Escribe José Castillo

Esta semana se realizarán las audiencias públicas que exige la ley como paso previo a aumentar las tarifas eléctricas y del gas. Si esas audiencias siempre terminan siendo meramente formales (solo se cumple en convocarlas, ya que son “consultivas” y no obligan a nadie), esta vez serán más truchas que nunca. Ni siquiera se realizarán en forma presencial. Se tratará de una puesta en escena virtual, a la que el propio ministro Guzmán ni siquiera se asomará.

En concreto, se trata de cumplir con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional: la de reducir los subsidios a las privatizadas para cumplir con los pagos de deuda externa. Claro que, para cumplir con esto, ni por asomo se piensa en que las empresas reduzcan sus ganancias. Por el contrario, todo se resolverá haciendo que los usuarios paguen más.

El gobierno del Frente de Todos anunció todo un plan de “segmentación”, supuestamente para que el pueblo trabajador no sufra el tarifazo. ¡Mentira! Ahora que llegó la hora de la verdad, los números están a la vista: al 20% que ya se aumentó en marzo, hay que sumarle otro tanto para la mayoría de los usuarios. El incremento promedio será de 42%. Y, como ya se viene rumoreando, no se descartan nuevos aumentos en el año si con eso no se alcanza al ajuste requerido por el Fondo.

Obviamente que la salida es, antes que nada, romper las cadenas de ese acuerdo infame con el FMI. Pero a eso tenemos que sumarle la inmediata reestatización de todas las privatizadas bajo gestión de sus trabajadores o usuarios. Porque la alternativa no puede ser más subsidiar a los monopolios privados, o tarifazos, sino, por el contrario, servicios públicos de calidad con tarifa social para quien la necesite.

Escribe Guido Poletti

Sri Lanka se suma a la lista de países donde estallan rebeliones populares como repudio a los planes de ajuste. En esta isla, ubicada al sudeste de la India, el gobierno de Gotabaya Rajapaksa venía hambreando al pueblo para cumplir con los vencimientos de una deuda externa de 54.000 millones de dólares (el 102% de su PBI). Una combinación de deudas con China, India, Japón y el Banco Mundial, llevó al país a su peor crisis económica desde la independencia de 1948. Se llegó al extremo de que el país ya no tenía cómo pagar sus importaciones de combustibles, alimentos y medicinas.
El pasado 28 de abril estalló la huelga general, acompañada de gigantescas manifestaciones que llevaron a la renuncia del primer ministro Mahinda Rajapaksa, hermano del presidente. Ello sucedió luego de que una enorme movilización llegara a copar la residencia presidencial en la Capital, Colombo, donde se habían refugiado el hasta entonces primer ministro y su familia, que terminaron siendo prácticamente “rescatados” por un operativo militar.

Sin embargo, la movilización continúa, exigiendo la renuncia del propio presidente, cabeza del clan de gobierno, la familia Rajapaksa, símbolo de la corrupción, los negocios capitalistas de la isla y la entrega a las transnacionales extranjeras, principalmente chinas.

El gobierno desplegó decenas de miles de tropas y las autorizó a disparar sin previo aviso, tras declarar el toque de queda. Incluso envió matones que atacaron a los manifestantes, asesinando a ocho de ellos. Pero, hasta ahora, las movilizaciones multitudinarias continúan. “No nos vamos”, es la consigna que se escucha en las calles.

Sri Lanka, una pieza fundamental en la expansión imperialista china, donde el gobierno de Xi Jinping tiene inversiones por 10.000 millones de dólares y es una de las principales estaciones de la llamada “Ruta de la Seda”, está sacudida por esta enorme rebelión popular. Esto ha obligado al gobierno a tener que declarar la suspensión del pago de la deuda y a aceptar la dimisión del primer ministro. Ahora tambalea toda la estructura del gobierno y el régimen político. Esta isla del océano Índico se acaba de transformar en un nuevo ejemplo de cómo la implementación de feroces planes de ajuste para cumplir con los pagos a los acreedores terminan en insurrecciones que tiran o ponen en crisis extremas a los gobiernos.

Escribe Eli Rodríguez

La Anses informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales aumentarán 15% a partir del 1° de junio.

