Este lunes 15 de abril se llevó a cabo una audiencia ante la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia, contra tres trabajadores petroleros de Santa Cruz: Martín Oñate y Néstor Vibares, ex integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato Petrolero y de Gas Privado, y Jorge Armoa, delegado de la empresa BACSSA, una petrolera de Neuquén. Están acusados de “coacción simple” y “entorpecimiento de la actividad económica” a raíz de una lucha sindical en 2014.
Estuvo presente nuestra Diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, quién viajó especialmente para solidarizarse. La delegación de nuestro partido, además, estuvo integrada por Adriana Astolfo (Secretaria General Adosac Pico Truncado), Luis Díaz (delegado escolar Adosac Río Gallegos) y Eduardo Manzione (congresal provincial Adosac Pico Truncado), compartiendo la audiencia junto al secretario general de Adosac, Pedro Cormack; Ileana Celotto (AGD-UBA), dos representantes del Sutna, Miguel Del Plá (CTA Autónoma-PO), familiares y amigos de los acusados, entre otros.
El gran ausente fue la conducción peronista del sindicato petrolero, encabeza de Claudio Vidal, mostrando su complicidad en la persecución de sus compañeros.
La audiencia demostró que se trata de una causa armada, impulsada por el fiscal Ariel Cadia (o sea por el Estado Provincial comandado por Alicia Kirchner), accionando como digno representante de la patronal. El mismo fiscal que llevo a otros petroleros a juicio por la causa Sayago, a quienes se los obligo a declarar contra si mismos mediante torturas.
Mónica Schlotthauer señalo: “En el juicio se demostró que los compañeros estaban en su pleno y legitimo derecho a huelga, que se trata de una clara persecución por su actividad gremial y de criminalización de la protesta. La empresa no pudo probar ningún perjuicio económico en su contra, como dice, ni aporto las cámaras de seguridad donde decía que había “camiones secuestrados". Y sus testigos “no recordaban” ninguna supuesta actitud delictiva de los acusados. El juicio debería haber culminado con la absolución de los compañeros, pero declararan el próximo 29 de abril, en el cual seguiremos reclamando la absolución”.
A su vez, Schlotthauer repudió la persecución que existe en la provincia, como a jubilados a quienes se les quiere hacer pagar $300.000 por supuestos daños contra la sede de previsión social de Río Gallegos por su lucha, y a docentes y estatales procesa-dos con causas penales repudiables.
Schlotthauer remató: “Todo esto prueba lo que venimos diciendo desde la izquierda, que el ajuste y la represión son tanto de Macri y el FMI como de los gobernadores, en este caso, la peronista kirchnerista Alicia Kirchner”.
