Jul 15, 2020 Last Updated 3:36 PM, Jul 15, 2020

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac Pico Truncado, Docentes en Marcha

En medio del posible pico de la pandemia, con Fase 1 en AMBA y retrocesos en la cuarentena en varias provincias, el ministro de Educación Trotta presentó ante el Consejo Federal de Educación (CFE) un protocolo para regresar a las clases presenciales. En el Consejo, los ministros de Educación provinciales lo aprobaron por unanimidad. El “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clase” tiene indicaciones, procedimientos y acciones pedagógicas, organización institucional, sanitarias y de seguridad. ¿Por qué el apuro para que docentes y estudiantes arriesguemos nuestra salud y la de nuestras familias?

Ni un solo docente que está cotidianamente en una escuela fue consultado. Ni estudiantes de ningún nivel, trabajadores o familias. Salvo la burocracia kirchnerista de CTERA/CTA, que con Baradel, López y Monserrat estuvo en la reunión junto con Sadop, UDA, AMET y CEA y avalaron este protocolo.

El ministro pretende que docentes, directivos y supervisores, con “ayuda de la comunidad” y sectores “sanitarios y sociales” garanticemos el proceso de enseñanza aprendizaje, apliquemos la bimodalidad  (clases presenciales y virtuales) y trabajemos en distintos horarios. Que en las aulas se dividan grupos de estudiantes de entre cinco a ocho en “burbujas” (aislados en cada aula y del resto de la escuela), limpiando todo cada quince minutos, ventilando aulas, haciendo campañas de salud, cartelería, identificando grupos de riesgo, creando espacios para “salas de salud”. Y además que logremos revertir las desigualdades educativas que se profundizaron con la virtualidad, con millones de alumnos sin conectividad, computadoras o celulares.

En vez de armar “burbujas” en las escuelas, lo que hay que hacer es sacar al ministro y sus asesores de la “burbuja” social en la que viven, parece que no tienen idea de la imposibilidad de la implementación de este protocolo. Cualquier familia sabe que, antes de la pandemia, miles de escuelas estaban en condiciones deplorables de infraestructura. Faltan aulas, cloacas, agua, calefacción, insumos de limpieza, vidrios, puertas y un gran etcétera. Faltan docentes y preceptores, estamos precarizados, debemos trabajar todo el día, tenemos alumnos de escuelas especiales que solo reciben acompañantes terapéuticos uno o dos días a la semana.

Es interesante leer comentarios y preguntas de docentes en el Facebook live de Trotta cuando presentó el protocolo. “¿Cómo mantener niños entre círculos de 2 metros cuadrados, o con sus barbijos puestos? ¿Cómo dar clases presenciales dividiendo los alumnos en un grupo primero, otro día otro y otro día otro y, a la vez, dar clases virtuales? ¿En qué momento, en qué horarios? ¿Cómo higienizar y limpiar aulas, bancos, puertas cada quince minutos si no tenemos lavandina, alcohol en gel o toallas de papel, si los baños están clausurados o falta agua regularmente? ¿Otra vez los docentes y las familias los tendremos que comprar? ¿Cómo ‘coordinaremos’ con el personal de la salud en las escuelas si ya están desbordados en hospitales y clínicas?”.

Antes de la pandemia, desde Docentes en Marcha y los sindicatos combativos reclamamos la declaración de la emergencia presupuestaria en educación para que se asignaran partidas para resolver los graves problemas de infraestructura. Nada se resolvió durante el parate en la cuarentena. Ningún protocolo puede ser viable sin inversión. Tampoco sin consultar a los docentes y las familias. La apertura de clases presenciales, además, hará explotar en muchas provincias el transporte público, con alumnos y docentes que corren de una escuela a otra.

En lo inmediato, la preocupación de docentes, estudiantes y familias pasa por evitar mayores contagios o muertes. Y, en ese marco, avanzar en lo que se pueda en la educación de manera virtual. El gobierno no garantiza los fondos necesarios para la virtualidad. Y tampoco lo hará con la presencialidad y su protocolo “burbuja”. Fernández mantiene el mismo miserable presupuesto educativo que tenía Macri en 2019 y la inflación en 2020 siguió creciendo.

