Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En su cruzada en defensa de la explotación petrolera en el Mar Argentino, los funcionarios salieron a coro a tratar de convencernos de que el suyo es un “gobierno ambientalista”. ¿Esto tiene algo de cierto?

Además del raid mediático de funcionarios, el gobierno peronista aprovechó para el “greenwashing” (lavado de cara verde), la presentación de un “Clúster renovable nacional” de inversiones estatales y privadas para generar energías renovables. El propio escenario del discurso lo desnudaba por entero, ya que quienes acompañaban al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Producción, Matías Kulfas, eran todos gobernadores impulsores del fracking y la megaminería a cielo abierto: San Juan, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, y Mendoza.

Lo único “renovable” es el discurso

Lo dicho allí por Kulfas mostró que su estrategia ahora es decir que ellos representaran una tercera opción entre el “dejar explotar a cómo dé lugar” y el “prohibicionismo” al que no le preocupa la pobreza del país (sic), y que ellos ejercerán en el medio un “ambientalismo responsable”.
Lo primero a decir es que es difícil visualizar dónde estarían los “frenos” de este gobierno (y el anterior macrista y todos) a la destrucción ambiental. Argentina encabeza récords de pérdida de bosques nativos, tenemos los porcentajes de glifosato en sangre de la población más altos del mundo, las megamineras derraman cianuro a los ríos y no pasa nada, empresas como Klaukol mataron más de cien vecinos y nunca el Estado midió los residuos que emiten sus chimeneas… La verdad es que si acá no se contamina “a cómo dé lugar”, se parece bastante a eso. En donde existen en nuestro país limitaciones a la contaminación del saqueo extractivista es pura y exclusivamente porque luchas populares así lo impusieron. Y lo que persigue desembozadamente el gobierno del Frente de Todos es levantar esas limitaciones.

El gobierno peronista presenta como un hito de su “ambientalismo responsable” el acuerdo por la producción de hidrógeno verde en Río Negro. Pero, acto seguido, el propio Kulfas celebró en sus intervenciones radiales que ese hidrógeno ya está vendido a Inglaterra para el 2025. Tal como lo que se pretende con la explotación megaminera del litio, nuestro país se quedará con los pasivos ambientales del desarrollo de estas tecnologías para que luego los países centrales puedan “transicionar” a una economía menos dependiente del petróleo.

No hay transición energética sin reestatización de los recursos energéticos

El gobierno hace un mal uso de reportes científicos para señalar que como en 2050 recién el mundo tendría planificado culminar su proceso de descarbonización, hasta entonces sería “sostenible” hacer crecer exponencialmente la explotación de combustibles fósiles. Lo primero a decir es que esos pronósticos no está nada claro que vayan a cumplirse, justamente porque los gobiernos capitalistas y las multinacionales, siguen dándole manija a la exploración en busca de energías fósiles de formas cada vez más rebuscadas y dañinas para el ambiente (como las explotaciones offshore y el fracking).

Lo segundo, es que lo que los científicos casi unánimemente recomiendan es poner un freno a estas nuevas exploraciones, en particular a sus formas extremas, como las que implican las plataformas que van de 1.800 a 3.000 metros de profundidad habilitadas por el ministro Cabandié en el Mar Argentino. Las multinacionales del petróleo, privadas y estatales (como Equinor de Noruega) ya tienen declaradas reservas que de utilizarse en su totalidad más que quintuplicarían las emisiones de gases de efecto invernadero límite que tiene la humanidad, si no se quiere atravesar el umbral de un aumento de 1.5° de la temperatura global.

El “ambientalismo” del gobierno de Fernandez es seguir haciendo negocios, como si nada pasara con las multinacionales que con su lucro están incendiando el planeta.  Lo que por el contrario necesitamos es pelear por reestatizar bajo control de sus trabajadores la industria energética, el gas y el petróleo, y de la mano de dejar de pagar la deuda externa, contar con los recursos para discutir democráticamente una transición energética y productiva, que no es para comenzar dentro de treinta años sino lo antes posible, si queremos frenar la catástrofe que nos amenaza.
 
