Oct 28, 2021 Last Updated 11:28 PM, Oct 27, 2021

Escribe Ambiente en Lucha La Matanza

Klaukol ocasiona un desastre ecológico del cual sufren sus consecuencias la población matancera. Esto es lo que viene sucediendo con la multinacional suiza, que produce materiales para la construcción (impermeabilizantes principalmente) y está instalada en la zona de Virrey del Pino desde el año 2000.

En el año 2009 se produjo una explosión en una de las chimeneas que terminó de cubrir de polvo el barrio Las Mercedes, que se encuentra pegado a la fábrica. A partir de esto, una vecina (Susana Aranda), comenzó a hacer un censo casero y salió a la luz que muchas de las familias que viven en cercanía de esta empresa enferman recurrentemente de cáncer, enfermedades respiratorias y otras ligadas directamente a un producto que emana de sus chimeneas, el sílice.

En los últimos diez años más de 100 vecinos en cuatro o cinco manzanas en torno a Sika-Klaukol, han fallecido, inclusive familias enteras. En el 2014 la autoridad de Acumar comprobó que el 100 % de los chicos de la zona tienen plomo en sangre. Esta empresa tiene una categoría 3, esto quiere decir que es una industria nociva para las personas que viven alrededor y, según la ley provincial 11.459, no tendría que estar ubicada a menos de 8 kilómetros de cualquier casco urbano. Es por esto que los vecinos se empezaron a organizar exigiendo el cierre y la reubicación de la misma. Recurriendo a la justicia, lo que se viene pasando de juzgado en juzgado desde hace diez años sin que se expida. Han ido también al municipio para reclamar, pero el gobierno local (del partido justicialista) no ha dado respuesta. Es más, vienen sufriendo aprietes por matones a sueldo para que abandonen la pelea contra la multinacional, pero no los han conseguido acallar.

Desde mediados de 2020 y principios de 2021 el caso de Nadia Carbajal es emblemático: su estado de salud es muy delicado producto del sílice particulado que emana la chimenea de la fábrica que está frente a su casa. Por esto en marzo de este año han bloqueado el portón de Sika- Klaukol, sin respuestas, sufriendo ataques y persecución por parte de la multinacional, junto con el hostigamiento policial, sin atender el reclamo de los vecinos y la indicación de los médicos de Nadia de que ella por su condición de salud no puede estar en el barrio.
Desde Ambiente en Lucha  La Matanza venimos acompañando esta pelea poniéndonos a disposición de los vecinos contra Klaukol, colaborando con sus iniciativas y difundiendo las actividades. En la última asamblea del acampe el 4 de marzo pasado, participó el diputado nacional de Izquierda Socialista en el FIT Unidad Juan Carlos Giordano, para solidarizarse yayudando a la visibilizaciòn de esta lucha. También como parte del Suteba La Matanza, desde su comisión de Medio Ambiente y siendo docentes de la zona afectada por Sika-Klaukol venimos acompañando esta lucha exigiendo el cierre, la reubicación de esta empresa y que garantice a sus trabajadores el puesto laboral.

Escribe Viviana Puccio

En febrero de 2020, Alberto Fernández con un Decreto reconoce al DNU creador de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), e indica “revisar en 60 días la legalidad de todos los procesos (disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago) sobre inmuebles entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Fueron numerosos “los acuerdos” entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo tierras ferroviarias pertenecientes a las antiguas Playas de Maniobras (Palermo, Caballito, Liniers, Colegiales, Villa Urquiza, sectores de Retiro, Palermo Chico), que la AABE se encargó de rematar, pero también fueron tierras del dominio público de la Ciudad que ésta “transfirió” a la Nación y ésta, a su vez, a través de la AABE, a la concesionaria del Aeroparque Jorge Newbery.

La AABE vendió por su cuenta parcelas, entregó concesiones más que irregulares que afectan las superficies situadas debajo de los viaductos ferroviarios de las Líneas Mitre, San Martín y Belgrano Sur. Ya pasó más de un año y el informe de la AABE nunca se realizó.
Ambiente en Lucha junto con otras organizaciones ambientalistas y de vecinos, promovemos la presentación de proyectos de ley ante la Legislatura Porteña para la derogación de varias leyes de la Ciudad que favorecen la urbanización de las Playas Ferroviarias de Palermo, Caballito, Liniers, Colegiales, de Villa Urquiza, sectores de Retiro y Palermo Chico y que se habilite sólo usos comunitarios con espacios verdes públicos en los bajoviaductos. Estas leyes, en su momento fueron sancionadas por la “mayoría automática” con que cuenta el oficialismo local desde hace algunos años, sin pasar por el Congreso de la Nación, según manda la Constitución Nacional.

El problema principal son los funcionarios y políticos de todos los gobiernos patronales (nacionales, provinciales, municipales y de CABA) de todas las épocas, que priorizan los negocios inmobiliarios al bienestar de los trabajadores y sus familias. La política de beneficiar a la corporación inmobiliaria se convirtió en una política de Estado en las últimas tres décadas.

En las tierras recuperadas, podría idearse un sistema Metropolitano de Parques y Reservas Naturales del AMBA de acceso gratuito e irrestricto, resguardando la funcionalidad de su destino original, para el mejor funcionamiento de la red ferroviaria y reutilizar las construcciones patrimoniales para actividades educativas y culturales públicas.

Desde Ambiente en Lucha, apoyamos estos reclamos teniendo siempre presente que necesitamos que los vecinos se sumen y organizar así un plan de lucha con movilizaciones a los centros políticos y actividades  en los espacios a recuperar,  no sólo para preservar el patrimonio ferroviario sino también para mejorar y mejorar la calidad ambiental y de vida.

(Nota publicada en El Socialista n° 490, 26 de enero de 2021)

Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.
Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.
El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.
Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.

Escribe Guido Poletti

Desde mediados del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández viene avanzando con su proyecto de instalar en nuestro país megafábricas de producción de carne porcino con destino al mercado chino. Este acuerdo nació por la necesidad de la dictadura capitalista china de abastecerse de dicha carne luego del brote de la Peste Porcina Africana que, desde  2018 a hoy, ya obligó a liquidar el 40% de los cerdos en ese país. China busca reemplazar esa producción y para eso aleja de sus tierras estas megafábricas y hacer que otros países sufran los riesgos sanitarios y ambientales.
Un dato no menor fue que el primer anuncio de este proyecto no lo hizo el gobierno, sino el laboratorio Biogénesis Bagó, una de las empresas vinculadas con el ahora famoso empresario Hugo Sigman. Su conglomerado empresario multinacional queda así vinculado a ambos lados de la pandemia: por un lado como productor de la vacuna contra el coronavirus para AstraZeneca, y por otro, como promotor de las fábricas de potenciales próximas pandemias.