Con este aumento, el haber mínimo de 32.630 pesos recibirá 4.894,50 pesos más por mes, pasando a 37.524,50 pesos. La Pensión Universal para Adulto Mayor (Puam) pasa de 26.104 pesos a 30.020 pesos. Las pensiones no contributivas de 22.841 pesos a 26.267 pesos. Y el haber máximo de 219.572 pesos a 252.508 pesos.

Este aumento se aplica sin tomar en cuenta el bono de 6.000 pesos de abril ni el de 12.000 pesos de mayo.

Hay que tener en cuenta que la actual fórmula de movilidad no contempla la inflación para la actualización de los haberes. En el primer trimestre de este año, el promedio de la misma fue del 16,1%. Y se estima que la del segundo trimestre será superior.

Al 1° abril, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Adultos Mayores valía 97.238 pesos. Con este incremento, el nuevo haber mínimo no llega cubrir el 40% de ese monto.
Hoy, son más de 4,6 millones las y los jubilados-pensionados que perciben hasta 38.630 pesos. Con el aumento no llegarán a 45 mil pesos y seguirán en condición de pobreza.

Aunque diga lo contrario, nuevamente el gobierno del Frente de Todos les roba a los jubilados.

Escribe Claudio Funes

El martes 10, decenas de columnas, de las casi cuarenta organizaciones sociales combativas que integran la Unidad Piquetera, partieron de distintas provincias para ingresar el próximo jueves 12 a la ciudad de Buenos Aires por tres puntos: por Retiro lo harán las columnas que partieron desde el noreste (NEA) y noroeste (NOA) argentino; por Once las provenientes de las provincias de Cuyo y Neuquén y por Constitución las que marcharon desde La Patagonia, el interior de la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Desde esos tres barrios convergen, alrededor del mediodía, en Plaza de Mayo “Por trabajo y por salario; contra el hambre y la pobreza”.

Son los mismos reclamos de fondo que le hicieron llegar al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, durante el acampe de 48 horas en la avenida 9 de Julio, a fines de marzo, y que les fueron tajantemente rechazados. Es que el gobierno de Alberto Fernández se aferra a su pacto de ajuste con el FMI y por ello se niega a aumentar los cupos para planes sociales e incrementar los montos del plan Potenciar Trabajo. Ni hablar de brindar una solución de fondo al problema de la falta de puestos de trabajo.

Con la batuta de la economía nacional en manos del Fondo, la crisis social continúa profundizándose y el gobierno se vio obligado, por el gran descontento popular, a otorgar un nuevo bono, 18.000 pesos -a cobrar en dos cuotas 9.000 pesos en mayo y junio-.  Más de 14 millones de personas lo han solicitado, haciendo colapsar la página de la Anses. Sucede que, como consecuencia del ajuste, no cesa el deterioro del poder adquisitivo de los hogares de menores recursos. La suba de precios de los alimentos en los barrios populares es feroz, estos escalaron un 31,5% durante el primer cuatrimestre. (BAE Negocios, 04/05/2022)

El “refuerzo de ingresos” es totalmente insuficiente, ya que la situación de los millones que lo perciben volverá a deteriorarse a partir de julio. Los bonos son solo parches que consolidan la pobreza.

A los movimientos de desocupados combativos los asiste la razón cuando reclaman puestos de trabajo genuinos sin precarización laboral; un salario igual a la canasta familiar y un aumento de emergencia para que ningún trabajador ni jubilado esté por debajo de la canasta de pobreza. Cuando exigen aumento inmediato de los programas sociales y su apertura para todo aquel que lo necesita; la asistencia a comedores populares, acceso a una vivienda digna, por salud y educación pública de calidad.

Izquierda Socialista hace suyas las demandas de la Marcha Federal y se solidariza con la lucha por conquistarlas.

Mientras, manifestamos que la generación de trabajo genuino es posible, hoy mismo, como señala el proyecto de Ley presentado por el diputado Giordano y la diputada Schlottauher, ambos de Izquierda Socialista/FIT Unidad: solo con lo destinado en los últimos meses al pago de Deuda Externa se puede realizar un plan de construcción de 500.000 viviendas populares y brindar trabajo a más de 2.000.000 de personas directamente, además de empleos indirectos. Reclamamos que el gobierno rompa su pacto con el FMI, deje de pagar la ilegítima, ilegal y saqueadora Deuda Externa, y destine esos fondos a resolver, entre otros, los problemas de empleo y salario que sufrimos toda la clase trabajadora.

