Mar 07, 2021 Last Updated 8:04 PM, Mar 6, 2021

Escribe José Castillo

Hace ya varios meses que la inflación se desbocó. La aceleración que se dio en el último trimestre del año pasado, con un diciembre en que llegó a 4%, continuó en el comienzo de 2021. El número de enero volvió a ser altísimo, otro 4%, y mayor aún en muchísimos productos de la canasta familiar. Febrero ya viene también con nuevas subas, proyectándose una inflación promedio anual de entre 45% y 50 por ciento.

Cuando se habla de por qué se da esta escalada de precios, el gobierno de Fernández, en esto también, hace gala de su doble discurso. El ministro Guzmán coquetea con la respuesta del establishment: “Para atacar la inflación hay que equilibrar las variables macroeconómicas”, un eufemismo utilizado para referirse al ajuste, aplaudido a rabiar por los empresarios presentes en la reunión por el acuerdo de precios y salarios.

Pero, y al mismo tiempo, el gobierno no tiene otra que reconocer los “abusos” de los empresarios formadores de precios. En las diversas reuniones con las patronales siempre surge la promesa de limitar los aumentos o “estudiar” cómo evitar que mayores costos se trasladen a los precios. Meras palabras, apenas terminado el encuentro los mismos empresarios presentes envían listas con aumentos a las cadenas de hipermercados, que también agregan “su” propia porción de superganancia. Todo con la vista gorda del gobierno.

Los pulpos monopólicos de los productos de consumo masivo suben los precios y provocan desabastecimiento, escondiendo aquellos que figuran bajo las categorías de “precios máximos” y “precios cuidados”. Por citar un ejemplo, todos los medios difundieron los cortes de carne de Coto a precios populares, que consistían en pura grasa, una vergüenza.

El gobierno del Frente de Todos sigue hablando para la tribuna. También dijo que había que “desacoplar” los precios de los alimentos de los valores internacionales. Para eso amenazó primero con suspender las exportaciones de maíz y luego con incrementar las retenciones. Pero bastó una reunión con la Mesa de Enlace de las organizaciones agropecuarias para que “salieran todos contentos”, sin ninguna medida en su contra. Se repitió, corregido y aumentado, lo que había sucedido meses atrás con la amenaza de la expropiación de Vicentin, con la correspondiente marcha atrás.

La semana pasada, desde la Secretaría de Comercio se “intimó” a once grandes grupos económicos (Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter&Gamble, Paladini y Potigian) por desabastecimiento. Se trató de una mera maniobra. En los hechos, fue apenas una mención administrativa y no está en juego ninguna sanción real ante estos abusos.

Al mismo tiempo, varios de los aumentos están siendo generados por el propio gobierno. Tal el caso de las subas de los combustibles, lideradas por YPF y luego seguidas por el resto de las transnacionales del sector. O la autorización a los incrementos en la medicina prepaga. Y ni qué hablar del tarifazo del gas, que se vendrá en breve, ya que está convocada para el 15 de marzo la audiencia pública.

Todo esto tiene, obviamente, sus consecuencias directas sobre el bolsillo popular. Gran parte de los trabajadores han quedado con ingresos debajo de la línea de pobreza, cuya canasta, según el relevamiento de la  junta interna de ATE-Indec, ya llega a 82.000 pesos. Más aún, un reciente informe reveló que esa cifra asciende a 120.000 pesos para quienes residen en la ciudad de Buenos Aires. Por eso no resulta extraño que una nueva medición de pobreza, considerando ingresos y condiciones de precariedad, alcance al 47% de la población, con 21 millones de personas (datos del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, organismo que depende de la Presidencia de la Nación).

Mientras todo esto sucede, el gobierno de Alberto Fernández habla de que los salarios pueden recuperar este año “3 o 4 puntos” por sobre la inflación. Claro que supone una inflación para todo 2021 de… 29%, ¡una auténtica mentira!, que se utiliza en las reuniones de acuerdos de precios y salarios para que finalmente la variable de ajuste, una vez más, sean los ingresos de los trabajadores.

