Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La convocatoria realizada por los sectores de la juventud que vienen levantándose contra el calentamiento global fue nuevamente un éxito. En más de 3.500 ciudades se salió a protestar atendiendo a las condiciones sanitarias de cada lugar.

En nuestro país, el llamamiento a salir a la calle partía de la dificultad de que la propia organización argentina que participó de la conferencia de prensa latinoamericana de convocatoria a la Huelga Mundial salió a boicotear la iniciativa. Lamentablemente, Jóvenes por el Clima viene privilegiando sus acuerdos con el gobierno del Frente de Todos. En ese marco, copió el discurso de la burocracia sindical peronista que, alegando “ser empáticos” con la situación sanitaria y la realidad de las y los trabajadores de la salud, vienen dejando pasar el brutal ajuste que se está descargando sobre la clase trabajadora sin mover un dedo. Jóvenes por el Clima venía criticando las convocatorias previas, y ahora, la salida a hacer en la Argentina lo mismo que se hizo en todo el mundo el viernes pasado, expresarse en la calle porque la crisis ambiental es ahora, es urgente y exige una intervención política contundente.

El llamado a limitarse a una acción por redes sociales fue rechazado por la enorme mayoría de las organizaciones socioambientales que son parte del nuevo movimiento de lucha que se levantó al compás de las cinco huelgas mundiales previas. Se reafirma de esta manera algo que para Izquierda Socialista y la agrupación Ambiente en Lucha es estratégico, avanzar en una coordinación unitaria que sostenga el principio de la independencia política de todos los gobiernos y que no limite su agenda a las presiones y necesidades de los responsables políticos de la devastación ambiental en que estamos inmersos.

De hecho, la jornada del 25S se produjo horas después de que el Congreso ratificó que la Argentina se convertía en el décimo de los once países de Latinoamérica y el Caribe requeridos para que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú en la región. Se trata de un convenio con una batería de definiciones de protección del ambiente y los derechos de quienes luchan en defensa de la naturaleza que, en general, pueden ser correctas, pero que guardan el suficiente grado de abstracción como para que pueda ser votado por los ecocidas en regla del PJ y Cambiemos.

En el Congreso tuvimos que escuchar a la diputada Sapag, del MPN, que hizo votar en su provincia el pacto secreto con Chevron sobre la base de una feroz represión, y ahora celebraba la “participación popular” que abriría este nuevo convenio. O a una referente del peronismo kirchnerista hablando de “ampliación de derechos”, mientras sus doce años de gobierno previos, y los diez meses de Alberto Fernández, dan cuenta de un inequívoco rumbo de depredación ambiental con el fracking y la megaminería, pisoteo de los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos fumigados y una clara política de continuidad del saqueo en mano de las multinacionales, que abrió el menemismo en los ’90. La jornada del viernes fue también una respuesta al circo de cinismo que envolvió la aprobación de Escazú, y una ratificación de que no hay implementación progresiva de legislación alguna sin movilización popular en las calles.

Siguen incendiando el país, sigue la pelea y se lanza Ambiente en Lucha

Pos-25S, volvieron los incendios en el delta del Paraná y las sierras de Córdoba. El propio Servicio Nacional de Manejo del Fuego reconoce que el 95% de los incendios que abarcaron ya a catorce provincias y más de medio millón de hectáreas son producto de la intervención humana. No se trata solo de “prácticas arcaicas”, como dice el ministro Cabandié, sino de las muy modernas perspectivas de ganancias ante las que las patronales del agronegocio se relamen y queman para renovar terrenos.

En este contexto es que seguiremos apostando a la unidad y a coordinar nuevas medidas para mantenernos tanto en las calles como en las redes sociales interviniendo con la agenda urgente del movimiento socioambiental de nuestro país.

Pero además, desde Izquierda Socialista nos hemos propuesto, junto a compañeras y compañeros independientes, impulsar Ambiente en Lucha como una agrupación abierta a la cual sumarse a debatir y organizarse en pos de construir una alternativa que vaya a fondo para frenar el rumbo de catástrofe al que nos llevan el capitalismo y sus gobiernos. Este sábado 3 de octubre, a las 17, haremos a través de Zoom un conversatorio nacional en el que participarán representantes del conjunto de las peleas que se están dando en nuestro país, así como también de algunas de las más históricas de las últimas décadas. Pedinos el link para sumarte.