Si el acuerdo se llega a implementar, se convertiría a la Argentina en uno de los mayores productores industriales de carne porcina a nivel mundial, pasando de una producción de seis a cien millones de cerdos en los próximos 8 años. Se plantea la creación de de enormes establecimientos donde 12.000 madres darían a luz un promedio de treinta cerdos, culminando con 375.000 al año, en estado de hacinamiento, tortura, mutilación, proliferación de enfermedades, un consumo de millones de litros de agua y una generación de desechos gigantesca.Esto requeriría también la producción de 20 millones de toneladas de maíz y 5 millones de toneladas de porotos para la alimentación de los cerdos, lo que implicaría expandir más aún la frontera agrícola, con su consecuencia de desmontes, destrucción de humedales y biodiversidad.

Poner en marcha este tipo de factorías es un auténtico ecocidio. Los animales son hacinados en galpones generando gran cantidad de desechos y efluentes, focos de contaminación y la incubación de nuevos virus. Los cerdos son modificados genéticamente para ser más “productivos” y las respuestas inmunológicas se ven deterioradas por la gran cantidad de antibióticos que les son administrados para mantenerlos a salvo de las distintas enfermedades que aparecen y se propagan rápidamente, producto de esta forma de producción y reproducción. Se aumenta en forma exponencial el riesgo de procesos de zoonosis, o sea la transmisión de enfermedades de animales a humanos, tal como ha sucedido con el Covid 19. Como ejemplo, recientemente se descubrió en granjas industriales en China un virus conocido como G4 EA H1N1, que los investigadores temen que pueda mutar y expandirse fácilmente.El objetivo de todo esto es el de siempre: generar divisas para aplicarlas al pago de la inmoral e ilegítima deuda externa.

Una vez conocido el acuerdo, se dieron varias jornadas de rechazo, motorizadas por diversas organizaciones de defensa del ambiente, de las que participamos como Ambiente en Lucha. También fue uno de los temas prioritarios que se dio en su propia conformación la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones (BFS). Ante el crecimiento de la oposición al proyecto, el gobierno primero postergó la firma del pacto de entendimiento, planteando cínicamente que se incorporaría un artículo donde “se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad”.

Frente a la postergación, nuestra postura fue clara: “Ni en noviembre (la fecha hasta la que se postergó) ni nunca”.
El gobierno del Frente de Todos ha hecho gala frente al tema de toda la gama de su doble discurso. Por un lado  ha salido a decir que quienes protestan son “sectores urbanos, ideologizados, que no saben cómo funciona el campo”. Cuando fue desde las propias  provincias donde trascendió que se instalarán las fábricas que partieron las denuncias de pequeños productores y campesinos que ven en este proyecto una profundización del modelo de agronegocios depredador y contaminante vigente hace décadas.

También desde voceros del propio gobierno se lanzó la campaña de que quienes protestan contra este acuerdo son “financiados por la embajada yanqui”, cuando la convocatoria de la misma primera acción de protesta fue clarísima: “No al pacto de megafábricas de cerdos ni con China, ni con nadie”. Porque somos los mismos que, con la misma fuerza con que repudiamos este acuerdo con China, repudiamos el  fracking al servicio de Chevron o la Hidrovía del Paraná que le garantiza las superganancias a Cargill o ADM.
 
El ministro de Ambiente Juan Carlos Cabandié se la pasa haciendo declaraciones demagógicas acerca de una supuesta “agenda ambiental” del gobierno (mientras en la práctica demuestra su absoluta incapacidad e insensibilidad ante catástrofes como los incendios en la Patagonia). El propio presidente Alberto Fernández se reunió con referentes veganos y hasta se saca una foto con un cartel de “no al acuerdo porcino”. ¡Para que al día siguiente se ratificó que el proyecto sigue adelante!

En los primeros meses de 2021, “en silencio”, las negociaciones para instalar las megafábricas siguen adelante. En estos días ha trascendido la aprobación de un crédito por 194 millones de pesos del Banco de Inversión y Comercio (BICE) para ampliar la producción de cerdos de la empresa Los Llanos S.A.U. en la localidad de Chepes, La Rioja, en línea con el acuerdo entre nuestro país y China.

Desde Ambiente en Lucha y la Juventud de Izquierda Socialista, nos opusimos desde el principio a este acuerdo que profundiza el modelo del agronegocio tóxico con beneficios para unos pocos y en detrimento de toda la población y el ambiente. No queremos que Argentina se convierta en una factoría de cerdos ni una fábrica de nuevas pandemias. Sigamos organizados y haciendo escuchar nuestro grito: ¡No al acuerdo porcino!


Ambiente en Lucha es una agrupación compuesta por compañerxs de Izquierda Socialista y compañerxs independientes que coincidimos en la necesidad de organizarnos y actuar ante la destrucción ambiental capitalista. En este programa planteamos una serie de puntos centrales de intervención, denuncias, exigencias y propuestas por las cuales nos proponemos luchar en nuestro país buscando la más amplia unidad de acción. Se trata de un trabajo colectivo con compañerxs de todo el país, y a su vez, abierto para su debate, actualización y nuevas incorporaciones al calor de las peleas que llevemos adelante.

Al mismo tiempo, este programa se enmarca en la necesidad de sumarnos a la ola mundial que se está levantando y se expresa en las Huelgas Mundiales por el Clima. Procesos devastadores como el del aceleramiento del calentamiento global no tienen soluciones locales. Solo una lucha y un cambio profundo a escala mundial pueden frenarlo. Ante la catástrofe a la que nos lleva el capitalismo y sus gobiernos, peleamos por una salida de fondo para terminar con el saqueo del imperialismo y las multinacionales en la perspectiva de unir estas luchas a las de la clase trabajadora y los sectores populares del mundo para imponer un cambio de fondo: gobiernos de lxs trabajadorxs y el socialismo.
La disyuntiva es: Socialismo o Catástrofe.

1- ¡Basta de destrucción ambiental al servicio del saqueo de la deuda externa, las multinacionales y grandes patronales!

