El sábado 27 de mayo, los legisladores porteños Laura Marrone (FIT) y Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad) se hicieron presentes en el Hogar Curapaligüe, para verificar las condiciones de infraestructura en las que se encuentra el dispositivo. En la recorrida, comprobaron la ausencia de escaleras y salidas de emergencia, así como la falta de condiciones básicas de acceso y habitabilidad.

El Curapaligüe es uno de los tres hogares propios de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad, con los que el Estado porteño debería hacerse cargo, en el marco del Sistema de Protección Integral de Derechos, del cuidado y restitución de derechos de niños y niñas que fueron víctimas de violencia o abuso intrafamiliar, o que carecen de cuidados parentales.

Al finalizar la recorrida, Vilardo y Marrone señalaron que el Curapaligüe no cuenta con un plan de evacuación seguro. La falta de previsión ante una situación de emergencia hace que las personas que habitan el primer y segundo piso deberían bajar por una escalera interna angosta. Los legisladores también comprobaron la ausencia de espacios de juego. Tal como documentaron en las fotos, el patio interno del edificio está ocupado con mobiliario en desuso y escombros. "No es un lugar pensado para chicos", dijo la diputada Marrone, de amplia trayectoria en el campo de la educación.

Vilardo destacó la falta de condiciones básicas de acceso y habitabilidad que presenta el hogar, con habitaciones en reparación, sanitarios insuficientes y desperfectos en griferías y duchas, que en algunos casos imposibilitan su uso. “El único ascensor del edificio no funciona y el portón de ingreso abre hacia adentro”, describió el diputado. 

El año pasado, el hogar estuvo alrededor de ocho meses sin gas. Si bien el servicio fue restituido, hay días en que no funciona el agua caliente ni las estufas. Además, continúan sin repararse las conexiones eléctricas precarias, que exponen a los niños y los trabajadores a distintos riesgos.

Sobre el Curapaligüe pesa una medida cautelar, desde noviembre de 2016, que intima al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a que realice una serie de obras, a fin de garantizar condiciones de infraestructura dignas para los niños y las niñas que aloja el dispositivo. Pasados seis meses, el Gobierno de la Ciudad no terminó de cumplir con las exigencias de la justicia y paga la multa que le impone el Juzgado Nº 20 por cada día de demora.

A la emergencia edilicia, constataron los legisladores, se le suma la superpoblación y el hacinamiento. De acuerdo a la Ley 2.281, los hogares no deberían alojar a más de 30 niños y niñas; sin embargo, en el Curapaligüe conviven 44. La falta de personal y las formas precarias de contratación completan un panorama que obstaculiza el cuidado de los niños bajo el paradigma de protección de derechos.

Según describió la legisladora Marrone, en el momento de la recorrida, la atención de los 11 chicos menores de tres años que viven en el hogar dependía de una sola operadora, dado que los tres acompañantes hospitalarios que se encontraban en el dispositivo solo estaban habilitados para realizar algunas tareas. Los acompañantes hospitalarios son una figura con la cual la Dirección de Niñez intenta suplir la falta de personal. Sin embargo, debido a que dependen de una empresa privada que presta servicios para distintos efectores, todo el tiempo cambian, generando una inestabilidad preocupante en el vínculo entre los adultos y los niños que habitan el hogar.

Los legisladores vienen reclamando que la falta de vacantes en los hogares se traduce en hacinamiento y listas de espera para acceder a dispositivos de protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad mayores ingresos del país. Asimismo presentaron el 5 de abril un pedido de informe sobre la situación de los hogares de niños del estado y conveniados que a la fecha no tuvo respuesta.

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