La salida de fondo contra esta inflación que pulveriza salarios y jubilaciones requiere terminar con la impunidad de los grandes empresarios remarcadores, imponiendo verdaderos precios máximos, que se hagan respetar, sin excepciones, con aplicaciones reales de las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a quien lleva adelante estos abusos. Atacando a los reales formadores de precios a lo largo de toda la cadena productiva.

Al mismo tiempo, hay que parar el deterioro del salario y recomponer lo perdido. Por eso hay que reclamar aumentos de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, y la reapertura de todas las paritarias, sin techo, con incrementos reajustables mensualmente de acuerdo con la inflación. Para lograrlo hay que exigir a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua y llamen a un auténtico plan de lucha, tal como lo venimos reclamando desde la izquierda y el sindicalismo combativo. 

Escribe Claudio Fourcade

El pasado jueves 11 de febrero la Cámara de Diputados votó la ley que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional y los futuros acuerdos con el FMI deben contar con aval parlamentario.

La iniciativa contó con el entusiasta apoyo de todos los sectores patronales -oficialistas y de la oposición-, que se reflejó en los 223 votos positivos y dos abstenciones. Solo la izquierda representada por el FIT Unidad votó en contra, con los diputados nacionales Nicolás del Caño (PTS) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), que tuvieron la valiosa dignidad y el coraje de repudiar esta exigencia del FMI.

Al respecto, Giordano manifestó: “Estamos categóricamente en contra de este proyecto, sáquennos del famoso consenso Frente de Todos–Juntos por el Cambio que votan este proyecto. Es una ley que apoya los pagos de una deuda usurera y fraudulenta y, esencialmente, es un aval al pacto mafioso Macri–FMI. Es una ley a pedido del Fondo Monetario Internacional”.

El gobierno intenta mostrar que con la intervención del Congreso se pondrán “límites” a los próximos endeudamientos. Nada más alejado de la realidad. Así lo hizo notar Giordano cuando dijo: “Lejos de lo que dice el diputado Carlos Heller y los que defienden este proyecto, como Alberto Fernández y Martín Guzmán, de que el Congreso se va a poner de pie… esto es más sometimiento, entrega, más ajuste y más dependencia para el país, y centralmente para los trabajadores y sectores populares que sufrirán brutales ajustes y cambios estructurales, más reformas jubilatorias, laborales y mayor sometimiento y saqueo para pagar una deuda usurera”.

Con esta ley el gobierno nuevamente apela al doble discurso. Así lo denunció  Giordano: “El propio Fernández reconoce que los 50.000 millones de dólares de deuda contraída por Macri fueron a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales. Pero el gobierno ´nacional y popular´ la reconoce. Macri nos endeudó, la plata la usaron los banqueros y especuladores y ahora es el pueblo trabajador el que tiene que hacerse cargo de una deuda que no vió, que no fue a trabajo ni a salarios”.

En pleno desarrollo de la pandemia, que ya se cobró más de 50.000 vidas, Giordano remarcó: “Crecen los contagios, las muertes, faltan vacunas, hay un 45% de pobreza y la prioridad del gobierno es cumplir con el FMI. Fernández habla de la vacuna con Angela Merkel, con Putin, con Kristalina Georgieva, con el papa Francisco y pide que lo acompañen a salir de esto. ¿Cómo se sale? Según dice el gobierno, pagando la deuda usurera y fraudulenta, una mentira total”.

Giordano también expresó: “Es mentira que se despejarán los vencimientos, que vamos a recuperar la economía, que mejorarán los indicadores sociales. Ya hay un ajuste en marcha, sacar el IFE, una movilidad jubilatoria a la baja, firmar techos salariales de 29% frente a una inflación para 2021 que se calcula entre el 45% y el 50 por ciento”.

No debemos tener ninguna confianza en el Congreso. Siempre ha estado al servicio de los intereses del gran capital. “Ya el Congreso votó en la Ley de Emergencia Económica pagar 6.000 millones de dólares… Saquemos la cuenta de cuántas vacunas, respiradores, camas, salarios, jubilaciones y viviendas populares que se podrían construir”.

