Nov 25, 2020 Last Updated 8:03 AM, Nov 25, 2020

Este miércoles 04 de noviembre a las 08:00 hs se llevará adelante una concentración frente a los juzgados de Comodoro Py en solidaridad con la madre (quien prestará su declaración en forma virtual) de Juan Pablo Kukoc, el joven asesinado a sangre fría por el policía Luis Chocobar. Llevará su solidaridad a la madre y familiares de Kukoc, en nombre de Izquierda Socialista, Laura Marrone, legisladora CABA MC por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

Marrone señaló: “La madre del joven asesinado señaló en su momento: “El policía debía haber arrestado a mi hijo, pero lo asesinó. Le tiró como a un animal, lo fusiló”. Es inadmisible que aun Chocobar no sea condenado por el asesinato que cometió, fue llevado como un emblema por Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Repudiamos a la policía del gatillo fácil, hay que exigir el desmantelamiento del aparato represivo.”

Contactos:
Laura Marrone: 1168829255
Prensa: 1160540129

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El sábado 19 de septiembre se realizó el Plenario Nacional Antirrepresivo y de los Derechos Humanos convocado por Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, APeL, Cadhu, CAJ, Ceprodh, CMM, EMCF, HIJOS La Plata, HIJOS Oeste, Serpaj, Centro de Acción Cultural Diego Cagliero, Correpi, Izquierda Socialista, PO, MST, entre otros.

Participaron alrededor de cuatrocientos compañeros y compañeras de distintas provincias, pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil, familias de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.

El documento de convocatoria al plenario, aprobado por unanimidad, denuncia que desde el DNU 297/20 que emitió el gobierno nacional de Alberto Fernández autorizando a las fuerzas de seguridad a detener por la cuarentena, se produjeron 113 muertes a manos de la policía y la gendarmería, más de 44 casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías, femicidios y tres desapariciones forzadas seguidas de muerte. Afirma además que las fuerzas actúan con impunidad, torturan, vejan, abusan sexualmente y a su vez encubren los crímenes bajo la protección de los gobiernos y de la propia Justicia.

Los relatos de cada uno de los familiares que perdieron hijos, padres, hermanos, eran desgarrantes. Durante casi cinco horas escuchamos las historias de jóvenes baleados por la espalda, obreros golpeados, mujeres abusadas sexualmente, travestis humilladas, vendedores ambulantes fracturados a golpes y sus mercaderías robadas. Narraron el desamparo sufrido ante la Justicia, que traba las investigaciones para dejar impunes a los policías culpables, la falta de recursos para pagar un abogado o una pericia de parte, o de permiso en sus trabajos para salir a litigar por juzgados.

El abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, denunció la nueva prueba que acababa de obtenerse que reafirma la culpabilidad de la policía en la desaparición de Facundo, el hallazgo de una piedra que era de su propiedad en un coche de la policía. Se denunció el encubrimiento del ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof, Berni, que entorpeció la investigación requerida por la parte acusatoria.

También se señaló la represión a las luchas de trabajadores que, ante la grave crisis social y económica, deben salir, aun en pandemia, a defenderse de los despidos y suspensiones, como fue el caso del frigorífico Penta, o ante la falta de pago de los salarios a los choferes de la UTA en Córdoba.

Desde Izquierda Socialista denunciamos que mientras se niega un salario social de 40.000 pesos a las familias sin ingresos durante la pandemia, Fernández y Kicillof destinaron 80.000 millones a reforzar el aparato policial y más recientemente 30.000 millones al ejército, en una actitud clara de preparar más represión para enfrentar la agudización de la crisis social que se avecina.

El plenario analizó que los gobiernos están fortaleciendo los aparatos represivos en lugar de dar respuestas a los reclamos de salario, salud y vivienda. Por eso se resolvió unir esfuerzos para sostener este encuentro en el tiempo y en cada provincia. Se dispuso realizar una semana de lucha contra la represión del 5 al 8 de octubre y terminar el 9 con una marcha a Plaza de Mayo. Entre otras medidas, se dispuso acompañar a las 2.500 familias de la toma de Guernica, que el 23 de septiembre tienen la amenaza de ser desalojadas. Dar apoyo a la campaña por el desprocesamiento de los veintisiete estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que ocuparon el Pabellón Argentina en 2018 en defensa de la educación pública y repudiar la decisión de la cámara de apelaciones de esa provincia que ratificó lo dispuesto por el juez Vaca Narvaja. Y exigir el desprocesamiento de los cuatro dirigentes gremiales de Atech y de la CTA de Chubut que lideraron la lucha por el pago de salarios adeudados en esa provincia.

La dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Laura Marrone, repudió la agresión con palos que provocó heridas a varias enfermeras mujeres de la Ciudad de Buenos Aires el 21 de setiembre en ocasión del día de la Sanidad. Luego de una marcha autoconvocada de Congreso a Plaza de Mayo, en momentos en que iban a entregar un petitorio a la Legislatura para reiterar el pedido de reconocimiento como profesionales de la salud, fueron brutalmente agredidas por policías de la Ciudad.
Marrone afirmó: “Enfermería es el sector que más víctimas y enfermos de Covid tiene por estar en la primera línea del combate a la pandemia dentro de los hospitales. Pero no son reconocidos como profesionales y en cambio son tratados como administrativos, lo que supone menos salarios y menos derecho a licencias por salubridad. Es una atrocidad que la ciudad pague salarios de $60.000 a la policía y solo 35.000 pesos de básico a las enfermeras, por debajo de la línea de pobreza.

Marrone reclamó la urgente aprobación del proyecto de ley del FIT para que enfermería, bioimagen e instrumentadores quirúrgicos sean reconocidos como profesionales.

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Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Una ley que nos llena de vergüenza acaba de votarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo un texto amañado y  tramposo, el 18 de junio la Legislatura porteña, con la casi totalidad de sus miembros, se sumó al acuerdo firmado por el presidente Fernández y la Embajada de Israel pocos días antes. El mismo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA). De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o si repudia la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”.

La nueva definición ahora votada en la Legislatura de Buenos Aires busca confundir a quienes honestamente son solidarios con el pueblo judío contra el holocausto y la persecución que sufrieron a lo largo de la historia. Desmontemos la trampa. Antisemita no es igual a antisionista. Condenar al Estado de Israel es ser antisionista, porque el sionismo es el movimiento político que avala la represión, persecución y expropiación de las tierras del pueblo palestino. Pero desde ningún concepto es ser antisemita. Además, el término es equivocado ya que semitas son muchos pueblos de Medio Oriente, no solo judíos, y muchos judíos no son semitas. Los antisionistas estamos a favor de la creación de un nuevo Estado laico, no racista, democrático, donde palestinos y judíos indistintamente semitas muchos de ellos vivan con igualdad de derechos, como existía antes de 1948, cuando las potencias imperialistas enclavaron el Estado de Israel en las tierras palestinas.

Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro. Pero aquí se trata de algo muy distinto, un engaño que debe ser aclarado y repudiado.

Esta ley surge porque la IHRA, alianza conformada por gobiernos de treinta y cuatro países, promueve equiparar la definición de antisemitismo con el antisionismo. Así, quien se atreva a cuestionar la criminal y genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania sería antisemita, dado que Israel se declara judío. A través de estas acciones de la IHRA Israel busca cerrar filas de la gran mayoría de los gobiernos en apoyo al Acuerdo del Siglo que firmaron el presidente israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump en enero de este año. Dicho pacto otorga a Israel el derecho a seguir anexionando tierras palestinas.