Con el compromiso asumido por el gobierno del Frente de Todos de pagarle a los bonistas con una mayor explotación de los recursos y bienes naturales de nuestro país, se ratifica que uno de los principales motores de la destrucción ambiental en la Argentina es el carácter de país semicolonial oprimido a través de mecanismos de sometimiento como el pago de la deuda externa. Podemos graficar esta situación de opresión de la siguiente manera: el fracking (fractura hidráulica) es una técnica depredadora que ya está prohibida en varios estados de EEUU y en los países centrales de Europa como Francia y Alemania1. Pero esos países, que dirigen el FMI, el Club de París, etc, (y cuyos intereses se coordinan con los de los acreedores) avalan e impulsan que nuestro país utilice esa forma de producir con tal de juntar dólares para pagarles a ellos la deuda. Algo similar estamos viendo ahora con las megafábricas de cerdos chinas. La dictadura del gigante asiático busca “externalizar costos” (que los riesgos ambientales los corra otro) y prefiere mudar esas fábricas de potenciales pandemias a nuestro territorio. El carácter semicolonial de la Argentina se reafirma en su carácter de patio trasero, o “zona de sacrificio”, es decir, un territorio donde se desarrollan prácticas de depredación vedadas en los países centrales sin importar sus consecuencias sanitarias y ambientales. Esta realidad fue promovida por los organismos de crédito internacional (Banco Mundial, FMI) que desde lo 90’ promovieron particularmente que países como el nuestro, que eran definidos entonces como “subcontaminados”, debían importar las prácticas productivas degradantes del ambiente de las potencias imperialistas2.

Un programa de transición ambiental en nuestro país debe partir de repudiar este mecanismo de sometimiento y levantar el no pago de la deuda externa. Basta de extractivismo capitalista y semicolonial. De esta forma, además, rechazar los argumentos de quienes sostienen que la destrucción ambiental debe ser tolerada en función de generar empleo o dólares. Son las potencias imperialistas las que tienen con nuestro país una enorme deuda por el desastre ambiental que vienen generando con el saqueo y la contaminación de sus multinacionales. Para combatir la pobreza y generar empleo genuino la plata tiene que salir del no pago de la deuda en primer lugar. De allí también emergerán fondos para el desarrollo científico y tecnológico del país, una orientación opuesta por el vértice a la actual de desfinanciamiento y privatización que pone al complejo científico a merced de los intereses del mercado, y con ello, particularmente a merced de las poderosas multinacionales que saquean y destruyen el ambiente.

Señalamos en este punto que el saqueo de nuestro continente es un proceso que lleva siglos. Con la llegada de los europeos a América (“Abya Yala” según la denominación del pueblo panañemo Kuna ampliamente aceptada en la región) se produce el sometimiento de los pueblos nativos vía guerras, y procesos de esclavización y evangelización. La imposición sangrienta de la colonización fue parte del proceso de acumulación que dio lugar al desarrollo del capitalismo. Al genocidio planificado le siguió el saqueo de los bienes naturales, donde algunos de los favorecidos fueron prestamistas banqueros alemanes como los Fugger y los Welser, financistas de los conquistadores y de las explotaciones metalíferas. De aquí se llevaron riquezas incalculables en metales como oro y plata, e impulsaron la esclavitud y trata de personas. Este señalamiento da cuenta de que existe una lucha de siglos contra la expoliación imperialista, de la cual los pueblos originarios han sido y siguen siendo grandes protagonistas.

2- Por la declaración e implementación de una Emergencia Ambiental y Climática real, con políticas concretas y presupuesto para combatir el rumbo de catástrofe al que nos llevan el capitalismo y sus gobiernos

En 2019 en el marco de las Huelgas Mundiales por el Clima que empezaron a replicarse en la Argentina, el Congreso aprobó dos proyectos impulsados por agrupaciones ambientales juveniles que incluían la declaración de la Emergencia Ambiental y la estipulación de presupuestos mínimos de protección ambiental. Los partidos patronales las votaron (en medio de un año electoral) pero en nada cambiaron el rumbo de sus políticas. Algo similar sucedió en 2020 con la votación en el Congreso del Acuerdo de Escazú, que es un convenio latinoamericano de afirmación de derechos ambientales y protección de los derechos de quienes luchan en defensa del ambiente, cuyas proclamas son pisoteadas día a día por los mismos partidos que votaron el acuerdo.

Existe un amplio consenso científico en que el calentamiento global representa un riesgo concreto para el desarrollo de la vida sobre el planeta tierra, con pronósticos hacia las próximas décadas de millones de refugiados climáticos y cataclismos (sequías, inundaciones, huracanes, etc.) de magnitudes inconmensurables. Según el Sistema Meteorológico Nacional, entre 1960 y 2010 en el territorio argentino el volumen de lluvias aumentó un 20% y la temperatura aumentó en promedio un 0.5°3. Pero en algunas provincias (Río Negro, Chubut, Mendoza, Entre Ríos y San Juan) se llegó al 1°. Se proyectan para todo el país, y en particular el noroeste una aceleración de estos fenómenos.

Si bien las potencias imperialistas y las multinacionales son las principales responsables de este proceso por el volumen de sus emisiones de gases de efecto invernadero, la Argentina también aporta lo suyo ocupando el puesto número 28 de países de mayores emisiones. La propia ONU, un organismo del imperialismo, a través de su Consejo Económico y Social en su cuarto informe periódico sobre la Argentina alertó que el desarrollo de la explotación total de los combustibles no convencionales hallados en Vaca Muerta consumiría buena parte del presupuesto mundial de quema de carbono estipulado por el Acuerdo de París para evitar un aumento de la temperatura global por encima de 1.5°4. Esta recomendación no solo fue desoída, sino que el gobierno de Fernández, como antes lo hizo el gobierno de Macri, apuesta hoy a Vaca Muerta impulsando una “Ley de Hidrocarburos” que dé luz verde al fracking con eximiciones impositivas, pisoteo de derechos laborales y controles ambientales. Que este tipo de explotaciones son una prioridad para el gobierno del Frente de Todos se ratificó con el envío de su proyecto de “aporte solidario” a las grandes riquezas, donde el 25% de lo recaudado se destinaría a la búsqueda de más reservas de combustibles no tradicionales.

Exigimos el pleno cumplimiento de las Leyes Ambientales vigentes y políticas ambientales acordes a la declaración de la Emergencia Ecológica y Climática. Por un plan de transición ecológica basado en el no pago de la deuda externa, expropiación y reestatización de los recursos y bienes naturales, impuestos a las multinacionales y las grandes fortunas para crear un fondo de mitigación y reparación de los innumerables daños ambientales generados en las últimas décadas, y para el abandono de las técnicas destructivas del ambiente, garantizando los puestos de trabajo en el proceso de reconversión productiva y tecnológica. Luchamos a su vez por la nacionalización de los recursos y bienes naturales, cuyo control en los 90’ fue descentralizado dando paso a que cada gobierno provincial busque la forma de esquivar las pautas vigentes de protección ambiental y consulta a las poblaciones involucradas. Frenemos la contaminación del agua, el aire, y la depredación de los territorios. Defendemos el derecho del pueblo trabajador a vetar las nuevas instalaciones productivas y las existentes en caso de existir riesgo ambiental y sanitario. Peleamos por asambleas populares vinculantes para resolver controversias productivas, rechazamos plebiscitos o referéndums manipulados por los gobiernos, el lobby de las empresas y sus medios de comunicación.