Es urgente reclamar fondos para educación. Que se garanticen ya herramientas tecnológicas, computadoras, netbooks, tablets o celulares para cada estudiante y cada docente. Conectividad de calidad y gratuita para todos. Que los docentes trabajen virtualmente en los mismos horarios que cuando lo hacían presencialmente, no seguir estando pendientes y conectados las veinticuatro horas. Que se nombren los miles de cargos y módulos de docentes que el gobierno no nombró. Se quedó con millones de pesos, mientras docentes pasan miseria. Que se aumenten los salarios recuperando lo perdido en 2019 con Cambiemos y en 2020 con este gobierno. ¡Hay provincias que no recibieron un solo peso de aumento desde el año pasado, como Santa Fe! ¡Y otras que tienen meses adeudados, como Chubut! Además, la mayoría de la docencia cobra salarios por debajo de la canasta familiar y miles por debajo de la pobreza.

Para esto es necesario que se renacionalice el sistema educativo, que el estado nacional vuelva a ser el único responsable del financiamiento. Que se cobren fuertes impuestos a las grandes empresas y se deje de subsidiar multinacionales y la educación privada. Que no se pague la deuda externa. Y con todos esos fondos dar un presupuesto de emergencia para educación pública y los salarios docentes. Sólo así podremos volver a clases, después de la pandemia.

 

Todos con Iván Ocantos

Escriben Paula Alfaro y Héctor Saucedo, congresales de Suteba de Lomas de Zamora

Los docentes bonaerenses, junto al resto de los trabajadores estatales, venimos sufriendo el ataque del gobierno hacia nuestra obra social. Se destinaron 400 millones de pesos de nuestros aportes a solventar la salud privada y, a pesar de que en 2019 su presupuesto fue de 53.000 millones de pesos, nuestra obra social no cubre muchas prestaciones y obliga a los afiliados a pagar aranceles extraordinarios. Mucho más complicada es la realidad de los enfermos crónicos con tratamientos complejos y medicaciones de alto costo, quienes prácticamente son abandonados a su suerte por el IOMA y terminan siendo víctimas de graves afecciones y, en muchos casos, fallecen. Junto con  nuestra compañera docente de Lomas de Zamora Verónica Ocantos, desde Docentes en Marcha venimos denunciando el abandono que hace IOMA hacia su hijo Iván, de 23 años, que sufre epilepsia refractaria. Además de la medicación, Iván necesita a su acompañante terapeútica quien, al igual que muchos colegas, pasa meses sin cobrar.

Gracias al reclamo y a la enorme campaña de difusión de la compañera, docentes del distrito, familiares, afiliados, la lista Multicolor de Suteba Lomas de Zamora y los gremios opositores, hemos conseguido que su acompañante fuera nombrada, pero aún falta que le paguen los haberes que le deben.

Denunciamos al gobierno de Kicillof y a todos los anteriores por el vaciamiento del IOMA, exigimos a Suteba y al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) un plan de lucha para lograr su regularización. Y llamamos a continuar la pelea para que los fondos de la obra social sean para cubrir las prestaciones de los afiliados. Plata para salud, no para la deuda externa.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys CABA

El Ministerio de Educación de CABA comunicó a nuestro sindicato ADEMYS, de manera informal, la decisión de abonar el aguinaldo de manera escalonada. Esto por un lado, demuestra la alineación política con el gobierno de Alberto Fernández y de Kicillof en provincia, para aplicar idénticas medidas que afectan nuevamente a los trabajadores y la profundización de esta política en CABA a partir de la sanción de la Ley de Emergencia sancionada el 7 de mayo. Con la excusa de la pandemia siguen aplicando recortes a los que viven de su salario, sin aplicar una mínima medida  de ajuste a los empresarios, las multinacionales y los banqueros.

En Ademys inmediatamente convocamos a un paro virtual de actividades para rechazar esta medida, pero no de manera simbólica, sino en el marco de una serie de acciones programadas, como asambleas por escuelas, caravanas  invitando a otros sectores y sindicatos, etc., para lo que resta del mes, fecha en que tendríamos que cobrar el aguinaldo de  manera completa. Es así como el pasado lunes realizamos una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de Gobierno para denunciar a Horacio Rodríguez Larreta.

Nuestra compañera Mariana Scayola, secretaria general de Ademys denunció además las nefastas condiciones en que tanto docentes como estudiantes estamos llevando adelante esta cuarentena con el trabajo virtual costeado por docentes y familias.

