A través del título “libertad religiosa”, el gobierno de Macri está impulsando un proyecto de ley en beneficio de distintas religiones. Juan Carlos Giordano, Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, se manifestó en contra y propuso “la inmediata separación de la iglesia del Estado”, habló de un retroceso de “la ley 1420 que impedía la educación religiosa" y dijo "no es casualidad que el ministro Bullrich -quien está a favor de la enseñanza religiosa- haya sido premiado como candidato a senador”.

Giordano dijo: “La ley mantiene los privilegios de la Iglesia Católica; le da rienda suelta a que las distintas religiones se entrometan en la educación y salud públicas; ampara el lavado de dinero de bancos, grandes empresarios y multinacionales usando a las religiones, y pone más trabas para el ejercicio de la educación sexual en las escuelas, el respeto al derecho al aborto no punible y cierra filas, por ende, en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito que impulsa la Campaña Nacional de la cual Izquierda Socialista es parte.”

Giordano señaló: “La ley faculta a las entidades religiosas a crear y mantener escuelas; centros de salud, hospitales, editoriales y hasta ser titulares de medios de comunicación; a recibir y otorgar contribuciones financieras voluntarias o de otra índole; a tener exenciones impositivas y a la inembargabilidad de sus bienes. También dispone que puedan constituir sociedades para realizar actividades civiles como si fueran una empresa. Solo con observar los fastuosos y millonarios templos céntricos en la Capital y en numerosos puntos del país, con guardias privadas, se constata que para nada son sostenidos por fieles humildes que concurren a sus prédicas, por lo cual hay que investigarlos, no premiarlos. En vez de investigar el origen de los enormes fondos que perciben, la ley le da rienda suelta para que sigan ampliando su poder económico”.

Giordano prosiguió: “La ley de Macri, además, sostiene que toda persona puede negarse a cumplir con una obligación legal por el solo hecho de invocar “un deber religioso”. Se refuerza de esa manera la figura del “objetor de conciencia”, no solo para los profesionales que trabajen en el ámbito sanitario (respaldando la negativa a que un médico, por ejemplo, no practique un aborto no punible, violando la ley) sino también para las instituciones religiosas. Con esta ley, por ejemplo, una docente -por sus creencias religiosas- se puede negar a enseñar la teoría de la evolución o la ley de Educación Sexual; o un juez de paz negarse a casar a personas del mismo sexo”.

Giordano continuó: “Los representantes de los cultos no están obligados a declarar hechos protegidos por su secreto ministerial (lo que llevaría a encubrir a curas pedófilos, por ejemplo). Y se ratifica que la Iglesia Católica seguirá con sus privilegios con las leyes que la subsidian, como la 21.950 que otorga a los obispos ingresos de $40.000 mensuales o la ley 21.450 de la dictadura militar por las que se les da una jubilación de privilegio vitalicia”.

Giordano finalizó: “La ley ya recibió el repudio de Amnistía Internacional y otras organizaciones. Desde Izquierda Socialista consideramos que toda religión debe actuar en el ámbito personal y privado de las personas. Por lo tanto, no deben tener ningún tipo de injerencia en la educación, en la salud, ni financiamiento estatal alguno. No se debe prohibir ni perseguir a ninguna religión, pero la iglesia debe ser separada del Estado. El que quiera adherir a un culto que lo haga, pero que lo sostenga. No puede haber enseñanza religiosa en la escuela estatal (como en Salta), ni puede existir ninguna institución educativa religiosa que den títulos habilitantes. Con esta ley Macri pretende mantener y ampliar a otros cultos los privilegios que ya tiene la iglesia católica.”

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