Sep 19, 2020 Last Updated 11:39 PM, Sep 16, 2020

El lunes 15 de abril presentamos en la Legislatura porteña el proyecto de ley para declarar la emergencia en violencia de género para la Ciudad de Buenos Aires, que representa uno de los reclamos más sentidos del movimiento feminista en el país. Las mujeres tenemos que seguir en las calles hasta lograr #NiUnaMenos.

Escribe Laura Marrone, Legisladora porteña de Izquierda Socialista en el FIT

Con la presencia de estudiantes, docentes, estatales y referentes de la lucha de enfermería presentamos nuestro proyecto que parte de considerar que hay que destinar el presupuesto necesario para políticas contra la violencia machista. En lo que va de 2019 ocurrieron 72 femicidios, una mujer es asesinada cada 30 horas. En el panel estuvo presente Karina Lopinto, madre de Daiana, víctima de femicidio e integrante de una coordinación de madres que transformaron el dolor en militancia. A su vez, impulsamos la difusión de la revista de Isadora “La rebelión de las mujeres”.
Mientras el gobierno de Macri, en complicidad con todas las variantes de la oposición patronal, destina solo 11,36 pesos por mujer por año para políticas contra la violencia machista, millones irán al pago de la fraudulenta deuda externa. En la Ciudad, Larreta otorga 0,08% del presupuesto 2019 para la Dirección de la Mujer, lo cual representa 250 millones de pesos, mientras destina 2.300 millones para veredas, diez veces más. Es decir, las mujeres valemos menos que las veredas para el PRO.  

Nuestro proyecto

El proyecto de declaración de emergencia por violencia de género para la CABA (Expte. 339-2019) parte de la constitución de un fondo donde se sextuplica el presupuesto, en base a impuestos a las empresas, entidades financieras y bancos radicados en la Ciudad y la cancelación de los pagos de la deuda externa. La aplicación de la ley será controlada por la comisión de control y seguimiento compuesta por trabajadoras y organizaciones de mujeres.

Con este fondo se financiará un plan integral de viviendas para que las mujeres en situación de violencia de género puedan salir de los hogares violentos, política central, ya que más del 60% de los femicidios ocurren por parejas, ex parejas o personas del vínculo familiar en sus casas. Estas medidas, junto con un plan de salida laboral y la construcción de escuelas públicas para garantizar vacantes para sus hijas e hijos,  ayudarán a dar una respuesta material ante la necesidad de independencia económica de las mujeres, problema que se profundiza con la brecha salarial de género que en la Argentina llega a 27% según el Indec.

Además, incluimos la conformación de equipos interdisciplinarios en centros de salud, hospitales y centros integrales de las mujeres (CIM) para dar una contención integral a las víctimas de violencia de género. Asimismo, la normativa propone que el Estado garantice la conformación de un cuerpo de abogadas y abogados gratuito para los casos de violencia machista.

Por otro lado, se establece la capacitación en servicio de todo el personal del sistema educativo en el marco del cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, con perspectiva de género, laica y científica y de todo el personal de la administración pública en el marco de la Ley Nacional Micaela. También, la licencia por violencia de género para el personal de la administración pública de CABA, entre otras medidas.

Sigamos en las calles por #NiUnaMenos

Desde el 3J de 2015 con la movilización por #NiUnaMenos, el movimiento de mujeres logró visibilizar la violencia machista en todas sus modalidades. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda ponemos nuestras bancas al servicio de las luchas del movimiento feminista y llamamos a seguir en las calles para conquistar la emergencia por violencia de género, el aborto legal y todos nuestros derechos.

Nuestra compañera juró el pasado 6 de diciembre, reemplazando en la rotación de las bancas del Frente de Izquierda a Patricio del Corro (PTS). Allí expresó: “Juro por Ana María Martínez y los 30.000 desaparecidos. Por Lucía Pérez y todas las víctimas de la justicia patriarcal. Por la clase trabajadora y los pueblos del mundo contra el imperialismo. Por un mundo socialista”.

Durante su anterior mandato Laura presentó varios proyectos para la construcción de escuelas públicas, que por supuesto fueron ignorados por el gobierno de PRO, que continuó favoreciendo a la educación privada.

También se comprometió a ser vocera de las millones de mujeres y las luchas por sus derechos. A seguir denunciando el accionar violento de la Policía de la Ciudad contra las manifestaciones sociales y especialmente contra el gatillo fácil y las arbitrariedades en las villas de la Ciudad.

Laura Marrone, al incorporarse en su banca, envió una carta a Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO), planteando la necesidad de conformar un bloque único del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña.

Escribe Laura Marrone Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT

Con su “mayoría automática” macrista (PRO y Coalición Cívica) la Legislatura porteña aprobó el 6 de diciembre que el Grupo Roggio siga, a través de la empresa Metrovías, gestionando el subte por otro año más. Vencida la concesión del subte a esta empresa, que data del año 1994, el macrismo le extiende el plazo por segundo año consecutivo a la espera de que capitales extranjeros ingresen en el negocio. 

