consumo subsidiado de servicios públicos como la luz, lo que implica un salto cualitativo en el gasto de cada unidad académica, al mismo tiempo que los presupuestos son congelados; y a su vez, el cierre por decreto de cinco nuevas Universidades creadas a finales del 2023, un claro ataque a la ampliación de la oferta de la educación pública superior. 

Este ajustazo se sustenta en la idea de que el presupuesto de la educación superior es un gasto y amplía los horizontes de la batalla político-cultural que el gobierno nacional encara, atacando a un sector de la sociedad al cual adjetiva de adoctrinador e ineficiente, para a fin de cuentas incluirlo como parte de la famosa “casta”.

Milei es consciente de que la histórica defensa de la clase trabajadora y el pueblo argentino de sus universidades públicas le impiden hoy hacer anuncios abiertos de cierre o privatización de las universidades nacionales existentes. Pero está utilizando su capital político para llevar adelante un ataque de una magnitud jamás vista hacia la comunidad universitaria. En ese contexto se enmarca que desde su cuenta de X (Twitter) difunda comentarios que proponen directamente arancelar o cerrar las carreras humanísticas. Justamente lo que hizo la última dictadura cívico-militar de la que el presidente y la vice resultan ser apologistas. 

Es urgente y necesario ganar las calles para poner en evidencia lo que hay por detrás del debate sobre cifras de congelamiento presupuestario: una política de liquidación de la universidad pública coherente con la visión de un gobierno que tiene por horizonte la voucherización de la educación inicial y media. No estamos ante una discusión paritaria más, sino ante el mismo desafío que también enfrenta el sistema de ciencia y técnica nacional, y el CONICET en particular: un gobierno que apunta al desguace de la producción pública de conocimiento. 

Las autoridades alarman con una mano y ajustan con la otra

Al momento, la reacción de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional ha sido sacar comunicados y comunicados alertando sobre cómo el presupuesto alcanzaría, a lo sumo, para mantener abiertas las universidades hasta promediar el primer cuatrimestre. En ese sentido se han pronunciado decanatos y consejos directivos a lo ancho y alto de todo el país. 

El problema es que esas advertencias, lejos de apuntar hacia una convocatoria a organizarse de forma interclaustros para enfrentar el ajuste y conquistar el presupuesto necesario -al menos- para sostener abiertas las puertas de las universidades, terminaron siendo la tapadera justificatoria de que las propias autoridades metan mano al achique y ataquen derechos adquiridos por estudiantes y trabajadorxs universitarixs. 

En todo el país vemos como: se recortan la cantidad de materias a las que pueden anotarse lxs estudiantes (todas las universidades del Conurbano); se ataca los sistemas de medios de comunicación de las universidades (Universidad Nacional de Córdoba); se amenaza con cerrar (Sociales-UBA) y ponerle cupo (UNICEN) a los comedores universitarios; se atacan derechos conquistados por lxs trabajadorxs no-docentes; se impulsan cursadas virtuales para achicar gastos operativos (o más bien para trasladárselos a los hogares de docentes y estudiantes); y se avanza con el arancelamiento directo de cursadas como sucede en la sede de Chivilcoy de la UNLP.

Tenemos que rechazar la política de denunciar el ajuste mientras se lo administra. Los derechos conquistados por docentes, no docentes y estudiantes no pueden ser moneda de cambio para sostener abiertas un par de semanas más las universidades. Ni acomodarse a la miseria, ni ir tras la búsqueda privatista de “recursos propios”, son caminos para sostener una universidad pública de calidad al servicio de las necesidades populares.

Hay que poner en pie a la comunidad universitaria

Es en este contexto en el cual las actividades académicas inician el presente ciclo lectivo; donde la administración del ajuste conlleva diferentes discusiones en cada Unidad Académica, que van desde la licuación del salario, la incertidumbre por el desarrollo del cuatrimestres, la posibilidad de permanencia de lxs estudiantes, etc. Y es en este marco que las federaciones docentes deberán discutir cómo organizar un plan de lucha.