En el primer trimestre de este año aumentó la pobreza. Con el gobierno del Frente de Todos y el FMI es una tendencia que continuará junto a la inflación. Un informe del IAE, de la Universidad Austral, proyecta que a las elecciones de 2023 se llegará con 50% de pobreza. (cronista.com, 5/5/2022)

Escribe Mariano Barba

En un acto preparado a su medida, el jueves 8 la vicepresidenta habló sobre “Estado, poder y sociedad: la insatisfacción democrática» al recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus). Contó con un auditorio propio y durante una hora y media de alocución se dedicó a despegarse del gobierno del que ella es integrante fundamental.

Por la publicidad previa con la que contó, parecía que Cristina presentaría una propuesta novedosa ante la grave crisis que afecta a millones de trabajadores y sectores populares. Tocó varios temas, pero esa propuesta novedosa no llegó. Expresó que “hay un fenómeno en la Argentina que nunca habíamos conocido y que es el de los trabajadores, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia que son pobres” y que “la plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes”, en tono crítico con Alberto Fernández. Agregó que a los “estados modernos les faltan herramientas para enfrentar a los poderes”.

Esta reflexión se da en el marco de la bronca creciente contra el gobierno del Frente de Todos por el ajuste y la inflación; ajuste del que Cristina no quiere hacerse cargo. Habló olvidando que desde el 2002 en adelante el peronismo gobernó en dieciséis de los veinte años, de los cuales el peronismo kirchnerista participó en todos los mandatos. O sea, su participación como gobernanta en las últimas dos décadas la hacen responsable de la decadencia del país, del crecimiento de la pobreza, la desocupación y la pérdida del poder adquisitivo. Olvida que estas razones llevaron a que en 2015 perdiera las elecciones a manos de Macri, quien hizo crecer la deuda externa que ahora su gobierno junto a Alberto está pagando con ajuste y mayor pobreza.

También en su charla se refirió a la “insatisfacción democrática”, diciendo que los estados modernos no tienen todas las herramientas que necesitan para enfrentar el poder económico. Desde Izquierda Socialista opinamos que el problema es que todos los que gobiernan y gobernaron lo hacen al servicio del imperialismo, las grandes patronales y los pagos de deuda. Y sus consecuencias están a la vista, con los porcentajes crecientes década a década de pobreza y marginación. Ahí está el origen de la “insatisfacción”.  

El modelo de la dictadura china

Luego de aclarar que no existe una “pelea” al interior del gobierno sino solo un “debate”, Cristina se metió de lleno en defender el modelo de producción chino como referencia positiva. Hace unos días había declarado que “el capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz”, ahora avanzó en definir que “el capitalismo más exitoso es el de China”. Esta aseveración deja al desnudo el verdadero pensamiento de la vicepresidenta, ya que en el capitalismo imperialista chino las condiciones laborales son las de mayor explotación en el mundo, con salarios miserables y más bajos que en nuestro país, con una represión sangrienta y sin derechos gremiales ni partido político permitido. Todo está controlado por el Partido Comunista Chino que a su vez es gobierno y controla al ejército.

En síntesis, la conferencia de Cristina fue una nueva expresión del doble discurso. Buscó, una vez más, despegarse de las consecuencias del ajuste exigido por el FMI. Pero en lo concreto, no propuso salir a enfrentarlo ni, mucho menos, ningún plan económico alternativo al que aplica actualmente el gobierno. Frente a todo esto queremos llamar a la reflexión a los compañeros que tienen expectativas en Cristina y el kirchnerismo. Creemos que cada día se ratifica más que no son salida para el pueblo trabajador. Esta solo puede venir de la mano de otra alternativa política, que proponga un plan económico alternativo, obrero y popular, que a partir de dejar de pagar la deuda y romper con el FMI priorice resolver los más urgentes problemas del pueblo trabajador.