Lamentablemente el resto de los sindicatos de la CABA, que ya conocían esta resolución (que fuera informada por el Gobierno en una reunión “para algunos”), no se sumó al paro de actividades y la burocracia Celeste de UTE sólo rechazó el desdoblamiento porque se trata “de la jurisdicción más rica del país”, avalando de esta manera al gobierno de Kicillof, de Fernández y demás gobernadores, que estarían justificados al aplicar el ajuste sobre el aguinaldo “por falta de fondos”.

Es necesario sumar y coordinar acciones con el conjunto de los estatales de la CABA y con los Sutebas Multicolores por el pago del medio aguinaldo completo. El mismo lunes, los SUTEBA se sumaron a la jornada de lucha contra el pago desdoblado del aguinaldo y otros reclamos a Kicillof, con un paro del trabajo “virtual”, mientras que SUTEBA Provincial Celeste y demás dirigentes del FUDB bonaerense (FEB, UDOCBA) se negaron a tomar ninguna medida de fuerza. Y realizarán una reunión de las directivas Multicolores abierta a dirigentes opositores de los distritos que dirige la Celeste, para definir la continuidad del plan de acción.

Hay que seguir exigiendo que se aplique ya un impuesto a las riquezas y movilizar para ello. Los dirigentes de la Celeste, Yasky, Baradel, Alesso, lo dicen, pero no hacen nada para imponerlo y dejan pasar el ajuste. Con ese impuesto, más el no pago de la deuda, tendremos los fondos necesarios para los problemas salariales, de educación, salud y demás necesidades populares.



Escribe Mariano Barba

En 20 días más, el gobierno provincial tratará de concretar su robo de la actualización por IPC, la gran conquista lograda en la enorme rebelión docente del 2018. Además,  anunció que puede pagar el aguinaldo en cuotas. Encima lleva adelante el vaciamiento del ISSN, nuestra caja de jubilaciones y la obra social. De esta manera el gobierno provincial, al igual que el nacional, aplica un ajuste tremendo sobre las espaldas de las y los trabajadores de la educación y sobre los estudiantes y las familias, a las que no abastece con la ayuda social necesaria ante la enorme carestía de alimentos y el aumento de la desocupación.

Ante las “acciones silenciosas” de la conducción kirchnerista de Guagliardo y la TEP de ATEN Provincial, desde la Minoría Multicolor de la directiva de Aten Capital, junto a otras agrupaciones opositoras, venimos desarrollando acciones en las calles, con movilizaciones, ollas populares, además de los paros virtuales. Hemos demostrado que sólo las acciones virtuales de la TEP no sirven y han sido un verdadero fracaso.

El jueves 18, realizamos una caravana imponente, que contó con 110 autos y recorrió gran parte de la ciudad para exigir todos los reclamos educativos planteados. Además, pasamos y nos detuvimos en el acampe de los trabajadores del Expreso Argentino que reclaman el pago de tres meses de sueldo y la restitución en sus puestos de trabajo. El lunes 22 hicimos un plenario de trabajadores de la educación, delegados y activistas opositores, que contó con una importante participación de 75 compañeros y compañeras, que debatimos durante dos horas tras el informe de la mesa. Hicieron uso de la palabra una treintena de participantes que analizaron la situación en el marco de la cuarentena, el ajuste del gobierno, las complicidades de las burocracias sindicales y la necesidad de seguir organizándonos en la calle para que la crisis no la paguemos nosotros, que la paguen los capitalistas.

Este importante plenario ratificó el rumbo de las acciones convocadas por la minoría Multicolor y decidió convocar a una segunda caravana para el jueves 1º  de Julio, que terminará en la escuela 115, que ha sufrido cinco robos durante la cuarentena y es la muestra del abandono educativo del gobierno. También se votó la convocatoria junto a todas las comisiones directivas de las seccionales opositoras a la realización de un plenario provincial de delegados y activistas para debatir y confluir con medidas en toda la provincia.

Al cierre de esta edición le estamos informando al  conjunto de la docencia que le arrancamos al gobierno la convocatoria a la cobertura de las vacantes de horas y cargos. Exigimos  que sea inmediato el llamado, porque las y los compañeros llevan tres meses sin trabajo y sin salario. La lucha sirve y demostramos que no hay cuarentena sin trabajo.