3- No a la megaminería a cielo abierto y el Fracking, técnicas altamente destructivas al servicio de las ganancias de las multinacionales y el pago de la deuda. Por un plan de reconversión productiva que garantice los puestos de trabajo, salarios y derechos laborales.

Nos oponemos a la minería metalífera a gran escala, con uso de cianuro y voladuras de montaña a cielo abierto que va contra el derecho humano esencial, que es el derecho a la vida. Hoy en el país hay más de una decena en explotación, y más de cuatrocientos en evaluación, exploración e iniciación. Para dar un ejemplo solo en Santa Cruz existen cuatro minas en producción. La más antigua es Cerro vanguardia de capitales británicos y sudafricanos. Anglo gold y Ashanti son propietarios en sociedad con el estado al 92,5% para las multinacionales y 7,5% para la provincia.
Ocupa 514km2 y remueve anualmente 25 millones de toneladas de roca. En conjunto con otros los otros emprendimientos en producción Manantial Espejo, Huevos Verdes y Mina Marta, han transformado a Santa Cruz en una de las principales cunas de la megaminería en Argentina. Se trata de procesos productivos que utilizan colosales volúmenes de energía eléctrica y agua. La Alumbrera en Catamarca consume el 85% del gasto total de energía de la provincia y 86 millones de litros de agua por día. Veladero, en San Juan, opera sobre glaciares y ambiente periglacial contradiciendo la vigente Ley de Glaciares, y ya provocó en 2015 el peor accidente ambiental de la historia del país con el derrame de cinco millones de litros de solución cianurada al Río Jachal5. En Pascua Lama, San Juan (iniciativa que ahora fue frenada por la justicia desde Chile), se estimaba detonar durante el proceso extractivo 493.500 toneladas de explosivos, el equivalente a la mitad del total de los explosivos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial en todo el territorio europeo6.

El carácter altamente destructivo de la megaminería a cielo abierto se combina con el estatus de saqueo semicolonial que describimos en el punto 2. Por cada U$D 100 que extrae Veladero la Barrick Gold “aporta” U$D 1,7 a la provincia. Menos del 1% del total del presupuesto provincial, y menos del 1% total del empleo. Las promesas de desarrollo y generación de puestos de trabajos con que se presentan los proyectos que hoy están siendo resistidos en Mendoza y Chubut, nunca se cumplen.

El fracking, método de extracción basado en la fractura hidráulica, por su parte, también ha logrado “cerrar la grieta” entre el peronismo kirchnerista y Juntos por el Cambio. El enamoramiento de la explotación de Vaca Muerta ha sido una constante gubernamental desde el gobierno de Cristina, pasando por el de Macri y ahora el de Fernández. Una técnica completamente destructiva y depredadora de recursos como el agua, fuertemente resistida por las comunidades afectadas, y que en el caso de Neuquén fue aprobado un pacto secreto para su desarrollo con una gran represión de por medio, y violando la Constitución Nacional que en 1994 incorporó una convención de la Organización Internacional del Trabajo que señala la necesidad de una consulta previa a los pueblos originarios presentes en el territorio ante iniciativas de esta envergadura.
En promedio se dan dos derrames de residuos tóxicos por día en la cuenca neuquina, y el consumo de agua de cada pozo es de entre tres y once millones de litros de agua, estimando que para 2023 Vaca Muerta consumiría anualmente treinta millones de litros cúbicos anuales. Los basureros petroleros de Vaca Muerta, como el de la empresa Treater (que trabaja para YPF, Shell y Total), no respeta la distancia legal de 8km de separación del pueblo Añelo, y fue denunciado por no contar con los canales de drenaje adecuados. También hay explotaciones en la provincia de Rio Negro, donde se da una reducción de la actividad frutícola a costa del avance de la explotación del fracking.

El otro gran drama es el aumento de la sismicidad. A nivel mundial el temor por la multiplicación de terremotos relacionados a su desarrollo hizo que el fracking fuera recibiendo frenos, como sucedió en 2019 en Inglaterra. En nuestro país, en la localidad de Sauzal Bonito, Neuquén, solo en 2019 se registraron 130 sismos7. Desde ya que todos estos elementos se suman a lo señalado previamente sobre su gran aporte al proceso de calentamiento global.

El saqueo en este caso se viabiliza a través de la forma de explotación privada e iniciativas “mixtas” (de propiedad estatal y privada) de YPF y multinacionales, cuyos principales beneficiarios han sido firmas como Chevron y Exxon. El gobierno kirchnerista no tuvo en cuenta el reciente prontuario de Chevron, denunciada por extrema destrucción ambiental que produjo en Ecuador. Así como también las amenazas de Axel Kicillof de cobrarle a Repsol los pasivos ambientales generados por la explotación privada de YPF se transformaron en lo contrario: un enorme compromiso de pago a la firma española. El gobierno de Macri por su parte, avanzó en acuerdo con la burocracia peronista del gremio petrolero, en una reforma laboral que redujo controles ambientales y de seguridad laboral, que decantó rápidamente en la muerte de trabajadores, en crímenes laborales. La “Ley de Hidrocarburos” que promueve ahora el responsable de YPF, Guillermo Nielsen, y que reclama la Unión Industrial Argentina, busca promover una profundización de lo hecho por el gobierno macrista.

Planteamos la prohibición del fracking y la megaminería a cielo abierto junto a las comunidades y organizaciones ambientales que vienen dando esa lucha. ¡Fuera la Barrick Gold y todas las multinacionales depredadoras! Derogación del Código Minero menemista. Rechazamos el saqueo de las multinacionales, y exigimos la compensación de los masivos pasivos ambientales generados por su actividad depredatoria y contaminante en las últimas décadas. Sobre esa base planteamos la expulsión de estas multinacionales, la expropiación de sus instalaciones y recursos en el territorio nacional, en función de promover una reconversión productiva que sostenga los puestos de trabajo y se proponga realizar una actividad sustentable, bajo control de los trabajadores, científicos y comunidades involucradas. Planteamos acompañar esta reconversión con el desarrollo de un gran plan de obras públicas a nivel nacional que garantice los puestos del conjunto de los trabajadores que se encuentran en las áreas de la industria que es necesario ir relevando como parte de la adaptación a criterios viabilidad socioambiental. De manera de también dar respuesta a la necesidad de construcción de viviendas, hospitales, escuelas, cloacas, comunicaciones, para ampliar el acceso a esos derechos elementales por parte del conjunto de la población.