Entre otros puntos, el acuerdo reconoce la soberanía sionista sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania, que Jerusalén sea la capital de la entidad sionista y la anexión del valle del río Jordán. Plantea la expulsión de 300.000 palestinos de ciudadanía israelí hacia el pseudo Estado palestino, mientras que le niega el derecho al retorno a seis millones de refugiados palestinos, que en virtud del acuerdo dejarían de ser considerados refugiados. Se les negaría el derecho a recuperar sus propiedades robadas durante el proceso de colonización, o a obtener cualquier compensación económica. A cambio, se reconocería un pseudo Estado palestino a semejanza de los guetos o bantustanes del apartheid sudafricano, sin control de sus fronteras o de su espacio aéreo y marítimo. “Desmilitarizado” en el sentido de que se prohíbe a los palestinos armarse para defenderse de los ataques sionistas. Se le cederían a ese pseudo Estado dos franjas de tierra en el desierto y Gaza se mantendría sitiada. Se considera violatorio del acuerdo el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento antisionista de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Esta aberrante propuesta es la continuidad de la agresiva política imperialista y racista de Trump en relación con el tema palestino. En los últimos tres años el gobierno yanqui ha avalado la ocupación ilegal por parte de las fuerzas sionistas de los Altos del Golán sirios y reconocido a Jerusalén como capital israelí, anunciando que instalará la embajada yanqui en esa ciudad. Cerró la misión diplomática palestina en Washington y eliminó la ayuda humanitaria y el apoyo a la agencia de refugiados de la ONU en Palestina. En diciembre de 2019 firmó una orden ejecutiva contra el movimiento BDS para criminalizar las críticas a Israel y equipararlas con antisemitismo.

Respecto de la votación favorable en la Legislatura del macrista Juntos por el Cambio y el peronista Frente de Todos, es inadmisible que tres legisladores que están cumpliendo ahora el mandato del FIT en la Legislatura porteña hayan votado a favor de esta aberración. Rechazamos la votación de Gabriel Solano (PO), Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS) y los llamamos a retirar inmediata y públicamente su apoyo, acompañando el correcto voto contrario de la diputada de AyL Marta Martínez y la posición de Izquierda Socialista, consecuente con todo lo que el FIT ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecución del pueblo palestino todos estos años, con declaraciones, marchas y actos acompañando el repudio que promueve el pueblo de Palestina.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad siempre nos hemos opuesto a estas iniciativas que buscan legitimar al Estado genocida de Israel. Además somos impulsores del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimiento de mujeres y centros de estudiantes a pronunciarse contra el acuerdo de Trump y Netanyahu, así como contra esta ley y el acuerdo firmado por el gobierno nacional.


Una rectificación necesaria

Escribe Gabriel Schwerdt

Como hicimos público en la declaración de nuestra compañera Laura Marrone, repudiamos la aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la cual se adhiere a la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). A su vez, criticamos y exigimos una rectificación de la votación afirmativa de los legisladores del FIT-Unidad que en este momento están ocupando las bancas que pertenecen a PTS y PO. Por eso saludamos la rectificación que hicieron públicamente, es un paso positivo porque el error fue grave. Y es necesaria porque fueron muchos los activistas de la causa palestina que nos pidieron explicaciones por la equivocada votación. La rectificación también aclara las posiciones, porque cuando se comenzó a hacer pública la votación, el dirigente del PTS Manolo Romano, en su facebook, reivindicó la votación afirmativa de los legisladores ante la crítica de AyL. 

Lo ocurrido también es un alerta para no caer en las trampas del parlamento burgués, que permanentemente mete paquetes de leyes entre gallos y medianoche, como sucedió en este caso, para hacer aprobar aquellas que van en contra de los trabajadores y el pueblo. Los revolucionarios no podemos caer en esas maniobras.

A la vez que marcamos estos errores, nos pronunciamos clara y enérgicamente contra el ataque de la OSA (Organización Sionista Argentina), que declaró públicamente que iniciará acciones legales contra los tres legisladores por la rectificación pública. En su momento, nuestra compañera Laura Marrone también recibió ataques de las organizaciones sionistas por defender la causa palestina. Pero no nos harán callar, ni ceder un centímetro, en nuestra lucha por defender los derechos del pueblo palestino atropellados por el Estado sionista de Israel.

Escribe: Laura Marrone, Legisladora porteña (MC) Izquierda Socialista/FIT-U

Una ley que nos llena de vergüenza acaba de votarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo un texto amañado y  tramposo, el 18 de junio la Legislatura porteña con la casi totalidad de sus miembros se sumó al acuerdo firmado por el presidente Fernández y la embajada de Israel pocos días antes. El mismo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA). De esta manera si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o repudiar la agresión del estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”.