 
 
 

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

El 2021 fue otro año en el que la ciencia ratificó que estamos camino a grandes cataclismos fruto del calentamiento global. En el que los gobiernos capitalistas siguieron con su “bla, bla, bla” como si nada pasara, y en el que la lucha socioambiental siguió creciendo en las calles de todo el mundo.

Aumenta la temperatura de un planeta en llamas

Primero la evidencia científica. Para evitar el aumento de la temperatura global de 1.5° (punto de inflexión que podría desatar cataclismos climáticos incalculables), las emisiones de gases de efecto invernadero deberían reducirse casi a la mitad para 2030 y en un 100% en 2050. ¿Cuánto disminuyeron en 2021? Nada. Aumentaron. A escala global las multinacionales impusieron en 2021 ritmos brutales de contaminación, y aumentos de precios en el caso de las energéticas, para “recuperarse” de la crisis desatada por la pandemia del Covid-19. Además, las petroleras, principales emisoras, tuvieron un gran triunfo al conseguir que la COP 26 (Glasgow, Escocia), conferencia de la que participaron los gobiernos de todo el mundo, no proclame ningún objetivo específico para el sector.

Es este marco el que explica cómo cada año que pasa bate récords de temperaturas, se generalizan los incendios descontrolados, las inundaciones y sequías. Y también se dan fenómenos como los tornados en pleno otoño que se dieron en el centro de Estados Unidos la semana pasada.

Argentina: acotado doble discurso y múltiple saqueo

Alberto viajó a la cumbre de Glasgow para hacer gala de su preocupación por el calentamiento global, y siguió el Frente de Todos rodeándose de agrupaciones afines como Jóvenes por el clima, pero la realidad es que en 2021 la negociación con el FMI dejó poco margen incluso para su característico doble discurso. Hicieron campaña con un spot que decía “sí a la Ley de Humedales”, pero la están dejando perder estado parlamentario. Prometieron apoyo a los pueblos originarios, pero dejaron vencer en el Congreso la Ley 26.160 de emergencia territorial. Presentaron un presupuesto 2022 que ajusta partidas claves como las de protección de bosques, acompañadas además por una Ley de Hidrocarburos pro-fracking, y una Ley de Agroindustria pro-oligarcas y pro-Monsanto. Además, en provincias como Chubut el año es capicúa: empezó con la resistencia a la rezonificación pro-megaminera, y así mismo está terminando, con el gobierno de Arcioni cumpliendo con el mandato de Fernández de ir por levantar las trabas legales para esta industria contaminante. En el medio, sí logramos que el gobierno desista a nivel nacional de firmar el memorándum de las mega fábricas de cerdos con China, pasando ahora la resistencia a cada una de las provincias que busquen acuerdos bilaterales como Chaco.

La realidad es que ya sean ríos, sierras, bosques, humedales, montañas, llanuras, etcétera, no hay territorio del país a salvo de ser explotado al servicio de juntar dólares para pagar la deuda, y otorgar facilidades a las multinacionales amigas del gobierno.
 
Basta de Falsas Soluciones

En el balance del año, el gesto de Greta Thunberg, la joven referente del movimiento ambientalista global, no debe pasar desapercibido: plantarse ante la COP 26 y decir que los cambios vienen de la calle y no de ahí adentro, es lo contrario de lo que hicieron las agrupaciones ambientales más mediáticas de la Argentina que entraron “a las negociaciones” a los abrazos con  Cabandié, ministro de Ambiente del gobierno nacional, y después tratando de buscar algo positivo de una cumbre que fue un fraude. Se ratifica que la independencia política de los gobiernos y apostar a la movilización y no a las negociaciones palaciegas son las dos piedras fundamentales sobre las que construir un movimiento de lucha unitario contra la catástrofe ambiental.

