La necesaria cuarentena producto de la pandemia del Covid 19, arrojó intempestivamente a la educación al uso de la virtualidad como forma de mantener de algún modo, la continuidad del vínculo educativo.
La circunstancia, sin embargo, empalmó con un propósito que viene siendo ambicionado por las empresas de servicios educativos (como la Global Educational Industry) para acelerar el negocio de la privatización de la educación, por un lado. Por otro, por el estado y los dueños de escuelas, para instalar modalidades de teletrabajo que reduzcan los costos laborales.
A su vez, dado que los gobiernos no proveyeron dispositivos ni conectividad gratuita a docentes y estudiantes, se ha incrementado la brecha social en el acceso al derecho a la educación que ha producido una alarmante pérdida de escolaridad, así como de nivel de rendimiento del ciclo lectivo en curso.
Con Macri-Bullrich-Zinny, la intervención de las empresas de servicios educativos para usufructuar del presupuesto educativo, fue abierto y desembozado. Con Fernández-Trotta, la política educativa emplea el doble discurso y se viste de celeste y blanco. Desaparece el direccionamiento explícito a plataformas digitales privadas de las páginas de los ministerios, pero no significa la ruptura con esta política ni con la implementación de los planes del Banco Mundial. Ya que hay en curso acuerdos para la realización de proyectos educativos con la fundación de George Soros, por ejemplo.
Además, si bien la Ley del Teletrabajo, recientemente aprobada, no incluye a educación, la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional señala la perspectiva de que el gobierno prepare la instalación de la virtualidad más allá de la pandemia en todos los niveles educativos. No es sólo por el negocio de las plataformas, sino que apunta a convertir la educación en un servicio esencial (como decretó Larreta en CABA) y atacar el derecho de huelga, utilizando la virtualidad para reemplazar a los docentes en lucha, por ejemplo. No es casual que la gobernadora y el CPE de Santa Cruz retome el uso de la plataforma “con voz, para vos”, creada luego del largo conflicto docente 2017.
El borrador de Documento “Base de Política Educativa: hacia una reconfiguración del sistema educativo”, del ministerio de Educación nacional, luego de una descripción de la realidad de la educación en cuarentena, haciendo empatía con el esfuerzo realizado por la docencia, indica propuestas de transición para el regreso a clases. Estas propuestas fueron base para el Protocolo “burbuja” de Trotta. Pero, a su vez, anuncia la necesidad de redimensionar el sistema educativo a largo plazo. Plantea que hay que repensar los niveles de enseñanza, preparar el trabajo por áreas, armar grupos por ciclos y no por grados, rediseñar los contenidos curriculares y las relaciones laborales y que, la virtualidad, estará integrada a ese nuevo diseño. Se plantea, de este modo que la virtualidad signifique menos docentes, flexibilización laboral y ajuste.
Cabe recordar que, con un discurso más explícito, estas propuestas están contenidas en el diseño de Secundaria del Futuro, la UNICABA del PRO en CABA y el caso del plan Sigo de la Reforma de adultos con el kirchnerismo en Santa Cruz. Así mismo, la reciente constitución de la Comisión Nacional de Evaluación de la Calidad educativa, según la Ley 26206, integrada entre otros por los grandes empresarios nucleados en la UIA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la CGT, son un avance de la evaluación externa funcional al mundo empresarial, que impusieron los organismos internacionales durante el kichnerismo.
Tenemos entonces, estas problemáticas a debatir y posicionarnos: la virtualidad, el teletrabajo y los protocolos de la vuelta a clases.
En este marco decimos que: reivindicamos el hecho de que la docencia, en general, durante la cuarentena no apeló a las plataformas oficiales para su trabajo, ni al uso de programas prediseñados por empresas. Con gran esfuerzo y creatividad, armó sus propias propuestas pedagógicas virtuales, lo que ha impedido la generalización del comercio de las empresas privadas en sus clases y, en general, el “espionaje” de los ministerios de su tarea. Aunque el CIDI (Ciudadano Digital) de Córdoba es un antecedente peligroso del control estatal sobre nuestra vida laboral.
Por otro lado, a pesar del gran esfuerzo realizado por la docencia, se han profundizado las desigualdades y se agravó la brecha social: muchos alumnos de amplios sectores populares quedaron afuera, excluidos, sin conectividad ni tecnología para las clases virtuales. Para los docentes, significó una sobre carga laboral, la extensión de los horarios de trabajo, exigencias en la presentación de informes diseñados sin tener en cuenta la realidad de los y las estudiantes, la persecución y el hostigamiento en una pretendida exigencia de no “perder el vínculo pedagógico”, la falta de cobertura de cargos, los gastos económicos para acceder a la conectividad y mejorar los soportes tecnológicos, con bajos salarios, entre otras penurias laborales.
