El gobierno de Alberto Fernández se apresta a imponer un nuevo ajuste contra millones de jubiladas y jubilados. Todo para cumplir con el FMI y pagar una deuda externa usurera y fraudulenta. El Fondo Monetario ordena, el gobierno cumple. La nueva movilidad jubilatoria va a estar atada a índices que están planchados (salarios y recaudación) y no a la inflación; tendrá un tope y se actualizará cada seis meses en vez de tres. Este mayor ajuste se da a pesar de que hoy 4 millones de jubilados cobran $18.000 miserables. La mayor inflación del año registrada en octubre demuestra que los precios van a seguir subiendo sideralmente y las jubilaciones y salarios se van a seguir hundiendo. Encima el gobierno acaba de sacar el IFE a millones. ¿Eso es gobernar para los más vulnerables? Claro que no. El ajuste a los jubilados siempre fue un plato apetecible del FMI y de todos los gobiernos. Ocurrió bajo el kirchnerismo y también con Macri. A fines de 2017 hubo una rebelión frente al Congreso contra el ajuste macrista cuando les recortó 100 mil millones de pesos. Ahora Alberto Fernández los vuelve a ajustar.
Lo mismo está haciendo el gobierno con los salarios. En complicidad con las patronales y la CGT-CTA se están fijando aumentos por debajo de la inflación. Por eso crece la pobreza y la desigualdad social. Mientras hay un ajuste al pueblo trabajador, el gobierno sigue beneficiando a los grandes empresarios, a la Unión Industrial, a los bancos, al agronegocio, petroleras y mineras. Y pagando la deuda externa contraída por Macri que fue para financiar la bicicleta financiera. Ahora ante el malhumor social va a tratar el “impuesto a la riqueza” que es completamente insuficiente, porque no grava las ganancias de los grandes empresarios, bancos y multinacionales, sino a una parte ínfima de “personas físicas”, y donde la mitad de lo recaudado va a ir a subsidiar a las empresas (donde bajo el nombre de Pymes se encubren en muchos casos a las grandes) y a los pulpos petroleros que nos roban el gas. Otro gran doble discurso del gobierno.
El pacto que se está por firmar con el FMI va a significar más ajuste, entrega y sometimiento. Por eso miles empiezan a decir “para esto no lo voté” y crece la bronca popular y los reclamos entre el personal de salud, docentes, ferroviarios, aeronáuticos, choferes, entre tantos otros sectores en lucha. Las mujeres se movilizan por el aborto legal y el movimiento ambiental condena las fábricas de cerdos a China, la megaminería y el saqueo de los recursos naturales.
Desde Izquierda Socialista llamamos a hacer una gran campaña nacional en repudio al nuevo robo a los jubilados y para que nadie perciba menos de la canasta básica del sector, que asciende a $49.000. Para que la palta vaya a jubilaciones, salarios, salud, trabajo, educación y vivienda, no para la deuda y el FMI.
La CGT mostró su “preocupación” en estos días criticando el ajuste y amagando con tomar alguna acción o medida de protesta. Pero la CGT y toda la burocracia sindical vienen dejando pasar el ajuste. Debe romper el pacto con el gobierno y las patronales, pasar de los dichos a los hechos y convocar a un paro general y plan de lucha nacional CGT-CTA para repudiar el robo jubilatorio y pelear por un inmediato aumento salarial de emergencia para todo el movimiento obrero. Llamamos a seguir apoyando las luchas y a pelear por otro plan económico obrero y popular que combata el hambre y la miseria. Por un plan de viviendas populares para dar trabajo genuino y reactivar la economía. ¡Viviendas para todos, no represión como en Guernica! Con fondos provenientes del no pago de la fraudulenta deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y ganancias de los bancos, grandes empresarios y multinacionales como postulamos desde nuestro partido y el Frente de Izquierda Unidad para recaudar 20.000 millones de dólares, lo que permitiría dar respuesta a las urgentes necesidades del pueblo trabajador imponiendo otro plan económico obrero y popular.
15/11/2020