Giordano, en otra parte de su encendido discurso, señaló: “Que este Congreso le pueda poner límite a la deuda es una mentira total. En todos los presupuestos que se votan lo primero es pagar la deuda”.

Todos, el gobierno, los partidos patronales de oposición que, junto con el oficialismo, son mayoría en ambas Cámaras, la UIA, la Sociedad Rural, las burocracias de la CGT y las CTA están de acuerdo en pagar la deuda usurera de Macri y tienen un acuerdo en reconocerla. “El Frente de Izquierda propone otro camino, no el de la dependencia y el sometimiento, sino de la soberanía nacional. En vez de pagar la deuda hay que usar esa plata para salud, hospitales, trabajo, salario, educación y un plan de viviendas populares. Debemos recuperar las empresas privatizadas, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Ahí están los recursos para sacar el país adelante”, concluyó nuestro diputado Giordano.

Escribe José Castillo

Empezó 2021 y la carrera entre precios y salarios es cada vez más desigual. En nuestro país –con una inflación proyectada para este año cercana a 50%, una de las más altas del mundo y en la región solo superada por Venezuela– se han venido pulverizando desde hace años los ingresos de los trabajadores y demás sectores populares. La perspectiva para este año es que esto continúe. La única forma de evitarlo es dando duras peleas por la recomposición salarial para romper los techos que buscan imponer el gobierno del Frente de Todos y las patronales con el guiño cómplice de la burocracia sindical.

2020 fue un año terrible para el pueblo trabajador. La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, cerró en 36,1 por ciento. Comparada con ese mismo índice oficial, la inmensa mayoría de los trabajadores en blanco terminaron perdiendo. Solo zafaron unos pocos gremios que lograron “empatar” tras durísimas medidas de lucha, el caso paradigmático fue el de los aceiteros. Si los trabajadores en blanco bajo convenio terminaron por debajo del costo de vida oficial, mucho peor le fue a los que están tercerizados o en negro. Algunos llegaron a perder hasta 15% contra la inflación oficial. Lo mismo le pasó a los jubilados, pese al doble discurso del gobierno, absolutamente todos, hasta los de la mínima, quedaron retrasados frente al 36,1% de inflación oficial. 

Pero el tema se torna mucho más dramático cuando vemos que en la canasta básica alimentaria, que compone la inmensa mayoría de bienes que compran los trabajadores, el aumento fue mucho mayor. La suba de esta canasta en 2020 fue de 45,5 por ciento. Dentro de ella, los alimentos frescos (carne y verdura) se incrementaron más aún, 56 por ciento. 

De hecho, si comparamos la inflación de los más pobres (medida por los productos de consumo masivo), el año pasado promedió el 48%, mientras que la canasta de los ricos (medida en los productos de lujo) promedió 30 por ciento.

¿Qué va a pasar este año?

En el último trimestre de 2020 la inflación se aceleró, con promedios mensuales de entre 3% y 4 por ciento. Ahora, en lo que va de enero, los aumentos continuaron. Solo en la primera quincena de este mes la canasta alimentaria acumula otro 2,1% de aumento, con incrementos astronómicos en la carne y el pan. Los combustibles volvieron a subir. Con estos niveles de aumentos de precios la inflación proyectada para 2021 será cercana a 50%, con aumentos aun mayores en los productos de consumo popular. 

Y esto va a continuar. Ya hay proyecciones que aseguran que la canasta escolar básica (solo tomando en cuenta los útiles) será 48% más cara que el año pasado, ascendiendo a 5.099 pesos (datos de Focus Market). Y, de una forma u otra, el gobierno está negociando el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

