Nov 28, 2020 Last Updated 9:11 PM, Nov 27, 2020

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández presentó la semana pasada su propuesta de renegociación de la deuda externa para los bonos en dólares y euros bajo legislación extranjera. Antes de la explicación técnica del ministro Guzmán hubo una serie de afirmaciones políticas del presidente, que habló flanqueado por su vice, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. 

Alberto Fernández enfatizó que “no se puede pagar en este momento”. Esto, sin duda, ha sido visto por muchos con simpatía y esperanza. Lo observamos charlando con compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares. Y es lógico que lo sea, efectivamente, y lo venimos diciendo desde hace muchísimo, la deuda es impagable, y hoy, donde necesitamos hasta el último centavo para salvar vidas ante la pandemia del coronavirus, destinar ese dinero a los pulpos acreedores es un auténtico crimen. 

Los economistas y periodistas oficialistas han insistido en que la propuesta presentada por el gobierno es “durísima” ante los acreedores y que está planteada en términos de “tómelo o déjelo”, por lo que no habrá ningún retroceso.

Lamentablemente no es así. Veámoslo detenidamente: se plantea una reducción del capital de la deuda a renegociar de 5,4% (3.600 millones de dólares). Apenas una semana antes, los trascendidos eran que la quita de capital no iba a ser menor a 15%, pero a último momento se la redujo a fines de dar una señal “negociadora” a los acreedores. 

La quita de intereses sí es importante (62%), aunque partiendo de tasas de interés astronómicas, las más altas del mundo. La propuesta planea canjearlas por otras que, en promedio, serán de 2,33% anuales en dólares. Seguirán siendo altísimas, ya que las tasas internacionales mundiales están casi todas entre 0% y 0,5 por ciento.

El gobierno propone un período de gracia (tiempo durante el cual no se paga nada) de tres años (2020, 2021 y 2022). En todos los discursos previos se hablaba de “cuatro años”, y ahora aparecen tres. Nuevamente, como guiño a la negociación con los acreedores. 

Muchas preguntas quedan sin responder. ¿Durante los tres años que no se paga nada se acumulan los intereses y entonces eso multiplica la deuda? ¿Habrá, además, algún cupón o pago extra, como deslizó algún funcionario del gobierno, que se pagará cada vez que el país crezca (parecido al actual “cupón PBI”)? ¿Se realizará algún pago en efectivo inicial para “endulzar”, como se dice, a los acreedores? Y, sobre todo, ¿el gobierno está dispuesto a “mejorarles” la oferta a los pulpos pagándole más de intereses o de capital, o acortando los plazos?

Se trata, en definitiva, de la pregunta de si esta es, de verdad, la propuesta “última del gobierno” o apenas un primer planteo para luego ceder en las negociaciones, como todo parece indicar.

“Gobierno presentó oferta. Bonistas la rechazan. Empieza el póker mentiroso”

Así tituló Ámbito Financiero el 21/4. El editorialista, Carlos Burgueño, agregó: “El primer mentiroso son los bonistas, que aseguran que de ninguna manera aceptarán la oferta. El segundo es el propio gobierno, que afirma que la propuesta es inmejorable”. 

Es que, apenas se dio a conocer la propuesta, sucedieron dos cosas contradictorias: por un lado, los grandes pulpos que concentran a la mayor parte de los bonos (Greylock Capital, Blackrock, Fidelity, Ashmore, Pimco, Alliance Bernstein)  rechazaron de plano la oferta. Pero al mismo tiempo, el riesgo país (que marca la probabilidad de que la Argentina entre en cesación de pagos) bajó de 4.000 a 3.400 puntos y los precios de los bonos, que estaban por el piso, subieron 10 por ciento. Esto último expresa lo que dijeron muchos consultores del establishment, la propuesta del gobierno fue más “suave” de lo que se esperaba. Y hay muchísimos “guiños” por debajo de la mesa de que se puede “mejorar” mucho más. O sea, que los pulpos acreedores, si aprietan, tienen reales condiciones de terminar cobrando más y antes. Por eso se habla de una partida de póker: el gobierno “se hace el duro” pero está dispuesto a ceder; los pulpos acreedores “se hacen los enojados” porque saben que así van a obtener más.

