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Escribe:
Jose Castillo
Negociación España-Argentina
Escandaloso acuerdo en Aerolíneas
El gobierno pretende hacer pasar la adquisición del 5% del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas como un acto de soberanía. Se trata, en realidad, de blanquear las irregularidades de la actual administración española. Y a la vez abrirle el juego a operadores “argentinos”, como los dueños de TBA
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Aerolíneas debe quedar totalmente en manos del Estado |
Desde la privatización de Aerolíneas a comienzos de la década de los 90 todo el transporte aerocomercial argentino se ha transformado en un terreno de saqueo y desguase. Así, las distintas administraciones (primero Iberia, luego la SEPI y ahora el Grupo Marsans), se dedicaron a vaciar nuestra vieja aerolínea de bandera. Funcionarios, empresarios y burócratas sindicales se llenaron la boca (y los bolsillos) mientras las rutas de cabotaje desaparecían, dejando aisladas regiones enteras y perdiendo las rutas internacionales. Mientras, quedaban como rehenes de esos negociados de miles de millones de dólares los trabajadores aeronáuticos y los usuarios.
Ahora el gobierno de Kirchner acaba de anunciar un acuerdo por medio del cual el Estado argentino pasaría a controlar el 5% de las acciones de Aerolíneas (que podría llegar al 20%) y recuperaría el poder de veto (la llamada “acción de oro”) sobre las decisiones estratégicas de la compañía. Obviamente, funcionó a la perfección una vez más la maquinaria propagandística del doble discurso, vendiéndose el acuerdo como una virtual recuperación de la soberanía argentina sobre Aerolíneas.
La verdad del acuerdo y su agregado
En realidad se trata de un fenomenal salvataje de una empresa al borde de la quiebra. Repasemos a qué se compromete el Estado nacional: “dar por buenos” los balances truchos de la empresa de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, “disciplinar” a los gremios aeronáuticos para que no se les otorguen más aumentos, incrementar las tarifas un 20%, subsidiar el combustible para las rutas menos rentables, dar exenciones impositivas para la compra de insumos y “perdonar” las deudas impositivas que la empresa tiene con el Estado.
Cuando se firmó este acuerdo, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, señaló que el Estado argentino aumentaría su participación en la empresa (del 1,4% al 5%) sin poner un peso y que, de esa forma, recuperaba el poder de decisión y veto que le daba la “acción de oro”. Bastaron 48 horas para desmentirlo, ya que funcionarios del gobierno y los tres accionistas principales de Aerolíneas firmaron una “adenda” (agregado) al acta acuerdo suscripta dos días antes en Madrid. Se incorporaron tres puntos: el primero especificando que los dos directores designados por el Estado no tendrán ningún poder de “veto” ni sobre las rutas, ni sobre el capital, ni los endeudamientos. El segundo, referido al monto que deberá poner cash el Estado argentino para concretar su compra de entre el 5% y el 20% del capital de la empresa: por el tope del 20% se fijó un precio de 170 millones de dólares. Y el tercer punto establece que si los socios mayoritarios españoles deciden cerrar rutas de cabotaje deficitarias y el Estado argentino pretende que se siga volando, deberá hacerse cargo de la pérdida.
¿Se viene Cirigliano?
Uno de los temas que aparece increrecurrentemente es la “argentinización” de la compañía con la entrada de socios locales. Se trata, claro está, de ver cuáles de los pulpos locales están interesados en meterse en el negocio de la aeronavegación. Uno de los que sonaba era nada menos que el Grupo Roggio, dueño de Metrovías y Cliba. Pero parece que ahora el camino se le va despejando a Claudio Cirigliano, propietario nada más ni nada menos que de la concesión de TBA. Se rumorea que el gobierno lo colocaría a él en el directorio de la empresa. Por ahora, ya su ex gerente de Recursos Humanos está ubicado como el nuevo gerente general de Aerolíneas.
Recuperar Aerolíneas
Es evidente que ninguno de estos negociados va a resolver el problema del transporte aéreo argentino, ni el futuro de los miles de trabajadores que de él dependen. Se impone reestatizar Aerolíneas Argentinas, unificando a todas las empresas del grupo (Austral, Jet Paq, Aero-Handling, Aerolíneas Cargo y Aerolíneas Executive Jet) y colocarla bajo la gestión de sus trabajadores (pilotos, personal auxiliar de a bordo y de tierra, y técnicos), incorporando a todos los trabajadores de las compañías que fueron surgiendo del desguase (LAPA, Dinar, Southern Winds), rescindiendo a la vez el contrato con LAN e incorporando a la nueva empresa a los trabajadores hoy absorbidos por la empresa chilena. Esta nueva Aerolíneas Argentinas, estatal y eficiente, deberá transformar el transporte aéreo en un servicio accesible para los sectores populares, programando vuelos sobre la base del desarrollo regional y la integración territorial.
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