Escribe Guido Poletti

¿A quién beneficia la renegociación de la deuda en curso? A un puñado, reducidísimo, de grandes especuladores internacionales, todos situados en la crema del establishment financiero imperialista. Ellos solos acumulan el 35% del total de la deuda externa argentina y tienen el “poder de veto” en cualquier renegociación. Acá no hay ningún “pequeño ahorrista” ni “jubilado con bonos” perjudicado. 

Veamos. El más grande, el auténtico “director de la batuta” de la renegociación, es BlackRock. Se trata de un emporio de negocios financieros. Maneja fondos por 7,5 billones de dólares y tiene oficinas en treinta países, entre ellos la Argentina. Pasó a ser el número uno mundial de las finanzas en medio de la crisis de 2008, cuando absorbió a uno de los más grandes bancos de inversión de entonces, el británico Barclays. El titular de BlackRock, Larry Fink, figura entre los zares de las finanzas globales y es, obviamente, uno de los megamillonarios del planeta.

El segundo buitre es Templeton, que maneja fondos globales calculados en 850.000 millones de dólares. Si bien es el más antiguo de todos (nació en 1947), su desembarco en nuestro país se dio recién con el macrismo, en 2018, para convertirse rápidamente en uno de los mayores acreedores argentinos.

Después tenemos a Greylock Capital, creado en 1997 y con inversiones financieras en más de cien países. Su fundador es Hans Humes, líder del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB), uno de los principales grupos de buitres que amenazaba a nuestro país luego de que se dejó de pagar en 2001.

El cuarto gran especulador en danza es Fidelity, también con una larga “trayectoria” de hacer superganancias con la deuda externa argentina. Administrador de un fondo global de 1,5 billones de dólares, en 2005 Fidelity fue uno de los pulpos acreedores que cerraron el acuerdo del canje kirchnerista de ese año. En 2011 se transformaron en los grandes acreedores de la provincia de Buenos Aires al comprar los bonos BP21 lanzados por el entonces gobernador peronista Daniel Scioli. En enero de este año exigieron, y consiguieron, que el actual gobernador Kicillof les pague en efectivo un vencimiento de ese bono por 250 millones de dólares a costa de postergar un pago a los docentes de la provincia.

Finalmente, el quinto gran “acreedor” es Pacific Investment Management Company (Pimco), un megafondo con sede en California que maneja 2 billones de dólares, que fue uno de los acreedores amigos preferidos del macrismo en el período 2018-2019 y un especialista en comprar deuda “riesgosa”, pero con altas tasas de interés como retorno.

A estos superfondos de la ruleta financiera internacional se les debe la mayor parte de la deuda externa argentina. Hay que elegir. Les pagamos a ellos o priorizamos las más urgentes necesidades populares. 

Escribe José Castillo

Hace un par de semanas el gobierno de Alberto Fernández presentó su propuesta de renegociación de la deuda externa por bonos con legislación extranjera. Lo hizo con profusión de datos de que la Argentina “no podía seguir pagando su deuda”. Más de un compañero de trabajo, de estudio, vecino o familiar puede haber quedado impactado por las afirmaciones del presidente y pensar que esta vez sí se priorizaría las necesidades populares antes que las de los pulpos acreedores.

Lamentablemente no es así. Por un lado, porque este proceso de renegociación es solo por una parte del total de la deuda externa argentina (66.000 millones de dólares de un total que, sumando deudas nacionales,  provinciales y el Banco Central orilla los 400.000 millones). Por otra parte, porque la propuesta hecha a los acreedores está lejos de ser “dura”, como se quiere hacer creer en los discursos. Eso lo hemos demostrado en notas anteriores (ver “¿Qué va a pasar con la negociación de la deuda?” en El Socialista 456), pero además, como veremos más abajo, es reconocido por el propio ministro Guzmán. Y también porque la propia renegociación está llena de trampas e idas y venidas en las que, en todos los casos, siempre terminamos perdiendo.

La renegociación es una estafa en sí misma

El especialista en el tema Alejandro Olmos ya lo advirtió hace varias semanas, cuando dijo que ninguna renegociación termina siendo favorable para los deudores. Ya tenemos la experiencia de los canjes kirchneristas: se lo cerró en 2005 (con grandes ventajas para los acreedores) afirmando que “los que se quedaban afuera no entraban ni cobraban más”, para volverlo a abrir en 2010 y permitir el ingreso de más acreedores. Y se aceptó la negociación con los acreedores restantes, los famosos pulpos, en un tira y afloje que terminó en la Corte de Nueva York, donde el juez Griesa falló, como era de esperar, a favor de estos. Todo terminó con el Estado argentino pagando en 2016 una suma exorbitante.