Como sea, lo que sí es un hecho es que este “canje” de bonos será con una quita mucho menor que la que hicieron Kirchner y Lavagna en 2005. Recordemos que, en ese momento, se nos vendió que el problema de la deuda “ya estaba resuelto” y que “nos habíamos desendeudado”, lo que luego se probó rotundamente falso.

 ¿Se soluciona con esto el problema de la deuda?

No sabemos cómo va a terminar este capítulo de la deuda. El gobierno se vio obligado a ir a esta renegociación porque, efectivamente, no tiene el dinero para cumplir con todos los vencimientos. Pero su política no es romper y no pagar, sino todo lo contrario. Advertimos entonces que, más allá de los discursos, está dispuesto a seguir cediendo frente a los acreedores. Y cada cosa que se cede son millones de dólares menos para resolver la urgencia de la pandemia y las necesidades populares. 

Aclaramos también que con esto ni siquiera se despeja el total de los vencimientos de deuda de corto plazo. Todavía quedará pendiente la negociación con el FMI por los 49.000 millones de dólares que se le deben. Y un sinfín de vencimientos de otros bonos, con legislación local, o de las provincias, que no entraron en esta negociación.

Entendemos que haya muchísimos compañeros que recibieron con expectativa lo que dijo el presidente Fernández. Coincidimos en que vean con buenos ojos el planteo de que la plata ante la emergencia debe ir para salud o resolver la crisis social, y no para los pulpos acreedores. Pero, lamentablemente, tenemos que advertir que estamos ante un nuevo proceso de “renegociación” de los muchos que ya vimos en años anteriores. Y que, al final, lo que termina pasando es que la deuda externa sigue creciendo y cada vez terminamos pagando más. 

Por eso tenemos que insistir en lo que siempre sostuvimos desde la izquierda: no hay salida sin declarar el no pago de la deuda. Estamos ante una oportunidad inmejorable para, debido a la emergencia, dejar efectivamente de pagarle, tanto a los pulpos acreedores privados como también al FMI, que vendrá por “sus” 49.000 millones de dólares. La deuda es no solo ilegal, sino inmensamente inmoral, más aún en estos tiempos de pandemia. 

 

Escribe José Castillo

El gobierno de Fernández presenta la renegociación actualmente en curso con los pulpos acreedores como la que, si resulta exitosa, resuelve “definitivamente” el problema de la deuda externa argentina. Lamentablemente, esto no es así. 

La propuesta de renegociación presentada la semana pasada por el ministro Guzmán es solo por la porción de deuda en dólares bajo legislación extranjera, que suma un total de 66.238 millones de dólares. Esto es el 20% de toda la deuda del Estado nacional. Y si agregamos a ello las deudas de las provincias y la del Banco Central de la República Argentina, menos de 15 por ciento.

Veamos. Culminado este proceso de “renegociación” (y cualquiera sea el resultado que se obtenga), inmediatamente nuestro país tendrá que hacer frente a otros 49.000 millones de dólares que, entre capital e intereses, supuestamente le “debemos” al FMI. Se trata del famoso préstamo tomado por Macri y que, como ya está archidemostrado, se utilizó en su totalidad para que la fuga de divisas al exterior. Como ya “avisó” el propio Fondo, esa deuda no admite ningún tipo de quita. 

Pero no es esta la única deuda con organismos internacionales, también le debemos 7.400 millones de dólares al Banco Mundial, 12.506 millones al BID y 3.547 a la Corporación Andina de Fomento. Y, por si todo esto fuera poco, tenemos una cuota pendiente de una vieja deuda generada directamente en la época de la dictadura con el Club de París por 2.100 millones de dólares (que, dicho sea de paso, es fruto de una renegociación realizada en 2012 por el entonces ministro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof).

