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Escribe:
Julio Arditi
Secretario General SUTEBA Gral. Sarmiento
Ley de Financiamiento Educativo de Kirchner y Ctera
Un paso más hacia la privatización
El día 9 de Septiembre, irónicamente, a menos de 48 hs del día del maestro, el presidente Kirchner presentará este proyecto de ley. Aplaudido por los mismos sectores que han apoyado el pacto federal educativo durante los gobiernos de Menen y De La Rúa: los 500 hombres de negocios más importantes, junto a sus empresas, reunidos en el marco del Precoloquio Cuyo del Instituto Del Desarrollo Empresarial Argentina (IDEA) lograran tener ingerencia en la escuela pública, utilizando a los alumnos como mano de obra barata y precarizada, mediante supuestos apadrinamientos y proyectos (nueva ley de educación técnica), así como también flexibilizar las condiciones laborales de los docentes. Participó también el economista y ex ministro de De La Rúa, Juan José Llach, uno de los mayores impulsores del Pacto Federal Educativo 2 y de las recetas del Banco mundial (BM) para el arancelamiento universitario.
En estos días, en San Pablo, Brasil, políticas similares a las que se quieren implementar con esta ley se discutieron arduamente frente a la propuesta del intendente José Serra, quien impulsa que empresas privadas sponsoreen uniformes escolares con el pretexto de ahorrar presupuesto, pero que en realidad, mercantilizan la educación entrometiendo los intereses de las empresas privadas en la escuela pública.
El proyecto de Kirchner avanza en ese sentido. Propone, entre otros puntos, elevar de 4 a 6 % del PBI destinado a educación en 5 años a través de inversiones privadas, lo que significaría un aumento a la inversión de la educación (no del presupuesto) de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, la recaudación fiscal de junio fue de 10 mil millones. Es decir, en un mes, el Estado recaudó lo que supuestamente las empresas invertirían en 5 años.
También introduce el tema sobre la carrera docente, pretendiendo que se bonifique la capacitación y el desempeño docente (premio al mérito). Con esto se busca la eficiencia y productividad que pregona el Banco Mundial reduciendo el costo educativo y flexibilizando al docente.
Como hace 10 años con la Ley Federal de Educación (LFE), que aparecía como la panacea de la “federalización” de la educación, hoy esta ley de Kirchner y Solá, que dice defender la escuela y propone reformas para mejorarla, en realidad apunta a la privatización de la escuela pública aumentando aun más la brecha entre ricos y pobres. Los docentes debemos discutir y analizar estas leyes ya que nos afectan de manera directa en nuestras condiciones de trabajo, nuestros derechos laborales y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para priorizar la educación pública se debería destinar el dinero del superávit fiscal que va a la deuda externa a aumentar considerablemente el presupuesto educativo y poder garantizar hoy un salario básico unificado de $800 para todos los docentes del país en la perspectiva de llegar al valor de la canasta familiar.
Junto con esto hay que derogar la LFE, la Ley de Educación Superior y sus correlativas provinciales, como así también impulsar la elaboración de una propuesta alternativa debatida democráticamente por los docentes y la comunidad educativa. Con estas medidas podríamos empezar a tener los salarios y la educación pública de calidad que realmente nos merecemos.
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