Escribe Juan Carlos Giordano, diputado electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
6 de Diciembre de 2022

Se conoció el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción bajo los gobiernos peronistas kirchneristas de 2003/2015. Los tres jueces del Tribunal -que habían sido designados por ella-, la declararon culpable por administración fraudulenta (fue sobreseída por asociación ilícita), con seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer recién en marzo del año que viene. La sentencia va a ser apelada a la Cámara de Casación y luego a la Corte Suprema, que no tiene plazo para decidir, lo que puede demorar años para que la sentencia se ratifique o no. O sea, Cristina no tendrá problema para ser candidata el año que viene, aunque dijo en su video tras el fallo que no va a ser candidata a nada.

El fallo da para todo tipo de debates. El macrismo dice “hay una justicia republicana”. Cristina habló de “pelotón de fusilamiento, mafia judicial, estado paralelo”. Todo esto ocurre mientras la preocupación de millones pasa por el crecimiento de la pobreza, los bajos salarios y la inflación, ante lo cual Cristina dice que esto no es imputable al actual gobierno, como le respondió a una periodista brasileña.

Desde Izquierda Socialista estamos en contra de esta justicia patronal, elitista y patriarcal al servicio de los ricos, grandes empresarios y en contra del pueblo trabajador. No hay ninguna “justicia independiente”. Hay una justicia acomodaticia que va y viene con sus fallos para quedar bien con los gobiernos y políticos patronales que designan a los jueces. Por eso planteamos la elección popular de los mismos. Sin embargo, sostenemos que las y los responsables de casos de corrupción deben ser condenados, sean del color que sean, y tienen que devolver lo que le robaron al pueblo trabajador.

La vicepresidenta y el gobierno peronista del Frente de Todos dicen que no hay pruebas. Pero a esta altura no hace falta ningún fallo para probarlo. El entramado de negocios corruptos en el gobierno kirchnerista ya llevó a varios de sus responsables a la cárcel. Lázaro Báez tiene una condena por lavado de dinero por 55 millones de dólares en la causa denominada Ruta del Dinero K. El ex secretario de obras públicas, “Josecito” López, fue encontrado in fraganti con 9 millones de dólares en una bolsa negra.

Lázaro Báez pasó de empleado bancario a tener una firma insignia, Austral Construcciones, con un crecimiento patrimonial de 45.000 por ciento por monopolizar las 51 licitaciones que le facilitaba el kirchnerismo en el gobierno, con los consabidos retornos para la entonces familia presidencial.
Cristina intenta zafar diciendo que cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia “no éramos pobres, contábamos con más de 23 propiedades y una inversión financiera equivalente a 3 millones de dólares”. Junto a su abogado, también dice que “no fueron retornos, sino negocios privados”. ¿Pero cómo van a ser hechos de la vida privada si hubo un entramado entre el gobierno y Lázaro Báez en beneficio de ambos?

En estos negocios corruptos están implicados poderosos empresarios. Corrupción capitalista que mata, como lo demostró la masacre de Once, donde en pleno gobierno de Cristina se le daban subsidios millonarios a TBA, que luego guardaba en los paraísos fiscales, dejando al tren sin frenos provocando 52 muertos y cientos de heridos. Así funciona este sistema capitalista que defienden tanto Cristina como Macri.

El gobierno y el kirchnerismo dicen que la condena es un “atentado a la democracia” y que busca proscribir al peronismo. Pero de los treinta y nueve años de gobiernos desde 1983 a esta parte, veintisiete los gobernó el PJ y no precisamente con un “modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”, como dijo Cristina. Es muy traído de los pelos decir que el fallo “intenta sacar de la cancha a una figura que no se disciplina ante los poderes internacionales y nacionales”, cuando es Cristina quien está apoyando el mayor ajuste de Massa al servicio del FMI y se reunió con el embajador norteamericano.

Se alega la teoría del lawfare, una frase que está de moda (“guerra judicial”), donde se estaría dando un golpe, no con balas, sino con expedientes (“el partido judicial”) y los editoriales de los medios (el poder mediático). Pero mientras Cristina dice que los jueces la persiguen, se olvida cuando hubo otros que la salvaron, como el fallecido Norberto Oyarbide que sobreseyó en tiempo récord a la familia presidencial por una causa de enriquecimiento ilícito.

Por supuesto que sabemos de las intencionalidades políticas de esta justicia patronal, como quedó demostrado de manera escandalosa con la filtración de los chats entre jueces, políticos ligados al PRO, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín compartiendo un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis, a orillas del apropiado Lago Escondido, mostrando un entramado mafioso e impune entre los distintos actores de esta democracia para ricos. Pero se trata de los mismos jueces que en su momento puso y utilizó el kirchnerismo para su propio beneficio.

Cristina, por su parte, anunció que no va a ser candidata a nada y que no quiere fueros. Una prueba más de que el actual gobierno del Frente de Todos tiene muy difícil la elección del año que viene. Ello es así porque crece la bronca popular ante el mayor ajuste en curso del que son responsables tanto Alberto, Massa como la propia Cristina.

Comprendemos a quienes siguen a Cristina la defensa para su máxima dirigente, viendo el accionar de una justicia corrupta. Pero desde Izquierda Socialista sostenemos que hay que batallar para que todos los políticos patronales, grandes empresarios y jueces paguen por sus actos corruptos. Tienen que demostrar su inocencia, deben ir presos si no lo hacen, y tienen que devolver lo que se robaron, sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Lo mismo dijimos en los cuatro años macristas pidiendo cárcel para la familia Macri ante el escándalo del Correo Argentino o ahora denunciando los negocios inmobiliarios de Larreta en beneficio de constructoras como Criba, Caputo, Techint, Orsini -implicado en las coimas de Skanka-, donde muchas de ellas ponen plata para su campaña electoral (La Nación, 4/12).

Cuando Cristina denuncia en el minuto final de su video a la corrupción del macrismo por dejar 45.000 millones de dólares de deuda externa con el FMI, le decimos que el peronismo luego avaló semejante estafa votando junto a la centroderecha de Juntos en el parlamento el aval al pacto Macri-Fondo Monetario, mientras el Frente de Izquierda Unidad mostró una férrea y digna oposición desde sus bancas y en las calles llenando varias veces Plaza de Mayo en repudio. Saqueo y corrupción de una deuda externa que viene desde la dictadura para acá, siendo el peronismo el que la reconoció y pagó aún después de que el Argentinazo impusiera el no pago con la rebelión popular.

Para terminar con este sistema capitalista de saqueo, entrega y corrupción es que luchamos por un gobierno de las y los trabajadoras que imponga una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.