¿Por qué aumentan los precios? Los economistas del establishment liberal dicen que se debe a “la excesiva emisión monetaria”, como si cuando no se emitió, como en todo 2019, todavía con Macri, la inflación no hubiera sido récord, llegando a 50% (dicho sea de paso, el mismo número que se alcanzaría este año con Alberto y Cristina). El gobierno del Frente de Todos, por medio de un estudio del Banco Central, dice que el motivo del aumento de precios es …la puja salarial, como si los trabajadores no estuvieran perdiendo. La realidad está lejos de unos y otros argumentos. La causa central del incremento de los precios está en los abusos que cometen todos los días las patronales monopólicas, en particular en la producción de alimentos. Ahí están metidos todos, desde las transnacionales exportadoras que aumentan el precio del maíz y el trigo para acoplarlo al valor internacional (provocando subas como la del pan), pasando por las empresas monopólicas de alimentos como Arcor o Molinos Río de la Plata, los grandes frigoríficos o las propias cadenas de hipermercados y supermercados que agregan “su propio margen” de superganancia. Todo con la complicidad del gobierno, que está desarmando el programa de precios máximos creado en marzo pasado y los ha reemplazado por un nuevo “precios cuidados” donde, con la excusa de “congelarlos hasta abril”, autorizó subas promedio de 6% en la mayoría de los productos de la canasta básica. Digamos además que dichos “precios cuidados” sólo están en las grandes cadenas de supermercados y no en los negocios de proximidad (chinos y almacenes), que es donde realizan las compras diarias millones de trabajadores.

¿Acuerdo de precios y salarios para qué?

El gobierno lanzó algunas medidas ineficaces que ya fracasaron en el pasado, típicas de su doble discurso. Así, dice que va a reducir el precio de algunos cortes populares de carne 30% con respecto a los valores de diciembre, cuando dichos cortes subieron 74% en todo 2020. Hoy, con el salario promedio, se compra 20% menos de carne que hace un año.

El gobierno de Alberto Fernández ahora vuelve a hablar de un acuerdo de precios y salarios. Se trata de una vulgar trampa. Con la excusa de que la inflación proyectada en el presupuesto para este año será de 29%, busca que la burocracia sindical le garantice que ningún incremento paritario sea superior a 32 por ciento. ¡Encima diciendo que así habría una suba del salario real! Cuando todos los economistas y patronales, como hemos dicho, proyectan una inflación real de 50 por ciento.

Así, sin duda, los números no cierran para los trabajadores. Según la consultora PxQ, con el supuesto de una inflación de 40% y tarifas aumentando al 30%, los salarios deberían subir como mínimo 45% para no perder poder de compra. La junta interna de ATE Indec afirma que la canasta básica de una familia trabajadora hoy asciende a 82.085,9 pesos.

Es necesario un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que ese monto, que se tendría que actualizar mensualmente de acuerdo con el incremento de dicha canasta. Esta medida elemental, junto con la reapertura de todas las negociaciones paritarias sin ningún techo restrictivo, es lo que hay que reclamar para poder recuperar el poder adquisitivo y así vivir dignamente.

Escribe José Castillo

Finalmente, el gobierno de Fernández cerró el acuerdo con los pulpos acreedores en el capítulo de bonos bajo legislación extranjera. Para preguntarse a quién beneficia, no hay más que ver los eufóricos festejos de los mercados internacionales, los especuladores, los banqueros y la aprobación de los economistas del establishment. 

Cada día se va haciendo más transparente que no puede haber una negociación “progresista” donde se crezca, haya trabajo, mejores salarios y jubilaciones y, a la vez, se pague la deuda a los acreedores.

Los detalles de la entrega

En un comunicado conjunto, los tres bloques en los que se organizaron los grandes acreedores se mostraron “complacidos”. Así lo expresaron BlackRock, el mayor fondo especulativo del mundo, y los otros usureros involucrados, como Templeton, Greylock o Pimco. No hay, por si a alguien le quedaba alguna duda, ningún “pequeño ahorrista” entre ellos. Y no es para menos que expresen su complacencia con el acuerdo.

El gobierno termina reconociendo 54,8 dólares por cada 100, 15.500 millones de dólares más que en la primera propuesta que hizo Alberto Fernández, donde ofrecía 33. Incluso por encima de lo “recomendado” por el propio FMI (que había planteado en marzo que cualquier valor por encima de 50 dólares era “insustentable”). Y también por arriba de la misma propuesta del gobierno de principios de julio, que ya era tan favorable a los acreedores que se llevó el aplauso de Luis Caputo y del mismísimo Domingo Cavallo. 