Este viernes 25 de septiembre a las 15 hs se llevará adelante una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. La misma forma parte de una lucha a nivel global que tendrá sus réplicas en la Argentina. Es convocada por una enorme cantidad de organizaciones ambientales y será acompañada por el Frente de Izquierda Unidad. De la misma participará el legislador electo CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, Nicolás Núñez.

Nuñez señaló: “En un innegable contexto de crisis climática y ecológica, la causa ambiental es prioridad entre las diversas luchas que libra la humanidad para su propia supervivencia. El extractivismo, práctica predatoria imperante del capitalismo, mata. Este accionar ecocida impulsado por mega corporaciones están en convivencia y conveniencia con el actual gobierno y los anteriores, y ahora se expresa entre otras cosas, en el intento de meter en nuestro país las megafábricas de cerdos chinas. Salimos a las calles porque no queremos ser la fábrica de nuevas pandemias.”

Nuñez finalizó: “El pago de la deuda externa ilegítima, que acordó el gobierno de Alberto Fernández, sigue asfixiando nuestro presente por lo que es inaceptable. La deuda es con el pueblo, con su salud, educación y con el ambiente.”

Contactos:
Nicolás Nuñez: 1150463796 @nicolasnuniez
Facebook: Nicolás Nuñez
Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

Escribe Nicolás Núñez, diputado porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Dos informes publicados en la semana ayudan a comprender cuál es el rumbo que nos tienen preparado el capitalismo y sus gobiernos. Por un lado, uno que graficó el aumento de la desigualdad en el marco de la pandemia, y por otro, uno que dio cuenta de la dinámica de la masiva extinción de especies a escala planetaria en las últimas décadas. Veamos de qué tratan.

Oxfam es una ONG global que viene recolectando año a año cifras que muestran la realidad de la enorme desigualdad social imperante en el mundo. A partir de sus informes, hoy en día sabemos que el 1% más rico de la población mundial tiene más riquezas en sus manos que casi 7.000 millones de personas. O que la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. Un monto que, en parámetros de nuestro país, es el equivalente a afirmar que viven en el límite o por debajo de la línea de indigencia. En los primeros meses de la pandemia se lanzaron ríos de tinta y compungidos discursos evocando a que la crisis del coronavirus abriera la posibilidad de desandar ese camino de desigualdad para ir hacia un “capitalismo más humano”. Ahora, el último informe Oxfam nos pinta el panorama global de qué pasó en la realidad, y no en las palabras, al calor de la crisis del coronavirus.

Acercándonos al millón de fallecidos, hay que sumar a ese saldo 400 millones de personas que perdieron su trabajo y 500 millones que fueron empujadas a la pobreza. Mientras eso sucedía en el polo más empobrecido de la humanidad, en el otro extremo, empresas como Microsoft y Google distribuyeron entre sus accionistas dividendos por 21.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares respectivamente. Los grandes laboratorios farmacéuticos que recibieron enormes ayudas económicas de los gobiernos, como Johnson & Johnson, Merck y Pfizer, ya distribuyeron 16.000 millones de dólares entre enero y agosto. Las seis principales multinacionales del petróleo (Exxon Mobil, Total, Shell, Chevron, Petrobras, BP), mientras declaraban pérdidas por 61.700 millones de dólares para llorarle a los gobiernos (y terminar recibiendo subsidios, flexibilización laboral y luz verde para la destrucción ambiental), entre enero y julio han repartido dividendos por el valor de 31.000 millones de dólares entre sus accionistas. En este marco, se prevé que treinta y dos de las empresas más rentables del mundo se lleven, de conjunto, ganancias por 109.000 millones de dólares más que lo promediado en los cuatro años anteriores, y en ese proceso los veinticinco billonarios más ricos del mundo incrementaron su patrimonio, tan solo entre marzo y mayo, en 255.000 millones de dólares.