4- Por un Plan de transición energético ecológico que vaya reduciendo el uso del petróleo y gas. 

Creando empresas estatales con nuevas técnicas de producción de energía, como los paneles solares, la energía del viento (eólica) e hidroeléctrica, garantizando que no causen destrucción de bosques y que sean autorizadas por los pueblos originarios y los sectores populares y las comunidades locales. Desarrollo basado en fondos provenientes del no pago de la deuda externa y de fuertes impuestos a los grandes grupos empresarios y bancos.

Al servicio de ese plan, luchar por priorizar el transporte público-estatal, de cargas y personas, menos contaminante (como el ferrocarril), con los fondos que ahora se llevan en subsidios estatales las empresas privadas del transporte. Desde el menemismo en adelante se destruyó la red ferroviaria nacional al servicio de beneficiar el negocio del transporte de camiones, mucho más caro y altamente contaminante. Planteamos la reestatización de los ferrocarriles bajo el control de los trabajadores, por la reapertura de ramales y extensión nacional de modernas redes ferroviarias para el transporte de pasajeros y de cargas. Como parte de este plan, también debe plantearse el impulso de la producción y consumo local de los alimentos, dado que su traslado en grandes distancias también es una de las fuentes de emisión de más gases de efecto invernadero.

5- Basta de agronegocio depredador y contaminante al servicio del pago de la deuda, los grandes terratenientes, las multinacionales del agrotóxico, los grandes pooles sojeros y los dueños de los puertos. Basta de desmonte, deforestación, incendios, saqueo y destrucción de fauna y flora. Protección inmediata de los humedales. Basta de saqueo y depredación de nuestros mares por las multinacionales.

Los registros oficiales dan cuenta de que en 2020 se incendiaron 898.755 hectáreas8. En 2021 ya se dieron los grandes incendios de Río Negro y Chubut. Un gigantesco botón de muestra de la voracidad del agronegocio capitalista. Incendios que no pueden explicarse únicamente por el calentamiento global y una nueva sequía que azota algunas regiones, sino que tienen por detrás el accionar intencional de quienes prenden fuego para hacer lugar a nuevas producciones o inversiones inmobiliarias que deparen una mayor ganancia. En concreto, además, se trata del avance de un acuerdo del gobierno con el flamante Consejo Agroindustrial Argentino, que se propone un crecimiento cualitativo de las exportaciones para generar divisas a costa de expandir la frontera agropecuaria aún más.

Esto en el marco de un proceso que lleva décadas, que es el de un aumento exponencial del territorio dedicado a la actividad agrícola y ganadera (con un destaque particular de la expansión de la producción de soja) y con ello de la capacidad de producir alimentos del país, sin que esa expansión haya tenido ninguna repercusión en la disminución del hambre y la pobreza. Más bien lo contrario. El muy citado dato de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero no puede erradicar el hambre en su territorio, es parte de esta realidad.
El avance del agronegocio semicolonial y capitalista produjo una mayor desigualdad social; expulsión de pueblos originarios de sus territorios (con decenas de asesinatos y represiones constantes); avance colosal del desmonte en el norte del país; mayor concentración de la propiedad de la tierra; avance de la extranjerización de la propiedad de la tierra; desastres sanitarios de magnitudes aún incalculables por la utilización masiva de agrotóxicos (Argentina es el país de mayor utilización litros de glifosato por persona del mundo); y la inexistencia de un plan de transición ambiental que repare en el impacto de la producción agropecuaria en el proceso de emisión de gases de efecto invernadero (el 38% de las emisiones del país provienen de estas actividades según los propios informes del Estado argentino)9.

Resaltamos las consecuencias sanitarias del actual modelo de desarrollo del agronegocio capitalista. Según el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario en las zonas de profusa utilización de agrotóxicos: “se ha podido observar una gran cantidad de enfermedades oncológicas, patologías relacionadas con trastornos cardiovasculares, enfermedades que se relacionan con los disruptores endocrinos (sustancia química ajena al cuerpo humano o animal que altera el equilibrio hormonal de la especie, generando una interrupción en los procesos fisiológicos controlados por las hormonas), como el hipotiroidismo, así como una cantidad notable de abortos espontáneos”. Así hoy más de la mitad de los casos de niñxs con cáncer tratados en el Hospital Garrahan provienen de pueblos fumigados por agrotóxicos de Entre Ríos. Una realidad que también quedó en evidencia con la lucha de las Madres de Ituzaingó en Córdoba. El cáncer es una de las principales causas de muerte en la Argentina especialmente en zonas de producción de agro-dependencia de químicos tóxicos, además del desarrollo de la esterilidad, leucemias en niñxs, problemas respiratorios, etcétera. A su vez, hay muchos estudios científicos que asocian el uso de agrotóxicos al desarrollo problemáticas de discapacidad como trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Las multinacionales y los gobiernos son responsables de cada uno de estos crímenes sanitarios.

Luchamos por la implementación de medidas efectivas e inmediatas que prohíban el desmonte, como las que señala el Proyecto presentado por el FITU en el Congreso, por el freno y el castigo a los responsables de las quemas. Por la protección inmediata y el freno de las actividades destructivas en los humedales (que componen el 25% del territorio nacional). Las medidas de inventario de humedales, deben realizarse primero sobre la base del freno de las actividades sobre las que se sospecha un potencial degradante de estos espacios esenciales para la conservación hídrica, de la flora, fauna e incluso, climática.

Contra la poderosa oligarquía terrateniente y los grandes pooles de siembra, levantamos la necesidad de una reforma agraria para tener una producción agropecuaria sin destrucción ambiental y al servicio de las necesidades alimentarias de los pueblos. Apoyamos las luchas de los pequeños productores y campesinos por una reforma agraria y por mejores condiciones de vida. Reorganizar el campo expropiando a los terratenientes y a las multinacionales del agronegocio. Adjudicación gratuita de chacras o granjas de explotación mixta inferiores a 100 o 200 hectáreas, proveyendo a los colonos de maquinaria, crédito barato, asesoramiento técnico, internet gratis, semillas y fertilizantes. Para las producciones que por razones de eficacia y técnicas así lo requieran, se estimulará la explotación colectiva mediante cooperativas o establecimientos estatales. Planes estatales de control de rotación y fertilización de las tierras para devolver al suelo las nutrientes que se extraen en cada cosecha, así como también para el desarrollo de caminos rurales y demás obras de infraestructura necesarias. Ordenamiento territorial que lleve a la creación de áreas protegidas que impida la eliminación masiva del ecosistema natural. Al servicio de este plan de transición alimentaria son importantes los aportes que se realizan desde la agroecología a la hora de buscar alternativas a las prácticas depredatorias y contaminantes del agronegocio capitalista. Todas estas medidas que señalamos permitirán combatir la destrucción de los recursos y bienes naturales, aumentar en forma racional la producción agropecuaria y el crecimiento y bienestar de la población rural. Asimismo, deben ser pensadas como una forma de apuntalar una planificación racional del uso del territorio nacional que tienda hacia combatir los procesos de hacinamiento urbano que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad.

