Sep 24, 2020 Last Updated 12:54 AM, Sep 24, 2020

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno de Alberto Fernández mejoró un 37% la oferta de pago a los usureros internacionales, es decir, le regaló 15.000 millones de dólares más para una deuda usurera y fraudulenta. Además se otorgaron otros beneficios (plus) y en vez de empezar a pagar en 2023 lo hará desde el año próximo. Tal es la mejora que fue elogiada por el ex funcionario de Macri que nos endeudó sideralmente, Luis Caputo, y el ex ministro de la dictadura Domingo Cavallo quien estatizó la deuda privada de Sevel-Macri en 1982”.

Giordano agregó: “Es una barbaridad que el gobierno beneficie a los bonistas amigos de Donald Trump en medio de la pandemia del coronavirus y las rebajas salariales y jubilatorias, despidos, suspensiones, cierres de comercios y crecimiento de la pobreza. El gobierno ajusta a los trabajadores, dejan en banda a los pequeños comerciantes, se niegan a imponer un impuesto a las grandes riquezas y sigue entregando millones de dólares a los bonistas. ¿Dónde está el gobierno de los “más vulnerables”? Puro doble discurso”.

Giordano finalizó: “El gobierno pagó 4.500 Millones de Dólares desde que asumió. Imaginémonos lo que se podría haber hecho con esa plata si se hubiera invertido en los hospitales y en la emergencia social. Ahora dice que la renegociación permitirá un modelo económico “sustentable”. Una mentira total. Desde Izquierda Socialista opinamos lo opuesto. Solo se podrá combatir a las pandemias que afectan al pueblo trabajador si nos liberamos de los condicionamientos económicos y políticos que nos imponen los usureros y el FMI y se desconoce el endeudamiento de Macri dejando de pagar ya toda esa deuda usurera.”

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Pedro Rodríguez: Referente de la oposición en UTA


En la mayoría de las provincias del interior del país a los choferes de las líneas de colectivos se le están adeudando los salarios del mes de junio, parte de abril, mayo y el aguinaldo completo, condenando a 40 mil familias a pasar hambre en plena cuarentena. A su vez los choferes de larga distancia quedaron en pampa y la vía, obligados a salir a la calle para exigir que les paguen el sueldo! Parece que para los empresarios y el gobierno nacional y los gobernadores, cuando se trata de pagar los salarios, los choferes dejan de ser "esenciales". El empresariado del transporte ha recibido en estos años millones y millones de pesos de subsidios, llevándose siderales ganancias a costa de sueldos que ni siquiera arañaban la canasta familiar.
Mientras tanto la UTA de Fernández llama a un paro parcial (solo en el interior) igual que los anteriores que terminaron levantaron por migajas. La oposición de Bustinduy sólo hace declaraciones, sin tomar ninguna medida. En ambos casos, el centro del reclamo es pedir mayores subsidios, quedando una vez más bien clarito que ambos sectores responden a la patronal.


Se necesita un verdadero plan de lucha que unifique a los choferes del interior, del AMBA y larga distancia, un plan que se discuta en todas las líneas, que le arranque un paro nacional a la UTA, donde no se mueva ni una unidad hasta que aparezca la plata. Las patronales, el gobierno nacional y los gobernadores, van a volver a insistir en que el servicio de transporte es “esencial”. Los choferes somos conscientes de eso. Por eso hace más de 100 días que trabajamos expuestos al contagio a pesar de las malas condiciones de trabajo y la falta de pago. Pero ya no va más, nos tiene que pagar todo lo que nos deben y dejar de jugar con nuestra plata.


Llamamos a todas las seccionales que de verdad representan a sus afiliados y no a la patronal a trabajar en este sentido, a todos aquellos delegados que se la están jugando por sus compañeros, a los miles de activistas y luchadores honestos que todos los días van a trabajar y sufren el manoseo de las patronales, a que en la medida de las posibilidades de cada lugar, hagamos reuniones, asambleas, saquemos pronunciamientos etc., y juntos busquemos la coordinación que necesitamos para exigirle a nuestro gremio que tome medidas para que aparezca la plata!
Necesitamos una cuarentena sin hambre, sin despidos ni suspensiones! Medida de seguridad ya para todos los choferes! Necesitamos un plan de lucha ya hasta que parezca la plata!