Desde la Lista Fucsia (Izquierda Socialista+independientes) entendemos que es necesario un movimiento unitario del conjunto de la comunidad universitaria que salga a enfrentar la amenaza privatizadora de Javier Milei. Es necesario un plan de lucha activo que tenga como uno de sus objetivos llevar al inicio de la cursada el debate nacional, el ejemplo de cómo con la movilización se le pudo poner un primer freno al gobierno y su reaccionaria “Ley Ómnibus”, de esa manera politizar las aulas y los pasillos para poder colaborar para que el movimiento estudiantil vuelva a tener el rol que tuvo ante los ataques del gobierno macrista en 2018, y que tantas veces antes había tenido en apoyo a la lucha docente y por sus propias reivindicaciones. 

Las clases públicas pueden ser una buena herramienta para desarrollar ese diálogo, en un marco en que vaciar las facultades podría dificultar poder concretar esta necesaria articulación. Los paros activos coordinados a nivel nacional entre las federaciones docentes deben ir en camino de buscar que vaya creciendo el activismo hacia medidas concretas de lucha, cortes de calles, y movilizaciones. En cada casa de estudios, podemos impulsar asambleas interclaustros que se propongan coordinar las acciones y poner en pie un pliego de reclamos que tanto rechace la “motosierra” nacional como los “tijerazos” locales. 

En ese camino, además, debemos incorporar el rechazo a la represión y criminalización en la provincia de Jujuy donde dos docentes universitarios, Nahuel Morandini y nuestro compañero de Izquierda Socialista, Iván Blacutt, están procesados por twittear y por luchar respectivamente. Así como también, el reclamo del desprocesamiento de lxs 27 estudiantes de la UNC que están por afrontar un juicio en su contra por las movilizaciones de 2018.

Tenemos además por delante las movilizaciones del 8M y el 24 de marzo, que brindarán el marco de acciones masivas en que desde las universidades podremos difundir nuestros reclamos y buscar amplificar la lucha. 

Claramente no hay tiempo que perder, pongamos en pie en todo el país un gran movimiento en defensa de la Universidad Pública contra la motosierra de Milei y el FMI.  

En el día de ayer se realizó la primera jornada de paro y movilización de las 48 horas que se cumplirán lunes y martes, además del paro del próximo viernes 8M.

La próxima semana el plan de lucha continuará con tres días de paro y movilizaciones. Los docentes nucleados en Aten rechazan la propuesta del gobierno por insuficiente y exigen una que contemple la recuperación salarial perdida por la altísima inflación, más la actualización mensual por el IPC, más partidas de refrigerio para los niños en las escuelas acorde con el costo actual de los alimentos y no los 50 miserables pesos diarios que entrega el gobierno; y también exigen el arreglo de todos los establecimientos para que se pueda enseñar y aprender dignamente en las escuelas neuquinas. Angelica Lagunas, Secretaria General de Aten Capital, expresó en su discurso, ante miles de trabajadoras y trabajadores, la masividad y continuidad del plan de lucha contra la motosierra de Milei y el ajuste del gobernador.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

Como parte de su brutal ajuste, Milei decidió retener los fondos para educación que Nación tiene que enviar a las provincias. De esta manera, la docencia podría no tener aumentos y vería rebajados sus salarios. Los recortes también son de fondos para conectividad, programas educativos, comedores e infraestructura escolar. La Ctera llamaría a parar el 26 de febrero y varias provincias van a conflictos. Es necesario un plan de lucha y una movilización nacional y el apoyo de todos los trabajadores a la docencia en defensa de la educación pública.

El gobierno de Milei está obsesionado en profundizar el ajuste a la educación pública y a la docencia que desde los años ‘90 con Menem y la provincialización educativa se viene aplicando sin pausa (ver "Hay que renacionalizar el sistema educativo"). Ahora el gobierno decidió no convocar a paritaria nacional y no enviar los fondos a las provincias para “ayuda” a salarios, comedores escolares, infraestructura y programas educativos.

Los salarios docentes son literalmente miserables. La canasta de pobreza está en $595.000, mientras un docente que se inicia percibe menos de $300.000. Monto de miseria en el cual están incluidos los $28.000 por docente que el gobierno nacional envía por el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y donde en varias de ellas se cobra el “Fondo de Compensación Salarial”, un extra para las provincias que no pagan siquiera el mínimo. Además, se han cortado recursos por “conectividad”, algunos programas educativos externos y aportes para comedores e infraestructura. Con este nuevo ataque, en varias provincias se podría llegar a rebajar salarios y jubilaciones. ¿Vamos a permitir que el gobierno condene a la extrema pobreza a la docencia argentina? ¿Qué se siga recortando el presupuesto para pagar la deuda externa y financiar a la educación privada?