A su vez, planteamos el freno al saqueo y la depredación de nuestros mares que realizan las multinacionales en el Mar Argentino. De la mano de rechazar las prácticas de pesca ilegal en todo el país.
También entendemos central la nacionalización del comercio exterior que hoy está en manos de un puñado de multinacionales que terminan manejando el precio de los alimentos mientras hacen fortunas controlando las exportaciones y la generación de divisas. Basta de enriquecer Consorcios de Gestión y empresarios corruptos. Por un verdadero control de lo que se exporta.

Debemos señalar que Bayer-Monsanto es la multinacional protagonista del impulso del predominio del cultivo de soja en América Latina. Su desenvolvimiento permite entender cómo es el proceso de introducción de agrotóxicos en la región: se trata de una empresa de más de cien años de historia, y que tiene como uno de sus hitos el desarrollo del “Agente Naranja”, un herbicida tóxico con el que EEUU roció Vietnam durante la guerra, en una práctica que se estima provocó millones de muertes y cientos de miles de malformaciones genéticas. En 1996, el entonces Secretario de Agricultura Felipe Solá, utilizó un informe preparado por la propia empresa para habilitar la instalación de la soja transgénica (una semilla en particular resistente a un herbicida de la propia Monsanto)10.

De los 34 miembros que tiene la Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) de Argentina, 26 respondían directamente al lobby de empresas como Monsanto, Syngenta, Bioceres, Bow, Nidera y Pioneer (la composición de este organismo creado en los 90’ es secreta por ley pero fue filtrada a la prensa en 2017)11. A su vez, un informe de la propia Auditoria General de la Nación de 2019 reveló que a la hora aprobar un transgénico, el Estado no pone en consideración el paquete de agroquímicos que acompaña la semilla, no mide su impacto ambiental ni tampoco su impacto sobre los alimentos que son luego consumidos. El desarrollo científico de la genética para la producción de alimentos es puesto en nuestro país al servicio del saqueo de las multinacionales (sin ningún tipo de control ambiental ni sanitario por parte de los gobiernos) y no de la soberanía alimentaria y las “buenas prácticas” productivas como venden los funcionarios y lobbystas. Algo que se ha ratificado ahora con la aprobación del Trigo Transgénico resistente al agrotóxico glufosinato de amonio.

Ante esta realidad decimos, Fuera Bayer-Monsanto y todas las multinacionales del agronegocio. Prohibición de los agrotóxicos contaminantes y dañinos sanitariamente como el glifosato. NO a la ley de semillas de Bayer-Monsanto. Exigimos que haya libre acceso a todas las fórmulas técnicas de las semillas genéticamente modificadas (GM), para su evaluación. De comprobarse su utilidad y la seguridad en el uso, que se realice de forma libre, sin pagar regalías ni patentes a Bayer-Monsanto y otras multinacionales. Por la creación de empresas estatales que investiguen y la producción de semillas y todo tipo de fertilizantes, a bajo precio, para planificar y desarrollar la producción agropecuaria en beneficio de la clase trabajadora y los sectores populares. En el camino de luchar por la expulsión y expropiación de las Bayer-Monsanto y cia, exigimos altos impuestos a las multinacionales para destinar esos fondos para la investigación de entes técnicos y científicos estatales con control de sus resultados por parte de los campesinos y los pequeños y medianos productores. Que la investigación científica se realice por las universidades nacionales estatales y se patenten por el estado y no por empresas privadas nacionales o extranjeras.

6- Por el derecho a una alimentación saludable, libre de contaminación, desarrollada bajo criterios de respeto ambiental y en el marco de un necesario plan de transición ecológica. El agua es un derecho y no un negocio, basta de privatización y contaminación.

Cada vez se instala más, como parte de las reivindicaciones del movimiento ambientalista, poner en discusión el actual modelo capitalista de producción de alimentos. Este genera desde desastres ambientales de gran envergadura hasta nueve millones de personas que mueren anualmente por falta de acceso a la comida, pasando por problemas de salud por mal nutrición, o intoxicación de diversas variantes. Mientras que al mismo tiempo se estima que un tercio de los alimentos que se producen anualmente se desperdician, entre ellos el 45% de las frutas y vegetales, el 30% de los cereales y el 20% de las toneladas de carne se pudren fruto tanto de procesos anárquicos de producción, como de la realidad de que las masas hambrientas del mundo no pueden pagar estos alimentos12.

A nivel mundial, junto con el proceso de calentamiento global, el actual modelo de producción de alimentos es señalado por distintos organismos (por ejemplo la World Wide Fund For Nature) como uno de los principales motores de la masiva extinción de especies que se ha dado en el planeta en las últimas décadas. Desde 1970 a la fecha casi dos tercios de la población de las especies que monitorean desde esa ONG se ha perdido13. Por otro lado, el descontrol anárquico de la producción y competencia capitalista empuja procesos de deforestación y devastación de territorios en función del corrimiento de la barrera agropecuaria, que son caldo de cultivo de los procesos de zoonosis y potenciales fábricas de nuevas pandemias.

En este plano, desde el veganismo se aporta un señalamiento que debemos estudiar respecto de que la extensión de la frontera ganadera tiene un límite concreto, físico, de agotamiento de los terrenos explotables necesarios para sostener el actual nivel de consumo de carne. Además, la producción ganadera -si bien hay distintas valoraciones respecto de su peso en el volumen total- es parte a su vez de las industrias señaladas con un peso gravitante en la emisión de gases de efecto invernadero. Estos señalamientos deben ser estudiados en profundidad para levantar una política al respecto. Al mismo tiempo, nos sumamos a las denuncias a los procesos de producción que se desarrollan con cada vez más brutalidad al servicio de la ganancia capitalista. Así como también, por otra parte, somos parte de las campañas que se realizan contra “espectáculos” barbáricos como las corridas (masacres) de toros, o en nuestro país, la pelea que se dio hace algunos años contra las carreras de galgos que eran torturados para el circuito de competencia.

