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Daniel Campos
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Daniel Campos

Cinco razones para rechazar la Ley Nacional de Educación

En el debate que se hace en las escuelas, colegios e institutos, los socialistas remarcamos la necesidad de una nueva ley de educación, elaborada por los docentes, estudiantes padres y alumnos, y desde abajo, sin intervención de las grandes empresas y con independencia de los organismos internacionales de crédito. Que aumente el presupuesto de educación con fondos del Estado. Que garantice nuestros derechos laborales. Que anule y supere a las anteriores leyes que destruyeron nuestra educación. Nada de esto propone la ley que impulsa el gobierno de Kirchner.

1) Se reafirman las leyes que privatizan la educación

Tanto la Ley Federal de Educación de Menem, como la ley 26.075 de financiamiento educativo, la Ley de Educación Técnico-Profesional y las reformas educativas sancionadas en las provincias, que agravaron la crisis de la educación, quedan firmes con el proyecto del gobierno. Dejaron como saldo los índices más altos de deserción escolar y analfabetismo de la historia, miles de docentes y auxiliares bajo la línea de pobreza, y la infraestructura al borde del colapso, con miles de escuelas que se caen a pedazos. Y si los resultados de estas leyes no fueron más catastróficos, es porque sus efectos fueron frenados por la lucha incansable que dimos los docentes, estudiantes y la comunidad toda.

2) Permite la entrada de las grandes empresas

Las leyes antes mencionadas Filmus las acordó con la Asociación Empresaria Argentina, Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara Argentina del Libro, Banco Río, Clarín, IBM, La Nación, Techint y Telecom, entre otras. Las grandes empresas podrán hacer negocios mediante convenios, acuerdos, creación de ONG que apadrinen áreas, ramas y escuelas. Vienen en busca de mano de obra barata, para celebrar ayudantías y pasantías con universidades y colegios secundarios, que consolidarán el trabajo en negro y empeorarán las condiciones laborales. Provocará en el sistema educativo lo mismo que produjo en los ferrocarriles, el sistema de salud, o las demás empresas privatizadas: decadencia y pésimos servicios para la mayoría del pueblo. Precarización de las condiciones laborales, grandes ganancias para las empresas y más pérdidas para el país.

3) Perjudica la escuela pública estatal, favoreciendo a la educación privada y la Iglesia

El documento base que envía el gobierno plantea que la educación es responsabilidad de la familia, de las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales. Esto es falso y favorece a la jerarquía católica, la principal empresaria de la educación privada del país, que se beneficia con millones de pesos de subvención que el Estado le otorga cada año.

A través de las décadas, ninguna organización social, ni empresarial, ni religiosa, ni la Iglesia Católica y menos aún la educación privada, han sido garantes del derecho a educarse de la mayoría de la población. La única que, incluso sufriendo los embates de los pésimos gobiernos, garantizó y garantiza la educación del conjunto de la población, y fundamentalmente de sus sectores más humildes y postergados, es la educación pública estatal. De ahí que una ley de educación tiene que fijar el sostenimiento de la educación pública, laica, gratuita y estatal.

4) Peligran el secundario, el jardín de infantes, las escuelas especiales, las de adultos, las escuelas de formación artística y docente

Con las reformas educativas que fueron implementadas y la transferencia de escuelas a las provincias, fue duramente golpeado el nivel medio y el colegio secundario. Intentaron darle un sesgo asistencial a la educación vinculado al surgimiento de enormes bolsones de pobreza que el modelo económico generó. El resultado fue que millones de chicos y jóvenes desertaron en todos los niveles con bochazos masivos en la universidad. Necesitamos recuperar el nivel medio con becas para los alumnos de bajos recursos y títulos que den salida laboral como históricamente hizo el colegio secundario. En relación con los demás niveles educativos como las escuelas especiales o artísticas, corren peligro en la medida que las grandes empresas y los organismos internacionales de crédito los consideran un “gasto”.

5) Ataca el salario y los derechos laborales de los trabajadores de la educación (docentes y auxiliares)

El documento base plantea que las condiciones de trabajo quedan en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, que regula la entrada de las grandes empresas al sistema educativo. No es posible una educación digna sin una firme defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Por eso rechazamos que las grandes empresas y los organismos internacionales de crédito decidan sobre las condiciones laborales de los docentes, porque eso hará peligrar el Estatuto del Docente y los convenios colectivos laborales de los demás trabajadores de la educación.

Por eso, desde Docentes en Marcha y el MST-El Socialista, llamamos a la más amplia unidad entre docentes, padres y alumnos, para rechazar el proyecto enviado por el gobierno y evitar que salga una ley de educación con esos lineamientos.


Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.

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