La nueva definición ahora votada en la Legislatura de Buenos Aires busca confundir a quienes honestamente son solidarios del pueblo judío contra el holocausto y persecución que sufrieron a lo largo de la historia. Desmontemos la trampa. Antisemita no es igual a antisionista. Condenar al estado de Israel es ser antisionista, porque el sionismo es el movimiento político que avala la represión, persecución y expropiación de sus tierras al pueblo palestino. Pero bajo ningún concepto es ser antisemita. Además, el término es equivocado ya que los semitas son muchos pueblos de Medio Oriente, no solo judíos, y muchos judíos no son semitas. Los antisionistas estamos a favor de la creación de un nuevo estado laico, no racista, democrático, donde palestinos y judíos indistintamente semitas muchos de ellos vivan con igualdad de derechos, como existía antes de 1948, cuando las potencias imperialistas enclavaron el estado de Israel en las tierras palestinas.

Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro pueblo. Pero aquí se trata de otra cosa muy distinta: un engaño que debe ser aclarado y repudiado.

Esta ley surge porque la IHRA, la alianza conformada por los gobiernos de 34 países, promueve equiparar la definición de antisemitismo con el antisionismo. Así, quien se atreva a cuestionar la criminal y genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania sería antisemita, dado que Israel se declara judío. A través de estas acciones de la IHRA, Israel busca cerrar filas de la gran mayoría de los gobiernos en apoyo al “Acuerdo del Siglo” que firmó el presidente israelí Netanyahu y el presidente Trump en enero de este año. Dicho acuerdo otorga a Israel el derecho a seguir anexionando tierras palestinas.

Entre otros puntos, el acuerdo reconoce la soberanía sionista sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania, que Jerusalén sea la capital de la entidad sionista y la anexión del valle del río Jordán. Plantea la expulsión de 300 mil palestinos de ciudadanía israelí hacia el pseudo Estado palestino, mientras que le niega el derecho al retorno a 6 millones de refugiados palestinos, que en virtud del acuerdo dejarían de ser considerados refugiados. Se les negaría el derecho a recuperar sus propiedades robadas durante el proceso de colonización o a cualquier compensación económica. A cambio, se reconocería un pseudo Estado palestino a semejanza de los guetos o bantustanes del apartheid sudafricano: sin control de sus fronteras o de su espacio aéreo y marítimo. “Desmilitarizado” en el sentido de que se prohíbe a los palestinos armarse para defenderse de los ataques sionistas. Se le cedería a ese pseudo Estado dos franjas de tierra en el desierto y Gaza se mantendría sitiada. Se considera violatorio del acuerdo el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento antisionista de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Esta aberrante propuesta es la continuidad de la agresiva política imperialista y racista de Trump en relación con el tema palestino. En los últimos tres años, el gobierno yanqui ha avalado la ocupación ilegal por parte de las fuerzas sionistas de los Altos del Golán sirios y reconocido a Jerusalén como capital israelí, anunciando que instalará la embajada yanqui en esa ciudad. Cerró la misión diplomática palestina en Washington y eliminó la ayuda humanitaria y el apoyo a la agencia de refugiados de la ONU en Palestina. En diciembre de 2019 firmó una orden ejecutiva contra el movimiento BDS, para criminalizar las críticas a Israel y equipararlas con antisemitismo.

Respecto a la votación favorable en la Legislatura del macrista Juntos por el Cambio y el peronista Frente de Todos, es inadmisible que 3 legisladores que están cumpliendo ahora el mandato del FIT en la Legislatura porteña hayan votado a favor de esta aberración. Rechazamos la votación de Gabriel Solano (PO) y Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS), y los llamamos a retirar inmediata y públicamente su apoyo, acompañando el correcto voto contrario de la diputada de AyL, Marta Martínez y la posición de Izquierda Socialista, que somos consecuentes con las posiciones que todo el FIT ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecusión del pueblo palestino todos estos años, con declaraciones, marchas y actos, acompañando el repudio que promueve el pueblo de Palestina.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-U siempre nos hemos opuesto a estas iniciativas que buscan legitimar al estado genocida de Israel y somos impulsores del Cómite Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimiento de mujeres, centros de estudiantes, a pronunciarse contra el acuerdo de Trump y Netanyahu, así como contra esta ley y el acuerdo firmado por el gobierno nacional.

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