No nos oponemos al uso de la tecnología, no somos ludistas del siglo XXI, y no descalificamos el uso de la virtualidad en una nueva combinación de la tarea educativa reinventando, seguramente, cuestiones pedagógicas, siempre entendida como soporte, complemento de un proceso de enseñanza aprendizaje que se da en presencia, no como reemplazo y menos como precarización de nuestras condiciones laborales, y ajuste.
Nos oponemos a la flexibilización laboral en el teletrabajo, al reemplazo de docentes por “coordinadores” virtuales. Defendemos las conquistas de nuestro Estatuto Docente, el régimen de concursos públicos, la estabilidad laboral, salario por jornada laboral, entre otros. Defendemos la relación docente-estudiante centrada en la presencialidad que favorece la interacción entre pares. Rechazamos el home-schooling permanente, como violatorio de los derechos de la niñez y adolescencia a la subjetivación-socialización secundaria, fuera del ámbito familiar, primario.
Pero sabemos que en pandemia no podemos volver a clases, porque no están dadas las condiciones sanitarias en medio de los picos más altos de contagio, con edificios escolares que mantienen todos los problemas de infraestructura anteriores a la pandemia.
El “protocolo burbuja” de Trotta es inadmisible. Resulta ridículo pensar en la posibilidad de aulas burbujas, bimodalidad, sala de aislamiento, etc., cuando hay cursos de 50 alumnos, y escuelas sin gas ni agua. Sin embargo, el ministro y los gobernadores empujan para que se comiencen las clases presenciales. En San Juan, esta semana se inicia la vuelta a clases en algunas escuelas del interior de la provincia, donde no hay registrados casos de coronavirus (lo que no quiere decir que no haya). Será, una vez más, responsabilidad del gobierno nacional, provincial y de la burocracia sindical, las consecuencias sanitarias que esta medida absurda pueda ocasionar. En San Juan el gobierno pretendía, incluso, que los docentes compartieran el uso de máscaras.
En otras provincias los gobiernos también quieren regresar a cualquier costo, en plena pandemia, como en Santa Cruz. Nosotros llamamos a la docencia a exigir a los dirigentes sindicales que rechacen cualquier retorno presencial mientras estemos en pandemia. No se puede jugar con la salud de docentes, estudiantes y las familias. Hay que garantizar la tecnología y conectividad necesarias para mantener las clases virtuales y llegar a todos los estudiantes, mientras dure la pandemia.
Ante esta realidad proponemos:
-Rechazar el protocolo de Trotta y cualquier otro protocolo para volver a clases. No se vuelve a clases presenciales en medio de la pandemia y sin presupuesto.
-Denunciar mediante campañas la falta de condiciones edilicias, sanitarias y laborales para la vuelta a la presencialidad y de solidaridad con las provincias donde se inicien procesos de exigencia y lucha por el uso de protocolos.
-Impulsar la unidad con la comunidad para llevar adelante los reclamos.
En lo inmediato y de modo urgente, para dar continuidad a la virtualidad en mejores condiciones y pensar en la posibilidad de la terminalidad en los distintos niveles, exigimos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales: - Garantizar el acceso gratuito a la conectividad, sin límites de datos y con la velocidad adecuada. - Otorgar todos los insumos tecnológicos para docentes y estudiantes - Cubrir todos los cargos y horas cátedras mediante ofrecimientos virtuales. - Participación docente en la elaboración de las adecuaciones curriculares y cuestiones vinculadas a la terminalidad y debatir en cada escuela qué hacer con la acreditación. -Derecho a la desconexión. Rechazar toda sobre carga laboral y persecución producto del teletrabajo. Que se respete la carga horaria asignada según cargos y/ u horas cátedra. Rechazar la bimodalidad. -Rechazamos la modificación del artículo 109 de la LEN y denunciar su utilización para instalar el negocio de las plataformas y el avance de la reforma educativa en el camino de la privatización de la educación. -Rechazamos esta falsa virtualidad que, con la excusa de la pandemia, profundiza la intervención del sector privado en el diseño e implementación de la política educativa, dando lugar en forma directa a la precarización laboral. -Rechazamos que se declare a la educación “servicio esencial” con el objetivo de cercenar derechos docentes, como el derecho a huelga. Sí que se declare la emergencia educativa para garantizar partidas inmediatas de presupuesto para cubrir las necesidades de la virtualidad (conectividad y tecnologías gratuitas para docentes t estudiantes), para salarios, infraestructura escolar y nombramientos de cargos faltantes. Rechazar el acuerdo del gobierno, la UIA y la burocracia sindical para que el ajuste y la crisis la paguemos los trabajadores. Inmediata convocatoria a un plan de lucha nacional. Reapertura de paritarias por aumento salarial ya.