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Escribe:
Miguel Lamas
Gas y petróleo en Bolivia
¡Nacionalización total!
El “decreto supremo” 28.701 de Evo Morales que determina la nacionalización parcial del gas y petróleo en Bolivia pateó el tablero. Mientras millones de trabajadores aplauden la medida, Lula y Kirchner corrieron a presionar a Evo para que retroceda. Protestan enojados las multinacionales y el gobierno español de Zapatero. Hay que seguir hasta la nacionalización total.
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Yacimiento más importante de Bolivia |
Lula, Kirchner, Evo y Chávez sonrieron juntos para las fotos al terminar la reunión de urgencia que realizaron en Puerto Iguazú. Pero las sonrisas eran forzadas. Mientras Chávez fue a dar a La Paz su apoyo a Morales, el gobierno argentino se manifestaba “preocupado”, y el brasileño, a través de la petrolera Petrobras, inició una demanda contra Bolivia ante tribunales de Nueva York. Esto lo denunció el propio Morales, que dijo que lo estaban chantajeando.
El ministro de Economía español, Pedro Solbes, vicepresidente del gobierno que ensucia el nombre “socialista”, evaluó que Bolivia produjo “la ruptura de acuerdos internacionales de inversión equiparables en cierta medida a una expropiación”. Los empresarios agrupados en CEOE se manifestaron “inquietos y preocupados” y reclamaron a José Luis Rodríguez Zapatero que se plante ante Morales y le haga “respetar los compromisos adquiridos”. La Unión Europea señaló que “afectará las inversiones en Bolivia”.
Ocurre que, más allá de que la nacionalización es parcial, o “a medias”, como lo señaló con acierto la Central Obrera Boliviana (COB), tocó intereses de las multinacionales. Y desde el punto de vista político, la imagen de Evo Morales con casco minero, rodeado por sus ministros, obreros y militares bolivianos ocupando los yacimientos, fue una poderosa señal para América latina y para todos los trabajadores del mundo. Después de décadas de privatizaciones y de un discurso dominante que dice que eso es lo único que se podía hacer, uno de los países más pobres de América latina se atreve a decir lo contrario y dar un paso para impedir el saqueo.
Ahora son millones los que se preguntan: si esto pudo Bolivia, ¿por qué no podrían Brasil y la Argentina, por qué no toda América latina?, ¿tiene gobiernos dispuestos a dar ese paso?
A medias
El decreto contó con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo boliviano que venía reclamando la nacionalización. Sin embargo, es criticado correctamente por insuficiente por distintos dirigentes sindicales y movimientos populares bolivianos. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Miguel Zubieta, dijo que la nacionalización es una medida acertada pero incompleta (www.bolpress.com). Tiene razón, ya que la “agenda de octubre” -programa por el que salieron a la calle centenares de miles de bolivianos echando del poder a los presidentes Sánchez de Lozada y Carlos Mesa-, fue por expulsar a las multinacionales expropiando los yacimientos y sus bienes y por la nacionalización total, considerando que ya robaron mucho. Este reclamo sigue manteniendo vigencia porque es justo y una necesidad para el pueblo boliviano.
La Constituyente y los hidrocarburos
El 12 de julio hay elecciones para la Asamblea Constituyente. Fue el otro gran reclamo de las insurrecciones bolivianas del 2003 y el 2005 de una constituyente soberana que “refunde Bolivia”, integrada por representantes directos de los movimientos sindicales, campesinos y populares. La Constituyente fue convocada por el gobierno del MAS, pero Evo pactó con la oligarquía cruceña y sólo podrán participar los partidos políticos, sin representación directa de los movimientos sociales.
También pactó aceptar la autonomía de Santa Cruz. La oligarquía del departamento (provincia) de Santa Cruz quiere la autonomía e incluso amenaza con separarse de Bolivia porque pretende quedarse con los ricos recursos petroleros que están en ese departamento. Pero esa región petrolera y gasífera está habitada por indios guaraníes que están reclamando fundar un nuevo departamento separado de Santa Cruz. Eso neutralizaría la maniobra secesionista de la oligarquía cruceña.
Sin embargo, Morales ha ignorado hasta ahora la petición guaraní.
Pese a estas limitaciones, la Asamblea Constituyente, que será electa el 2 de julio y se reunirá el 6 de agosto, se convertirá inevitablemente en caja de resonancia de estos debates y reclamos populares. Dentro del propio MAS, que previsiblemente ganará por mayoría absoluta, se produjeron importantes discusiones sobre las candidaturas y lo que deben defender los futuros constituyentes. La principal exigencia popular, entonces, para la Constituyente, deberá ser precisamente la nacionalización total del gas y petróleo con expropiación de las multinacionales. Demanda que habrá que seguir apoyando con la movilización popular.
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