Es con esas dos premisas que este año se consolidó el desarrollo de experiencias como la de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones a nivel plurinacional, y otras experiencias locales ligadas como la de la Coordinadora Socioambiental de la Provincia de Buenos Aires. En ellas, desde Ambiente en Lucha apostamos a seguir interviniendo en pos de la mayor unidad y contundencia, y al mismo tiempo, discutir con todo el mundo las medidas de fondo necesarias para frenar la devastación ambiental capitalista: aquellas que vendrán de la mano de conquistar gobiernos de la clase trabajadora.
2021 ratificó que la disyuntiva es: socialismo o catástrofe.

Jeff Bezos y los tornados

(foto de nota)

Treinta tornados golpearon esta semana simultáneamente zonas donde entre 1991 y 2010 casi no hubo ninguno, generando decenas de muertos. Entre ellos seis operarios que murieron en Illinois, al derrumbarse una central de acopio de Amazon, la empresa de Jeff Bezos. Uno de los hombres más ricos del mundo, que obligó a sus empleados a ir a trabajar a pesar de las alertas. Un botón de muestra de escenas cada vez más generalizadas en el mundo por venir si no ponemos un freno a la barbarie capitalista.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño, FIT-Unidad 

Sigue progresando la coordinación de las organizaciones socioambientales que convocamos en los últimos meses a distintas acciones a nivel nacional contra la política del gobierno de avanzar en la depredación ambiental al servicio de juntar dólares para pagar la deuda externa. El rechazo al acuerdo con China para importar las megafábricas de cerdos fue uno de los puntos aglutinantes. Ahora en las próximas semanas se vienen días claves después de haber logrado en septiembre su postergación. El Festival Primavera en Llamas representó un masivo aporte desde el arte a la pelea por #NoalAcuerdoPorcinoconChina.

Las últimas semanas el gobierno se ha encargado de incrementar la bronca de este movimiento. En el acto del presidente en Vaca Muerta se anunció que el Estado (es decir, todos, a través de nuestros impuestos) va a financiar las ganancias de las multinacionales del fracking, mientras que por otro lado se le reducen las retenciones a los grandes productores del campo. La aprobación del muy cuestionado trigo transgénico, resistente al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, generó el pronunciamiento de más de mil investigadores del Conicet y distintos entes científicos nacionales. Y en el Boletín Oficial se publicó la habilitación para explotar entre 500.000 y un millón de hectáreas que hoy son zonas de exclusión, de protección y amortiguación, protegidas de la explotación agroindustrial.

Todo esto mientras los incendios siguen afectando distintas zonas del país, como el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, reserva de especies en extinción como el yaguareté. Al 25 de octubre, 898.755 hectáreas fueron incendiadas en lo que va del año. El gobierno anuncia con bombos y platillos un proyecto de ley de Máximo Kirchner que prohíbe el cambio del uso del suelo de territorios incendiados. Algo que las leyes vigentes ya contemplan, pero que los gobernadores peronistas y radicales no hacen cumplir en sus provincias. ¿Ahora sí lo harán? Por lo pronto, este proyecto no contemplaría al casi millón de hectáreas incendiadas este año. La especulación inmobiliaria y el agronegocio capitalista han preparado el terreno para sus negociados y los gobiernos los siguen apañando.

Ante este panorama, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista hemos propuesto al conjunto de las organizaciones socioambientales con las que venimos dando pelea, además de impulsar nuevas jornadas de lucha, avanzar en poner en pie una coordinadora a nivel nacional que nos sirva para pararnos ante el gobierno con nuestros reclamos y darle una fisonomía unitaria a nuestras convocatorias a nivel nacional. El 3 y el 9 de noviembre está planteado volver a salir en todo el país con nuestros reclamos. ¡Basta de falsas soluciones! Las vidas no se negocian, basta de devastación ambiental al servicio del pago de la deuda.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

La última sesión de la Legislatura porteña incurrió en un nuevo escándalo político. Con los votos del oficialismo larretista, que incluyen legisladores de Lousteau y al “socialista” Roy Cortina, se avanzó con la rezonificación de terrenos de la Costanera Norte. ¿Qué significa esto? Que se cambiaron las limitaciones para la construcción y se habilitó la construcción de un barrio de lujo con edificios de hasta diez pisos que terminarán de tapar no solo el acceso, sino hasta la propia vista al Río de la Plata.

