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Escribe:
Jose Castillo
Se le rescindió el contrato a Suez
El fin de Aguas Argentinas
Se crea la sociedad anónima Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) con mayoría estatal. Su presidente será un ex privatizador y miembro del directorio de Aguas Argentinas. Mientras tanto, los franceses continúan su demanda contra la Argentina ante los tribunales internacionales por 1.700 millones de dólares. ¿Es ésta una solución para el problema del agua?
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Pobladores sin acceso al agua potable |
Compartimos el alivio, y hasta la alegría de trabajadores y usuarios por la partida de los pulpos del Grupo Suez. Pero debemos ser serios y claros sobre cómo vemos los hechos. La estatización no fue nunca la política de Kirchner, ni siquiera su segunda opción. Durante los más de dos años que lleva su gobierno, donde ya eran públicas todas las barbaridades hechas por la empresa, se jugó a renegociar el contrato, incluso aceptándole aumentar la tarifa y perdonarle los no cumplimientos de inversión. Sin embargo, el Grupo Suez estaba reestructurando su negocio y lo puso frente al hecho consumado de que se iba, cosa que anunció en septiembre pasado, después de que Kirchner lo halagara diciendo que era “el modelo de reestructuración de contratos”. Pero tampoco ahí el gobierno se jugó por la reestatización, al contrario, salió desesperadamente a buscar otro operador privado (Aguas de Barcelona, Brito, Eurnekian, incluso fondos buitres como Latam Assets y Fintech). Recién cuando todo le fracasó, el gobierno apeló a su ya tradicional doble discurso y anunció pomposamente la “reestatización”.
Pero, y ésta es la segunda reflexión, no es tal. Porque no se crea una empresa estatal como corresponde, sino una “extraña” sociedad anónima con mayoría estatal, que entonces no necesita llamar a licitación para hacer adjudicaciones y, lo más importante, puede pasar a ser de mayoría privada con una simple venta del paquete accionario. El propio gobierno lo reconoce cuando al preguntársele si se la volverá a privatizar responde lacónicamente: “Veremos”. A la vez, se nombra presidente de la compañía a Carlos Ben, un personaje que fue coordinador de la comisión privatizadora de la empresa en 1993 y luego miembro del directorio de la propia Aguas Argentinas.
Una historia de terror
Aguas Argentinas surgió con la privatización de Obras Sanitarias de la Nación para el área de la Ciudad de Buenos Aires y diecisiete partidos del conurbano, constituyéndose en el mayor operador privado de agua potable del mundo. La privatización se realizó en mayo de 1993, otorgándosele a la francesa Lyonnaise des Eaux (que en 1997 se fusionaría con Compagnie de Suez) por ofrecer la mayor rebaja sobre la tarifa vigente. Apenas un año después, en 1994, se autoriza un aumento del 13,5% y en 1998 otro del 30%, con lo que las tarifas ahora dolarizadas quedan sustancialmente por encima de las que cobraba Obras Sanitarias. Mientras tanto, la empresa procedía a pasar de 8.700 a apenas 3.700 trabajadores. A la vez, nunca cumplió con las inversiones con las que se comprometió: debía realizar obras por 2.200 millones de pesos y sólo las ejecutó por 1.265. Todo esto, naturalmente, trajo como consecuencia un dramático descenso en la calidad del servicio: baja presión, dudas sobre la potabilidad, inundaciones con aguas servidas por mal manejo de las napas y, además, decenas de miles de habitantes sin agua corriente ni cloacas, pese a que figuraban en los hipotéticos “planes de inversión”.
Y, como si todo esto fuera poco, después de la devaluación la francesa Suez tuvo la caradurez de presentar una demanda ante el CIADI (los tribunales del Banco Mundial), acusando a la Argentina por “violación de contrato” y exigiendo 1.700 millones de dólares.
¿Cuál es la salida?
Existían sobrados motivos desde hace años para rescindir este contrato y desconocer la demanda internacional de la empresa. Es más, ni siquiera se debería haber dejado salir del país a las máximas autoridades, responsables de poner en riesgo la salud de la población.
No estamos hablando de un servicio más. Está en juego la salud de 11 millones de habitantes. Sin agua potable y cloacas estamos condenados a suciedad, epidemias, mortalidad infantil. Exigimos una empresa estatal de verdad, con todas las capacidades, y no una sociedad anónima al servicio del negocio de algunos. Queremos una empresa pública bajo control y gestión de los trabajadores -y no de burócratas que crecieron a la sombra de la privatización, la corrupción y la pasividad ante Suez, como Lingieri de la CGT-. Y queremos también que participen en la gestión los usuarios que, como en el caso del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, han sabido organizarse y recurrir a los mejores técnicos para hacer realidad la consigna de que el agua “no es una mercancía, sino un derecho humano”.
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