El 22 de febrero de 2012 murieron 51 personas, una de las cuales se encontraba embarazada, y resultaron heridas 789. Es uno de los capítulos más negros de la historia del ferrocarril y del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hace once años, trabajadores y sectores populares pagaron con sus vidas el desguace del sistema ferroviario producto de las privatizaciones, la corrupción y los negociados, por ello se la conoce como "La masacre de Once".
El tren chapa 16 de la ex línea Sarmiento, chocó contra la plataforma de la estación Once. Ni siquiera funcionaba el paragolpes hidráulico instalado al final de la vía que debía absorber el impacto. La posibilidad de una situación así fue denunciada por las y los trabajadores ferroviarios desde 2002, remarcaban la falta de mantenimiento y los problemas en el funcionamiento.
Las familias de las víctimas rápidamente sacaron la conclusión: Los mató la corrupción. La falta de respuesta a las reiteradas denuncias es el resultado del largo proceso de privatización, de negociados y corrupción. Un entramado del que participaban las primeras líneas del gobierno y empresarios que se enriquecían con los multimillonarios subsidios sin control, como el caso los hermanos Cirigliano (TBA).
La masacre de Once dejó al descubierto los millonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a los hermanos Cirigliano, titulares de TBA. Los informes de la Auditoría General de la Nación y las pericias contables de la Justicia los mostraron. También quedó al descubierto los montos que se ocultaron durante más de ocho años.
El abandono del material rodante, vías y señales por parte de la empresa era evidente. Los Cirigliano utilizaban el dinero para llenar sus bolsillos, llevarlos a paraísos fiscales o invertirlos en otros negocios en el exterior. Solo cuatro formaciones contaban con todos los compresores. La mayoría tenían algunos que funcionaban y otros que no. Los paragolpes entre vagones no se reparaban porque no había resortes. Esto se sumaba a que las carrocerías de los coches estaban podridas. Pero el gobierno culpaba a los ferroviarios de saboteadores y los sancionaba cuando se negaban a sacar formaciones sin estar en condiciones.
Ante el trágico hecho evitable el gobierno se vio forzado a quitarle la concesión a TBA, pero se la dieron a Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Romero). Luego pasó al Estado, pero controlado por funcionarios del gobierno de turno.
Nada de esto era lo que exigían los ferroviarios del Sarmiento, que proponen la reestatización de todo el sistema ferroviario en una única empresa estatal dirigida y controlada por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única forma de terminar con los negociados corruptos y lograr un transporte de calidad, seguro y accesible para el pueblo trabajador.
Hoy se realizó otro acto, por el aniversario de la tragedia. La movilización incansable de las organizaciones de familiares de las víctimas y usuarios, con el acompañamiento del Cuerpo de Delegados del Sarmiento encabezado por Sobrero, Reynoso, Ruiz, Schlotthauer y otros valiosos luchadores, obligó a la justicia patronal a investigar, imputar y condenar. Fue un hecho enorme que impidió (parcialmente) la impunidad. En 2015, 21 de los 28 acusados recibieron condenas. A la fecha ninguno está en la cárcel, algunos en prisión domiciliaria. El único que la cumplió fue el motorman.
Reproducimos un extracto del acto que se realizó en Once y hacemos un llamado, desde Izquierda Socialista, para seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario, para que este capítulo negro no se repita nunca más.
