Escribe José Castillo

La semana pasada el gobierno nacional procedió a cancelar los tres vencimientos con el FMI del mes de octubre. Fueron 2.627 millones de dólares, abonados en parte con los restos de los Derechos Especiales de Giro (cuasi moneda del FMI) y en parte con yuanes del swap otorgado por el gobierno de China. Remarquemos que, en ambos casos, el pago implicó una baja de reservas y compromisos de devolver lo pactado en el futuro inmediato. Este lunes, por su parte, se pagaron otros 790 millones de dólares en concepto de intereses con el propio Fondo. Sumando ambos pagos, se fueron de nuestras alicaídas reservas nada más ni nada menos que 3.400 millones de dólares.

Lo peor, sin embargo, está por venir: de acá a marzo de 2024, nuestro país tiene vencimientos por otros 12.000 millones de dólares. Por eso, Sergio Massa, el candidato presidencial, está urgido a ponerse de rodillas adelante del Fondo y renegociar. La otra salida que tiene, romper cn el FMI y dejar de pagar la deuda no figura entre sus opciones posibles. Por eso anticipamos que, lo que se viene, gobierne quién gobierne, es un mayor ajuste. Contra el que habrá que salir a pelear en las calles.
             

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Las declaraciones de la economista Diana Mondino mostraron en toda su ferocidad la entraña patronal al servicio de los monopolios del candidato ultraderechista Javier Milei. “¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie … que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible […] Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth” (La Nación, 1/11/2023), simplificó la libertaria. Le faltó decir dos cosas: una, que eso es habilitar la compra venta de órganos; la segunda, que el proyecto de un mercado legal internacional de órganos elaborado por el nombrado Premio Nobel fue rechazado tajantemente por la Unión Europea.
 
¿Qué hay detrás de la compra venta de órganos?

La revista médica británica Lancet señalaba ya el 10/5/2003: “En general, el movimiento de los riñones [lo más frecuente] … [va] del Sur al Norte, del Este al Oeste, de cuerpos pobres a otros más adinerados, de cuerpos negros y morenos a blancos, de mujeres a hombres, o de individuos pobres, de baja posición, a individuos más acomodados”. Organs Watch, grupo que investiga el tráfico de órganos, revela que: “el receptor de órganos promedio [tiene] ingresos anuales de 53.000 dólares, mientras que el donante promedio […] ingresos inferiores a 500”. Los receptores pueden pagar entre 50.000 y 100.000 dólares por un riñón, un hígado, un corazón o cualquier otro órgano, según un funcionario del Consejo de Europa; los donantes reciben menos de 5.000.

Se trata de un negocio global de miles de millones de dólares. Como informa Interpol, requiere grandes capitales para una infraestructura importante: laboratorios, quirófanos, conservación y transporte, equipos de profesionales, reclutadores y vendedores.  

Una forma cruenta de la superexplotación capitalista

Entre los miembros más pobres y explotados de la clase trabajadora (muy especialmente de los países semicoloniales) se encuentran quienes se ven obligados a vender sus vísceras para poder satisfacer necesidades elementales. No se trata solo de alquilar la fuerza de trabajo del obrero sino de convertir su carne y su sangre en una mercancía. Con brutal cinismo, los defensores de la legalización del comercio de órganos se preguntan ¿por qué si los trabajadores reciben salarios altos por labores riesgosas no pueden cobrar por la venta de sus órganos para salvar la vida de otras personas?

Rechazamos esa aberrante propuesta capitalista que pretende la apropiación de la carne y la sangre de la clase trabajadora. El principio gremial innegociable “no entregar salud a cambio de mayor salario” es parte de la lucha de las y los trabajadores de todo el mundo desde hace más de doscientos años por la seguridad en el trabajo, por la disminución de la jornada laboral y por la defensa de la salud del trabajador y la trabajadora que incluye su integridad física.
 
 

Escribe Nicolás Núñez

La posibilidad de que el binomio Milei-Villarruel llegue a la Casa Rosada entusiasma a quienes llevaron adelante el genocidio de la última dictadura cívico militar. Las recurrentes intervenciones del candidato al balotaje justificando a los milicos asesinos, y negando a las y los 30.000 detenidos desaparecidos, y la histórica militancia de su compañera de fórmula en pos de la liberación de los condenados por crímenes de lesa humanidad, abren una esperanza de indultos y de fortalecimiento del aparato represivo del Estado.

Así lo expresó Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, cabecilla de los genocidas que operaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, quien desde una carta circulada desde la Unidad 34 de Campo de Mayo donde se encuentra detenido, señaló que el triunfo de la fórmula ultraderechista podría representar la llegada de “la verdad”, aclarando que no es “la verdad que surgió de juicios manejados por la patria socialista”. Luego se le sumó “Churrasco” Sandoval, otro genocida de la ex-ESMA. También se expresó la siniestra Cecilia Pando, quien terminó por confesar que fue Villarruel quien la inició en las visitas a genocidas en las cárceles y le exigió a la candidata que retome la agenda de garantizar la libertad de quienes secuestraron, violaron, apropiaron bebés, y arrojaron cuerpos destrozados por la tortura al Río de La Plata.

En este contexto, no debe pasar inadvertido que en su campaña, en las semanas previas a las primarias de agosto, la flamante aliada de Milei, Patricia Bullrich, había ya planteado en un acto junto a veteranos en Punta Alta, que era injusto que haya militares que participaron del conflicto de Malvinas que estén presos, criterio que dejaría en libertad, entre otros, a Alfredo Astiz. Se trata de la misma que ante el asesinato de Santiago Maldonado había prometido que no iba a “revolear un gendarme por la ventana”.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda señalamos que Milei y compañía “discuten la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos porque están dispuestos a hacerlo de nuevo”, y que su plan económico guarda tantas similitudes e incluso profundiza el de Martínez de Hoz y eso sólo puede hacerse con una brutal represión. Mientras seguimos luchando contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy, por la apertura de los archivos de la dictadura que ningún gobierno quiso abrir, tenemos que decir que como no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, tenemos que hacer todos los esfuerzos por evitar que Milei y Villarruel sean los nuevos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y bloquear su plan de salto cualitativo en la represión e indulto a los genocidas.   