Esta semana se conoció una nueva “trampa” que pueden activar los pulpos acreedores, aun después de cerrada la actual negociación. Se refiere al escandaloso bono a cien años emitido en 2017 por el gobierno de Macri e, increíblemente, con su legitimidad aceptada, como toda la deuda, por Alberto Fernández y Guzmán. Ante cualquier renegociación, los acreedores pueden activar lo que se llama “cláusula de aceleración”, que consiste en exigir nada más ni nada menos que el gobierno argentino deba pagar al contado y por adelantado todos los intereses acumulados de los cien años, además de devolver el capital de esos bonos. En concreto, por un bono de 2.750 millones de dólares se exigiría una “devolución” inmediata de más de 14.500 millones de dólares. Esto es apenas una muestra de la vulgar estafa que es toda la deuda externa argentina.

El gobierno dice que está dispuesto a cambiar la propuesta por otra más favorable aún a los acreedores

El fin de semana, el ministro Guzmán publicó una columna de opinión en el Financial Times (uno de los dos diarios económicos más reconocidos por el establishment internacional). Más allá del título rimbombante (“La Argentina no puede pagar más. No hay lugar para ilusiones”), el ministro, a diferencia de lo que se suele decir para consumo interno, demuestra que la propuesta que hizo el gobierno es favorable para los acreedores. Un párrafo sugestivo es el que señala: “Algunos han sugerido que en estas circunstancias paguemos menos. Pero, como señal de nuestro compromiso con el acuerdo, mantenemos nuestra propuesta a pesar de que ahora requerirá de un esfuerzo de pago sustancialmente más fuerte. Ahora es el momento de un acuerdo”. 

Pero como los pulpos acreedores obviamente siempre quieren más, se lanzaron con todo para conseguir “mejorar” la oferta del gobierno argentino. La forma obvia fue un planteo de rechazo por parte de los principales fondos acreedores. Ante esto, el Ministerio de Economía ha respondido con un comunicado, que dice textualmente en uno de sus párrafos: “Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común”. Clarísimo, el ministro Guzmán le está pidiendo a los pulpos del establishment una “contraoferta” para sentarse a negociar. Obviamente, como en toda negociación, será aceptando condiciones más favorables a los acreedores que las actuales.

Como si hicieran falta más señales, el gobierno se reunió con las cúpulas empresarias y la CGT con el objetivo, no solo de obtener “apoyo” en la actual negociación, sino para hacer un planteo conjunto de que no se quiere entrar en default (o sea que se plantea seguir pagando). Así, tras la reunión, las seis entidades patronales presentes (Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina y Unión Industrial Argentina) emitieron un comunicado conjunto en el que plantean “su apoyo a la estrategia de reestructuración para lograr un acuerdo viable y sostenible en el tiempo. Alcanzar una solución a la deuda externa permitirá generar un escenario de previsibilidad macroeconómica que promueva la inversión privada y la creación de empleo”. Y aclaran que la “solución” a la que se refieren es ceder a mayores exigencias de los pulpos acreedores, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, precisó: “Es imprescindible negociar de la mejor manera la deuda externa. Hay que arreglar porque los defaults nunca fueron buenos para el país”.

¿Cómo seguirá todo esto? El próximo viernes 8 vence el primer plazo legal de negociación de la propuesta presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Es casi seguro que no se llegará a ningún acuerdo. Así ya lo adelantaron los principales buitres acreedores. El “partido de póker” continuará y pasará a la próxima mano, que durará hasta el 22 de mayo, cuando, si la Argentina no paga los 500 millones de dólares del vencimiento de deuda del pasado mes de abril, entrará formalmente en default. Veremos qué sucede. Lo que sí advertimos es que tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán están planteando aceptar una negociación “más amigable” para los acreedores. A contrapelo de los discursos “para la tribuna”. Y cada dólar de más que se acepte pagar será uno menos para respiradores, salario y elementos sanitarios para los trabajadores de la salud, o ayuda social ante la crisis. Y que, termine como termine este capítulo de la negociación, luego vendrán las exigencias de los mismos acreedores por los bonos bajo legislación local (que no entraron en esta negociación) y por las deudas provinciales. Encima, se vienen los vencimientos de la deuda con el FMI. Es una bola de nieve imparable. No hay salida con esta “renegociación” ni con ninguna. La única solución es dejar de pagar inmediatamente toda la deuda externa para así dedicar, en lo inmediato, todos los recursos a un fondo de emergencia que atienda las más urgentes necesidades populares ante la pandemia. 