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

 

Esta frase fue dicha la semana pasada por un delegado aeronáutico en el acto que se realizó al finalizar la ruidosa caravana contra el cierre de Austral frente al Aeroparque. “Yo voté a este gobierno pero no para que me quite el convenio colectivo ni desguace la empresa”, señaló. Se refería a la política del titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani, puesto por el actual gobierno, que quiere fusionar Austral con Aerolíneas para quitarle conquistas a los trabajadores diciendo que necesita ahorrar, todo con el aval de Mariano Recalde, de La Cámpora, que apoya el ajuste para acabar con las “improductividades”, según dice, amenazando a los sindicatos aeronáuticos.

Otra queja parecida hacia el gobierno se da entre los trabajadores del frigorífico Penta, ya que el patrón que los despidió y no les paga los salarios es el empresario peronista kirchnerista Ricardo Bruzzese, y la policía bonaerense que los reprimió está al mando de Berni-Kicillof. Ahora exigen que se “expropie Penta”, pero el gobierno ya retrocedió con Vicentin mostrando que no quiere avanzar contra estos empresarios inescrupulosos.

Otros trabajadores que votaron a Fernández también empiezan a tener cierta decepción con el gobierno, como por ejemplo los profesionales y trabajadores de la salud, donde sigue cayendo muy mal que el gobierno anuncie “sus logros en salud”, o diga que “los hospitales están preparados” cuando la realidad muestra lo contrario. Lo mismo ocurre entre los que no van a cobrar el IFE de 10.000 pesos cada dos meses, al mismo tiempo que recuerdan la campaña del peronismo cuando prometía que iba a salvar “a los más vulnerables”. O los jubilados, a quienes les redujeron la mínima. O los centenares de mujeres que luchan por el aborto legal y escuchan al presidente diciendo que no va a presentar el proyecto porque “tiene otras prioridades”.

La gran mayoría de los trabajadores votó a Alberto Fernández y al Frente de Todos para sacarse de encima al ajustador Macri, pero empieza a haber sectores que lo cuestionan y se sienten decepcionados al ver que se niega a avanzar con medidas de fondo para que la crisis no la paguen los trabajadores.

Muchos se interrogan con razón cómo puede ser que el gobierno habló durante meses sobre la necesidad de imponer un impuesto a la riqueza y ahora archivó el tema. ¿Cómo puede ser que anunció la expropiación de Vicentin y después retrocedió? ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia el gobierno sigue mejorando la oferta a los bonistas en 12.000 millones de dólares mientras millones sufren la desocupación, la rebaja salarial y la pobreza?

A todos ellos les decimos que la razón de esto hay que buscarla en que estamos ante un gobierno que enarbola un discurso “progre” o “nacional”, pero aplica otra política, como se empieza a decir, “amaga con la izquierda y pega con la derecha”. Es decir, un doble discurso que hay que desenmascarar. Lo mismo pasó con el gobierno peronista kirchnerista en los doce años donde se beneficiaron la Barrick, Repsol, los bancos y se pagó puntualmente la deuda externa dejando 30% de pobres y 40% de trabajadores en negro bajo el discurso mentiroso de entonces, de que se estaba “redistribuyendo la riqueza”.

Una amplia franja obrera, popular, juvenil y del movimiento de mujeres no ve las soluciones prometidas por el gobierno. Es que para ello hay que imponer medidas de fondo que el Frente de Todos no va a tomar. Alberto Fernández lo justifica diciendo “soy peronista, no socialista”, o que está por un “capitalismo más productivo”. Con eso está señalando que su gobierno va a seguir manteniendo la estructura semicolonial y dependiente del país al servicio de las ganancias de las multinacionales, los bancos, los grandes empresarios y el FMI. Por eso hace buena letra con ellos mientras no solo no da respuestas al pueblo trabajador, sino que rebaja salarios y jubilaciones y paga el aguinaldo en cuotas.