No solo siguen con el robo de la privatización con subsidios estatales, sino que lo hacen cuando el empresario Aldo Roggio está involucrado directamente en hechos de corrupción, ya que reconoció ante la Justicia haber pagado coimas por esta concesión y además se encuentra procesado por la causa Odebrecht. Mientras Macri, Carrió y Larreta hablan contra la corrupción kirchnerista, continúan los negociados capitalistas con el confeso corrupto Roggio. 

Con Metrovías bajo la gestión de Macri y Larreta la tarifa aumentó 1.400%, que los usuarios pagamos todos los días frente a un servicio deficiente con túneles que se inundan, escaleras mecánicas que no funcionan, negociados con compras de vagones que sólo sirven para hacer chatarra y coches con material cancerígeno como el asbesto. La empresa estatal Sbase controlada por el macrismo es totalmente funcional a la privatización, por eso no solo es necesario echar a Metrovías, sino también disolver ese sello llamado Sbase. 

Desde el FIT rechazamos esta nueva concesión a Metrovías, reclamamos la cárcel para Roggio y proponemos la reestatización del subte bajo control de trabajadores y usuarios. Es importante destacar que durante los doce años de gobierno kirchnerista, tanto Néstor como Cristina mantuvieron la privatización con este empresario corrupto. Ahora en la oposición los K hacen demagogia “estatista”, pero cuando estuvieron en el gobierno fueron los campeones de las privatizaciones en el transporte, que llevaron a la masacre de Once y a que sus principales funcionarios en el área, como Jaime, Schiavi y De Vido hoy estén presos por corrupción. 

Los trabajadores y los usuarios tienen en el proyecto del FIT una salida de fondo para que el subte deje de ser un negocio capitalista y cumpla una función social con un servicio eficiente y tarifas accesibles. 

Escribe Laura Marrone • Legisladora electa de Izquierda Socialista en el FIT

El miércoles 9 de mayo alrededor de 25.000 docentes y estudiantes realizaron la segunda e histórica marcha de los terciarios contra el proyecto de Unicaba de PRO para eliminar los 29 profesorados públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La marcha fue convocada por la CET (Coordinadora de Estudiantes Terciarios), el Cesge (los 29 rectores nucleados en el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal), los sindicatos docentes Ademys y UTE, los estudiantes de la CEB (coordinadora de estudiantes secundarios), la FUBA (federación de estudiantes universitarios) y la AGD (gremial de docentes universitarios).

Partió del Ministerio de Educación de la Nación, que es el responsable del Plan Maestro a nivel nacional, y terminó en la Legislatura porteña donde se está tratando el proyecto de ley. Pese a que el macrismo tiene la mayoría automática de 34 legisladores, desde diciembre pasado, en que presentaron este proyecto, no han podido aprobarlo por el enorme repudio de toda la comunidad educativa, que viene enfrentando la Unicaba con una gran lucha. Cada profesorado fue con sus propias banderas, carteles y hasta disfraces. El clamor era uno: retiro del proyecto de la Unicaba.

En el marco de una marcha enorme y unitaria existió un debate con la dirección de la CET, que no dejó hablar a Ademys con el argumento de que “hay muchos sindicatos”. El trasfondo de esta mordaza antidemocrática es que si hablaba Ademys debía hacerlo la UTE (sindicato de base de Ctera, dirigido por el kirchnerismo). La UTE está sumida en un debate interno debido a que su principal dirigente, Eduardo López, sostuvo en medios de prensa el apoyo a una negociación con PRO de un proyecto alternativo de “coexistencia” de los 29 profesorados con la Unicaba. En realidad, la directiva de UTE venía intentando hacer pasar esta propuesta conciliadora desde el inicio del conflicto, pero la fuerza de la lucha contra el proyecto Unicaba desde las bases se lo impidió. Desde el principio alertamos que la “coexistencia” llevaría a la muerte lenta de los 29 profesorados, ya que el gobierno los terminaría asfixiando presupuestariamente, cerrando carreras y profesorados enteros. Además, de acuerdo a las recetas del Banco Mundial sobre la reforma en formación docente, para acondicionarla a la reforma laboral, se puede presumir incluso que la Unicaba terminaría siendo la institución encargada de acreditar los títulos, con lo cual los profesorados serían condicionados en sus programas y vaciados lentamente. Eduardo López no fue a ninguna marcha ni debate público por la defensa de los 29 profesorados. Pasó a integrar la lista de los sindicalistas que solo hablan por los medios. En el único plenario de UTE por este tema el viernes 11, la dirección de UTE dijo que los medios habían tergiversado las palabras de López, pero se negaron a sacar una denuncia pública al respecto. La dirección de la CET, compuesta por agrupaciones como La Mella-Patria Grande y Nuevo Encuentro, tiene afinidad política con la UTE por su pertenencia al kirchnerismo. Los convocamos a revisar esta actitud antidemocrática de silenciar a Ademys y a continuar unidos en la lucha junto con el conjunto de la docencia y los estudiantes contra el proyecto alternativo de la “coexistencia” y a favor de la derrota definitiva del proyecto Unicaba.Con la unidad en la lucha podemos derrotar al macrismo.

