Escribe José Castillo

El ajuste salvaje de Milei llegó a las provincias, generando roces con los gobernadores. Estos, amagaron rebelarse, pero salieron a negociar. Milei les ofrece ahora un “pacto” para mayo, a costa de profundizar el plan de guerra contra las y los trabajadores.  Pero la crisis política sigue su curso.

Hace un par de semanas, Milei salió derrotado con la Ley Ómnibus. Una demostración de que, pese a que es un gobierno con menos de tres meses, del apoyo del FMI, del imperialismo yanqui y de los grandes empresarios, tiene un fuerte y creciente repudio popular, y una debilidad que le señalan los mismos que lo aplauden: ¿lograrán hacer pasar este ajuste? ¿serán capaces de hacer pasar la reforma laboral, la jubilatoria, las privatizaciones? La segunda del FMI, Gita Gopinath, vino especialmente a nuestro país para plantearle al gobierno que tienen que “ampliar su base política de sustentación”.

La crisis con los gobernadores

Milei se jacta de haber logrado en enero, el mayor recorte de gasto público de la historia. Es cierto: lo hicieron centralmente hambreando a las y los jubilados, recortando salarios estatales. Una parte importante de ese ajuste se plasmó no enviando fondos a las provincias. Que, precisemos, no es para “las provincias” en general, sino bien en concreto, para los docentes, tal el caso del Fonid, o para políticas sociales específicas.

¿Cómo reaccionaron los gobernadores? Estos, de distinto signo político (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) tuvieron una reacción que, más allá de los matices, fue similar. Por un lado, comenzaron a implementar el ajuste en sus propias provincias (notable, por ejemplo, en la forma en que se están dando las discusiones sobre los salarios docentes). Por el otro, salieron a protestar contra el gobierno nacional, buscando desviar hacia allí la presión por la bronca popular y también de sectores patronales de sus propias economías regionales afectados por el ajuste.

El caso que ganó más notoriedad fue el de Ignacio Torres, de Chubut. Asfixiado por el recorte del gobierno de Milei, llegó a amenazar con cortar el suministro de gas y petróleo al resto del país si no se le giraba los fondos. Llamó la atención por la radicalidad del planteo, y más aún por tratarse de un gobernador del PRO, alineado hasta días antes con el sector más cercano al gobierno. Recibió el apoyo de 22 de los 23 gobernadores e incluso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (sólo mantuvo silencio el gobernador peronista tucumano Osvaldo Jaldo), desnudando la debilidad del gobierno de Milei. Claro que, como era de esperar, bastó un simple fallo de la justicia local obligando a volver a enviar esos fondos a Chubut para que se terminara la “combatividad” del gobernador chubutense, y todo volviera a su cauce.

El “pacto de Mayo”

El presidente Milei, en su discurso del 1° de marzo, llamó a firmar un pacto con los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba. A cambio de la promesa de algunos fondos para las provincias (que provendrían, luego se supo, de volver a imponer el impuesto a las ganancias sobre los salarios), los gobernadores deberían apoyar el reenvío al Congreso de la Ley Ómnibus. Y un paquete de 10 puntos que contiene, entre otros, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, privatizaciones, terminar con los convenios colectivos por rama, pasando a “por empresa” y la vuelta de un sistema de jubilación privada. Ya la mitad de los gobernadores corrieron a decir que estaban de acuerdo con este auténtico pacto contra el pueblo trabajador.

Pero, ni de lejos, esto quiere decir que se haya cerrado la crisis política. El gobierno sigue teniendo una relación con la oposición patronal muy complicada, producto de su propia debilidad (no tiene un solo gobernador propio y sus bancadas legislativas son muy minoritarias), de la propia crisis de los partidos patronales y, sobre todo, de la bronca popular creciente que presiona por todos lados.

¿Cuál es la salida?

Obviamente que no podemos tener ninguna confianza en los gobernadores ni en los bloques legislativos de los partidos patronales opositores. Tampoco en el accionar de la Corte Suprema y los jueces. La pelea contra el plan de ultraderecha de Milei se definirá con la lucha obrera y popular.

Se puede ganar. Es posible derrotar este plan de guerra contra el pueblo trabajador. Lo demostró la caída de la Ley Ómnibus, tras el paro del 24 de enero y las movilizaciones que se dieron. Pero, así como Milei pega fuerte en lo que se propone, la respuesta debe ser del mismo tenor. Es más necesario que nunca que la CGT y las CTA llamen a un nuevo paro nacional y a un plan de lucha que permita unificar todas las luchas sectoriales hoy dispersas. A la vez, frente a gobernadores que negocian y llevan adelante su propio ajuste en las provincias y a un peronismo que viene de gobernar y llevarnos al desastre, tenemos que reafirmar que la única salida es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: un plan económico distinto, opuesto por el vértice al actual, que arranque de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que, en vez de otorgar más privilegios a las grandes empresas, les ponga fuertes impuestos. Con el objetivo de poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.

