El escándalo del cemento
¿Sirven las multas?
El gobierno le aplicó
una multa de 310 millones de pesos a las cinco empresas productoras de
cemento en la Argentina, acusándolas de haberse repartido el
mercado para subir los
precios entre 1981 y 1999, en violación a la ley de defensa
de la competencia.
Se trata de las firmas que controlan el 100% del negocio
del cemento en la Argentina: Loma Negra, Minetti, Cemento Avellaneda y
(la única argentina) Petroquímica Comodoro
Rivadavia. La propia Asociación de Fabricantes de Cemento
Pórtland (Cámara que las reúne) fue
encontrada culpable de coordinar el intercambio de la
información. Los pulpos del cemento se reunían en
una “Mesa de Acuerdos”, donde decidían
los precios, cómo los aumentaban, de qué forma se
dividía el mercado e incluso cómo repartirse las
licitaciones del Estado.
El escándalo estalló en 1999,
cuando la revista Veintidós publicó un
artículo en el que un ex gerente
de Loma Negra, Luis Jorge Capurro, delató
los negociados de los monopolios del cemento.
Escribió un libro, llamado
“Cemento-Asociación ilícita”,
pero el lobby de las cementeras logró que nadie se lo
publicara. Desde entonces Capurro sufrió intimidaciones
telefónicas, lo quisieron atropellar con un
automóvil y terminó yéndose de su
domicilio con paradero desconocido. Una historia típica de
la mafia.
Mientras tanto, la justicia se tomó seis
largos años para sacar la conclusión de que...
era cierto, había
manejos ilícitos en el mercado del cemento... entre 1981 y
1999. Y les impuso una multa a las empresas muy debajo de lo que
ganaron con las maniobras en el período.
¿Y de 1999
para acá?
Solamente entre diciembre del 2001 y junio de este
año el cemento subió un 143,9%. Producto de los
mismos manejos que se acaban de comprobar. Y no es solo en el mercado
del cemento. Toda la industria de la construcción
está en manos de pulpos que hacen lo que quieren con los
precios: el hierro subió un 287% y la arena un 175%. Es solo
una muestra de que el conjunto de la economía argentina
está en manos de monopolios que controlan de a una, dos o a
lo sumo tres empresas, a todos los sectores productivos y de
comercialización.
Las multas no sirven para nada. Son solo un mensaje
“para la tribuna”. El año pasado se le
impuso una
multa de 100 millones de pesos a YPF por conducta
oligopólica en el negocio de las garrafas. La empresa
pagó, a la vez que se le compensaba con subsidios que
recibía del gobierno “por la otra
ventanilla”. Mientras tanto, el precio de la garrafa
siguió subiendo.
¿Cómo
se controla a un monopolio?
Las
sanciones ante conductas como las de las cementeras tienen que ser
reales y efectivas. Las multas deben ser iguales en monto a las
ganancias ilegales acumuladas. Y llegar a hoy, no “hasta
1999”. Se impone obligar a los pulpos a que abran sus libros
de contabilidad para que los trabajadores de esas empresas y las
asociaciones de consumidores pueda controlar y saber cuanto han ganado.
Se les debe cobrar un impuesto especial por las superganancias que
obtuvieron. Y, por sobre todo, el Estado debe fijar un precio
máximo para el cemento y exigir su cumplimiento bajo
apercibimiento de clausura o expropiación del monopolio.
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