Oxfam estima que implementar un impuesto a las ganancias extraordinarias, como el que se aplicó durante la Segunda Guerra Mundial, tan solo a las treinta y dos empresas “más afortunadas” de este período, hubiera permitido generar los recursos para financiar pruebas de detección y vacunas para la totalidad de la población del planeta, y aun después de eso quedaría plata para fomentar la investigación y ayudar a los profesionales de la salud. ¿Cuántos cientos de miles de vidas se podrían haber evitado perder de esta manera? Imposible saber. De lo que sí tenemos ya certeza absoluta es que este sistema, que prioriza la ganancia de un puñado de empresas por sobre la salud de miles de millones, solo nos deparará más pobreza, más desigualdad y más muertes evitables.

¿Planeta vivo?

El otro testimonio del que queremos dar cuenta es el Informe Planeta Vivo 2020. Se trata de un relevamiento de 21.000 poblaciones animales silvestres vertebradas elaborado por la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la Sociedad Zoológica de Londres. En esta ocasión, dieron cuenta de que entre 1970 y 2016 se redujo en promedio el 68% de las poblaciones silvestres registradas –mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios–. Si bien no existen al día de hoy herramientas para medir el conjunto de la vida sobre la faz de la Tierra, este relevamiento es una clara señal de la tendencia a la que arrastra al mundo entero la depredación capitalista.

Los principales motores de esta tendencia hacia la extinción masiva de especies son el avance del agronegocio, la deforestación, la sobreexplotación de los mares y el tráfico ilegal de animales, en el marco del proceso de calentamiento global. Ya en 2019 la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas señaló que un millón de especies de animales y plantas se encontraban en peligro de extinción. Ante la publicación del informe de la WWF, la propia ONU tuvo que salir a admitir que, de los veinte puntos que ciento noventa países se comprometieron a cumplir en 2010 en pos de salvaguardar la biodiversidad, seis fueron cumplidos “parcialmente”, y el resto, ni de cerca.

El 25S salimos en todo el mundo a decir “socialismo o catástrofe”

La crisis del coronavirus es otra señal de alerta de a dónde nos empuja este sistema, ordenado en torno de la ganancia capitalista. La Huelga Mundial del Clima del 25S tiene que servirnos para combatir a escala mundial no solo a los gobiernos capitalistas, sino también al escepticismo de quienes plantean que ya no hay nada por hacer. A la realidad de monstruosa desigualdad y destrucción ambiental que graficamos en estos párrafos tenemos que responderle con más organización, con más lucha y con más compromiso por construir una alternativa política que pueda colaborar en torcer el rumbo de esta historia. La disyuntiva es cada vez más clara, socialismo o catástrofe.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una jornada de protesta global se prepara hacia fines de septiembre. La convocatoria, que nace de los nuevos movimientos ambientales juveniles surgidos en Europa en los últimos años, va a tener nuevamente una réplica en nuestro país, donde venimos de las jornadas del 25A y el 31A contra las políticas antiecológicas del gobierno del Frente de Todos.

En 2019 ya tuvimos en nuestro país adhesiones masivas a estas convocatorias, donde decenas de miles fueron parte de los millones que se movilizaron en todo el mundo. Esta vez, el llamamiento que realiza la agrupación Fridays for Future (Viernes por el Futuro) señala: “El 25 de septiembre va a ser el primer día de acción global del año. Los próximos meses y años serán cruciales para garantizar un camino seguro por debajo del aumento de un 1.5° de la temperatura global, el objetivo planteado en los Acuerdos de París. Si queremos minimizar el riesgo de disparar una cadena irreversible de reacciones más allá del control humano, necesitamos actuar ahora. Por todo esto, es vital que la crisis climática no quede olvidada a la sombra del coronavirus, sino que se la considere con la máxima prioridad”.

Un señalamiento de máxima importancia, si tenemos en cuenta que las políticas que desplegaron los gobiernos, desde los Estados Unidos hasta China, buscan una respuesta a la crisis económica sobre la base de combinar un ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador con un masivo desembolso de billonarias sumas para subsidiar y apuntalar a las multinacionales responsables de las desmesuradas emisiones de gases de efecto invernadero, e incluso levantar controles ambientales a actividades como el fracking.

