Escribe Martín Fú

César Milani, ex jefe del Ejército ungido por Cristina Kirchner en 2013, está siendo enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Quien fuera postulado por el kirchnerismo para ser el recambio y la “nueva cara” de las fuerzas armadas, está acusado del secuestro y tortura de Pedro Olivera y su hijo Ramón, ocurridos en La Rioja en 1977, durante la pasada dictadura militar. Milani negó los cargos de los que se lo acusa, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita cuando se desempeñaba como subteniente del Batallón 141.

En su primera declaración, aunque sin nombrarla, se amparó en la derogada Ley de Obediencia Debida, al apuntar más arriba de los mandos militares e intentar lavarse las manos de las responsabilidades que le caben. La estrategia judicial de Milani de invocar la responsabilidad de los mandos superiores, es la que sostienen todos los genocidas que son juzgados hasta el día de hoy. Milani en su alegato leyó una carta en su apoyo de Hebe de Bonafini, que generó el repudio de la madre y hermana de Alberto Ledo.

El general, que se encuentra detenido con prisión preventiva, también está acusado en otras causas de lesa humanidad por la desaparición del soldado Alberto Ledo y la detención de Verónica Mata en 1976. Además tiene otra causa abierta por enriquecimiento ilícito. Milani tuvo un rol central en el armado kirchnerista del último gobierno de Cristina, contando con su apoyo para el pliego de su ascenso a teniente general en el Senado, a pesar de ser impugnado por distintas organizaciones de derechos humanos como el CELS, Serpaj, Madres de Plaza de Mayo y la Comisión Provincial de la Memoria, entre otros, quienes aportaron los antecedentes del rol de Milani en el Operativo Independencia en 1975, la represión ilegal de 1976-1983 y hasta su participación en el levantamiento carapintada de 1987. Desde Izquierda Socialista seguiremos exigiendo juicio y castigo con cárcel común para todos los genocidas.