A esas compañeras y compañeros que están haciendo la experiencia política con el actual gobierno peronista les decimos que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad vamos a seguir acompañándolos en los reclamos cotidianos postulando en el plano sindical al sindicalismo combativo contra la burocracia sindical de la CGT y las CTA, cómplices de las medidas antiobreras y antipopulares que se están aplicando. Y que para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social hay que tocar a los de arriba. Ahora en la emergencia, imponiendo un fuerte impuesto a las grandes riquezas para volcar lo recaudado a salud y a las urgencias sociales, entre otras medidas que solo la izquierda postula. Y que para todo ello hay que fortalecer una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como lo estamos haciendo con el FIT Unidad, para lo cual los convocamos, para luchar para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Algo que el peronismo del Frente de Todos no va a hacer, como ya lo está demostrando, ante la evidencia de importantes sectores de luchadores que están sacando esa conclusión.   

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

 

Cada vez se conocen más datos del desfalco de Vicentin. Aparte del préstamo de 18.000 millones de pesos del Banco Nación y el no pago de lo adeudado a 2.600 productores, se descubrió que vendió parte de las acciones de Renova, una empresa ligada al grupo, por 122 millones de dólares, y ese dinero fue a sus accionistas, no a pagar deudas. Directivos del Nación denunciaron que recibió más de trescientos préstamos irregulares. También Vicentin sacaba la soja para exportar desde Paraguay para evadir impuestos, porque en el país vecino no se pagan retenciones ni IVA. Pero a pesar de todo esto el gobierno retrocedió con su propia definición de la expropiación. Solo queda una intervención que ya ni siquiera es tal, porque un juez pasó a los interventores oficiales como veedores y se repusieron los directivos de Vicentin. Ahora el gobernador Perotti presentó la propuesta de cambiar a los directores, no a los accionistas, dejando claro que no es ningún ataque a la “propiedad privada”. Es decir, más que “reformular” la propuesta, el gobierno está retrocediendo de sus propios dichos. A tal punto que el titular de Coninagro dijo que el presidente habría dado “un giro a la derecha”.

Detrás de las razones de este retroceso hay muchas versiones. Si el gobierno lo hizo después de los banderazos y la decisión del juez que rechazó la intervención, porque no le daban los votos para aprobar la ley en caso de enviarla al Congreso, o si se debe a que Alberto Fernández está entre fuegos cruzados al interior de su propio gobierno, Perotti por un lado (posición más conservadora), o el fogoneo de la expropiación por parte del kirchnerismo. Pero la razón central hay que buscarla en el consabido doble discurso del peronismo del Frente de Todos, anunciar una cosa y hacer otra. O lo peor, anunciar una expropiación y ante la menor crítica archivar la propuesta.

Es el propio presidente quien dijo varias veces que su objetivo era “salvar a la empresa” y que en todo caso si la expropia es para formar una sociedad mixta donde se cambien los malos nombres de los actuales empresarios por otros. Pero lo único que hay es una mera intervención. A tal punto que salió una solicitada con ese eje solo (ninguna mención a la palabra expropiación) firmada por Daer, Cavalieri, Caló, Pignanelli, Moyano, pasando por Yasky, Baradel, Cachorro Godoy y hasta Pianelli, del subte, y Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros.

Este retroceso se une a que el gobierno también desactivó el impuesto a la riqueza, tantas veces anunciado y nunca concretado, mientras acordó una rebaja salarial de 25% junto a la UIA y la CGT. Ahora el pago del aguinaldo en cuotas después de subsidiar el 50% de los salarios a grandes empresas y multinacionales, generando insatisfacción hasta en sus propios votantes.     

