Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista
La condena a Lázaro Báez y su familia por parte del Tribunal Oral N°4 ha lado lugar a una larga lista de interpretaciones. Desde el gobierno peronista de Alberto Fernández y en particular desde el kirchnerismo, se han alzado voces planteando que dicho fallo es parte de una campaña “de la derecha” con el objetivo final de perseguir a Cristina Fernández. Vuelven a escucharse argumentos por parte de periodistas oficialistas como Víctor Hugo Morales, en los que se habla de lawfare, donde supuestamente sectores del poder judicial utilizarían imputaciones de corrupción para ir contra gobiernos o políticos “progresistas”. Recordemos que, desde estos planteos, se afirmó hace unos pocos años que eso llegaba hasta la existencia de un nuevo tipo de “golpe de estado”, colocándose bajo esa figura al impeachment que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. No faltaron tampoco planteos como los del senador kirchnerista Oscar Parrilli, que llegó a decir que a Báez “lo condenan por morocho” o “por ser amigo de los Kirchner”. Otros, ante la imposibilidad evidente de defender los hechos delictivos de Báez, insisten en que no habría “conexión” alguna entre ellos y Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La oposición patronal de Juntos por el Cambio “festeja” el fallo, ya que le permite utilizarlo electoralmente y ocultar sus propios casos de corrupción.
Frente a estos hechos y a planteos como los arriba mencionados, desde Izquierda Socialista queremos ser claros. Por supuesto que no tenemos ninguna confianza en una justicia patronal que se la ha pasado ocultando los casos de corrupción de grandes empresarios y políticos corruptos. Así como no tenemos nada que ver con los “festejos” que, al conocerse el fallo, hace Cambiemos, en cuyo interior hay personajes y episodios tan corruptos como los de la época kirchnerista. Bastaría mencionar los Panama Papers, el caso del Correo Argentino, los negociados de Nicky Caputo (el “amigo del alma” de Mauricio Macri) y Calcaterra, o la gigantesca corrupción de un endeudamiento externo que se utilizó (préstamo del FMI incluido) para financiar la fuga de capitales de los amigos del macrismo.
Pero los hechos son contundentes: Lázaro Báez fue condenado por hechos de corrupción que llegan a 55 millones de dólares. Esto incluye licitaciones truchas, coimas, obras no concluidas o incluso siquiera iniciadas, fuga de divisas, blanqueo en paraísos fiscales y un largo etcétera de desfalcos. En todos los casos íntimamente relacionados a contratos de obra pública del kirchnerismo, primero en la provincia de Santa Cruz y luego a nivel nacional.
Nosotros respetamos las expectativas que sectores de trabajadores todavía tengan en el peronismo y sus gobiernos. Pero esto no debe hacernos perder de vista la realidad: durante los doce años de los gobiernos kirchneristas se dieron innumerables casos de corrupción, apañados y con la complicidad plena del gobierno de entonces. Tal vez Lázaro Báez sea el caso más escandaloso, pero ahí también está Cristóbal López o la trágica corrupción que se dio en los ferrocarriles donde, con las complicidades de De Vido y Jaime, se terminó produciendo la masacre de Once. Esta es la realidad. No es producto de ninguna “campaña de la derecha”, lawfare, ni mucho menos intentos de debilitar a un supuesto “gobierno popular”.
Lamentablemente estos argumentos esgrimidos por sectores del kirchnerismo encontraron eco en los compañeros del PTS. En su nota “la derecha política y mediática eufórica tras la condena a Lázaro Báez por lavado de dinero” (www.laizquierdadiario.com, 25/2) el PTS se hace eco del planteo de que se trata de un caso de lawfare “para intentar complicar la situación política del oficialismo y de la misma vicepresidenta”. Más aún, sostiene que esto “esconde una operación política similar a la que hemos visto muchas veces en Latinoamérica” buscando perseguir y proscribir a “figuras políticas que no se subordinan completamente a los intereses del gran capital”.
Queremos debatir sinceramente con los compañeros. Con planteos de este tipo no se le está diciendo la verdad a los trabajadores. Acá no hay “maniobras de la derecha” ni mucho menos “golpe institucional” en curso. Más allá de los jueces o la propia oposición patronal de Cambiemos hay hechos concretos. Millones de dólares fueron desviados hacia negocios espurios, con la complicidad del gobierno peronista kirchnerista de entonces.
Por otra parte, nos parece muy equivocado definir a Cristina Fernández o a Amado Boudou como “figuras políticas que no se subordinan al gran capital”. Su gobierno, y el actual, se subordinaron y se subordinan a los monopolios del gas y petróleo, a los grandes laboratorios como el de Hugo Sigman o Richmond, a las megamineras, a los banqueros que “se la llevaban con pala” o los usureros de la deuda externa
Sostener que los casos de corrupción kirchnerista no existieron o que no hay que hablar de ellos o condenarlos porque “favorece a la derecha”, como se argumenta desde el oficialismo (argumento que también aparece en muchos planteos del PTS) es una posición que no le sirve a la clase trabajadora. Porque la corrupción no es simplemente “un tema de la derecha”. Perjudica a los que menos tienen: plata que debía haber ido para salario, trabajo, educación o salud termina en los bolsillos de empresarios y políticos patronales.
Es un hecho incontrastable la corrupción del peronismo kirchnerista, como así también la del macrismo posterior. Como antes la de Menem; y así podemos seguir una larga saga. Que se basa en que todos los políticos patronales gobiernan para los de arriba, y les favorecen sus negocios, usando para ello los propios fondos públicos y violando todas las leyes que ellos mismos dicen respetar.
La izquierda debe tener frente a esto una posición clara e independiente. Todos los corruptos, sean empresarios, políticos o burócratas sindicales, tienen que ir presos y devolver lo que se robaron. Así de simple, planteando incluso invertir la carga de la prueba, para que estos personajes deban ser ellos quién demuestren si el acrecentamiento de sus fortunas se hizo por medios legítimos o no.
Hechos como los de Báez no son más que otra demostración de la decadencia del capitalismo semicolonial al que se encuentra sometido nuestro país. De porqué no van más estos políticos patronales que se llenan los bolsillos, y llenan los de sus empresarios amigos, locales e internacionales. Por eso nosotros luchamos por una alternativa distinta, donde se liquide todos estos repugnantes negociados y el dinero vaya verdaderamente para que todos tengan salarios y jubilaciones dignos, para la atención a emergencias de salud pública como la pandemia, para la educación pública, para construir viviendas populares que den trabajo y terminen tanto con el desempleo como con el hacinamiento habitacional. En síntesis, para que gobiernen los trabajadores y no estos dirigentes patronales corruptos.
