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Escribe:
Miguel Lamas
Bolivia
Evo anuncia nacionalización de gas y petróleo
El 1º de Mayo Evo Morales anunció en Tarija su “decreto supremo” que establece la “nacionalización de los hidrocarburos” y la ocupación por parte de las fuerzas armadas de los yacimientos petroleros. El decreto contempla el control estatal de la comercialización, exportación y precios. Aunque no incluye la confiscación de las petroleras, ha sido un paso adelante y un triunfo de la lucha popular.
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Miles respaldando a la nacionalización en La Paz |
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Bolivia: Refinería de gas |
“Llegó el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales. A partir de este momento quedan nacionalizados todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales”, declaró Morales, rodeado por sus ministros, funcionarios y efectivos militares. Llamó a los bolivianos a movilizarse frente a “intentos de sabotaje”.
El anuncio despertó gran entusiasmo en sectores populares bolivianos que salieron a festejar. Asimismo, en nuestro país y países hermanos latinoamericanos, la medida fue recibida con simpatía por los trabajadores y oprimidos. “Esto es lo que habría que hacer acá”, exclamaron muchos al enterarse.
El decreto de Evo
El decreto 28.701 establece que a partir de este 1º de mayo, las petroleras que operan en el país “están obligadas” a entregar a YPFB “toda la producción de hidrocarburos para su comercialización e industrialización y tendrán que regularizar sus actuales contratos en un plazo de 180 días. De lo contrario, no podrán seguir operando en el país”.
El presidente destacó que YPFB se encargará de la comercialización y de definir “las condiciones, volúmenes y precios para el mercado interno y para la exportación y la industrialización”. La petrolera estatal, detalló, asumirá “el 50% más uno de las acciones” de las tres compañías que se formaron en 1996, tras la privatización, durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Losada. Se trata de Andina S.A., filial de la española Repsol; Chaco S.A., controlada por la británica British Petroleum, y Transredes, perteneciente a la angloholandesa Shell. El proceso también afecta a la brasileña Petrobras, aunque es un caso particular, porque esta empresa no intervino en la privatización de los años ’90.
Un paso adelante
La medida no es la expropiación sin pago reclamada por los movimientos sociales. No es la estatización completa de los hidrocarburos por la que se levantó el pueblo boliviano. Es, sin embargo, un importante paso adelante y un triunfo directo de los trabajadores, campesinos y sectores populares que lucharon heroicamente por recuperar las riquezas nacionales.
Según el decreto, las multinacionales seguirán operando y ganando millones, pero deberán pagar mayor cantidad de impuestos y tendrán un mayor control estatal, fundamentalmente el control de las exportaciones y precios. En la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada los hidrocarburos daban al Estado 140 millones de dólares anuales. Con la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa, la renta aumentó a 460 millones de dólares. Hoy, con la decisión del presidente Morales la cifra sube a 780 millones de dólares, aseguró el vicepresidente Alvaro García Linera, quien dijo que esto representa el 82% de los beneficios petrolíferos y gasíferos y el 18% quedaría como ganancia de las multinacionales.
Ahora se abre una negociación con las empresas por los nuevos contratos. El gobierno español de Zapatero ya manifestó “preocupación” y “esperanzas” de que se respeten los intereses de las multinacionales.
Es un paso parcial. Las compañías tienen millones para corromper funcionarios, falsear las cifras y seguirse llevando mucho más de lo que dice la ley.
Sobra fuerza popular, sobran argumentos económicos y jurídicos para expropiar sin pago los activos, equipos y pozos petrolíferos que hoy tienen las multinacionales. Esas empresas se llevaron miles de millones sin ningún control durante años. Confiscarlas sólo sería un acto de justicia para recuperar en parte lo que se robaron. Encima, los propios contratos son inconstitucionales porque nunca los aprobó el Congreso. Es también posible técnicamente. Bolivia tiene profesionales capaces dispuestos a trabajar por el país y podría reclamar ayuda técnica a la petrolera estatal de Venezuela.
Por eso, el reclamo de los movimientos sociales de expropiación sin pago y nacionalización total, sigue en pie, ya que sigue siendo una necesidad en el camino de independizar a Bolivia del imperialismo.
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