Un auténtico manifiesto contra el pueblo trabajador. Aquí lo “traducimos”:

“1. La inviolabilidad de la propiedad privada”
 Prohibición a reestatizar. Vía libre para que las patronales hagan lo que quieran, fijen precios abusivos y obtengan super-ganancias.

“2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.”
Seguir el ajuste del gasto a costa del hambre de las y los jubilados, salarios a la baja y destrucción de la salud y la educación públicas.

“4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
 5. La re discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.”
Menos impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Ajustar el gasto provincial, en particular salud y educación.

“6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.”
Más saqueo y destrucción ambiental.

“9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.”
Reducir la representación de las minorías y en particular de la izquierda.

“10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.”
Liquidar la industria nacional, cerrar miles de empresas y aumentar el desempleo.

El punto 7, liquidar las conquistas de la clase trabajadora

La propuesta dice textualmente:
“7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.”

Se trata de la más absoluta flexibilización laboral y la derogación de todas las conquistas que logró la clase trabajadora en 100 años de lucha. Y una en particular: el convenio colectivo por rama de producción. Milei en su discurso dijo expresamente que va a reemplazarlo por otro “por empresa”, un viejo deseo patronal para atomizar a la clase trabajadora y quitarle poder de negociación.

El punto 8: vuelve la jubilación privada

Dice el texto:
“8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.”

Detrás de la palabra “sustentable” está seguir hambreando a jubiladas y jubilados, aumentar la edad de retiro, liquidar los regímenes especiales (empezando por el docente) e impedir que se jubilen aquellos que no tengan los años de aporte.

Pero también aparece el planteo de volver a la jubilación privada, como en los ‘90 con las trístemente célebres AFJP, y aún peor, ya que ahora se habla de un sistema de seguros privados que no garantizarán ni siquiera un haber mínimo.

Escribe José Castillo

¿Cual es el principal objetivo del plan “motosierra” y “licuadora” de Milei? Nunca nos cansamos de repetirlo: garantizar los pagos de deuda externa y cumplir con las exigencias del FMI.
El gobierno se jacta del super-ajuste realizado en enero. Veamos los números. El gasto primario (esto antes, antes de contar los pagos de deuda) se redujo un 39,4% interanual. El mayor recorte fue sobre jubilaciones y pensiones. Luego le siguieron la baja de subsidios que redundaron en los tarifazos, salarios públicos y planes sociales pulverizados y un virtual congelamiento en transferencias a las provincias (que terminaron pagando los docentes, con la caída del Fonid). Pero mientras todo esto caía el pago de intereses de la deuda se incrementó en un 26%. Conclusión: hambre para el pueblo trabajador y más plata (que evidentemente “hay”) para los buitres acreedores y el FMI.

En este marco se dio la visita relámpago el 21 y 22 de febrero último, de la Primera Subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath. Aplaudió el ajuste, mientras cínicamente afirmaba que “hay que sostener a los sectores más vulnerables”. Lo que entre líneas estaba expresando Gopinath es la duda del propio Fondo (como la de muchos grandes empresarios y asesores del establishment) de si Milei es capaz de hacer pasar semejante ajuste. Por eso insistía en recomendarle al gobierno que buscara más “sustentabilidad política”, léase que tratase de conseguir aliados en la oposición patronal. Claro que, al mismo tiempo, ante el pedido del gobierno, aclaró que por ahora no habría un dólar más para la Argentina y que el gobierno tenía que limitarse a cumplir religiosamente con los vencimientos que se van dando.
Unos días después, Luis “Toto” Caputo, en la reunión de ministros de Economía del G20 que se realizó en Brasil, se juntó con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Ahí se repitió la escena: felicitaciones por llevar adelante un ajuste más duro aún que el exigido por el organismo, dudas sobre “si es sustentable política y socialmente” (traducido: si no estalla todo producto de la protesta popular) y negativas a soltar un sólo peso más.

No hay que confundirse. El plan de Milei no consiste en “sacrificarse hoy para salir de la crisis mañana”. Es, repetido y aumentado (muy aumentado) el saqueo de seguir pagando una deuda ilegal, ilegítima, inmoral e impagable, bajo la atenta mirada de quien “hace de policía” y exige el ajuste para este fin: el Fondo Monetario Internacional. 

Escribe Mariano Barba

Entre diciembre, enero y febrero (estimado en el 15%) la inflación acumulada escaló al 73% en el índice general de precios. Pero si observamos el de alimentos, la suba de precios ha sido el 95 % en los últimos tres meses, bajo el gobierno de Milei. Si ya era escandalosa la inflación de todo el 2023 que alcanzó al 211 % con el gobierno peronista de Alberto, Cristina y Massa, en los últimos tres meses, los salarios y las jubilaciones se pulverizaron, aún más. Se impone de inmediato, un  aumento de emergencia.