Contradiciendo la propia Constitución de la Ciudad, que señala que los bordes costeros no pueden ser privatizados, se estaría avanzando a toda marcha en la venta y cementación de tierras públicas que deberían haber sido destinadas a garantizar nuevos espacios verdes. En el contexto de enorme crisis habitacional y hacinamiento que quedó a la luz con la actual pandemia, Larreta sigue manteniendo como prioridad levantar barrios de lujo en la ciudad. En medio de la preocupación creciente por el calentamiento global y las inundaciones, se avanza en una edificación costera que representa justamente un agravante de ambos problemas. Mientras el gobierno nacional y el macrismo están en una cruzada contra quienes pelean por tierra para vivir, por la ventanilla de al lado, en la ciudad (en la provincia de Buenos Aires y en todo el país), los “desarrolladores”, las patronales de la construcción, los millonarios de la especulación inmobiliaria, reciben favores de todo tipo de todos los gobiernos.

El peronismo porteño, a través de sus legisladores y medios afines, instaló durante el día en redes sociales (el único lugar donde “protestan” contra Larreta) el hashtag #LainmobiliariadeLarreta. Incluso, más “jugadas” aún, algunas de sus organizaciones sacaron flyers con la consigna “No vendan la Costanera”. Algo que puede haber llevado a confusión a parte de los y las trabajadoras y las organizaciones ambientales de la ciudad que estuvieron siguiendo el debate. Pero se trata de una impostura.

La venta de estos terrenos públicos no era el tema de esta sesión. El remate de los terrenos en cuestión había sido habilitado en 2017, y para la mayoría especial requerida para la enajenación de tierras Larreta había contado con la inestimable ayuda del bloque peronista. En ese momento la venta era para habilitar negocios privados gastronómicos, lo que se trató en esta sesión fue cambiar esa finalidad para pasar directamente a edificar edificios de diez pisos. Así las cosas, quienes dicen “no vendan la Costanera” deberían buscar la forma de viajar en el tiempo para cambiar sus propios votos. El título de martillero a PRO se lo dio el peronismo porteño.

Así es que los gobiernos de Macri y Larreta remataron 500 hectáreas públicas. Y como se denunció en la sesión desde la bancada del FIT-Unidad, el peronismo habilitó la entrega del Parque de la Ciudad, del Autódromo, diecisiete predios al arzobispado, el Tiro Federal, el Parque Thays, terrenos ferroviarios de distintos barrios porteños, el Edificio del Plata y también la Costanera Norte. No hay una gran diferencia entre la política del peronismo, que en el conurbano arrasa humedales o niega el acceso a la tierra para desarrollar countries, y la del larretismo, que liquida la costanera para hacer un barrio de lujo.

Para que se consume el cambio de zonificación y con ello la privatización, el proyecto debe pasar por una audiencia pública y una segunda lectura en la Legislatura. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad llamamos a redoblar los esfuerzos y la movilización porque es en la calle, y no dentro de #LainmobiliariadeLarreta, donde podemos frenar este escandaloso remate.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con más de trescientos participantes, se llevó a cabo el Conversatorio Nacional de Ambiente en Lucha. Se trató de un gran espacio de socialización y puesta en común de valiosísimas experiencias de combate a la devastación ambiental.