El capítulo argentino de la huelga global

El gobierno de Alberto Fernández no escapa a esta lógica recién expuesta. La brutal crisis económica y social que lleva años, y que la pandemia vino a agravar, no fue un punto de inflexión para proponerse superar las políticas que nos trajeron hasta acá, sino que, por el contrario, el gobierno definió profundizarlas, y con un destaque entre ellas de las que se relacionan con la propia depredación ambiental. 

Como venimos señalando desde estas páginas, el gobierno asumió el compromiso con los bonistas –y próximamente hará lo propio con el FMI– de pagar la deuda, por un lado, comprometiendo un mayor ajuste del Estado, y por otro potenciando la depredación de los bienes naturales del país en función de generar dólares para cumplir con estos chupasangres del capital financiero internacional. Acá debemos ubicar el acuerdo con China para instalar las megafábricas de cerdos, que los gobernadores de provincias como Santiago del Estero y Chaco han salido en estos días a defender a capa y espada después de que el repudio nacional haya hecho demorar la firma del pacto. También acá se enmarca el acuerdo del gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino para potenciar las ganancias de los dueños del campo en la próxima década con su Plan 2020-2030. Asimismo, tenemos que ubicar las trabas que está sufriendo el avance de cualquier tipo de ley de protección de los humedales mientras siguen ardiendo, y también que sigan impunes estos crímenes ambientales, los incendios en las sierras de Córdoba y las llamas que cubrieron doce provincias devastando casi 200.000 hectáreas.

Incluso, en esta combinación entre pandemia, crisis social y contaminación ambiental, podemos ubicar que dentro del miserable “aporte solidario” de las grandes fortunas el gobierno destinó un 25% de lo recaudado al fomento de la búsqueda de más combustibles no convencionales. Un monto superior al 20% que se podría utilizar para fortalecer el sistema de salud. Alberto tenía razón cuando dijo que la pandemia desnuda a cada cual tal cual es. Las prioridades de su gobierno están expuestas a la vista de todos.

Sigamos avanzando unidos por el camino del 25A

La semana pasada se realizó una reunión nacional del colectivo de organizaciones políticas, agrupaciones ambientales y por los derechos de los animales que convocamos a la acción del 25A en todo el país. Hicimos un balance muy positivo de la jornada que se expresó en un comunicado que comenzamos a difundir ratificando nuestros reclamos y proponiéndonos seguir trabajando en común para preparar una gran jornada el 25S.

Compartimos sus primeros párrafos para concluir esta nota.

“La acción en las calles, con respeto al protocolo de seguridad sanitaria por Covid-19:

Primero. Arrojó un balance ampliamente positivo por haber logrado una jornada de protesta unificada en todo el país; construido incipientes lazos de coordinación a nivel nacional que seguirán ampliándose y solidificando, y porque fuimos parte fundamental del rechazo masivo que hizo dilatar la firma del acuerdo porcino con China, que busca importar a nuestro país las fábricas de nuevas pandemias.

Segundo. Ratificó nuestros reclamos centrales en contra del plan del Consejo Agroindustrial Argentino de más agronegocio, industrialización animal (expresada en este caso en el acuerdo por las megafábricas con China) y destrucción ambiental (desmontes, quemas, contaminación, etc.). Denunció que este modelo extractivista, al servicio de la ganancia empresarial y el pago de la deuda, hoy impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, solo genera más crisis social y es el que nos ha sumergido en la actual emergencia sanitaria, alimentaria, ecológica y climática. Exhortó al poder político a abrir métodos vinculantes que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones”.

¡Sigamos avanzando en la coordinación y preparemos una gran jornada de protesta para el 25S!

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Después de la jornada de movilización ambiental del 25A y de un activo rechazo en las redes sociales, el gobierno anunció a través de la Cancillería la postergación hasta noviembre de la firma del pacto de entendimiento para importar las megafábricas de cerdos chinas. Una nueva movilización nacional el pasado lunes 31 ratificó el rechazo. “Ni ahora ni en noviembre”.

