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Corrientes: un intendente es acusado de agresión y robo para ocultar un hecho de corrupción

La semana del 8 de junio, el periodista Marcelo Florindo denunció que fue atacado por el intendente de la ciudad de Mburucuyá, Pablo Guastavino (UCR-Cambiemos), y su hermano mientras hacía una transmisión en vivo con su celular sobre la descarga de mercadería para comedores que envía el Ministerio de Desarrollo Social en la casa de la familia del intendente.
El reportero rápidamente hizo la denuncia penal contra el funcionario y su familiar por las agresiones y el robo de su celular. Pero la transmisión en vivo que constataba el hecho fue borrada a los pocos minutos.
Esta situación escandalosa tomó mucha repercusión, en la ciudad de Mburucuyá se expresó la solidaridad con el Florindo y el rechazo al ataque a la libertad de expresión. Se puso en discusión el manejo discrecional que hace el intendente de los alimentos que son para las familias más humildes.
Repudiamos fuertemente al intendente de Mburucuyá por el uso arbitrario, y en beneficio propio, que realiza de la mercadería destinada a las personas más necesitadas. Recordemos que en Corrientes la población con bajos recursos es muy grande, la pobreza infantil supera el 62%, y crece en el contexto de ajuste y pandemia.
Este hecho se suma a los del Gobierno Nacional, como los “sobreprecios” de alimentos pagados por el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo al inicio de la cuarentena, y así van sucediendo unas tras otras las maniobras de estos “vivos” sin que haya ningún castigo.
Exigimos que todos los políticos corruptos que estafan y se enriquecen a costa de las necesidades del pueblo vayan presos.
Al mismo tiempo que decimos que es urgente que se destine un mayor presupuesto para combatir las necesidades de los trabajadores y sectores populares.
Las partidas deben ser aumentadas con un Fondo de Emergencia proveniente del no pago de la deuda externa y fuertes impuestos a grandes empresarios, bancos y multinacionales y las mismas deben llegar a los más vulnerables de manera transparente, gestionadas por organizaciones sociales independientes y de trabajadores, sin que medien vínculos políticos ni familiares.

Corresponsal