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José Castillo

El escándalo del cemento

¿Sirven las multas?

El gobierno le aplicó una multa de 310 millones de pesos a las cinco empresas productoras de
cemento en la Argentina, acusándolas de haberse repartido el mercado para subir los
precios entre 1981 y 1999, en violación a la ley de defensa de la competencia.

Se trata de las firmas que controlan el 100% del negocio del cemento en la Argentina: Loma Negra, Minetti, Cemento Avellaneda y (la única argentina) Petroquímica Comodoro Rivadavia. La propia Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (Cámara que las reúne) fue encontrada culpable de coordinar el intercambio de la información. Los pulpos del cemento se reunían en una “Mesa de Acuerdos”, donde decidían los precios, cómo los aumentaban, de qué forma se dividía el mercado e incluso cómo repartirse las licitaciones del Estado.

El escándalo estalló en 1999, cuando la revista Veintidós publicó un artículo en el que un ex gerente
de Loma Negra, Luis Jorge Capurro, delató los negociados de los monopolios del cemento. Escribió un libro, llamado “Cemento-Asociación ilícita”, pero el lobby de las cementeras logró que nadie se lo publicara. Desde entonces Capurro sufrió intimidaciones telefónicas, lo quisieron atropellar con un automóvil y terminó yéndose de su domicilio con paradero desconocido. Una historia típica de la mafia.

Mientras tanto, la justicia se tomó seis largos años para sacar la conclusión de que... era cierto, había
manejos ilícitos en el mercado del cemento... entre 1981 y 1999. Y les impuso una multa a las empresas muy debajo de lo que ganaron con las maniobras en el período. 

¿Y de 1999 para acá? 

Solamente entre diciembre del 2001 y junio de este año el cemento subió un 143,9%. Producto de los mismos manejos que se acaban de comprobar. Y no es solo en el mercado del cemento. Toda la industria de la construcción está en manos de pulpos que hacen lo que quieren con los precios: el hierro subió un 287% y la arena un 175%. Es solo una muestra de que el conjunto de la economía argentina está en manos de monopolios que controlan de a una, dos o a lo sumo tres empresas, a todos los sectores productivos y de comercialización.

Las multas no sirven para nada. Son solo un mensaje “para la tribuna”. El año pasado se le impuso una
multa de 100 millones de pesos a YPF por conducta oligopólica en el negocio de las garrafas. La empresa pagó, a la vez que se le compensaba con subsidios que recibía del gobierno “por la otra ventanilla”. Mientras tanto, el precio de la garrafa siguió subiendo.

¿Cómo se controla a un monopolio?

Las sanciones ante conductas como las de las cementeras tienen que ser reales y efectivas. Las multas deben ser iguales en monto a las ganancias ilegales acumuladas. Y llegar a hoy, no “hasta 1999”. Se impone obligar a los pulpos a que abran sus libros de contabilidad para que los trabajadores de esas empresas y las asociaciones de consumidores pueda controlar y saber cuanto han ganado. Se les debe cobrar un impuesto especial por las superganancias que obtuvieron. Y, por sobre todo, el Estado debe fijar un precio máximo para el cemento y exigir su cumplimiento bajo apercibimiento de clausura o expropiación del monopolio.


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