En lo inmediato, por otra parte, defendemos desde ya, la definición individual y el derecho de quienes han optado por el veganismo, lo que implica la posibilidad de acceder al conjunto de alimentos y vitaminas requeridas para una dieta saludable, y que se garantice el asesoramiento nutricional desde el Estado. Así como exigimos campañas de concientización y transparencia en la información sobre el origen y componentes del conjunto de los productos alimentarios que consumimos cotidianamente.

No coincidimos con sostener un eje de planteo ético y una política centrada en el consumo individual como muchas veces levantan organizaciones del veganismo; con las que, por otro lado, cada vez más vamos encontrándonos codo a codo en las luchas contra la política del gobierno. En el mundo en que vivimos los sectores populares y la clase trabajadora comen lo que pueden, con lo que llegan a fin de mes, y en nuestro país 2 de cada 10 personas estarán, en estos meses, inmersas en la indigencia. Y lo que comen, a su vez, lo hacen sobre la educación alimentaria y productos que reciben del gobierno y los grandes medios de comunicación, su información y desinformación, y prácticas de larga data que establecen los hábitos de consumo al servicio de la ganancia capitalista. Nuestro programa e intervención debe estar centrado en la realidad de la clase trabajadora que es el sujeto que puede realmente derribar el sistema de explotación y opresión en el que vivimos, y que no cuenta hoy con la posibilidad de reformular individualmente su alimentación. Y nuestra lucha permanente es para combatir el hambre, la desnutrición, y garantizar el derecho a la alimentación al conjunto de la población.

Para poder avanzar sobre cada vez más sectores es clave que la perspectiva ambiental tenga el eje no en el accionar individual, sino en la denuncia tanto de los crímenes ambientales del actual modelo capitalista de agronegocios y producción de alimentos, así como en su carácter excluyente, generador de desigualdad social, y perpetuador de amplias franjas de la población en situación inanición.

Por eso creemos que la intervención política debe estar orientada a la denuncia a los actuales crímenes ambientales del capitalismo y sus gobiernos, que nos están empujando hacia una catástrofe global sin precedentes que hay que frenar de forma urgente y prioritaria. Derrotados el capitalismo y sus gobiernos, la planificación democrática de la producción y la alimentación podrá, en el marco del inicio de una economía socialista, procesar un debate científico sobre los componentes que debiera tener una dieta equilibrada para la salud de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad, y en ese marco evaluar las posibilidades de reemplazar el consumo de proteínas animales.

En nuestro país, todo esto se liga a lo señalado anteriormente respecto de la denuncia al agronegocio capitalista encabezado por las multinacionales, los dueños de las cadenas de exportación, y grandes terratenientes. También con la denuncia a las campañas de desinformación que emprenden las empresas a través de sus campañas publicitarias y el propio empaquetado de los productos que esconden el carácter nocivo de sus componentes.

Luchamos en todo el país por frenar la contaminación del agua y garantizar el acceso, como un derecho humano esencial, para toda la población. Rechazamos que su uso se destine a emprendimientos contaminantes como la megaminería mientras poblaciones enteras se encuentran en emergencia hídrica o no cuentan con agua potable a pesar de que los gobiernos pasan y sus promesas al respecto nunca se cumplen. Planteamos la estatización de la distribución y cuidado. Basta de concesiones a empresas que cobran un “servicio” carísimo sin garantizar condiciones sanitarias esenciales. Al mismo tiempo sostenemos el reclamo de que se cumpla con el saneamiento ante desastres ambientales como el de la cuenca del Riachuelo, así como también información (que es negada hace años) y castigo ante crímenes ambientales como el del Río Jachal.

7- Rechazamos la destrucción de bienes naturales y espacios verdes y la falta de respuesta a las necesidades habitacionales producidas por la cementación al servicio del lucro y la especulación inmobiliaria. Basta de basurales a cielo abierto y de contaminación industrial.

En los últimos años pasó a ser incorporado como parte de la problemática ambiental la denuncia de las prácticas recurrentes de urbanización que avanzan sobre el copamiento de los pocos espacios verdes que cuentan los centros urbanos, o incluso por sobre los humedales como pasa con los barrios privados en el Delta del Tigre. Los gobiernos dan luz verde a proyectos de cementación que tienen como único objetivo el lucro, sin importar las consecuencias sociales y ambientales. Los sectores populares son expulsados de barrios tradicionales que son reconvertidos en espacio de grandes construcciones, torres, o Shoppings (cerrados o a “cielo abierto”), que se desarrollan sin tener en cuenta sus efectos sobre el agua (disponibilidad y tratamiento de residuos), la existencia de pulmones verdes, y el propio efecto climático que tiene agregar más cemento y taponar las ciudades con grandes torres, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires con Puerto Madero y los planes de extenderlo hacia el norte desalojando a la Villa 31. El remate de tierras fiscales, cuando no el regalo directo, para “desarrolladores”, es una de las formas más habituales, cuando no el propio desalojo de familias, o la propia quema de territorios, donde nadie es juzgado por el crimen ambiental, y luego aparece sobre los terrenos devastados algún barrio privado (que habitualmente incluyen las palabras “verde” o “ecológico” en sus plataformas de ventas). Estas construcciones, ligadas también a las “megatorres”, son las que después aparecen relacionadas a desastres como las inundaciones que afectaron la Ciudad de La Plata en 2013 o a Luján en 2015.

Contra esta lógica de acaparamiento de tierras para el lucro inmobiliario, defendemos en primer lugar el derecho a una vivienda digna, y planteamos desarrollar un plan de construcción a escala nacional para dar respuesta a los millones que padecen problemas habitacionales. Este plan puede tener entre sus formas de financiamiento un impuesto a la vivienda ociosa, e incluso la expropiación de viviendas dedicadas a la especulación para una respuesta urgente ante las necesidades postergadas. Solo en CABA se contabilizan más de 140 mil viviendas deshabitadas dedicadas a la especulación. Pero además exigimos un freno a la cementación descontrolada y la destrucción de los espacios verdes. Por la creación de nuevos pulmones verdes y espacios de recreación. Basta de construcción de barrios cerrados sobre los humedales. Por planes de desarrollo habitacionales y urbanos que dejen de estar librados al lucro y la construcción descontrolada, sino que sean racionales y ecológicos, al servicio de las necesidades populares, que combinen la planificación de la residencia de la clase trabajadora y los sectores populares y el uso del transporte de forma eficiente, en perspectiva de una reducción del gasto de combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este marco incluimos el rechazo a los basurales a cielo abierto y las políticas de privatización del tratamiento de los residuos que solo han dado lugar a una práctica cada vez más costosa y contaminante al servicio de un puñado de empresas beneficiadas por los gobiernos de turno. Estamos por la erradicación de estos basurales, el saneamiento de los predios y su reemplazo por proyectos que sean beneficiosos para las poblaciones locales. Es necesario el desarrollo de una política de tratamiento de residuos a cargo de especialistas, comisiones de vecinxs, y trabajadorxs del sector. Así como también el reconocimiento de los derechos laborales de lxs recicladorxs que realizan de forma ultra precarizada esta tarea.