Por qué hay que estatizar 100% a Vicentin

Porque es una necesidad para resguardar los miles de puestos de trabajo, pagar las deudas a los pequeños chacareros, para que devuelva los 300 millones de dólares al Nación y, fundamentalmente, para que sus grandes facturaciones de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales no se vayan a sus accionistas, al lavado de dinero o al exterior, sino que vayan para beneficio del país y el pueblo trabajador.

Macri, la UCR, la Sociedad Rural y los grandes empresarios agitan que se está “violando la propiedad privada” de Vicentin con el claro objetivo de salvar a la empresa. Bajo el gobierno anterior se atacaba todos los días la “propiedad privada” de millones con el robo a los salarios y las jubilaciones, se aplicaban brutales tarifazos al servicio de la “propiedad privada” de las privatizadas y se endeudó sideralmente para aumentar la propiedad privada de los usureros internacionales. Por eso no van las medias tintas. Proceder a estatizar Vicentin es clave. Y que sea en un ciento por ciento. Es la única propuesta “superadora” de la que tanto se habla.

Cuando el gobierno dice que hay que “rescatar” a la empresa vía una sociedad mixta (Estado y capitales privados) va a significar que el Estado siga poniendo plata para salvar las ganancias capitalistas. Uno de los directores del Central, el centroizquierdista Claudio Lozano, habla de crear una empresa “pública no estatal”, que sería más o menos lo mismo. Ojo con estas trampas.

Que pase a manos del Estado es para que las grandes ganancias que se hacen con el negocio agroexportador y alimentario queden para el país, lo que permitiría ahora, por ejemplo, destinarlas para la salud, los hospitales y la emergencia. Y para evitar que haya corrupción o negociados, como pasó en Aerolíneas con el manejo de La Cámpora. Vicentin ciento por ciento estatal debe ser controlada, gestionada y administrada por sus trabajadores y pequeños chacareros, los únicos interesados en que funcione de manera transparente y bajo el interés nacional. Medida que debería ser un primer paso para avanzar en la nacionalización del comercio exterior y que sea monopolizado por el Estado. Para quitarle el manejo millonario de ese gran negocio a las multinacionales yanquis como Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la china Cofco. Esa es la política que postulamos desde Izquierda Socialista y que hizo el proyecto de ley el Frente de Izquierda Unidad, el único presentado para ajustar cuentas de verdad contra estos empresarios “vivos” que siguen quedando en la impunidad.

 

 

Lo comunicó el gobernador Perotti tras una reunión en Olivos. Alberto Fernández ahora apoya la propuesta de una nueva intervención a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, señaló: "El gobierno nacional sigue haciendo buena letra con los grandes empresarios. Después de anunciar la intervención y decir que no quedaba otra que “expropiar” a Vicentin para mantener los puestos de trabajo y generar una empresa testigo para la soberanía alimentaria, se echó atrás. Solo habla de “rescatar” a la empresa. ¿Rescatar a empresarios mafiosos que estafaron al Banco Central, ponen en peligro miles de puestos de trabajo y no le pagaron a miles de pequeños chacareros?”

Giordano, agregó: “Esta decisión va de la mano de otra, la de no hablar más del famoso “impuesto a la riqueza” que tanto anunció y nunca presentó siquiera un proyecto en el Congreso. O de hablar de ayudar a la explotadora Latam que anunció el despido de 1.700 trabajadores. Estamos en presencia de un gobierno del doble discurso que salva a las patronales y ataca a los trabajadores como lo hace ahora anunciando el pago en cuotas del aguinaldo y diciendo que ni siquiera va a mantener los $10.000 del miserable IFE.”

Giordano, finalizó: “Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda planteamos que hay que estatizar Vicentin en un 100% sin indemnización, bajo control de sus trabajadores. Y que hay que imponer un impuesto a los bancos y multinacionales ya para recaudar 20.000 millones de dólares para destinar a la emergencia. Hacen falta medidas de fondo, no más condescendencia con las grandes patronales”.

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