Escribe José Castillo

Varios países africanos han planteado la cancelación total de su deuda externa y conformado un frente de países deudores para llevar adelante este reclamo. Tres representantes de ese continente se pusieron al frente de la iniciativa, el primer ministro etíope y Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed; el jefe de Estado de Senegal, Macky Sall, y el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana Cyril Ramaphosa. 

Es la respuesta a ciertos planteos demagógicos de parte de funcionarios del FMI y el Banco Mundial, que hablaron de “reducir plazos y montos” a la absolutamente impagable deuda externa africana, donde cada país tiene que destinar actualmente sumas de entre el 15% y el 30% del total de sus recursos a ese fin. Frente a estos dichos, la posición de los países africanos fue clara: piden la cancelación lisa y llana de todas las deudas. 

El frente de países deudores africanos es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Más allá de cómo termine este llamamiento. Se responde así a un interrogante que nos suelen plantear muchos compañeros: ¿se puede dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI? ¿Cómo se hace para enfrentar cualquier represalia del establishment económico y político del imperialismo?

Siempre hemos respondido que hay montones de ejemplos de países que dejaron de pagar sus deudas y que cualquier “represalia” es mucho menor al costo de seguir pagando a costa del hambre del pueblo trabajador. 

Pero ha eso también le agregamos que la suspensión de los pagos de la deuda externa y la ruptura con los organismos financieros internacionales deben ir acompañados del llamado al conjunto de los restantes países víctimas de este saqueo para conformar un gran frente de países deudores, que se oponga y enfrente de conjunto a los pulpos acreedores y sus gobiernos. 

En particular, siempre sostuvimos que ese llamado era fundamental en Latinoamérica, ya que todos los países de la región sufrimos la exacción de la deuda externa. Si la dejamos de pagar y unimos todos nuestros recursos, somos invencibles frente a cualquier represalia de los pulpos acreedores. Con los alimentos de Argentina y Uruguay, los minerales de Chile y Bolivia, el petróleo de Venezuela y Ecuador, el poder industrial de Brasil, por citar solo algunos ejemplos, seríamos capaces de resistir cualquier sanción que se le ocurriera al imperialismo. Algo similar a lo que hoy están planteando los países africanos.

Alberto Fernández, que por un lado repite que “no puede pagar”, pero al mismo tiempo sigue insistiendo en la negociación para “evitar caer en default”, aquí tiene la salida: dejar ya mismo de pagar toda la deuda externa y llamar a un frente de países deudores para enfrentar de conjunto a los buitres y sus gobiernos.  

Escribe José Castillo

El gobierno acaba de presentar oficialmente en Nueva York la oferta de renegociación. De los 66.000 millones de dólares en debate con los buitres privados se reducirán, como mucho, 30.000 millones. Y aún eso está en discusión. Incluso la fecha de “cierre” de la negociación, el 8 de mayo, también está en veremos.

Termine como termine este capítulo, no es verdad que con esto “se resolvió el tema de la deuda externa”. Porque lo que supuestamente “debemos” llega a 400.000 millones de dólares. Además de esta deuda “en dólares bajo legislación extranjera” queda otro tanto “bajo legislación local”. Más allá de los detalles técnicos hay algo claro, los acreedores son prácticamente los mismos: especuladores internacionales, consorcios de buitres que concentran lo peor del capital financiero internacional.

Y, por si todo esto fuera poco, queda además la deuda con el FMI: los 49.000 millones (entre capital e intereses) tomados durante los dos últimos años de la era Macri y utilizados en su totalidad para financiar la fuga de capitales de los amigos del ex presidente.

