Escribe Nicolás Núñez, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-U
Los últimos días tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación la detención en El Bolsón del lonko Facundo Jones Huala, y las celebraciones al respecto en las que no hubo grietas entre el peronismo del Frente de Todos, la oposición patronal de Juntos por el Cambio, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Sobre Jones Huala no pesaba pedido de detención alguno, y los cargos por los que fue retenido resultan excarcelables. Pero a pesar de ello, hoy continúa privado de su libertad y se enfrenta a la posibilidad de una extradición que lo lleve nuevamente a las cárceles chilenas. Algo que es posible gracias a que el gobierno del supuesto “izquierdista”, Gabriel Boric, intercedió para que Interpol dictamine una “Alerta Roja” sobre Huala, e inició los trámites legales para que sea trasladado del otro lado de la cordillera.
Hay que recordar que Facundo Jones Huala fue imputado por la justicia chilena en una causa donde se lo involucra en sucesos acontecidos en 2013 sin haber sido probada su presencia en el lugar de los hechos. Habiendo sido detenido en 2017 en Argentina, la lucha del Pu Lof Resistencia Cushamen por su liberación dio lugar a una serie de protestas y cortes de ruta, duramente reprimidos por el gobierno macrista, y en los que el accionar de la gendarmería terminó con la vida de Santiago Maldonado.
Su actual detención hay que vincularla con la feroz campaña de estigmatización, criminalización y violencia contra las comunidades mapuche que se desataron a ambos lados de la cordillera, tanto con gobiernos de centro derecha o “progres”, con Piñera y Boric, con Macri y los Fernández (Alberto y Cristina). Y que además de la reciente detención de Jones Huala, también incluye la privación de la libertad de las presas políticas mapuche que se encuentran detenidas desde octubre del año pasado.
El discurso y la política xenófoba que vemos desplegarse en nombre de “defender la Patagonia de la apropiación mapuche” resulta, tanto una negación de la historia real de territorios constituidos en base al despojo y el genocidio de los pueblos originarios, como una impostura completa en la boca de quienes nada dicen de la apropiación del británico Joe Lewis de Lago Escondido, o las tierras que están cercando ilegalmente representantes de la dictadura qatarí en las nacientes del Río Chubut. En este último caso, son justamente representantes del Lof Cayunao quienes alertan sobre esta apropiación de bienes comunes que afectaría al conjunto de las comunidades locales cuyo acceso al agua depende de dicho río.
En nombre de Izquierda Socialista/FIT Unidad, los diputados nacionales electos Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer rechazaron la extradición y reclamaron la liberación de Facundo Jones Huala y del conjunto de las y los presos políticos del pueblo mapuche, así como también el fin de la criminalización y los discursos de odio xenófobos. Es urgente el cumplimiento de la Ley 26.610 de Emergencia Territorial Indígena y la reparación histórica de las comunidades que hoy son avasalladas para entregarle sus tierras al capital extranjero, los negociados inmobiliarios, mineros y del agronegocio.
