Con el paro nacional del 21 de noviembre, el pueblo colombiano ha entrado de lleno en la primavera de los pueblos latinoamericanos, antecedido por las rebeliones en Puerto Rico, Haití, Ecuador y Chile, así como las movilizaciones contra el golpe en Bolivia.

Convocada por las centrales sindicales, el movimiento estudiantil, organizaciones populares, campesinas y de afrocolombianos e indígenas, se realizó una movilización simultánea en las principales ciudades, la mayor en décadas.

El gobierno del derechista Iván Duque, hijo político de Uribe, en poco más de un año ha sufrido una seguidilla de derrotas. El movimiento estudiantil le impidió realizar recortes presupuestarios a la educación pública y al cabo de un mes de paro universitario lo comprometió a aumentar el presupuesto. En octubre perdió las elecciones regionales.

Con 69% de rechazo popular, ahora Duque pone a prueba su paquetazo legislativo alineado al FMI que incluye una reforma laboral para imponer una mayor precarización, una reforma jubilatoria para quitar derechos y privatizar las jubilaciones, una reforma tributaria para rebajar los aportes de las grandes empresas y aumentar los de pequeños contribuyentes. Contrarreformas que aumentarían la desigualdad capitalista que castiga al pueblo pese al crecimiento económico.

El paro nacional también va contra la corrupción, los tarifazos y las privatizaciones, por un salario mínimo digno, por el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado con el movimiento estudiantil y la exigencia que cese el asesinato de dirigentes sociales y ex guerrilleros desmovilizados.

Existe una importante disposición a enfrentar al terrorismo de Estado. Desde el año 2016, 486 dirigentes sociales han sido asesinados, 106 de ellos desde que Duque asumió el gobierno. Hace apenas tres semanas, el Ministro de Defensa se vio forzado a renunciar al revelarse que el Ejército asesinó a ocho menores de edad durante un bombardeo contra disidentes de las FARC y ocultó el hecho. Entre 1958 y 2018 la guerra interna dejó 262 mil muertos, más del 75% por parte de fuerzas armadas y paramilitares, y más de 80 mil desaparecidos según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La respuesta del gobierno al paro ha sido descalificar las justas exigencias obreras y populares asesinando a tres manifestantes y deteniendo a centenares, decretando toque de queda en Bogotá y Cali y sacando al ejército a las calles. En ese marco, la muerte el lunes 25 del estudiante Dilan Cruz, de 18 años, herido en la cabeza por la policía de Duque dos días antes cuando participaba de una manifestación pacífica en Bogotá, conmocionó al país. El martes 26, los dirigentes sindicales y de movimientos sociales se retiraron de la mesa de diálogo llamada por el gobierno y convocaron a un nuevo paro nacional para el miércoles 27. A las reivindicaciones iniciales se agregaron nuevas demandas, una de ellas es el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, responsable del asesinato del joven Dilan. El pueblo no retrocede, continúa realizando estruendosos cacerolazos, combinando marchas con paros nacionales y enfrentando la feroz represión del reaccionario gobierno de Iván Duque. La lucha continúa.