Hace unos días, sin previo debate ni con la comunidad educativa, sindicatos ni comisiones del Congreso, el gobierno hizo aprobar un cambio en el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional. Peronistas de todos los colores, Cambiemos y radicales no tuvieron “grieta” para aprobarlo. Solo los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, lo rechazaron.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

¿En qué consiste la modificación del artículo 109? A partir de ahora, la llamada “educación virtual”, que estaba reglamentada para alumnos mayores de 18 años y de zonas rurales, se extiende a todos los niveles educativos y en todo el país. ¿Por qué modificar la Ley de Educación Nacional (LEN), aprobada durante el kirchnerismo, sin siquiera debatirlo? El gobierno dice que es para “momentos excepcionales” como la pandemia. Pero no sería necesario modificar la ley, simplemente bastaría con un decreto de emergencia, mientras dure la cuarentena, que “reglamente” lo que estamos haciendo hoy.

Detrás de la modificación del artículo 109 está la política de profundizar e institucionalizar el negocio de las plataformas virtuales, que hace años llevan adelante importantes multinacionales en todo el mundo.

Como explica Laura Marrone en su artículo “La educación en tiempos de pandemia, navegando en aguas turbias” (https://bit.ly/2MLL9s0), “Milton Friedman, el pope del neoliberalismo, propuso en la década del ´70 embestir al último bastión que sobrevivía fuera de la economía de mercado: la educación. En 2002 había ocho operadores en GEI. En 2011, 127”.  “La tecnología digital, la mayor estandarización de los currículos, de las evaluaciones y de las políticas educativas impuestas por los organismos internacionales favorecen la venta de servicios educativos sin fronteras. Las empresas han incursionado en las escuelas públicas y privadas vendiendo diversos servicios educativos (editoriales, evaluaciones, asesorías, cursos, plataformas digitales, etcétera) que les permiten fabulosas ganancias. Solo Gran Bretaña tuvo en 2003/2004 ingresos por 23 billones de libras por la venta de cursos, maestrías, doctorados a clientes en el extranjero, más que lo que obtuvo como ingresos por su industria de automóvil”.  “Clinton Global Iniciative (CGI) es la más grande fundación en Estados Unidos. La CGI opera como intermediario entre los gobiernos, las fundaciones y los proveedores. En 2006 logró juntar 63.000 millones de dólares, tiene filiales en 170 países.

Esta política mercantilista en la educación hace años se implementa en el mundo y la Argentina no es excepción. La LEN del kirchnerismo habilitó toda esta ofensiva contra la educación pública y los derechos docentes y con el gobierno de Cambiemos pegó un salto tremendo.

El gobierno de Fernández no rompió con esta política. Como escribe Laura Marrone: “El 5 de marzo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, acordó con la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundation, la realización de proyectos educativos en común. Esta fundación, creada en 1993 por George Soros, actúa en más de 37 países promoviendo proyectos educativos que, bajo el paraguas de la defensa de la libertad y los derechos humanos, pretende formar a estudiantes y profesionales en la ideología del neoliberalismo y el capitalismo financiero”.

Ahora el gobierno incorpora a la LEN la virtualidad en todos los niveles e indica que podrá utilizarse “en caso de existencia de situación excepcional que dificulte o impida la asistencia presencial ”. Esto, además, abre la puerta al sueño de todo gobierno patronal, de incluir a la educación en un mal llamado “servicio esencial”. No es para invertir todos los fondos necesarios a un sistema educativo público y estatal de calidad, sino para prohibir el derecho de la docencia a reclamar y hacer paros, tal como lo acaba de hacer votar Larreta en CABA. Insistimos, en estos temas no hay “grietas” entre peronistas, kirchneristas, Cambiemos y radicales.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad denunciamos que, mientras se amplía la ley para el negocio de las plataformas virtuales y para cercenar el derecho de huelga, hoy millones de estudiantes no pueden participar de clases virtuales por falta de conectividad y de computadoras, quedando más marginados  aún en plena pandemia. Y lo mismo ocurre con miles de docentes.

Apoyamos los reclamos de los sindicatos docentes combativos de la Multicolor, que los gobiernos garanticen ya conectividad gratuita y sin límite de datos, distribución de netbooks para todos, así como el respeto a la jornada laboral de la docencia. La ley que hace falta aprobar es la que declare la emergencia educativa para volcar los fondos necesarios para salarios dignos, infraestructura escolar y tecnológica, construcción de escuelas y aulas y nombramientos de los docentes, preceptores y auxiliares necesarios. Usando plata para educación, no para la deuda externa ni subsidios a la educación privada.

 

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