El anuncio de la postergación fue realizado por la cartera de Felipe Solá mediante un tuit: “Hemos incorporado especialmente al memorándum de entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”. En escasos caracteres se incluía el anuncio de un retroceso (estaba pautada su firma para este martes 1° de septiembre) y también una confesión: si no hubiese sido por las protestas el gobierno peronista se encaminaba a firmar un acuerdo que no incluía ningún tipo de reparo en sus consecuencias ambientales y sanitarias.

El proyecto

El primer anuncio de este proyecto no lo hizo el gobierno, sino el laboratorio Biogénesis Bagó, una de las empresas vinculadas con el ahora famoso empresario Hugo Sigman. Su conglomerado empresario multinacional quedaría vinculado a ambos lados de la pandemia, por un lado, como productor de una posible vacuna contra el coronavirus, y por otro, como promotor de las fábricas de potenciales próximas pandemias. Este tipo de megafábricas de cerdos ha sido señalado desde el campo científico por su potencial de provocar nuevas pandemias. De hecho, el origen de este proyecto está en el reciente brote de peste porcina africana que impulsó a la dictadura capitalista china a sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos para evitar su propagación. Esto cuando diversos estudios han demostrado la existencia de cepas de gripe porcina, G4 EA H1N1, con potencial pandémico. China busca reemplazar esa producción y para eso aleja de sus tierras estas megafábricas y que otros países corran con los riesgos sanitarios y ambientales.

En julio, una comunicación oficial del gobierno señaló que le habían pifiado por un cero en enero, y que no eran 9 millones sino 900.000 las toneladas que buscaban producirse. Aun así, de lo que trata el proyecto es de enormes establecimientos donde 12.000 madres darían a luz un promedio de treinta cerdos, culminando con 375.000 al año, en estado de hacinamiento, tortura, mutilación, proliferación de enfermedades, un consumo de millones de litros de agua y una generación de desechos gigantesca con riesgos ambientales colosales. El gobierno aclaró que se los alimentará con el maíz y la soja que hoy en día se producen en el país. Solá definió al proyecto como “empaquetar maíz y soja en cuatro patas”. Por otra parte, se afirma que se espera que las locaciones donde se instalen estas fábricas van a contar con cercanía o capacidad de generar esa alimentación. Como fuera, este proyecto culminará indefectiblemente en nuevos procesos de desmonte, mayor concentración de la producción, en riesgos sanitarios monumentales y en un aumento del precio del maíz en el mercado interno por el crecimiento de su demanda. Todo para que un puñado de empresas amasen fortunas y el gobierno del Frente de Todos recaude dólares para pagar la deuda externa. El verso de que estamos ante un proyecto que busca la soberanía alimentaria es menos creíble aún que el ya difunto anuncio de expropiar Vicentin.

Ni en noviembre, ni nunca

La postergación de la firma del memorando de entendimiento fue vista por el movimiento de lucha ambiental como un primer triunfo, pero la pelea debe seguir hasta que caiga definitivamente. El gobierno peronista ha salido a decir que quienes protestan son “sectores urbanos, ideologizados, que no saben cómo funciona el campo”. Pero fue desde las propias provincias señaladas como receptoras del emprendimiento que surgieron las alertas, e incluso desde los pequeños productores y campesinos que ven en este proyecto una profundización del modelo de agronegocios depredador y contaminante vigente hace décadas. Ese modelo que ganó fisonomía justamente con Felipe Solá como secretario de Agricultura del menemismo, cuando en otro memorándum, redactado en inglés, como el actual, dio luz verde al copamiento del campo argentino por parte de multinacionales como Monsanto.

También el gobierno lanzó la campaña de tratar de decir que quienes protestan contra este acuerdo son financiados por la embajada yanqui, argumento trillado de la liturgia peronista kirchnerista si los hay. La realidad, desde ya, es bien distinta. La convocatoria del 25A dijo claramente: “No al pacto de megafábricas de cerdos ni con China, ni con nadie”. Pero a su vez, se trata de un reclamo dentro de un pliego más general que incluye el rechazo al conjunto de la política de sometimiento al FMI y los acreedores externos que desarrolla el gobierno de Fernández. Con la misma vehemencia con que repudiamos este acuerdo con China, saldremos a rechazar el proyecto de ley de hidrocarburos que promueve el gobierno al servicio del fracking y Chevron.