Pero ahí apenas si llegamos a la mitad de nuestro endeudamiento. Tenemos todavía que sumar 182.044 millones de dólares en bonos (algunos en dólares y otros en pesos), bajo “legislación local”. La mayoría de ellos en manos de los mismos buitres extranjeros que los que están bajo legislación extranjera. Una parte importante ha sido “reperfilada” hasta fin de año, pero a partir de diciembre empiezan a caer sus vencimientos.

Y a todo esto hay que sumarle la deuda del Banco Central, que asciende a 1.3 billones de pesos en Leliq, de vencimiento de cortísimo plazo (20.000 millones de dólares). Y, como ya mencionamos, tenemos también que sumar lo que se llama la deuda “sub-soberana”, que es la que tienen las provincias, por más de 20.000 millones de dólares. Si a todo esto le agregamos otros pagos ya comprometidos, pero que por cuestiones contables no figuran aún en el stock informado por el gobierno (como los cupones PBI, que la Argentina se compromete a seguir abonando cada vez que el país crezca más de 3,25% hasta acumular pagos por 16.000 millones de dólares aún pendientes) y los juicios con sentencia ante el Ciadi (que ningún gobierno ha denunciado, y por lo tanto se van acumulando como deuda), terminamos debiendo más de 400.000 millones de dólares. ¡Total y absolutamente impagable desde cualquier punto de vista que se lo mire!

La negociación en curso, entonces, no resuelve en absoluto siquiera los problemas de corto plazo de nuestro país. Hay que dejar de pagar toda la deuda y volcar cada uno de esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares que la pandemia del coronavirus ha puesto más que nunca sobre la mesa. 







Escribe José Castillo

¿Quién gana con este programa económico? Los trabajadores claramente no. Tampoco los jubilados. Ni los que viven de changas o manejan un remís, que ven que en los barrios populares no hay un peso, y todos reducen sus gastos para poder sobrevivir.
Pero no es cierto que todos pierden. Las empresas de energía se llevan millones entre subsidios y tarifazos. También, por supuesto, los acreedores externos, que siguen cobrando puntillosamente cada vencimiento de deuda. Pero en estas semanas el gobierno de Macri ha generado un negocio increíble, a la medida y exclusivo para los bancos: la emisión de Leliqs.

¿De qué se trata? De papeles de deuda que emite el Banco Central de la República Argentina y que sólo pueden ser adquiridos por los bancos. Vencen cada siete días y rinden una tasa de interés anual de 75%. Lo que acumulando y renovando da una tasa real al cabo de un año de 120%. En unas pocas semanas se han acumulado más de 600.000 millones de pesos de Leliqs. Es una auténtica bomba de tiempo, peor aun que las famosas Lebac, que ya eran un escándalo porque ofrecían una tasa de 30% y se renovaban mensualmente. Esto evidentemente es peor: el Banco Central le está regalando plata a los bancos a manos llenas y garantizándoles superganancias que no lograrían en ninguna otra parte. Además, esa supertasa opera como piso para cualquier otra operación bancaria, encareciendo el crédito hasta hacerlo imposible para cualquier trabajador. Como ejemplo, cualquier familia que hoy está desesperadamente usando la tarjeta de crédito para cubrir las compras del supermercado y que no llega a pagar el total del resumen y financia una parte, termina teniendo que abonar tasas de interés de más de 120%. En concreto: si se financian 1.000 pesos, se terminarán teniendo que pagar 2.200. ¡Un auténtico robo!

Los bancos viven de la especulación y de esta bicicleta financiera, “aceitada” por la plata que les pone el gobierno, a través del Banco Central. Hay que cortar esto de raíz, suspendiendo los pagos de deuda, que incluyen las Leliqs, y nacionalizando la banca para que así el sistema financiero no sirva a los negocios de unos pocos sino a dar crédito para el consumo popular y para poner en marcha programas de desarrollo que resuelvan las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

El proyecto de presupuesto presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados no deja lugar a dudas: significa un brutal ajuste con más dinero para los pagos de la deuda externa a costa del pueblo trabajador. Despidos, salarios y jubilaciones por debajo de la inflación y menos plata para salud y educación tales son las consecuencias del ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

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