Laura Cubas (Izquierda Socialista FIT-U) rechazó la ordenanza que obliga a funcionarios presentar certificados negativos de consumo de sustancias psicotrópicas.

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba, aprobó este jueves 18, el proyecto presentado por un concejal del oficialismo que establece la obligación a funcionarios de presentar certificado negativo de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. El proyecto contó con la aprobación del oficialismo y de la mayoría de los bloques de la oposición, algunas abstenciones y el voto negativo de la compañera Laura Cubas, Bloque Izquierda Socialista FIT-U.

La Concejala Laura Cubas dijo al respecto: “Como presidenta del Bloque Izquierda Socialista FIT-U expresé nuestra posición indeclinable frente a este proyecto con mi voto negativo”. Recodó que este proyecto es una continuidad de las políticas de “mano dura” prometidas por el intendente Llaryora, que incluía la intervención de las Fuerzas Armadas, ante el avance del narcotráfico. En ese contexto se inscribe el proyecto del Concejal Casado.

Según Cubas, “El tratamiento y aprobación de estos proyectos nos ha demostrado  que hemos perdido la enorme oportunidad de articular los desarrollos científicos y académicos que ofrecieron los prestigiosos científicos y académicos que participaron en las comisiones. Todos ellos manifestaron la incapacidad de las pruebas propuestas para confirmar consumo problemático. Si fuera posible determinar una situación de consumo, ¿qué hacer con ese diagnóstico? ¿Separar a la persona en cuestión de sus funciones? ¿Por presentar una enfermedad? ¿Vulnerar el derecho a la discrecionalidad?”.

Y agregó: “Si el consumo problemático es reconocido como una enfermedad, ¿por qué debería ser modificado el código de ética? ¿Se puede condenar socialmente a una persona atribuyéndole responsabilidad moral frente a una patología? El código de Ética no es una herramienta apropiada para afrontar un problema de salud pública”.

“También advertimos sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza, ya que presenta un retroceso en relación a Ley Nacional 26.924, Plan para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos. Este proyecto de ordenanza resulta regresivo ya que, no sólo no contempla los avances que se han logrado en materia de consumo problemático, sino que retrocede hasta una perspectiva que estigmatiza a quien consume, aplicando una análisis moralista condenatorio, que constituyen un grave obstáculo para un abordaje integral y eficaz de tan complicada problemática.”

La concejala de Izquierda Socialista FIT-U finalizó: “Sostener que el objetivo del proyecto es evitar incluir entre quienes asumen responsabilidades como funcionarios públicos a alguien que, motivado por su propio consumo, sostenga relación con quien comercializa sustancias prohibidas es una ingenuidad. Primero, cualquier estudiante de escuela secundaria, que ni siquiera consume, conoce la manera de acceder a dicha mercadería. Segundo, se intenta relacionar el consumo (un grave problema de salud) con el tráfico y comercialización de drogas. Un verdadero absurdo. La negación desde el Ejecutivo provincial y municipal a realizar un abordaje serio y efectivo frente al gravísimo problema que atraviesa nuestra sociedad, que es el enorme poder que ostentan los grandes carteles narco productores y narco traficantes, capaces de destruir a miles de personas a cambio de sostener su poderío económico, no hace más que demostrar la falta de voluntad para exterminar el problema de fondo. Proyectos como estos son instrumentos de manipulación mediática para presentar una imagen pública combativa y puritana. Pero su aplicación es un parche para tapar un ojo, que no quiere ver la realidad”.

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