El gobierno también profundiza el ataque a los derechos laborales docentes. Ya se quiere implementar en varias provincias (Mendoza, CABA, Córdoba, entre otras) un premio al “presentismo”, con el que se podrá descontar hasta el 10% del salario al docente que falte, aunque sea por enfermedad. Así ataca al derecho constitucional de huelga, los derechos laborales y la salud docente. Lo mismo cuando hipócritamente amenaza con declarar a la docencia como “servicio esencial” ¿Es para garantizar fondos para nombrar todo el personal docente y auxiliar que hace falta? ¿Para salarios dignos, infraestructura escolar, computadoras, tecnología, libros y útiles gratuitos y poder garantizar el estudio cotidiano? No. Sólo es para tratar de quitarle a los trabajadores de la educación el derecho a reclamar, el derecho de huelga, disponiendo que se garantice el 75% del servicio. Algo insólito, por antisindical y antieducativo. A todas las falencias del sistema educativo, aunque se hable de “servicio esencial”, Milei no las quiere resolver sino agravar.  

Ahora la docencia debe trabajar doble y hasta triple jornada en las escuelas para tratar de llegar a un salario que supere la pobreza, más las horas de trabajo en la casa para planificar y corregir, además debe ir enferma a la escuela si no quiere ser “castigada” por descuentos salariales. A esto se agrega la estafa con las cajas de las obras sociales por parte del gobierno, que recauda los aportes, los utiliza en otros gastos como si fueran parte de su presupuesto y no paga a los prestadores ni a las farmacias. Así la docencia pierde coberturas médicas y farmacéuticas, ante el vaciamiento de las obras sociales.
Son las familias de la escuela pública las que más sufren la pobreza. El 60% son pobres, el 15% son indigentes. La canasta escolar subió casi un 250% (está cerca de $200 mil) y el gobierno otorgaría sólo $70 mil por única vez. Mientras Milei mantiene millonarios subsidios a las escuelas privadas y religiosas, y encima quiere implementar un fondo para subsidiar a las familias para que paguen las cuotas de las privadas.

Este es el modelo educativo y económico de Milei y los libertarios ultraderechistas. No podemos permitir que pase. Quieren poner a las familias contra la lucha docente. No hay que dejarse engañar. Hay que defender que la docencia de las escuelas públicas tenga salarios dignos y derechos laborales, que las escuelas estén en condiciones, que el gobierno nacional invierta todos los fondos necesarios. Es la única manera de defender el derecho de las infancias de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. ¡Todo el apoyo a la lucha docente en el país!

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

Menem hizo un cambio estructural en el sistema educativo liquidando la nacionalización que desde la ley 1420 de Sarmiento había dado un valor y jerarquía a la escuela pública argentina. En los años ‘90 se “provincializó” el sistema. Esto quiere decir que Nación dejó de ser responsable del financiamiento. Menem lo hizo, y los radicales, el PRO y el kirchnerismo lo siguieron sosteniendo a lo largo de los años.
De esta manera la docencia dejó de cobrar el mismo salario. Hoy, por la misma tarea, hay provincias que pagan 260 mil pesos y otras 450 mil. Hay provincias con escuelas sin techos y sin baños, otras con aulas sin puertas ni vidrios, cloacas tapadas, sin internet, paredes rotas, sin ventiladores o estufas, con condiciones insalubres, ocasionando pérdida en los días de clases. Todo al servicio de que el “estado nacional” recorte el presupuesto educativo y lo use para pagar la deuda externa. Este desastre que se impuso con la Ley Federal de Educación menemista, lo sostuvieron todos los gobiernos siguientes, también el kirchnerismo, con su propia Ley Nacional de Educación que está en vigencia.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que hay que hacer lo opuesto a lo que hace Milei e implementaron los gobiernos anteriores. Hay que renacionalizar el sistema educativo, que el Estado Nacional vuelva a ser el sostenedor indelegable de todo el financiamiento, haciéndose cargo de los salarios y una infraestructura digna. Para que no haya ningún alumno sin docentes y ningún docente sin trabajo, y que por ley el presupuesto educativo sea del 25% del presupuesto nacional o el 10% del PBI, sin otorgar ningún subsidio a las escuelas privadas. Todo esto financiado con los fondos que se destinan a la estafa de la deuda externa en beneficio de los usureros y el FMI.