Y además tenemos que contabilizar las deudas provinciales y la deuda del Banco Central, que es un negocio redondo de superganancias para los bancos que operan en nuestro país –los mismos que cobran tasas usurarias, se niegan a dar crédito popular y utilizan el propio dinero que le dio el Banco Central para especular con el dólar, haciéndolo subir en estos días–. Y, podemos seguir, tenemos la deuda con el Club de París, con el Banco Mundial y un largo etcétera. Se trata de una bola de nieve que aumenta al infinito. De una deuda que, nunca nos olvidemos, es ilegítima, ya que su origen está en la dictadura genocida; ilegal, tal como lo demostró ya hace casi veinte años el juez Ballesteros en un fallo brillante; y absolutamente inmoral, porque prioriza a buitres chupasangres antes que la vida del pueblo trabajador.

Lo concreto es que cada vencimiento es menos plata para respiradores, hospitales, salarios de trabajadores de la salud, instrumentos de protección, o para comida y dinero para los que se quedaron sin ingresos. Así, solo desde que asumió el actual gobierno, ya se fueron 4.500 millones de dólares.

Alberto Fernández, cuando se presentó la propuesta de renegociación, afirmó que la Argentina “no puede pagar nada” en estos momentos. Si esto es efectivamente así, entonces hay que pasar de las palabras a los hechos. Sino, es puro doble discurso. Y esto, en la realidad, es dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa y romper con el FMI. Ahí está la plata, junto con un impuesto a las grandes fortunas y empresas, para financiar un fondo de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

Nosotros nunca tuvimos confianza en que el gobierno “iba a priorizar los intereses populares antes que a los acreedores”. Ya desde el año pasado, en plena campaña electoral, explicamos que sin dejar de pagar la deuda y romper el acuerdo con el FMI no había ninguna posibilidad de empezar a resolver las necesidades populares. 

Pero sí es cierto que muchos intelectuales nacionales y extranjeros vieron con buenos ojos los distintos discursos del gobierno acerca de “no pagar con el hambre del pueblo”. Claro que una cosa es lo que se dice “para la tribuna” y otra la realidad. Ahora que se conocen ya los detalles de la renegociación en curso con los buitres acreedores hay honestos intelectuales que aclaran que, así, solo se terminará favoreciendo a los acreedores. 

Hace pocas semanas escuchamos las advertencias de Eric Toussaint, portavoz de Cadtm –red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo–, quien hizo una extensa aclaración protestando porque varios medios difundieron que con su firma estaba apoyando la decisión que tomó el gobierno argentino. Señaló: “Es necesario declarar la suspensión inmediata del pago del capital y de los intereses de todas las deudas soberanas. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con esa acción. Por lo tanto, afirmar como lo hacen algunos medios de comunicación que los firmantes apoyan la estrategia de negociación del gobierno es instrumentalizar una convocatoria con el objetivo de sostener al gobierno. Y es inaceptable”.

También Alejandro Olmos, con una extensa trayectoria en denunciar las terribles consecuencias de sometimiento de nuestra deuda externa, lo ha dicho con todas las letras: “Refinanciar la deuda es continuar por el camino de la decadencia”. 

Es que, más allá de estas voces de autoridad que estamos citando, toda la historia reciente nos avala. No es la primera vez que la deuda “se reestructura” con la excusa de que, a partir de ese momento, el problema está solucionado. El primer canje de deuda lo hizo Menem en los años ´90 entregando el patrimonio nacional a cambio de, supuestamente, bajar el endeudamiento. Ya conocemos el final: nos quedamos sin ferrocarriles, sin teléfonos, sin gas ni petróleo, pero la deuda siguió estando presente, creciendo y llevándonos al abismo. 

Luego hubo otra renegociación, en junio de 2001, llamada “megacanje”, realizada por Domingo Cavallo, ministro entonces de De la Rúa. Todo estalló a los pocos meses. 

Finalmente, tuvimos los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Todavía está fresco en la memoria cuando se decía que nos habíamos “desendeudado”. Mentira, los Kirchner asumieron debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron a lo largo de su mandato más de 200.000 millones y se fueron dejando una deuda de 240.000 millones. Por supuesto, luego vino Macri y llevó la bola de nieve a 400.000 millones.

En síntesis, ni esta ni ninguna “renegociación” resolverá lo que no es otra cosa que una vulgar estafa. Y las estafas no se pagan. Esa es la única conclusión que se puede sacar respecto de esta deuda que, nunca nos olvidemos, es la herencia viva que viene desde la dictadura genocida del ’76.