El conversatorio lo abrió el compañero Francisco Ayala, de Ambiente en Lucha del sur del conurbano bonaerense, explicando los desafíos que tiene esta agrupación conformada por militantes de Izquierda Socialista y activistas independientes, además de comentar las peleas en su zona en defensa de espacios verdes y contra la destrucción de humedales para la especulación inmobiliaria. Continuó Lautaro, que desde Córdoba señaló los intereses inmobiliarios y del agronegocio detrás de las quemas que devastaron la provincia y denunció el doble discurso detrás de la iniciativa de Máximo Kirchner, que presenta como gran solución una ley que dictamina hechos (la prohibición del cambio del uso de los terrenos incendiados), que en buena medida ya estaban contemplados por la legislación vigente, pero que el gobierno peronista cordobés no respeta. Desde Charbonier, José Luis nos comentó la batalla que dieron contra el fuego los días previos. Silvia, de Casa Bamba, explicó la pelea contra la minera Camarassa, y el periodista y geólogo Pablo Sigismondi aportó en su intervención una explicación detallada sobre los intereses económicos detrás de la devastación ambiental en la provincia.

Emilia, de la Juventud de Izquierda Socialista de Rosario, comentó las responsabilidades políticas y la presión existente por la extensión de la frontera agropecuaria detrás de los incendios en los humedales, así como también la desidia del ministro de Ambiente y los gobiernos provinciales a la hora de combatir el fuego. Mientras que el compañero César Baudino, del Colectivo de Trabajadores por la Ventana de Entre Ríos, también denunció los planes del gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino para extender más la frontera agropecuaria y traer las megafábricas de cerdos chinas, además de referirse a la problemática del transporte a escala nacional.

También hubo intervenciones referidas al combate a la megaminería. Agustín, de la Asamblea No a la Mina en Esquel, comentó la historia y la actualidad de la pelea en Chubut. Arturo, en Andalgalá, enfrenta los proyectos La Alumbrera y Aguas Ricas, y Martín, de La Rioja, habló sobre la lucha con Barrick Gold y la canadiense Osisko. La compañera Tata Gayone, secretaria de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA de Bahía Blanca, detalló las peleas contra el extractivismo capitalista que avanzó tras la privatización del puerto y del desarrollo de una industria química y petroquímica plagada de denuncias por contaminación ambiental que provoca enfermedades, además de referirse a la vinculación del puerto con el desarrollo del emprendimiento de Vaca Muerta. Desde Neuquén, nuestro compañero Gastón se refirió a la pelea contra el fracking y, junto a la compañera Urbelina Huaiquiyan, de la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, explicaron la lucha contra la instalación de una represa sobre el río Nahueve.

Desde La Plata, Amelio del Fabro se refirió a nuestra intervención en la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata, en la lucha contra la ampliación de la autopista Balbín y en la Asamblea Vecinal Barrio Norte surgida a partir de las inundaciones en la zona. Iván, de la Asamblea de San Atilio contra los mataderos y basurales a cielo abierto, explicó las peleas en la zona norte del Gran Buenos Aires; Mario, docente de las escuelas cercanas a la empresa contaminante Klaukol, se refirió a las peleas en La Matanza; Viviana Puccio, también docente y de la localidad de San Martín, habló sobre la problemática alimentaria y las peleas contra empresas como Bayer-Monsanto; finalmente, el ferroviario Arnoldo Troncoso introdujo las problemáticas de Luján y la zona oeste.

El conversatorio reflejó algunas de las más importantes luchas ambientales que se han dado en el país en los últimos tiempos. Existe un hilo político y programático que une cada una de las peleas y que hace a los ejes centrales con los que queremos desarrollar Ambiente en Lucha. El impulso de la unidad de acción para ganar cada pelea apuntalando instancias democráticas de organización; la defensa de la independencia política del movimiento de lucha respecto de todos los gobiernos; la desconfianza en las maniobras institucionales de los partidos patronales y la apuesta por hacernos potentes en nuestros reclamos con la lucha en las calles, y levantar un programa de fondo que señale que, ante el rumbo de catástrofe al que nos llevan el capitalismo y sus gobiernos, la única salida es que gobiernos de la clase trabajadora desarrollen un plan de transición ecológica y energética que permita frenar el colapso y garantizar el conjunto de los derechos que miles de millones tienen vedados por el actual sistema.