En el acuerdo la quita de capital es casi inexistente (inferior al 2%) y el promedio de intereses que se pagará será del 3% anual (en dólares, por supuesto), cuando hoy en el mundo, los bonos de deuda de otros países pagan tasas de entre el 0 y el 0,5%.

Nuestro país, que lleva pagados 5.000 millones de dólares desde que asumió Fernández, comenzará a abonar vencimientos a partir de julio de 2021. ¿En qué quedó la afirmación del presidente de que la Argentina no tenía ninguna posibilidad de pagar nada durante cuatro años? ¿No era que se iba a priorizar a los jubilados y al bolsillo de los trabajadores?

Los pasos que siguen

Pero acá no termina la historia. Inmediatamente comenzará otra negociación, esta vez con el Fondo Monetario Internacional. En esto queremos ser clarísimos, no existe ningún acuerdo “progresista” posible con el FMI. El Fondo es uno de los principales organismos del orden capitalista imperialista internacional. La Argentina tiene que pagarle al organismo casi 49.000 millones, comenzando en septiembre de 2021, y con vencimientos gigantescos entre 2022 y 2023. Sin quita posible. Lo que se negociará será un nuevo “préstamo” para patear la deuda para adelante. A cambio, el Fondo reclamará un nuevo ajuste y la puesta en marcha de lo que llama “reformas estructurales”: fiscal (menos impuestos para los ricos y achicamiento en el gasto social), previsional (liquidando las cajas y hambreando más aún a los jubilados) y laboral (destruyendo convenios colectivos y flexibilizando al máximo a los trabajadores).

Al mismo tiempo, se han conocido las pautas para la renegociación de los bonos de deuda bajo legislación local. Se trata de un monto no menor, 40.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones están en manos de grandes acreedores, y una parte muy importante en poder de un solo dueño, Pimco, uno de los mayores fondos de especulación del mundo. Este es el motivo por el que, increíblemente, se les permitirá a estos bonistas, que tienen títulos en pesos, dolarizar su acreencia.

En conclusión, toda esta renegociación, con sus distintos capítulos, nos lleva a más saqueo, colonización, miseria y explotación. Nuestro país no tiene salida mientras siga girando alrededor de esta bola de nieve imparable. Por eso insistimos en que la única salida es dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos internacionales y poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández quiere convencernos de que, una vez terminada la actual renegociación de la deuda con los pulpos, quedará resuelto “definitivamente” el problema de la deuda externa. Simplemente tendremos unos vencimientos perfectamente “sustentables” y fáciles de pagar en el futuro. 

Pero no es esto lo que sucederá. En la actual negociación lo que se discute son más de 60.000 millones de dólares en bonos donde cualquier conflicto se terminará discutiendo en el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York. El mismo donde, hasta hace pocos años, estaba el temible juez Thomas Griesa, el que siempre fallaba contra la Argentina y le daba la razón a los fondos buitres y, a partir de lo cual, el macrismo, con el apoyo del peronismo, terminó pagando 10.500 millones de dólares a principios de 2016.

Hoy, ya retirado Griesa, ese juzgado está a cargo de Loretta Preska. La nueva jueza le hace honor a su predecesor. Acaba de decidir que la Argentina tiene que pagar 224,2 millones de dólares a bonistas que no entraron en los canjes 2005 y 2010 y no estaban contemplados en el pago a los buitres efectuado en 2016. Se trata de deudas por bonos emitidos entre 1997 y 2001.

Con razón algún compañero puede preguntarse ¿pero no se había pagado todo cuando se canceló esa deuda con los buitres? Y acá está la sorpresa, no. Así, el fondo buitre Attestor Master Value cobrará 67,9 millones de dólares y Trinity Investment, 156,3 millones de dólares. 