 

Escribe Laura Marrone Legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

Al crecimiento invisible de la producción y la no menos invisible reducción de la pobreza de casi dos millones de personas, ahora se sumaría “la mejora en lengua y ciencias” de nuestros alumnos. Así lo manifestó el presidente Macri cuando presentó el resultado del Operativo Aprender 2017 en marzo pasado. “Tenemos que mejorar en matemáticas”, concluyó.

 El Operativo Aprender consiste en una evaluación “externa” (no la realizan los docentes de la escuela), censal (a todos los alumnos del país) de sexto grado de la primaria y de quinto año del secundario, que impuso Cambiemos en 2016 y repitió en 2017. Según el informe oficial, el último abarcó a 900.000 alumnos y 29.000 escuelas. El resultado dio que, en lengua, en las escuelas medias estatales se duplicó el número de alumnos que logró el nivel más alto pasando de 15,2% a 29,6% y el más bajo se redujo a la mitad, 19,7% a 9,9%. En matemáticas, en cambio, estaríamos peor: bajamos de 16,1% en 2013 a 14,2% en 2016 y a 11,4% en 2017.

Quienes trabajamos frente a alumnos sabemos que no existieron cambios profundos que puedan dar credibilidad a ninguno de los dos resultados. No hubo prácticas, recursos, capacitaciones o medidas que expliquen uno u otro. Y menos para las dos materias en el mismo tiempo. Aun estadísticamente, estos resultados no son confiables. Por eso nosotros y decenas de sindicatos docentes combativos los rechazamos.
 
Las evaluaciones externas no sirven

En educación tenemos problemas, pero son centralmente políticos y no pedagógicos. Estas evaluaciones son una pérdida de tiempo y de recursos cuyo único propósito es culpar a la docencia de los problemas de nuestra educación. El fundamento del gobierno de que son necesarias para un diagnóstico de la situación se cae, pues para ello alcanzaría una simple muestra en lugar de hacerla censal, o sea a todos. En aquellos países donde se realizan desde la década del ´90, como Estados Unidos, condujeron a que la docencia se centre en el “entrenamiento” de sus alumnos para responder a esas pruebas estándares, por miedo a ver reducido su salario o perder la estabilidad en el cargo, en lugar de desarrollar el pensamiento, la creatividad y el trabajo en equipo.  En México o Brasil las usan para la selección de alumnos que podrían seguir estudios superiores y cuáles no.

Lo determinante para el deterioro de nuestro sistema educativo son las causales externas. La diferencia entre las públicas y las privadas se debe a que las primeras concentran en porcentajes aun mayores al promedio nacional de 47% de niños y adolescentes pobres. Y encima las subvenciones estatales a la educación privada favorecen a una mayor desigualdad. El propio informe revela este condicionante por fuera de la escuela.
 
Cómo mejorar la educación

Hay que destinar el 10% del PBI y nacionalizar el financiamiento para que se haga cargo el Estado nacional, en lugar de pagar intereses de la deuda externa al doble de lo que se destina a educación. Hay que suprimir los subsidios a la educación privada. Hay que reformular la jornada laboral como en Finlandia, para que, con un salario digno, la docencia dedique un tercio de la semana laboral a tareas  extraclase de preparación, capacitación y reflexión entre pares, entre otras medidas. En vez de cerrar los profesorados hay que implementar un plan de actualización de la formación docente todos los años de la carrera, dentro de la jornada laboral, entre otras medidas.


La docencia combativa resistió y reclama su derogación

Las familias y estudiantes acompañaron el llamado a no asistir a las evaluaciones en aquellas jurisdicciones donde el sindicalismo combativo tiene influencia. La participación de alumnos en las escuelas estatales medias fue de 28,8% en Neuquén (ATEN), 22,7% en Santa Cruz (Adosac), 46,5% en Buenos Aires (Sutebas Multicolores), 49,3% en Santa Fe (Amsafe Rosario), y 53,1% en Capital (Ademys). La media nacional fue de 59%. Vale señalar que con menos del 50% los datos no se deben considerar a los fines estadísticos. La resistencia fue posible gracias a un esfuerzo asambleario con las familias y los estudiantes por parte del sindicalismo combativo. Cuestión que no hizo Ctera, ni los sindicatos nacionales como UDA, AMET o Sadop.

Ese cuerpo a cuerpo tuvo sus frutos. El llamado será de nuevo este año, hasta que derrotemos la farsa de estas evaluaciones.

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