Escribe Mariano Barba

Sobre fines de octubre faltaron los combustibles en las estaciones de servicio. Las empresas que extraen gas y petróleo del subsuelo argentino se lavaron las manos, pero son las principales responsables, junto con el gobierno peronista que las deja especular y hasta las premia con subsidios. Hay que terminar con el saqueo.

En el país 18,5 millones son pobres y en la provincia de la Vaca Muerta 300 mil. Los partidos patronales acuerdan continuar el saqueo en Vaca Muerta para que las multinacionales se lleven todo. En 2013 la ley que habilitó el pacto Chevron-YPF fue impuesto con represión en la legislatura de Neuquén luego de votarse en el Congreso Nacional a pedido del gobierno peronista de Cristina Kirchner. Desde ese momento se dieron más de diez mil accidentes de trabajo, algunos significaron pérdidas de vida de trabajadores y también se producen daños ambientales irreparables, como grandes derrames y movimientos sísmicos generados por el voraz avance de la hidrofractura perforando la roca a miles de metros de profundidad y usando 600 químicos distintos. La proyección con la que se entusiasman las multinacionales es que Vaca Muerta tiene una capacidad productiva estimada en 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas: una de las mayores reservas de ambos recursos del mundo. La producción crece semestre tras semestre. En la actualidad Vaca Muerta representa más de la mitad de la producción total de crudo. En los primeros seis meses de este año el incremento de la producción de petróleo en general fue de casi 12% respecto a igual período del año pasado, impulsada por la hidrofractura,  que marcó un alza del 37%, superando los 300.000 barriles diarios. Igual pasó en la producción de gas que con el mismo método extractivo creció un 2,7% en seis meses y alcanzó un 10,3% interanual.

¿Por qué faltaron los combustibles?

Por diversas razones, donde la más importante es el chantaje de las multinacionales que refinan el petróleo como Axion, Shell, PAE, y Puma que tienen cinco plantas. YPF cuenta con tres. El petróleo sobra en la producción a tal punto que cerca del 40% se exporta, empezando por el de Cerro Dragón (Chubut), que opera Pan American Energy (PAE), que se exporta casi en su totalidad. La ampliación del oleoducto, que une Vaca Muerta con el puerto Coronel Rosales en Bahía Blanca, y el proyectado puerto exportador denominado Oleoducto Vaca Muerta Sur que llegaría al golfo San Jorge (Río Negro) también tienen por objetivo ampliar la exportación para que ingresen los dólares al Banco Central, según el gobierno peronista. Lo que no dice el gobierno es que el grueso de los dólares que entran por exportación van a parar a las ganancias de las multinacionales. Por eso prefieren exportar a refinar en el país, y extorsionan frenando el destilado para que aumente el precio del surtidor.

Si bien el ministro Sergio Massa amenazó con sancionar a las refinadoras si no aparecía el combustible a las 24 del martes 31, lo hizo para la tribuna, porque el accionar “a piachere” de esas empresas está amparada por el propio gobierno peronista que les permite que controlen el negocio del gas y petróleo y encima les autorizó un incremento de precios del 9%. Producen y destilan lo que quieren a tal punto que son ellas las encargadas de medir los metros cúbicos de petróleo y de gas e informar luego a los gobiernos provinciales.

Por su lado la administración de YPF (a cargo del gobierno nacional) también cuenta con responsabilidad, porque el área comercial viene presionando por el precio en el surtidor, tal como lo aplicó con dos aumentos en los últimos cincuenta días. Con el agravante que el país tiene que importar el 20% de los combustibles que consume, eso significa varios barcos anuales, y en esta oportunidad, entre el Ministerio de Economía de Massa y la gerencia de YPF no se garantizó la provisión de dólares para pagar los diez barcos que esperaban cerca de los puertos. Y esos dólares necesarios no están en el Banco Central porque se fueron para pagar la cuota al FMI. Esto fue aprovechado por el ultraderechista Javier Milei para afirmar “esto ocurre por culpa del Estado”, una aseveración mentirosa porque el negocio está en manos de las multinacionales a las que Milei quiere liberar el precio totalmente.

Nuestra salida de fondo

Vaca Muerta no nos va a salvar. Así nos prometieron que pasaría con la explotación megaminera. El modelo era Barrick Gold, pero no nos dejó “miles de puestos de trabajo” sino desocupados, desolación y pasivo ambiental.

El gas y el petróleo son recursos estratégicos y no renovables. Hay que parar con el saqueo. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad planteamos renacionalizar toda la industria petrolera y gasífera, bajo control de sus trabajadores, sus técnicos, las organizaciones de usuarios y las comunidades originarias, para que toda la renta petrolera quede en las provincias productoras y en el país y no solo el miserable 12% que queda hoy en concepto de regalías.  Rescindir todas las concesiones, convencionales y no convencionales, y poner todas esas reservas en manos de una empresa, una nueva YPF y un nuevo Gas del Estado, 100% estatal, que monopolice la actividad desde la prospección, pasando por la extracción, el refinado, el transporte y la comercialización final.  Así se podrá decidir en función de los intereses nacionales qué se extrae y qué no, con qué métodos, cuidando el ambiente y respetando a las comunidades originarias y con condiciones de trabajo y salarios dignos.