Pero eso no es lo peor. Quedan otros acreedores, buitres que todavía están “pendientes” para cobrar. Los abogados del estudio yanqui Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan a la Argentina, le pidieron a la jueza que “acelere el listado de bonistas que aún tienen en su poder bonos en default 2001”. ¿Cuántos y quiénes son? No se sabe. Algunos dicen que se trata de 300 millones de dólares, otros de 800. Sebastián Maril, director de Fin.Guru, asegura que puede llegar a 3.000 millones. Increíblemente, el escrito presentado por los abogados que representan a la Argentina dice que están dispuestos a pagar para demostrar “respeto por las leyes norteamericanas y a la investidura de la magistrada” (Ámbito Financiero, 9/7).

Y aun cuando paguemos todo eso, no terminarán ahí los juicios contra nuestro país que tiene en sus manos la jueza Preska. El fondo buitre Burford le reclama a la Argentina un monto indeterminado de un mínimo de 3.000 millones de dólares y un máximo de 12.000 por la estatización de YPF. ¿Qué tiene que ver ese buitre con YPF? La historia es increíble, cuando se produjo la estatización en 2012, el Grupo Petersen (de Eskenazi, que ingresó gratis en YPF de la mano de su amigo Néstor Kirchner) le reclamó al mismo gobierno peronista kirchnerista una “indemnización” por la estatización. Y lo hizo en los tribunales de Nueva York. En 2015 Petersen quebró y le vendió la deuda al fondo buitre Burford, que ahora reclama que se le pague ante la jueza Preska.  

La jueza también tiene en sus manos otro juicio contra nuestro país. El del fondo buitre Aurelius, que reclama cobrar el cupón PBI de 2014, que no se pagó porque la Argentina ese año creció menos de 3,2 por ciento. Pero Aurelius alega que ese PBI estuvo “mal medido” y que entonces le toca cobrar, por supuesto, con intereses y punitorios. 

Dejamos todo en manos de “William Boo”

Hace décadas, hubo un exitoso programa de lucha en la televisión argentina que se llamaba Titanes en el Ring. Allí las peleas eran en realidad un show donde había “buenos y malos”. Lo mismo sucedía con los árbitros. El peor se llamaba William Boo, que dejaba “hacer” y ganar siempre a los malos. 

Que la deuda argentina se tenga que dirimir siempre en los tribunales yanquis (más aún, siempre en el mismo) es exactamente lo mismo. Griesa y Preska son William Boo. Ya sabemos, sus fallos siempre van a ser, por definición, a favor de los buitres y contra nuestro país. 

La deuda externa es una bola de nieve 

Todo lo anterior está directamente relacionado con la actual negociación. El gobierno de Alberto Fernández ya le cedió 15.000 millones de dólares más a los pulpos acreedores desde que lanzó la primera propuesta. La quita de capital es prácticamente cero, se acepta abonar el doble de intereses que en la propuesta original y se empezará a pagar a partir de 2021, y no con “tres años de gracia” como se decía antes. 

Sin embargo, puede darse que, aun después de ceder todo esto, queden bonistas que no acuerden y quieran más. Y vayan a juicio con Preska. Entre ellos hasta puede estar BlackRock, el fondo más poderoso del mundo. ¿Nos imaginamos cómo terminará este reclamo?

Recapitulemos. Por todo esto decimos que la deuda externa argentina es una estafa permanente y que no hay salida si seguimos pagando. Vamos a terminar pagando una fortuna a estos bonistas tras la reestructuración. Y luego seguirá lo que “arreglemos” en la renegociación con los bonistas bajo legislación local. Y después vendrá la discusión de cómo pagamos los 49.000 millones que le “debemos” al FMI.

Y cuando termine todo eso todavía faltarán las deudas provinciales. Y el Club de París. Y, aun cuando paguemos todos estos vencimientos seguiremos siendo declarados “deudores” por la jueza Preska que nos exigirá todo lo que explicamos más arriba. Más lo que reclamarán en el futuro los nuevos buitres. Y así hasta el infinito. 

Por eso insistimos. La única salida es repudiar de una vez la totalidad de esta deuda externa, que es ilegal, ilegítima e inmoral. Que no tiene “sustentabilidad” que valga. Sin vueltas, hay que dejar de pagarla y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.




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