La actual recesión económica se profundiza velozmente generando un período de retroceso en la producción de bienes y servicios en casi todos los rubros mientras la inflación continúa con índices altísimos. Crecen los despidos, se achican las changas y las obras de la construcción y se paralizan plantas industriales como Acindar y otras. A esto los economistas le llaman estanflación. Este estancamiento con inflación es una verdadera licuadora para el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados, monotributistas y ni hablar para los que viven de un subsidio o del trabajo en negro y la changa. La pobreza ya alcanzó (según la UCA) al 57,4 % en enero y la indigencia al 15 %. Una verdadera catástrofe capitalista.

El plan del gobierno ultraderechista es profundizar este deterioro del salario para que las grandes patronales de la industria, el comercio, el campo y la minería, sigan embolsando extraordinarias ganancias. Una prueba contundente del plan de Milei fue cuando oficializó el ajuste del Salario Mínimo Vital y Móvil, a través de la Resolución 4/2024, disponiendo de un miserable 30% en dos pagos, quedando fijado en 202.800 pesos a cobrar recién en abril.

La canasta básica para una familia tipo de cuatro miembros, según ATE-Indec, alcanzó al 30 de enero un valor  de 931.000 pesos para no caer en la pobreza. Mientras tanto, el sueldo de bolsillo promedio de los trabajadores registrados de todo el país alcanzó en enero a 263.750 pesos, con el agravante que el aumento del precio de algunos productos ultra básicos desde diciembre a la fecha fue exorbitante: el aceite de mesa subió 207,6 % y el arroz 234%, por ejemplo. Y marzo será un mes con nuevos y enormes aumentos en los servicios de luz y gas, además del nuevo aumento de los transportes y los celulares y los alquileres seguirán subiendo. Hasta la clase media se verá afectada por el ajustazo, ya que la canasta básica para ese sector social alcanza a 1.717.400 pesos (Ecolatina).

La burocracia sindical deja correr

En su largo documento Cristina dejó en claro, entre otras cuestiones, que coincide con Milei en “achicar” el déficit fiscal y “actualizar” (reformar) las condiciones laborales. Es un mensaje conciliatorio con el presidente, y para que la dirigencia y la burocracia sindical peronista miren para otro lado.

La caída del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años (ver gráfico), es responsabilidad de las burocracias sindicales junto a las patronales y al gobierno peronista del Frente de Todos antes y de Milei ahora, porque en las paritarias firman acuerdos por debajo de la inflación, y cada tanto firman un porcentaje en concepto de “recupero” que cuando los trabajadores los reciben la inflación ya lo licuó, o sea pierden mes a mes una parte del poder adquisitivo. Un ejemplo de cómo actúan es Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, que aceptó y firmó sin ninguna consulta con las bases ferroviarias, un ajuste del 12 % para febrero. En síntesis, con esta dirigencia sindical peronista seguiremos perdiendo.

Aumento de emergencia de salarios

Para frenar esta pulverización de los ingresos, desde Izquierda Socialista planteamos un plan económico alternativo que comience con un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones y la actualización mensual según el Indec, con paritarias que empiecen por la recuperación de lo perdido en el camino hasta alcanzar un salario igual a la canasta familiar. Solo con declaraciones críticas hacia Milei no lograremos recuperar lo perdido ni frenar el ajustazo del gobierno que es avalado por los gobernadores en cada provincia donde los ajustes de sueldos a los estatales están muy por detrás de la inflación. Necesitamos otro paro nacional de las centrales sindicales que tenga continuidad en un plan de lucha nacional, como lo está exigiendo el sindicalismo combativo.

Escribe Mariano Barba

Durante el 2023, el incremento que alcanzaron las jubilaciones y pensiones mínimas fue de 167%, mientras la inflación general fue de 211%. En diciembre pasado, con el aumento del 20,5 % y el plus de 55.000 pesos solo cobraron la miserable suma 160.713 pesos. Pero hubo otro agravante para los casi 6 millones que cobran la mínima, ya que durante el 2023 el precio de los medicamentos aumentó el 319 % según el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar), lo que generó una caída de las ventas de medicamentos básicos e imprescindibles de un 26% desde octubre a enero, caída que creció en febrero. Es decir, se agravó  la calidad de vida de las y los jubilados y la posibilidad de tratar sus enfermedades.

Por si todo esto fuera poco, la motosierra de Milei aceleró al máximo contra las y los jubilados, transformando el robo en un hecho aberrante ante la espiral inflacionaria, porque el 27.18 % de aumento que cobrarán desde marzo a mayo lleva la jubilación a 204.445 pesos mensuales con el bono de 70.000 incluido; mientras que la canasta básica que estaba en febrero en 931.000 pesos, este mes superará el millón de pesos. En síntesis, la jubilación alcanzará en marzo solo para la cuarta parte de la canasta. Ni hablemos para cuanto alcanzará en mayo, fecha de la nueva actualización del trimestre. Repudiamos a Milei que festeja que bajó el déficit fiscal robándole a los jubilados casi 2 puntos del PBI, siendo los más ajustados. Las centrales sindicales deben asumir la defensa de este sector reclamando un aumento de emergencia para que jubilados y pensionados puedan vivir dignamente.