El traspaso no garantiza justicia

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de abril de 2017

laura comunicadoEn una sesión marcada por la protesta de trabajadores judiciales que rechazaban la medida, la Legislatura porteña, aprobó el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria Penal, de Consumo, la IJG y el RPI a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Laura Marrone, legisladora porteña por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda señaló "Defendemos el reclamo de los trabajadores judiciales que se manifiestan contra este traspaso, ya que afectaría, entre otras cosas, nada menos que su salario y el horario de la jornada laboral. Tenemos una Justicia al servicio de los arriba ya que  para acceder a la justicia hay que tener plata,tanto para acusar como para defenderse. Nuestras cárceles llenas de ladrones de celulares, mientras los evasores de Panamá Papers  pagan abogados o logran leyes de blanqueos y  queman pruebas en los archivos de Iron Mountain. Quien no tiene plata no puede defenderse ni acusar a quienes lo atropellan."

Marrone agregó: “A los jueces los designa el poder político a través de las magistraturas. Esto conduce a que la justicia esté condicionada por los distintos gobiernos de turno. En nuestro país gobiernan los CEOS o los que aspiraron a ser CEOs y defienden los intereses de los empresarios.  Al paso de cada nuevo gobierno, desfilan las acusaciones a funcionarios del gobierno anterior por parte de jueces que antes no hablaron o se cajonean las causas contra los nuevos gobernantes”.

Marrone finalizó: "Si bien consideramos que mientras exista una sociedad capitalista, el poder judicial será parte de un aparato de estado al servicio de unos pocos, planteamos algunos puntos que consideramos, contribuirían a democratizar el acceso a la justicia por parte de los trabajadores. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda proponemos que los jueces se elijan por el voto popular y que sus cargos sean revocables. También,  proponemos que se implemente el juicio por jurado. Planteamos el aumento de defensores y fiscales que brinden patrocinio legal y gratuito para que los trabajadores y el pueblo tengan acceso a defenderse. Eso haría más democrático el proceso judicial actual, así se le sacaría el poder de decisión a la actual casta judicial.

 

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