Oct 20, 2020 Last Updated 8:03 PM, Oct 20, 2020

Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad

El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se suma al de los jubilados de la semana pasada. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo hizo compras millonarias de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un 40% superior de los Precios Máximos que acaba de implementar. El mismo gobierno que reclama a la gente que denuncie la suba de precios a través de un 0800 compra con sobreprecios. Desopilante.

Al develarse el hecho, el ministro Arroyo dijo que no podía hacer otra cosa porque se trató de una licitación. Luego, ante las repreguntas, dijo que se vio obligado porque “los productores se plantaron”. Lo cierto es que el ministerio recibió partidas por 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos para los más necesitados y los está usando para beneficiar a empresarios que lucran y especulan con los alimentos. ¡#ConLaComidaNO! Alberto Fernández explicó que se trataba de “bolseros” que tenían larga data haciendo negocios con los distintos gobiernos (antes con la gobernadora Vidal) y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. Habla de “cartelización”, pero no hace nada concreto para combatirla. Solo dijo lo obvio, que de ahora en más las compras deben hacerse en base a los precios máximos. ¿Y el castigo a los empresarios “vivos” que lucran con la pandemia? ¿Por qué no cumple con sus propios precios máximos? ¿Dónde está el combate a los formadores de precios, a los supermercados y laboratorios? ¿Por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento que dispone fuertes sanciones a las empresas y a sus dueños, incautación de la mercadería y hasta meterlos presos? Hay miles detenidos por violar la cuarentena pero ningún empresario mafioso y corrupto tras las rejas.

Lo sucedido no ha sido un error, fue un acto de corrupción. Ahora rodó la primera cabeza y anularon la licitación. Lo volaron a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social que pidió las compras. Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown. Fue filmado por una cámara oculta donde le pedía coimas a una empresa de seguridad privada. El sumario se cerró por falta de pruebas. Calvo también había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa del actual ministerio de Arroyo, Cecilia María Lavot (abogada y ex apoderada de la agrupación kirchnerista Kolina).

¿Es sólo responsable Calvo? ¿Y los funcionarios que quedan? ¿Y el ministro Arroyo? "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo que eligió alimentar a la gente", dijo el presidente, deslindando a su vez de su propia responsabilidad política.

Queda por determinar si hay más funcionarios involucrados (casi seguro) y su vinculación con las empresas proveedoras. Por estas horas vuelven a la memoria los hechos de corrupción bajo el kirchnerismo, y está en cuestión lo que dijo Alberto Fernández cuando recientemente se comparó con Macri, diciendo que en su gobierno “no hay corruptos ni privilegiados”. Con este grave hecho se diluye la imagen que quiere instalar el peronismo del Frente de Todos de que está con los más vulnerables y no tiene manchas. ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!

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El grupo Techint ratificó el despido de 1450 operarios de la construcción que prestaban servicios en Neuquén, San Nicolás, Campana, Marcos Paz y Tucumán. Lo hizo burlándose de la conciliación obligatoria y del decreto de prohibición de despidos del gobierno nacional. El pacto fue con el aval de la burocracia sindical de la UOCRA al mando de su titular Gerardo Martínez.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo deben declarar nula el acta firmada entre la patronal Techint y le conducción de la UOCRA y obligar a ese grupo empresario negrero a que reincorpore ya a los 1.450 trabajadores y les pague sus salarios, bajo pena de que sus empresas sean estatizadas para ponerlas bajo control de sus trabajadores”.

Giordano finalizó: “El gobierno de Alberto Fernández viene diciendo que “no le va a temblar el pulso contra los vivos” que se aprovechan de la pandemia y pidió que los empresarios ganen "un poco menos". Entonces tiene que obligar a la reincorporación ya de los operarios de Techint”.

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Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: "El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se le suma al de los jubilados de estos días. El Ministerio de Desarrollo Social hizo compras millonarias en alimentos a precios muy superiores a los determinados oficialmente en los Precios Máximos. Pagó por más de un millón de unidades de aceite de litro y medio $157, cuando la lista obligatoria de precios máximos está en 98 pesos. Los fideos se pagaron a $85 promedio versus 52 de precios cuidados y algo parecido se hizo con el azúcar y las lentejas. El ministerio recibió partidas por 36.688 millones para la compra de alimentos pero está malgastando la plata de los trabajadores y el pueblo beneficiando en la emergencia a los empresarios que lucran y especulan con los alimentos:.

Giordano finalizó: “Justo cuando el gobierno va a autorizar a los municipios para que controlen los precios máximos y habla de los “vivos” que aumentan los precios, viola los precios máximos pagando cifras superiores. Una barbaridad. Exigimos que se cumplan de verdad los precios máximos, que se los retrotraiga a los valores anteriores a la crisis del coronavirus, que se incaute y sancione a los formadores de precios y supermercados especuladores para que la comida y los alimentos básicos, igual que los medicamentos, lleguen gratuitamente a millones que lo necesitan. Partidas que deben ser aumentadas con un Fondo de Emergencia proveniente del no pago de la deuda externa y fuertes impuestos a grandes empresarios, bancos y multinacionales”.

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Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno estuvo obligado por la crisis a postergar el pago de casi 10.000 millones de dólares de deuda emitida bajo ley argentina. Pero aún tiene pendiente pagar 3.500 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera en los próximos meses, de los cuales 500 vencen este mes. Además, la semana pasada Alberto Fernández pagó 250 millones de dólares que se podrían haber destinado a combatir la crisis del coronavirus y se apresta a hacer una oferta de pago por los 150.000 millones de dólares que va a renegociar. Decimos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad que Argentina debe de dejar de pagar ya todo vencimiento de deuda para que ese dinero sea parte de un Fondo de Emergencia junto a un impuesto especial a los bancos, multinacionales y grandes empresarios que vaya a combatir de verdad y en forma inmediata la tremenda crisis del coronavirus”.

Giordano finalizó: “El Fondo de Emergencia se debe implementar en base al no pago de la deuda y un fuerte impuesto a las fortunas de los 50 millonarios más ricos de Argentina y a los 20 grupos económicos que más ganaron en los últimos años (bancos, multinacionales, privatizadas, supermercados, petroleras, laboratorios y exportadoras, entre otros), con lo cual se podría duplicar todo lo que dispuso el gobierno para la pandemia. Un impuesto a Techint, Telecom, Toyota, Cargill, Arcor, Edenor, Santander Río, Mc Donnald, Coto, Laboratorios Roemmers, Edenor, Edesur y tantos otros. Con esa plata se podrían designar a los 2.500 profesionales que pide Cicop, adquirir miles de respiradores y barbijos, multiplicar los $10.000 para quienes hacen changas y monotributistas, aumentar a los jubilados, las partidas de comida e impedir las rebajas salariales a millones de trabajadores. Las medidas del gobierno no alcanzan. Distintos sectores reclaman un impuesto a la riqueza. Mientras reclamamos que se mantenga la cuarentena para no arriesgar la vida de millones exigimos que este Fondo de Emergencia se aplique ya para enfrentar la mayor crisis del coronavirus.”

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