Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
El proyecto de reforma constitucional provincial impulsado por el gobernador radical Gerardo Morales, intenta imponer un mecanismo político-jurídico cuyo centro es cercenar derechos para reprimir y Judicializar la protesta. Esta fue justamente una de las denuncias que el Frente de Izquierda Unidad agitó durante la campaña electoral, y un reclamo al que se vienen sumando cada vez más sectores para tratar de impedirla.
Después de que el gobernador lanzó el proyecto de reforma constitucional se ha desatado una fuerte resistencia en Jujuy. Sindicatos, organismos de los derechos humanos, partidos de izquierda como los que componemos el FITU, organizaciones sociales y sectores independientes, hemos iniciado un proceso de movilización. El jueves 1 de junio se realizó una multitudinaria marcha contra la reforma de Morales, y en los días siguientes se han llevado a cabo conferencias de prensa y radios abiertas en las plazas y paseos públicos de toda la provincia para explicar el peligro y engaño que encierra este proyecto para los trabajadores y sectores populares.
La reforma, nada dice ni aborda los graves problemas sociales y económicos que sufre una provincia, con el 90% de precarización laboral, con salarios de hambre, con trabajadoras y trabajadores rurales que ganan por debajo de línea de indigencia, con altísima inflación, con altos niveles de femicidio y una alta tasa de trabajo infantil. Tampoco es para atacar los privilegios de los jueces y políticos que disfrutan de salarios millonarios, ni para defender el medio ambiente de la destrucción causada por la explotación del litio. Es una reforma que tiene como eje, criminalizar la protesta social para garantizar las ganancias de los grandes empresarios como Ledesma, las tabacaleras o las multinacionales como Olaroz-Cauchari que se llevan las ganancias de nuestros recursos naturales.
Un ataque al derecho de protesta y a los derechos democráticos
El “Derecho a la Paz Social”, es uno de los capítulos de este proyecto que demuestra toda la hipocresía del gobierno. “El proyecto prohíbe los cortes de calles y rutas, así como las ´usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada´, aplicando penas legales y económicas a quienes infrinjan esas normas” denuncia Iván Blacutt dirigente de Izquierda Socialista de Jujuy. Con estas reglas, decenas de docentes, trabajadoras y trabajadores rurales, mineros, mujeres que luchan por sus derechos, que piden por la aparición con vida de las chicas, los jóvenes que defienden una educación pública, podrán terminar en la cárcel, procesados y obligados a pagar fuertes multas y castigos por “molestar la paz social” de los políticos o los grandes empresarios. De igual forma se puede interpretar una huelga, o un acampe en plaza pública, lo que sería considerado automáticamente como usurpación de ese espacio o esa propiedad. Además, la reforma plantea prohibir el indulto a quienes hayan sido juzgados por actos de corrupción, lo que es un peligro ya que se eleva al rango constitucional el Ministerio Publico de la Acusación, que viene en los últimos años fabricando causas contra los luchadores. Un absurdo que solo es posible imaginar en regímenes totalitarios.
Asimismo, el proyecto del radical Gerardo Morales (bancado por Rivarola y el PJ) también propone que la reforma electoral acabe con una parte de la representación proporcional democrática. Por un lado suprime la elección intermedia cada dos años (de mitad de mandato), y junta en un mismo acto (cada cuatro años), la elección de Gobernador y Legisladores, otorgando al ganador la mayoría más uno de los diputados provinciales, concejales y comisionados municipales de la provincia. Esto ya fue denunciado por Alejandro Vilca, diputado Nacional del Frente de Izquierda y convencional constituyente: “En el artículo 86 se establece que el gobernador deberá tener la mayoría de la Legislatura de forma automática, más allá de si obtiene o no la mitad más uno de los votos" […] “El Poder Ejecutivo pasa a controlar a la Legislatura de forma permanente. Y si se tiene en cuenta que allí se eligen los jueces, nos encontramos frente a la suma del poder público, del establecimiento de un régimen totalitario", afirmó el legislador del FITU.
Una propuesta represiva y para centralizar el poder
Con ese nuevo mecanismo de mayoría automática, el gobernador tendría facilitado el apoyo para el libre endeudamiento y la libertad total para aprobar cualquier clase de proyecto legislativo. Por otra parte, le otorga el control total en relación a las tierras fiscales que, en su mayor parte, hoy está en manos de comunidades originarias o de los sectores más vulnerables, que no poseen títulos de propiedad y quedarían expuestos a la libre decisión del gobierno para su desalojo. “El proyecto reaccionario de Gerardo Morales no es una novedad, es el mismo del gobernador salteño Gustavo Sáenz y tienen como objetivo tratar de impedir la protesta contra los brutales ajustes que están aplicando, para cumplir sus compromisos con el Fondo Monetario y tener las manos libres para entregar nuestro patrimonio y seguir disfrutando de sus privilegios” declaró Fernanda Giribone dirigente de Izquierda Socialista de Jujuy.
Gerardo Morales tiene la mayoría para aprobar este nefasto proyecto, pero las y los trabajadores, las mujeres que protagonizaron históricas jornadas, los movimientos populares que luchan por la tierra, por la vivienda, por empleo y la juventud, comienzan a demostrar su fuerza para impedir su aprobación. El gobierno ya ha empezado a reprimir el movimiento “anti reforma”, pero no consigue detenerlo. Llamamos a la más amplia unidad de acción a los sindicatos, organizaciones sociales, juveniles y de derechos humanos a frenar este ataque antidemocrático. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, estaremos en las calles, en las conferencias de prensa, en las radios abiertas, junto a los que se movilicen para impedir que este proyecto represivo y centralizador de poder, se haga realidad.