También nos hacemos eco y nos sumamos a la denuncia de los desastres ambientales y sanitarios de la contaminación industrial, de polos petroquímicos como el de Bahía Blanca, o la contaminación de Copetro contra la que lucha la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata.

8- NO a las grandes represas en ríos y los proyectos que producen grandes daños ambientales y sociales. 

La lucha contra estas iniciativas tiene una importante tradición desde el plebiscito que rechazó con el 88,63% de los votos en Misiones en 1996 el proyecto binacional argentino-paraguayo “Corpus Christi”, y las luchas que se dieron ese mismo año en Paraná contra el megaproyecto de represamiento del Paraná Medio y que terminaron conquistando en la provincia de Entre Ríos en 1997 la “Ley Antirrepresas 9092”. Desde allí, podemos llegar hasta las actuales peleas en Neuquén contra la instalación de una represa sobre el Río Nahueve. También se impulsan proyectos con capitales chinos en Santa Cruz, a pesar del grave efecto que tendrían sobre los glaciares de la región un cambio en el nivel de los lagos. La propia Ley 27 191 de “Fomento de energías renovables” no incluye a las grandes represas como alternativa debido a su nocivo impacto ambiental.

9- Por el apoyo a todas las luchas ambientales en América Latina y el mundo. No a la destrucción de la Amazonía. Todo el apoyo a las huelgas mundiales por el clima y la juventud que se levanta en todo el planeta contra el calentamiento global.Por la unidad del movimiento ambientalista con el conjunto de las luchas obreras y populares.

La nueva ola de movilizaciones ambientalistas que ha puesto en pie jornadas mundiales de protestas contra el calentamiento global tiene que representar un nuevo aliento para el conjunto de las batallas precedentes, en la perspectiva de unificar ambos movimientos en una lucha global contra la destrucción ambiental capitalista. La enorme tradición de peleas en toda Latinoamérica representa un acervo de conocimientos y métodos de lucha de las cuales las nuevas generaciones tienen que nutrirse. Batallas continentales claves como la defensa de la Amazonía de los incendios y el desmonte del agronegocio capitalista están a la orden del día.

A su vez, resulta estratégica la búsqueda de involucrar a los organismos y herramientas de la clase trabajadora a la pelea contra la destrucción ambiental. Se trata de la clase que maneja los resortes de la economía y la que tiene en sus manos la posibilidad de organizarse para poner freno a este sistema. Es la que puede proponerse, junto al movimiento ambientalista, desarrollar una transición productiva ecológica al servicio de las necesidades populares y basada en criterios científicos de armonía con la naturaleza. Por eso resulta importante levantar un sistema de consignas y propuestas que no desligue las problemáticas ambientales de la permanente defensa de los derechos de lxs trabajadorxs, la defensa de sus puestos de trabajo, salarios, convenios y derechos laborales.

10- La alternativa es Socialismo o Catástrofe. Por gobiernos de los trabajadores y el pueblo que planifiquen democráticamente la economía para frenar el desastre al que nos llevan el capitalismo y sus gobiernos.

Los pronósticos casi unánimes del mundo científico son claros respecto de que, sin cambios bruscos en la forma de organizar la producción y el consumo a escala mundial en las próximas décadas, los cataclismos que desatará el calentamiento global serán inconmensurables. Es la lógica capitalista de explotar hasta el último aliento en búsqueda de ganancias lo que impulsa esa dinámica, y lo que hace imposible pensar que serán los propios gobiernos y multinacionales que incendiaron el mundo quienes lo apaguen. En Argentina, no hay grieta peronista-macrista en lo que a la devastación ambiental implica. Además de luchar cotidianamente por cada una de nuestras reivindicaciones, y por frenar cada nuevo atropello ambiental, necesitamos proponernos bregar por construir una alternativa política que se postule gobernar en una dirección opuesta a la que venimos transitando, como lo venimos haciendo con Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda UNIDAD.

Un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo en nuestro país podría tomar, sobre la base de la reestatización y renacionalización del conjunto de los recursos y bienes naturales, medidas que avancen en una planificación económica y productiva que respete criterios ambientales. Gobiernos de trabajadores en América Latina podrían integrar productivamente a la región y pararse ante el saqueo y las amenazas imperialistas.

En definitiva, el calentamiento global no tiene soluciones locales, y los países menos desarrollados industrialmente, justamente los sometidos en este sistema capitalista, serán los que primero sufrirán las consecuencias de este proceso generado mayormente por el accionar de las multinacionales y gobiernos imperialistas. La utopía no es levantar el socialismo contra este sistema capitalista imperialista, sino pensar que este sistema capitalista imperialista se va a “reformar” al servicio de las mayorías populares y el cuidado de la naturaleza. La posibilidad de frenar la catástrofe que nos amenaza está en la lucha en las calles y en el avance de la pelea por una salida socialista.

 

1. SVAMPA, M. y VIALE, E., “EL COLAPSO ECOLÓGICO YA LLEGÓ”, 2020.
2. Revista NEW SCIENTIST, “Why it’s cheaper to poison the poor” (¿Por qué es más barato envenenar a los pobres?), 1/2/1992
3. Revista “METEOROS” (del Servicio Meteorológico Nacional), N°6, Octubre 2019.
4. “Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la Argentina”, Consejo Económico y Social de la ONU, 1/11/2019.
5. “Derrame de cianuro en San Juan: se volcó un millón de litros de agua contaminada”, La Nación, 23/9/2015
6. SVAMPA y VIALE, ob cit.
7. Datos: Observatorio Petrolero Sur, 10/09/2019.
8. Informe del Servicio Nacional del Manejo del Fuego del 25/10/2020
9. INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO del Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable de la Argentina publicado en 2017.
11. ATLAS DEL AGRONEGOCIO TRANSGÉNICO EN EL CONO SUR, publicado por el colectivo Acción por la Biodiversidad en mayo 2020.
12. ARANDA, D., LA CORRUPCIÓN TRANSGÉNICA, editado por La Vaca en 2017.
13. Cifras del Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicadas en web de la ONU el 16/10/2018
14. INFORME PLANETA VIVO 2020 de la WWF y el Instituto de Zoología de Londres.

 

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