Escribe Liliana Olivero

El próximo viernes 7 de octubre se realizará la tercera marcha por el derecho a la Salud Mental en Córdoba. Hace seis años el gobierno de Cristina sancionó la Ley Nacional de Salud Mental, la cual al día de hoy se encuentra reglamentada pero no cuenta con el presupuesto necesario.

La misma situación se replica en Córdoba con la ley de salud mental local. Los intentos de desmanicomialización sólo se han traducido en desfinanciamiento, abandono y trato inhumano de las personas con padecimiento mental.

En la misma línea, el jueves 8 se realiza la segunda Marcha Blanca de los distintos sectores de la salud pública de Córdoba. Cientos de trabajadores de la salud han sido suspendidos y despedidos en los últimos meses, de la mano de la precarización y tercerización laboral.

Los trabajadores son quienes muchas veces se hacen cargo de las responsabilidades del gobierno, llevando los insumos de sus propias casas o juntando dinero para contratar un servicio de emergencias. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales son los responsables de que la salud pública se encuentre en terapia intensiva.

Nos movilizamos por paritarias en salud, en contra de la armonización de la Caja de Jubilaciones y para que no haya ningún despedido más. Tenemos que salir a luchar en las calles por un sistema de salud pública, integral, gratuita y de calidad para nuestro pueblo trabajador. Exigimos a la CGT y CTA de nuestra provincia, junto a todos los gremios estatales, un plan de lucha para conseguirlo.